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24 de julio 2002
Torturas
El 15 de abril de 1986 Erasmo Germán Javier Rodríguez fue arrestado
por la PIP en Pueblo Libre junto con otras 3 personas bajo sospecha de robo
y conducidos a la estación PIP de Pueblo Libre (Lima) en donde fue
torturado con shocks eléctricos y golpes hasta su muerte. Otro de
los detenidos también registró signos de tortura.
El 21 de setiembre de 1986 Lino Guevara Justo, de 17 años de edad,
sufrió torturas y mutilaciones luego de ser detenido por la GC en
Azángaro - Puno.
En noviembre de 1986 Alejandra Huamán y otras 9 personas fueron detenidas
por la GC en Sicuani, Cusco. En 1987 denunciaron que habían sido "salvaje
e inmisericordemente torturados hasta confesar un crimen que no habían
cometido". Al cabo de 4 meses fueron liberadas. El 4 de noviembre de 1986
en San Sebastián y Viva (Cusco) luego de un ataque senderista para
impedir las elecciones, diez conocidos dirigentes de IU fueron detenidos
y el gobierno anunció que habían confesado su participación.
Posteriormente se descubrió que todos contaban con coartadas legítimas
y que habían sido incriminados bajo torturas: se utilizó choques
eléctricos, golpes y semiasfixia. Los policías violaron a todas
las mujeres. A pesar de salir en libertad, todos perdieron sus trabajos.
Fueron llevados a juicio miembros de la policía, el prefecto y un
fiscal que participaron de la tortura. Se ordenó el arresto del comandante
GC Edgar Sánchez, el capitán Oscar Collantes y 7 policías.
El 29 de enero de 1987 Juan Mendoza Lozano fue detenido por la PIP en Pacasmayo
por robo, murió a consecuencia de las torturas inflingidas.
El 5 de abril de 1987 Elizabeth González Otoya fue arrestada por DIRCOTE
luego de ingresar violentamente en su domicilio. Durante 3 días estuvo
privada de agua y comida, fue torturada durante 4 noches seguidas: colgada,
sufrió abusos sexuales, semiasfixiada e incomunicada durante veinte
días. Posteriormente fue liberada.
El 2 de julio de 1987 las fuerzas armadas arrestaron a 4 hombres que se oponían
a la formación de patrullas de defensa civil en Quinua, Ayacucho.
Luego de ser torturados fueron liberados desnudos.
El 19 y el 20 de julio de 1987 dos dirigentes del asentamiento humano Cruz
de Motupe (Lima) Wilfredo Echaccaya Guillén y Víctor Vivanco
Pedroza, fueron detenidos en sus domicilios y llevados a DIRCOTE y torturados
brutalmente. La detención de ambos se produjo sin ninguna justificación
ni prueba de cargo, sino por el sólo hecho provenir de Ayacucho y
Huancavelica. Permanecieron detenidos hasta el 3 de agosto período
durante el cual fueron torturados con el propósito de que se autoinculpen
por el delito de terrorismo. Permanecieron presos por ocho meses en el penal
Castro Castro. Fueron liberados por carecer de responsabilidad penal.
El 13 de agosto de 1987 Alberto Escobar Chahuayco se encontraba en su domicilio,
en la comunidad campesina de Sacsamarca, cuando ingresaron violentamente
varios efectivos policiales y militares quienes lo golpearon brutalmente
deteniéndolo sin dar explicaciones. Escobar es un comunero más
de los detenidos arbitrariamente y torturados en su comunidad, ese mismo
día también fueron detenidos: Sulverio Valencia Escobar, Reynaldo
Vargas Romani e Isaac Félix Valencia. Las autoridades locales refieren
también los asesinatos de Justiniano Cayetano Escobar, Pastor Escobar,
Ponciano Escobar, Rudecindo Jurado, Inés Villa Riveros, Félix
Aparcco Pineda y Valerio Gutiérrez Curi en fechas anteriores. Arcadio
Villa Félix, miembro de esa comunidad, se presentó voluntariamente
a la delegación de la DIRCOTE de Huancavelica al enterarse que estaba
requisitoriado en donde fue también golpeado.
El 16 de setiembre de 1987 Narciso Gozme Acevedo, José Gómez
Figueroa y Juan Zamora Huarancca fueron detenidos en Ccarhuapampa (distrito
de Tambo, La Mar) acusados falsamente de pertenecer a Sendero Luminoso. Los
detenidos fueron duramente torturados y golpeados en todo el cuerpo, fueron
privados de alimentos y agua, obligados a presenciar torturas de otros detenidos
y de maltratos a sus esposas. Sus familiares también fueron obligados
a oír las torturas que les ocasionaban. Fueron torturados durante
27 días. Al ser liberados les amenazaron para que no denuncien los
hechos.
El 16 de setiembre de 1987 Luzmila Miranda Vargas, oficinista, fue detenida
a la altura del poblado Progreso (entre Tingo María y Tocache) por
policías que realizaban un operativo debido a que portaba una caja
vacía para cartuchos que utilizaba como costurero. Por este motivo
los policías la acusaron de terrorismo. Fue trasladada en un helicóptero
a otra localidad. Cuando fue detenida se encontraba embarazada. Fue golpeada
constantemente, torturada y violada. A consecuencias de las torturas abortó.
Fue procesada por terrorismo. La tortura quedó impune.
El 5 de junio de 1988 Víctor Valdeiglesias Aragón, un ambulante
de 30 años, fue detenido por la PIP en Lima y torturado brutalmente.
Al día siguiente fue liberado luego de que la familia pagara un soborno
de 10 mil intis, pero no sobrevivió a las torturas.
El 7 de junio de 1988, César Mena Pérez, obrero del Servicio
Industrial de la Marina, fue detenido al salir de su trabajo por la Guardia
de Seguridad, por supuestas vinculaciones con una huelga que se desarrollaba
en la mencionada industria. Durante su detención fue torturado en
el Centro de Inteligencia Militar, donde permaneció incomunicado.
Fue amenazado de muerte por sus torturadores y captores si es que los denunciaba.
No obstante, denunció el caso a la policía, la que no investigó
el delito ni encontró a los culpables.
El 8 de junio de 1988 Agustín Julcarima, director de la organización
no gubernamental CETAP de Chiclayo, fue detenido por la PIP, y tanto las
oficinas como su casa fueron allanadas en busca de material incriminatorio.
Julcarima fue torturado y liberado luego de tres meses y medio de prisión.
Pocos días después, el 10 de julio, Carmen Sarzosa Pulido y
María Rodríguez Atilano fueron arrestadas y torturadas. Ambas
eran trabajadoras sociales de La Casa de la Mujer en Chiclayo.
El 16 de setiembre de 1989 Carlos Reaño Carrasco, médico anastesista,
fue detenido por la policía en Cajamarca, ciudad a la que había
ido como dirigente de la Federación Médica para cumplir con
actividades gremiales. Fue sometido a torturas y golpes, a causa de los cuales
quedó con daños permanentes. Estuvo desaparecido temporalmente
y fue trasladado a sedes policiales no autorizadas. Fue puesto en libertad
al no encontrársele ninguna responsabilidad. A pesar de las denuncias
realizadas, los torturadores nunca fueron sancionados.
El 8 de mayo de 1989 Filomena Flores García natural de Vilcashuamán
fue detenida en las oficinas de una empresa de transportes por efectivos
de la PNP y PT quienes la llevaron a su local en Huamanga. Allí fue
torturada durante 8 días para que se autoinculpe como senderista,
cuando le dieron libertad el 16 de mayo la amenazaron para que no denunciara
su detención y torturas. A pesar de ello, solicitó garantías
pues en febrero de 1988 soldados allanaron su vivienda en la comunidad campesina
de Pomatambo y se llevaron dinero y una máquina de coser, rompieron
sus muebles y la amenazaron de muerte. En 1985 soldados EP mataron a sus
hermanos. En marzo de 1984 desconocidos asesinaron a su esposo que en ese
entonces era juez de paz letrado.
El 5 de octubre de 1989 el campesino Alberto López Bautista fue detenido
por efectivos del EP en Huamanga y trasladado al cuartel Los Cabitos. (Ayacucho).
A los dos días logró escapar aprovechando la embriaguez de
sus custodios. Señaló que fue brutalmente torturado, ni el
fiscal ni el juez conocían de su detención. Al denunciar las
torturas ante el fiscal público de Ayacucho, se ordenó a la
policía que le brinde protección. Inicialmente la policía
se negó y sólo cuando el caso tuvo repercusión internacional
accedieron a protegerlo.
Entre el 4 y 5 de noviembre de 1989 en varias ciudades de Junín, fueron
detenidos 10 trabajadores mineros, de los cuales 6 fueron objeto de tortura.
Ellos fueron: Juan Ancasi Damián (La Oroya), Braulio Zegarra García
(La Oroya), Edgar Buijaico Arroyo (Morococha), Félix Quispe Balbín
(La Oroya), Abdón Acuña Asto (Morococha), y Óscar Pariona
Clemente (Morococha). La detención de los mineros habría sido
efectuada en dos operativos en las fechas mencionadas realizadas por el Ejército.
Los detenidos fueron trasladados a la Base Militar de Morococha y La Oroya.
Posteriormente todos fueron llevados al cuartel EP de Huancayo, donde fueron
severamente torturados acusándoles por delito de terrorismo. Luego
de numerosas acciones, en las que también participaron la Federación
Nacional Molinera y dirigentes de CENTROMIN, los detenidos fueron liberados
el 19 de noviembre. Los torturadores quedaron impunes.
Detenciones Arbitrarias y Presos Políticos
Detenciones Arbitrarias.
Con frecuencia, la realización de operativos de rastrillaje y detención
fue en forma indiscriminada. Ello explica que en los primeros 3 meses de
la declaración de emergencia en Lima en 1986 fueron detenidas 38 mil
111 personas. El 27 de setiembre de 1987 la policía detuvo a 180 personas,
incluyendo a 7 menores, en una fiesta autorizada de la Asociación
de Abogados Democráticos. En otra oportunidad, el 6 de junio de 1988,
tres buses de San Marcos que participaban en una protesta fueron detenidos
y los 300 pasajeros arrestados.
En otros casos, aparentemente tenían una motivación política.
Por ejemplo, en febrero de 1987 la policía detuvo a 40 personas en
una fiesta autorizada de IU en Huaraz. Del mismo modo, en octubre de 1988,
durante una huelga nacional, fueron detenidos varios conocidos dirigentes
sindicales y acusados de terrorismo. La policía atacó el local
de la CGTP y del Sindicato de la Compañía Eléctrica
con bombas lacrimógenas. Algo similar ocurrió en la huelga
de mineros de octubre, luego de tres meses de espera para una reunión
entre los dirigentes mineros y el gobierno, se convocó a una huelga.
El 21 de octubre las oficinas del sindicato minero fueron allanadas, arrestaron
a 21 dirigentes sindicales y todo el sector minero fue declarado en estado
de emergencia. Al año siguiente, 3 días antes de una huelga
minera en agosto, 34 dirigentes fueron detenidos y acusados de terrorismo.
Una semana después, 10 más fueron detenidos. Sin embargo, en
setiembre todos estaban libres y no habían sido procesados.
MACARI
En marzo de 1986 en Macari - Puno, un grupo de campesinos realizaron una
protesta en demanda tierras de la empresa Kunurana que se encontraban en
litigio y que concluyó con la toma de tierras por los campesinos conducidos
por la Federación Unitaria de Campesinos de Melgar (FUCAN). Días
después, Sendero Luminoso realizó un operativo interviniendo
la central de la empresa y luego de un "juicio popular" torturó y
asesinó a 3 trabajadores de la empresa y a 4 pobladores entre los
cuales había un aprista. Desvirtuando así la justa lucha de
los campesinos. Unos días después, el Ejército ocupó
Macari y realizó operativos en toda la zona norte del departamento
y detuvo a gran cantidad de campesinos, principalmente dirigentes.
Días después, un grupo de miembros de la Federación
de Campesinos acompañados por el congresista de IU, Alberto Quintanilla,
llegaron a Macarí (Puno) para indagar acerca de la situación
de los campesinos detenidos. El Ejército los recibió en medio
de una balacera; detuvo y desconoció la condición del congresista
rompiéndole su credencial y los llevó a la plaza principal
en donde los golpearon, y mantuvieron detenidos apuntándoles con sus
armas. Simultáneamente el Ejército realizó el operativo
destruyendo la mayor parte de las casas. Cuando el Ejército se retiró
pudieron comprobar todos los daños realizados. Los detenidos fueron
liberados en los meses siguientes.
Presos Inocentes y Presos Políticos.
El 17 de julio de 1987 en Sicuani (Cusco) Mario Flores Mayta fue detenido
por la PIP de Sicuani acusado por delito de terrorismo por un campesino con
quién había sostenido un litigio por unas tierras en el que
el denunciante había perdido. Posteriormente fue trasladado a la DIRCOTE
de Cusco en donde se le abrió instrucción quedando detenido.
El 27 noviembre de 1988 Abraham Guizado Pino, dirigente del Sindicato de
Obreros de Papelera UNICEL, fue detenido por la PNP-DIRCOTE cuando se encontraba
yendo a su centro de labores. Fue acusado de terrorismo, procesado e internado
en el penal de Lurigancho, pero fue absuelto en diciembre de 1987. A pesar
de ello perdió su trabajo.
En 1989 Carmela Ferro Estrada, considerara por Amnistía Internacional
como presa de conciencia, continuaba encarcelada por haber viajado para recabar
información sobre la suerte de Anacleto Llulli, su marido desaparecido
por el Ejército en julio de 1988 en Huayrapampa.
Redada en las Universidades.
El 13 de febrero de 1987 una redada de las 3 fuerzas policiales ocupó
3 universidades: UNMSM, UNI y La Cantuta. El ingreso violento destruyó
equipo y laboratorios, en el interior de los edificios hubo tiroteos indiscriminados,
un guardián en San Marcos fue asesinado, dos estudiantes heridos,
una estudiante violada y arrestaron a 800 estudiantes. El ministro Abel Salinas
intentó mostrar este operativo como un éxito de la lucha antisubversiva
al mostrar 4 pistolas, 120 libros y material propagandístico del MRTA
y SL. 9 estudiantes fueron enviados a Canto Grande y el resto liberado. Algunos
meses después, en agosto y setiembre, sus nombres fueron incluidos
en los listados de prisioneros candidatos a una amnistía por no estar
relacionados con los movimientos subversivos. Un estudiante permaneció
desaparecido: Ángel Francisco Pérez Alí. Cuando sus
familiares informaron a los congresistas que había sido visto vivo
en DIRCOTE, sufrieron el allanamiento de su casa y la Policía intentó
detener a su hermano. APRODEH presentó denuncia ante la CIDH.
Represión excesiva a movilizaciones.
Represión en Haycan.
El 17 de febrero de 1988 en las inmediaciones de la Plaza de Armas se realizaba
una manifestación organizada por pobladores del asentamiento humano
Huaycán exigiendo a las autoridades estatales no postergar más
la solución de sus problemas de servicios básicos. Los efectivos
GC arremetieron contra los pobladores y el camión rompemanifestaciones
embistió a los pobladores atropellando y matando a Rafael Flores Echevarría
e hiriendo en las piernas a Enrique Povis y a Clímaco Condori, todos
ellos pobladores de dicho asentamiento. Los hechos fueron filmados por varios
canales de TV.
Muertes de universitarios en movilizaciones.
El 12 de octubre de 1988 el estudiante universitario Hernán Pozo Barrientos,
de 21 años de edad, fue asesinado por la Policía cuando ingresaba
a San Marcos para apoyar una protesta.
En octubre de 1988 Yupanqui Ataucusi, de 26 años de edad, estudiante
de San Cristóbal de Huamanga, fue asesinado por la Policía
cuando protestaba por mayores rentas en las universidades.
Masacre de Pucallpa.
En febrero de 1989 una huelga campesina en Ucayali, San Martín y Loreto
motivada por la protesta por las deudas impagas por el gobierno y la desatención
a los créditos agrarios. Luego de tres semanas de paralización
la huelga llegó a su fin cuando un representante del Estado reconoció
una deuda que mantenía ECASA y ENCI por ventas de maíz y arroz.
En las semanas previas, los campesinos habían sufrido diversas formas
de represión: incursiones en comunidades, arrestos y destrucción
de propiedades. Con la autorización de la prefectura departamental,
los dirigentes convocaron una marcha de celebración en la que participaron
8 mil campesinos.
De acuerdo a un informe de APRODEH, el 9 de febrero los campesinos convocan
a una movilización pacífica para festejar los acuerdos. La
movilización debía terminar con el izamiento de la bandera
nacional en la Plaza de Armas de Pucallpa. Las autoridades locales estaban
al tanto de la movilización, la que contaba con los permisos correspondientes.
Encontrándose los manifestantes en las inmediaciones de la Plaza,
un policía tuvo un altercado con uno de los dirigentes de la movilización
al intentar arrebatar una bandera nacional a un campesino. Ello ocasionó
una pelea por lo que la Policía atacó a la multitud con bombas
lacrimógenas. La multitud logró alcanzar la Plaza de Armas,
donde elevaron la bandera nacional y cantaron el himno nacional.
La PIP desde el techo de las casas vecinas abrió nuevamente fuego
contra la multitud con fusiles AK-47. 23 campesinos murieron, 28 desaparecieron,
decenas fueron heridas y 300 detenidas, entre ellas el Secretario de la Federación
Campesina Hugo Blanco, y luego liberadas. Según algunas denuncias,
los heridos fueron asesinados en la carretera y enterrados en una fosa común.
Un policía fue herido con una bayoneta.
El fiscal provincial denunció a la policía por homicidio calificado,
pero no se efectuaron arrestos. Posteriormente, un juez dictó una
resolución inhibiéndose del proceso y declinando a favor del
Fuero Privativo Militar. La resolución no fue notificada a los familiares
de los agraviados. Se desconoce el resultado del proceso.
Represión a congresistas y líderes políticos.
Durante una huelga en 1986 se produjo un enfrentamiento entre policías
y mineros que dejó como saldo entre 30 y 50 heridos. Entre ellos el
congresista Manuel Cortéz Fernández.
En 1988 la diputada de izquierda Cristala Constantinides fue herida con perdigones,
al igual que otros 9 mineros que marchaban hacia Arequipa para unirse a una
huelga.
En febrero de 1989 el entonces ministro Villanueva prohibió el uso
de perdigones por parte de la Policía. Pero un año después,
en febrero de 1990, el candidato presidencial de IU Henry Pease fue herido
con perdigones por un oficial de la Policía cuando ingresaba con sus
simpatizantes a la Plaza de Armas. El ministro Mantilla presentó su
renuncia, pero Alan García no la aceptó, pidió disculpas
a Pease y mantuvo a Mantilla hasta el fin del gobierno.
Represión a pobladores.
Durante una protesta en noviembre de 1987, pobladores que habían recibido
lotes para vivienda del gobierno fueron duramente golpeados en la Plaza de
Armas mientras exigían el reconocimiento de su propiedad.
Atentados contra Defensores de DD.HH.
Durante 1988, las FF.AA. empezaron a detener a las personas que investigaban
casos relativos a la defensa de los derechos humanos: en julio fueron arrestados
4 asistentes sociales de una agencia social católica durante 28 horas,
y otros 5 miembros de una parroquia por 48 horas. En Lima un sacerdote fue
detenido y cuestionado en sus actividades con trabajadores.
El 8 de agosto de 1988 la oficina de COFADER, organización de familiares
de desaparecidos de Lima, fue asaltada. Luego de la denuncia, la PIP no investigó
el robo, sino la estructura organizacional, actividades y financiamiento
de COFADER. Por otra parte, su presidenta, Zenaida Fernández, fue
amenazada e intimidada por personal de DIRCOTE antes de viajar a una reunión
internacional.
El 9 de julio de 1988 Ayacucho recibió la visita de una comisión
de defensores de DD.HH. entre los que se encontraban el sacerdote Carlos
Gallagher; Pilar Coll, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, Susana Gonzáles
y Elsa Ballón, representantes de la Comisión Episcopal de Acción
Social; el ciudadano alemán Reiner Huhle de SERPAJ y Guadalupe Collaccunto,
vicepresidenta de ANFASEP (Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados
y Ejecutados del Perú). Cuando se encontraban reunios en su hotel
fueron detenidos efectivos de la PIP acusándolos de pertenecer a movimientos
subversivos. Fueron liberados 30 horas después a excepción
Huhle quién recién fue liberado el 12 de julio.
El 4 de agosto un agente de inteligencia amenazó de muerte a los miembros
de ANFASEP y la casa de su presidenta Angélica Ascarza fue allanada
por 5 miembros de la PIP.
En 1989 fueron denunciados por terrorismo 3 abogados especialistas extranjeros
y 5 residentes locales mientras se encontraban organizando un seminario sobre
derechos constitucionales en San Marcos, Cajamarca.
En febrero de 1990 dinamitaron las oficinas de la Comisión Andina
de Juristas, y en marzo la Sección Peruana de Amnistía Internacional.
Además, 4 activistas de derechos humanos recibieron amenazas telefónicas.
El 27 de febrero de 1990 5 miembros del ejército vestidos de civil
con porte militar detuvieron a Ángel Escobar Jurado, secretario de
la Comisión de Derechos Humanos de Huancavelica y colaborador de APRODEH.
Escobar, luego de haber salido de las oficinas del CODDEH, se encontraba
transitando por el puente San Cristóbal cuando fue metido en una camioneta
que se dirigió al centro de la ciudad, presumiblemente al Cuartel
EP de Huancavelica. En el trayecto fue visto por un conocido a quién
le gritó que lo estaban deteniendo. Una testigo indicó que
vio a quienes lo detuvieron al día siguiente, vestidos con uniforme
militar. Dependencias militares y policiales negaron su detención.
A partir de la fecha se desconoce su paradero. En marzo de ese mismo año
el juez declaró improcedente la demanda de habeas corpus. El caso
se encuentra en la CIDH presentado por APRODEH.
El 25 de Abril de 1990 Pastor Juscamita Laura fue detenido cuando llegó
a Ayacucho en busca de trabajo. Fue llevado por soldados uniformados a la
base militar de Huanta. Según testimonian los familiares, de allí
habría sido trasladado al cuartel Los Cabitos (Huamanga). Los militares
de la base de Huanta negaron su detención. Su caso fue presentado
por APRODEH a la CIDH.
El 10 de junio de 1990 un grupo de 15 encapuchados armados, llevando botas
del ejército, secuestró a Guadalupe Ccallocunto, activa miembro
de SERPAJ y miembro de ANFASEP, de su domicilio. Todas las diligencias realizadas
para establecer su paradero fueron en vano. Guadalupe Ccallocunto también
tenía a su cargo un taller de artesanías en beneficio de las
víctimas de la violencia en Ayacucho. El caso, presentado por APRODEH,
se encuentra en la CIDH.
Fuente: Equipo Nizkor - http://www.derechos.org/nizkor/peru/doc/alan.html
