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24 de julio 2002
Procesos Judiciales por violaciones cometidas en años anteriores.
Proceso contra Álvaro Artaza Adrianzén (A) "Camión".
Los casos de la desaparición del periodista Jaime Ayala (1984), la
matanza de Callqui (6 integrantes de una comunidad evangélica, 1984)
y las fosas de Pucayacu I (49 cadáveres de detenidos-desaparecidos,
agosto de 1984) fueron acumulados en un solo proceso contra el Capitán
de Corbeta AP Álvaro Artaza Adrianzén.
Inicialmente los procesos se llevaron ante el fuero civil, al plantearse
una contienda de competencia en abril de 1985, la Suprema dirimió
a favor del Fuero Militar en lo relativo a la masacre de Pucayacu no así
en el caso de los evangelistas.
Pero cuando el fiscal había determinado la responsabilidad de varios
oficiales de la Marina y demostrado que las víctimas no tenían
ninguna vinculación con SL, nuevamente esa institución planteó
una contienda de competencia. En octubre de 1995, la Corte Suprema dispuso
que el expediente retorne al Fuero Privativo.
Con la complicidad de la Marina, el 2 de febrero de 1986, Artaza fingió
un secuestro para evitar el juicio en la Corte Suprema. El gobierno no investigó
el secuestro y se sospechaba que había sido enviado al exterior
El 13 de febrero de 1986 el Consejo de Guerra absolvió a Artaza y
levantó la orden de captura.
Abuso de autoridad.
Pabellón Británico (Penal San Pedro- Lurigancho)
En diciembre de 1988 los internos procesados o sentenciados por delitos comunes
del Pabellón Británico del Penal San Pedro (en Lurigacho) presentaron
sus quejas ante el encargado de la seguridad debido a la falta de alimentación
mínimamente adecuada. El pedido fue respondido por las autoridades
del penal con una fuerte represión que continuó en la madrugada
del día siguiente cuando se sacó a todos los internos al patio
en donde se les dio una golpiza brutal. Se produjo luego una requisa en la
que se produjeron múltiples robos a los reclusos. A consecuencia de
los golpes quedaron herido gravemente 78 internos, uno de ellos fallece unos
días después a consecuencia de los golpes.
La Iglesia Católica formuló una denuncia ante la 7ma. Fiscalía
Provincial de Lima, pero la denuncia no recibió mayor trámite.
Comunidad Campesina de Lloccllacsa.
En Ayacucho un representante de la comunidad campesina de Lloccllacsa denunció
el 14 de julio de 1986 ante una delegación de DDHH que durante 1986
los soldados del cuartel EP Totos-Paras cometieron una serie de abusos contra
los comuneros de los distritos de Totos, Paras, Vilcanchos (Cangallo) amenazándolos
de muerte; violando a las mujeres, robándoles sus pertenencias, etc.
Indicó que en julio de 1986 les exigieron que mensualmente les proporcionaran
15 carneros y leña, así como también trabajar en forma
gratuita cuando se lo soliciten. La comunidad de Lloccllacsa como no tenía
suficiente ganado ovino se veía en la obligación de comprar
los carneros para entregárselos y evitar represalias.
Pueblo de Manta.
El 27 de noviembre de 1987 en el pueblo de Manta (Manta, Huancavelica) comunero
de las 12 comunidades campesinas y pueblos del distrito fueron convocado
a la plaza de armas por el jefe político militar de Manta para celebrar
el Día de la Infantería del Ejército. Encontrándose
este en estado de ebriedad al igual que muchos de sus subordinados, ordenó,
al finalizar la celebración, detonar una granada. Alrededor de 200
campesinos quedaron heridos, 3 de ellos de gravedad, y 2 soldados. Los soldados
fueron llevados en helicópteros a Huancavelica y los campesinos a
Huancayo (80 heridos) y Huancavelica (63). Los demás heridos se atendieron
por su cuenta. Los militares justificaron su acción indicando que
hubo un enfrentamiento con SL, ello les permitió no costear los gastos
de medicinas y alimentos que les reclamaban los heridos.
Principales hechos y violaciones al Derecho Internacional Humanitario
(DIH) de Sendero Luminoso y el MRTA.
Masacres de Sendero Luminoso.
En 1987 SL masacró a 24 campesinos en Rumirumi - La Mar, Ayacucho.
En abril de ese mismo año en Huancavelica una emboscada a un bus produjo
10 soldados y 4 civiles muertos. En setiembre asesinó a 14 campesinos
en Ayacucho. Ese mismo año en San Martín luego de un simulacro
de juicio mató a 7 narcotraficantes y en Ayacucho 'sentenció'
a 10 campesinos a ser enterrados vivos.
En enero de 1988 un grupo de SL disfrazados de soldados ingresó a
un pueblo en la provincia de La Mar. Allí reunió a toda la
comunidad en la Plaza de Armas y decapitó a 24 personas. En junio,
SL obligó a una comunidad en Huanta a observar el asesinato de 14
personas.
El 29 de enero de 1989 en Colca - Ayacucho SL torturó, mutiló
y asesinó a Lidia Castro Morales, por negarse a participar en una
asamblea. En febrero de 1989 fueron asesinadas 35 personas en Canaire - Ayacucho.
El 2 de marzo degolló a 3 profesores y un estudiante acusado de traidor
en un colegio de Chumbivilcus. El 1 de mayo interrumpió un partido
de fútbol en Cullpa, Junín y asesinaron a 3 jugadores que se
negaron a escuchar un discurso. El 9 de junio asesinó a 45 campesinos
de tres pueblos en Huancavelica por no acatar un paro. Luego de un simulacro
de juicio fueron abaleados, acuchillados o se les destrozó el cráneo
frente a sus amigos y familiares. El 3 de noviembre se produjo un enfrentamiento
entre SL y las FFAA en el centro de Lima que duró una hora y fue atestiguada
por los medios de comunicación.
Masacres de Macachacra.
En Macachacra, SL mató entre 1980 y 1986 a 12 personas. En 1986 degolló
al presidente de la Patrulla de Defensa Civil, Teófilo Corichagua,
al igual que Pastor Huamán Infante, gobernador de Corpacancha de 22
años, y Adrián Retamozo Barron, de 18 años. En marzo
de 1987 dinamitó la casa del alcalde Andrés Porras Mallqui
hiriendo a su hija. Al mes siguiente, el alcalde fue interceptado y asesinado.
Masacre de Río Apurímac.
El 12 de junio de 1987 cerca de 40 senderistas interceptaron una flota de
35 botes en el río Apurímac a la altura de Rinconada. Allí
degollaron públicamente a 10 hombres identificados por un niño
y un joven como miembros de las patrullas civiles. Otros 8 fueron asesinados
por niños de 9 a 15 años en el monte. A continuación
robaron los víveres que habían adquirido y fugaron. Luego,
las patrullas civiles se dirigieron a Pan de Azúcar e interrogaron
a los vecinos, la armada impidió que se vengaran los asesinatos contra
civiles. Durante las reuniones se criticó fuertemente la inseguridad
en la que se encontraban y exigieron el retorno del ejército a la
zona.
Asesinatos Selectivos.
En 1986 SL atentó contra Alberto Kitasono, secretario de organización
del APRA. Aunque fracasó, el 10 de octubre de 1987 asesinaron a su
asistente, Nelson Pozo Calva. El 23 de junio de ese mismo año el grupo
subversivo atacó el tren de Macchu Picchu y provocó la muerte
de 8 turistas y 14 heridos como represalia a la masacre de los Penales.
El 30 de enero de 1987 fue asesinado César López Silva, ex
presidente del Colegio Médico y prominente dirigente aprista. El 29
de agosto fue asesinado Rodrigo Franco Montes, presidente de ENCI. Poco antes
había asesinado al Prefecto de Apurímac junto a su hijo de
12 años. En Lima, el 9 de abril de 1987, un grupo de SL atacó
indiscriminadamente la cebichería El Piano, donde almorzaban algunos
policías uniformados. Dos de ellos murieron, al igual que 4 civiles.
En 1988 un prisionero acusado de informante fue ejecutado por reos acusados
de terrorismo. El 3 de julio de 1988 SL hizo estallar una granada causando
más de 30 heridos en un baile en Huamanga para protestar por la presencia
en la ciudad de un conjunto de música popular Los Shapis, quien era
acusado de enriquecerse manipulando y desvirtuando la cultura andina.
El 31 de mayo de 1989 SL asesinó a tiros al jefe de un proyecto de
crianza de camélidos, Esteban Bohorquez y a la periodista Barbara
D'Achille fue pisoteada hasta morir en Huancavelica. En agosto, SL ordenó
que todas las ONGD abandonen el Perú. El 5 de diciembre 4 trabajadores
del CICDA, entre ellos dos francesas, fueron secuestrados, torturados y decapitados.
Atentados contra funcionarios del Estado
En 1985 SL asesinó al director de una cárcel. Al año
siguiente, inició el secuestro y ejecución de colaboradores
de programas de desarrollo del gobierno con los agrónomos en Macarí
- Puno. En enero de 1987 las víctimas fueron tres campesinos que participaron
en programas gubernamentales en Ayacucho.
En enero de 1988 fue asesinado Luciano Valderrama, teniente gobernador aprista
de Moyobamba. En febrero de 1988 fueron asesinados 5 trabajadores gubernamentales
del sector de telecomunicaciones en San Martín. El 13 de junio de
1988 SL asesina 2 alcaldes, 2 jueces de paz, 3 dirigentes campesinos Progreso,
Antabamba y Mollebamba en Apurímac. Al día siguiente mueren
los investigadores del Instituto Nacional de Investigación Agraria
Gustavo Rojas y el ciudadano americano Constantine Gregory en Junín.
Ese mismo mes 6 autoridades civiles fueron asesinadas por senderistas en
pueblos del departamento de Lima. En julio fueron asesinados un juez y el
gobernador de Ica. El 21 de julio Hugo Tello Mata, regidor de Huanta por
IU, fue asesinado. En agosto, un teniente gobernador, un ingeniero y otro
empleado del gobierno en Junín también fueron ejecutados. En
setiembre un teniente gobernador y su esposa fueron abaleados, sus dos hijos
desaparecieron.
En 1989 fueron asesinados 46 alcaldes y las amenazas provocaron la renuncia
de 263. El alcalde de Huamanga por IU, conocido defensor de derechos humanos
y crítico del SL y de las FFAA, Fermín Azparrent, fue asesinado
el 19 de setiembre. Había sufrido 5 amenazas de muerte de SL y 4 del
CRF.
Atentados contra autoridades militares.
El 11 de mayo de 1986 asesinó al oficial de marina Carlos Ponce y
el 14 de octubre al Vicealmirante Gerónimo Cafferata Marazzi. En abril
del año siguiente en Lima SL atacó con armas automáticas
un restaurante en el que murieron 3 oficiales del ejército y 5 civiles.
En marzo de 1988 una emboscada senderista en Huánuco mató 8
policías y 7 civiles.
Abigeato.
El 3 de febrero de 1987 un grupo de 15 miembros de SL obligó a los
campesinos de Alto Qollano a robar ovejas de una cooperativa vecina. 4 días
después, 11 campesinos fueron acusados de abigeato y pertenecer a
la guerrilla. Varios de ellos fueron golpeados en prisión antes de
ser liberados.
Acciones Propagandísticas.
SL cambió su estrategia de secreto al distribuir documentos internos
sobre su evaluación del periodo 80-86 y los efectos de la masacre
de los penales. En mayo de 1987 secuestraron a Abilio Arroyo, corresponsal
de Caretas en Huanta, a fin de proporcionarle una entrevista exclusiva.
MRTA.
Luego de una tregua posterior a la inauguración del gobierno de García,
en 1986 el MRTA reinició sus acciones.
En noviembre de 1987 el MRTA ocupó varios pueblos, entre ellos Juanjuí,
donde capturaron el arsenal de la Policía, y San José de Sisa.
También secuestró el 7 de julio al general FAP (r) Héctor
Jerí. El mismo fue liberado el 23 de octubre luego de que la familia
distribuyera alimentos en barrios. En agosto, dos miembros que negociaban
el rescate fueron detenidos por la DIRCOTE: Miguel Pasache Vidal y Sócrates
Porta Secano. Sus cadáveres con huellas de tortura aparecieron en
setiembre en Cañete. El 20 de ese mes el CRF se adjudicó la
responsabilidad.
El 11 de febrero de 1989 el MRTA llevó a cabo una serie de ataques
con bomba en Lima. El 14 de setiembre de 1989 tres miembros del MRTA robaron
un camión con media tonelada de pescado congelado y lo distribuyeron
en zonas rurales de Ventanilla y El Callao. EL 4 de octubre el MRTA secuestró
a Héctor Delgado Párker, ex asesor principal de Alan García
y empresario televisivo. Uno de los objetivos era canjearlo por Víctor
Polay Campos, máximo líder del MRTA arrestado en Huancayo.
Como consecuencia, 60 mil personas fueron detenidas, pero no se pudo hallar
al empresario. En setiembre de ese año asesinó a un sargento
de policía luego de un ataque contra la residencia del ministro de
Economía y Finanzas César Vásquez Bazán.
Actuación del Comando Rodrigo Franco.
Cronología de los Principales Hechos
1986
- El 7 de agosto de 1986 paramilitares ligados al PAP dinamitaron la radio
Onda Azul de Puno. Esta emisora pertenecía a la Iglesia Católica.
Los responsables estaban ligados al Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
Por otra parte, en Azángaro, la casa parroquial fue también
dinamitada.
- El 9 de agosto un grupo de oficiales de los cuerpos de la Policía
viajan a Miami a seguir un curso de desactivación de explosivos. Sin
embargo, posteriormente se confirma que fueron a seguir un curso dictado
por una empresa particular.
- En octubre, un informe de la revista Oiga revela que un grupo de oficiales
de las FFAA y de la Policía estaría siendo adiestrados en un
Curso Avanzado de entrenamiento de Oficiales de Seguridad en el cual participaron
2 integrantes del PAP, Jorge Domínguez Banda y Carlos Oliva Guerrero.
- El 30 de octubre, el diputado Javier Diez Canseco denunció la existencia
de un "comando antiterrorista anticomunista puneño" que estaba realizando
una campaña intimidatoria contra integrantes de la Iglesia y contra
Izquierda Unida (IU).
1987
- El 2 de febrero se encontró en Puno un importante arsenal en la
casa del secretario general del PAP en esa ciudad, Baltazar Ramírez
de los Santos. Numerosas pistolas ametralladoras norteamericanas, pistolas
de diferentes calibres, carabinas de cañón corto y alto calibre,
150 metros de mechas con efecto retardado y 14 cartuchos de dinamita.
- El 5 de febrero, Ramírez es detenido en las inmediaciones del local
del Ministerio de Agricultura en Tacna. Se le incautaron folletos con precios
de armas.
- El 26 de marzo la naviera Santa Sofía ingresa armas a nombre del
Ministerio del Interior y otras a nombre del viceministro del sector, Máximo
Agustín Mantilla. Las armas no fueron recogidas por sus propietarios
y fueron entregadas a la DICAMET, entidad que remató el armamento
y las entregó a una persona desconocida.
- En abril, aparece en el Cusco el Comando Anti Senderista (CAS) haciendo
pintas y poniendo bombas.
- El 2 de octubre un atentado fallido contra el local de El Diario mató
a dos militantes apristas con nexos con la policía, Adolfo Humberto
Urquiano Barbandiaran y Richard Briceño Vásquez. Un tercero,
Jesús Ríos Sáenz, fue herido. Este hecho extendió
la preocupación de que miembros del APRA ejercieran violencia contra
terroristas y opositores.
- El 1 de octubre se dictó un curso de táctica contra-subversiva
en el Ministerio del Interior. El curso estaba a cargo de un grupo Delta
estadounidense. El instructor constató que entre los concurrentes
habían civiles por lo que se retiró con todo su equipo.
1988
- En enero de 1998, el Banco Central de Reserva importó 102 pistolas,
chalecos antibalas, sensores láser, entre otros armamentos como parte
de un programa de seguridad, lo cual atentaba contra la ley de Presupuestos
de la República, que exigía que la adquisición de armas
se haga a empresas públicas. Sin embargo, el Ministerio de Economía
autorizó la importación y exoneró al BCR de realizar
estudios para la elaboración de su plan de seguridad.
- El 28 de ese mes, apareció el Pelotón Punitivo Peruano que
envió amenazas a la Asociación de Abogados Democráticos,
a periodistas, parlamentarios y a jueces.
- En abril 14 jóvenes apristas fueron capturados por la Guardia Civil
en las inmediaciones de la ciudad universitaria de San Marcos. Los jóvenes
estaban armados con revólveres y explosivos pero fueron puestos en
libertad.
- El 22 de abril apareció el grupo Llapan Atic-Llapan (todo lo puede
y todo lo sabe) el cual incursionó en el poblado de Tinyacc, anexo
del distrito de Miguai Macachacra, a 14 kilómetros de Huanta, Ayacucho.
Incendió las viviendas de 14 dirigentes de la comunidad y unos 14
hombres repartieron volantes a favor del gobierno y amenazaron a los que
apoyen a SL.
- En julio aparece el Comando Rodrigo Franco en Lima. Su primera acción
fue el 28 de julio con el asesinato de Manuel Febres Flores, abogado de Osmán
Morote y miembro prominente de la Asociación de Abogados Democráticos.
- En agosto del mismo año, el CRF entrega volantes en Ayacucho y en
Cangallo contra el paro armado convocado por SL en ese departamento. Además
en esta ultima localidad cuelga perros muertos como amenaza contra el grupo
subversivo.
- El 1 de agosto aparece el Movimiento ¡Haya Vive! Realizando pintas
en la ciudad de Trujillo.
- El 2 de agosto, el comando Manuel Santana Chiri aparece en Ica. En esta
ciudad pinta los muros y amenaza al diputado de IU, Renán Raffo, al
alcalde Aquiles Cavero, al vicerrector de la Universidad de esa ciudad, Oswaldo
Aspilcueta, y a varios miembros de IU.
- El 8 de agosto, el CRF dinamitó en Ayacucho la tumba de la senderista
Edith Lagos, que falleció en 1982.
- El 13 de agosto, el mismo grupo provoca un apagón en el hotel de
Cusco donde Mario Vargas LLosa sostenía una conferencia de prensa.
- Ese mismo día Miguel Pasache, miembro del MRTA, fue detenido en
su domicilio por 5 efectivos vestidos de civil que dijeron ser de la PIP
y que lo llevarían a SUBDIRCOTE. El mismo 13, su hermano se apersonó
a las mencionadas oficinas pero le negaron que estuviera allí detenido
por varios días. Sin embargo, aquel día se encontró
dos cadáveres con huellas de torturas y heridas de bala en San Antonio,
Cañete. Posteriormente se confirmó que los cuerpos eran de
Pasache y de Sócrates Porta Solano. El 23 de setiembre sus familiares
en Lima recibieron una llamada del CRF Franco, que se adjudicó el
hecho pues consideraban que era responsable de la muerte del dirigente aprista
Rodrigo Franco asesinado en mayo del 87. Los familiares recibieron amenazas.
Ese mismo día esta información salió en la prensa indicando
que ambos estaban a cargo de las negociaciones por el MRTA para el pago del
rescate del empresario secuestrado Héctor Jerí.
- El 14 de agosto, el fiscal Carlos Escobar, quien investigaba el caso Cayara
fue amenazado por el CRF. El 21, el fiscal denunció la falta de protección
contra su persona.
- El 20 de agosto, el alcalde de Huamanga, Fermín Azparrent acusó
al PAP de haber montado el CRF. Señaló que en 1986 aparecieron
los primeros grupos paramilitares armados en Ayacucho y que ahora han adoptado
el nombre del CRF. La denuncia fue hecha con motivo de la aparición
en los locales del Banco de la Nación y del Instituto Peruano de Seguridad
Social de carteles del CRF amenazando de muerte a los militantes de SL.
- Ese mismo día hubo un atentado contra el vocal de la Corte Superior
de Justicia, Víctor Roca, el cual fue atribuido al CRF.
- El 26 de ese mes una carga explosiva causó daños en la vivienda
del presidente de Defensa de los Intereses de San Martín, Lucas Cachay.
En el lugar se encontraron notas en las que el CRF se atribuía el
hecho.
- El 27 llegó al Callao el barco polaco Wladislaw Jagiello el cual
traía fusiles de asalto y precisión y silenciadores. Sin embargo,
la nave traía el cargamento de otra, el Kusnica, que había
sido transbordado en Maracaibo, Venezuela, por no contar "con la documentación
satisfactoria".
- El 29, el diputado IU, Hernán Raffo, fue amenazado de muerte en
Ica. Los sujetos dijeron pertenecer al Comando Manuel Santana Chiri.
- Ese mismo día aparece el Comando Regional de Aniquilamiento Cipriano
Gil en la ciudad de Trujillo.
- En setiembre, el CRF distribuye volantes y detona explosivos en Churcampa,
Huancavelica.
- El 3 el dirigente de Acción Popular, Leoncio Amaya Tuma, es asesinado
por el coronel Pedro Chunga, testigo del hecho, reconoció al regidor
del PAP, Manuel Chipilliguen, entre los atacantes. Amaya era presidente del
Frente de Defensa de La Unión, Bajo Piura y opositor de la gestión
edil.
- El 6 de setiembre de 1988 la casa del corresponsal de El Diario en Tingo
María, Guillermo López sufrió un atentado dinamitero.
- El 10 de ese mes se produjo un enfrentamiento entre columnas de SL y del
CRF, en Lincha, provincia de Yauyos, Lima, provocando la baja de 2 subversivos
y una veintena de heridos.
- El 24 bombardeó la casa de Mario Cavalcanti Gamboa, presidente de
un organismo de derechos humanos en Ayacucho y ex decano del Colegio de Abogados
de Ayacucho. También sufrió amenazas de muerte.
- El 3 de octubre de 1988, el CRF asesina al profesor de la Universidad Los
Andes de Huancayo, Herminio Parra. Su esposa trató de impedir el asesinato,
pero los atacantes le dijeron "deja maldita, o si no tu morirás como
el perro de tu esposo, así es como mueren los que atacan al APRA".
- Ese mismo día un acusado de pertenecer a SL, Luis Morón,
fue asesinado luego de ser liberado por la Corte Superior de Ica. Su cadáver
presentaba un orificio de bala ala altura de la axila izquierda con orificio
de salida a la altura del corazón. Estaba atado de manos a la espalda
con 2 correas.
- El 9 de ese mes, el CRF atentó contra la empresa Servicio de Artes
Gráficos, ubicado en Lince, donde se imprimía El Diario.
- El 21 de ese mismo mes, apareció en Ayacucho el Comando Braulio
Zaga Pariona.
- El 10 de noviembre el CRF amenazó de muerte al senador Javier Silva
Ruete, y los periodistas César Hildebrandt y Roxana Canedo por haberse
pronunciado en torno a la renuncia presidencial.
- Ese mismo día, detona explosivos en la casa del director del semanario
Oiga, Francisco Igartua.
- El 17 de noviembre, el dirigente minero Saúl Cantoral denunció
una amenaza de muerte por parte del CRF.
- Ese mismo día el grupo paramilitar dinamitó 5 torres de alta
tensión y amenazó de muerte a 14 personas entre periodistas,
profesores y dirigentes políticos de Huacho.
- Durante el paro armado convocado por SL entre el 21 y 27 de noviembre,
el CRF dinamitó 2 establecimientos comerciales e instó a la
ciudadanía a no plegarse al paro.
- En diciembre de aquel año, el expediente del caso Cayara desapareció
luego del incendio en la fiscalía de Cangallo a manos del CRF.
- El 2 de ese mes el domicilio del juez César Amado, que tenía
a cargo el caso, sufrió un atentado dinamitero por parte del mismo
grupo.
- El 21 el CRF asesinó al militante del PPC, Sergio Artida.
- El 30 el CRF atentó por segunda vez contra la tumba de Edith Lagos.
1989
- El 17 de enero de 1989, el CRF asesinó al estudiante Luis Guerrero
a quien atribuyeron el asesinato del policía, Walter Dulce. Sobre
su cadáver colocaron un aviso que decía "Este es por el republicano....el
CRF cumple".
- El 30 de enero 1989 el periodista ayacuchano Juvenal Farfán fue
asesinado por CRF en compañía de su esposa y dos hijos.
- El 13 de febrero de 1989, en horas de la noche, se encontró en la
playa de estacionamiento exterior del Parque Zonal Huiracocha (San Juan de
Lurigancho) el cadáver del dirigente minero Saúl Cantoral con
7 balazos y huellas de torturas. A 12 metros, se encontró el cuerpo
de Consuelo García Santa Cruz con dos impactos de bala y el cráneo
aplastado por llantas. A las 7 y 30 de la noche de ese mismo día,
Cantoral y su acompañante se habían encontrado cerca del parque
Universitario, lugar donde quedaba el local de la Federación Nacional
de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú
en donde había tenido una reunión con los dirigentes. Se habrían
ido a Breña para hacer gestiones para obtener pasaporte. Desde ese
momento se presume que habría y llevado a otro lugar donde fue torturado
y posteriormente al Parque Zonal donde fue asesinado. Un patrullero que se
encontraba cerca, vio pasar a una combi amarilla con 5 personas en las inmediaciones
del parque, al escuchar disparos registraron la zona y encontraron los cadáveres.
El 18 de Agosto del año anterior, Cantoral fue secuestrado por el
CRF y liberado luego de haber sido golpeado y amenazado de muerte exigiéndole
que detenga la Huelga Nacional Minera que se desarrollaba en ese momento.
- El 19 de marzo fue asesinado el periodista radial Guillermo López
Salazar en Tingo María.
- El 2 de abril fue asesinó el diputado Edilberto Arroyo.
- El 26 de abril fue asesinado el secretario general de IU en Cangallo, Benigno
Ayala y su esposa por el CRF.
- El 6 de mayo, es asesinado el diputado Pablo Li Ormeño.
- El 26 de julio, los estudiantes de la Universidad Católica Abel
Malpartida Páez y Luis Álvarez Aguilar, de 21 y 22 años
de edad respectivamente, fueron secuestrados, se les colocaron explosivos
plásticos y los detonaron. Ambos cadáveres fueron encontrados
en el balneario de Santa Beatriz, San Bartolo, y según las investigaciones
policiales se les habría amarrado los explosivos en el tórax.
- El 23 de agosto de ese año, el abogado de la Comisión de
DDHH de Pasco, Samuel Coqui Huamalí Sánchez, fue secuestrado,
torturado y luego ejecutado por 4 hombres no identificados quienes le dispararon
4 veces. Se descartó que los responsables sean miembros del MRTA y
de SL ya que primero fue secuestrado y que ocurrió durante las horas
del toque de queda.
- El 6 de setiembre de 1989 sujetos no identificados asesinan a la última
testigo del caso Cayara, Martha Crisóstomo, quien se desempeñaba
como enfermera en el hospital Santa Elena. Ocho sujetos con el rostro cubierto,
la acribillaron junto con Olga Farfán, estudiante de secundaria. La
enfermera ya había recibido amenazas de muerte, por lo cual había
sido trasladada a ese nosocomio.
- El 14 de ese mes. La revista Oiga publica el texto completo de un documento
sobre el CRF y las actividades de uno de sus miembros, Jesús Miguel
Ríos Sáenz.
Relación entre el CRF y el APRA
En 1989 fueron asesinados los diputados Eriberto Arroyo Mío, el 17
de abril, y Pablo Li Ormeño el 6 de mayo. Por ese motivo el Congreso
formó una Comisión Investigadora multipartidaria con el encargo
de investigar los grupos paramilitares. A lo largo de la investigación
se presentaron muchas dificultades: el gobierno no proporcionó apoyo
material, testigos claves se negaron a testificar, el presidente renunció
cuando fue acusado de estar relacionado con el CRF, la hija del congresista
de IU Manuel Piqueras fue secuestrada y amenazada antes de ser liberada,
y la oficina del congresista de IU Gustavo Espinoza fue registrada. A pesar
de todo, la comisión logró relacionar al CRF con altos miembros
del gobierno, entre ellos el ministro Agustín Mantilla, y la policía.
En octubre 3 miembros de la comisión denunciaron 220 acciones de grupos
paramilitares, de los cuales 82 fueron asumidos por CRF. Otros grupos que
actuaron principalmente en provincias eran: Comando Antisenderista (CAS),
Pelotón Punitivo Peruano (PPP), Movimiento Haya Vive, Comando Manuel
Santana Chiri y Comando de Aniquilamiento Cipriano Gil. Los nombres de estos
últimos son de líderes apristas de provincias.
A lo largo de 1988 se descubrieron nexos con las fuerzas armadas, DIRCOTE
y el APRA. Por ejemplo, cuando en agosto fueron detenidos 14 jóvenes
apristas armados con explosivos y revólveres cerca de la Universidad
San Marcos. Al año siguiente proliferaron denuncias de la actividad
del Comando Rodrigo Franco. Los indicios apuntaban a que era una cubierta
de los comandos políticos militares de Ayacucho y San Martín,
así como de unidades militares y policiales, y pistoleros del partido
de gobierno que actuaban con la aprobación de altas autoridades. Cuando
ocurrieron detenciones, salieron rápidamente en libertad sin cargos.
Política antisubversiva y otros sucesos relevantes respecto
a los Derechos Humanos.
Comisión de Paz.
El 28 de julio de 1985, durante el primer mensaje a la nación de Alan
García, se propuso la conformación de una Comisión de
Paz que asesore al presidente en el tema de derechos humanos y revise los
casos de presos políticos. Con esa finalidad, el 14 de setiembre de
1985 se nombró a Mario Suárez Castaneyra, monseñor Augusto
Beuzeville Ferro, Diego García Sayán, César Rodríguez
Rabanal, Alberto Giesecke Matto y Fernando Cabieses Molina. Luego de un inicio
auspicioso, el 31 de octubre presentó propuestas y recomendaciones
relacionadas con los desaparecidos, los presos políticos y la legislación
antiterrorista. Sin embargo, pronto la Comisión empezó a criticar
la insuficiencia de recursos asignados, la marginación que sufría
de los espacios de poder y el reiterado bloqueo a su intervención
a favor de los derechos humanos por parte de organismos estatales. Este malestar
continuó agravándose, al extremo de que el 21 de enero de 1986
cinco de los seis miembros renunciaron.
Ante esta situación, el gobierno respondió en febrero de 1986
creando una segunda Comisión de Paz. Esta vez estaba formada por Fernando
Cabieses Molina, Mario Samamé Boggio y César Rodríguez
Rabanal, lo que constituía una notable reducción en su representatividad.
Esta segunda comisión, ante la escasez de recursos se limitó
a la elaboración de reflexiones teóricas. Su actuación
más relevante fue durante el motín en los penales durante junio
de 1986, cuando intentaron interceder para evitar la intervención
de las fuerzas armadas. Cuando se desencadenó la masacre, se reveló
la naturaleza ficticia de la Comisión y todos sus miembros renunciaron.
Finalmente, en diciembre de 1986, el gobierno anunció la creación
de una burocratizada Comisión Nacional de Derechos Humanos con un
mandato aún más ambiguo que sus antecesoras compuesta por 5
ministros y 4 representantes de la sociedad civil. Al año siguiente
el representante de las organizaciones de derechos humanos renunció
en protesta por la inacción de esta instancia.
Poder Judicial.
A lo largo del conflicto interno, una de las principales exigencias de las
Fuerzas Armadas fue que sus miembros acusado de violaciones de derechos humanos
debían ser juzgados en el fuero militar. Esta exigencia enmascaraba
una voluntad de garantizar la impunidad de estos hechos. Las críticas
de los especialistas señalaban que los tribunales militares deben
juzgar únicamente delitos de función, y no delitos comunes
o de motivación política.
El debate fue finalmente zanjado en detrimento del fuero civil cuando una
sentencia de la Corte Suprema en 1986 determinó que todos los militares
acusados de violaciones de derechos humanos debían ser juzgados por
tribunales militares. Esta renuncia a la independencia del Poder Judicial
fue severamente criticada. Una de las primeras y más graves consecuencias
inmediatas fue bloquear las investigaciones que fiscales civiles habían
iniciado en Ayacucho contra miembros de las Fuerzas Armadas por desaparición
forzada.
Luego de un acuerdo político con relación a los delitos de
función, en diciembre de 1986, el Senado modificó por unanimidad
la Ley 24150, promulgada por el gobierno de Fernando Belaúnde, según
la cual todos los delitos de las fuerzas armadas y policiales en zonas declaradas
en estado de emergencia eran calificados como "delitos de función".
De acuerdo a la modificación, los delitos de violación, secuestro,
homicidio y tortura serían juzgados por tribunales civiles y considerados
delitos comunes. Sin embargo, la Cámara de Diputados dirigida por
el partido de gobierno pospuso la discusión e incomprensiblemente
lo calificó de "asunto sensible".
Si bien una proporción insignificante de violaciones de derechos humanos
llegó a los tribunales, el fuero civil tuvo a su cargo algunas causas
en las que estaban involucradas las fuerzas policiales. Los resultados fueron
diversos: se condenó a los responsables de la matanza de presos en
el hospital de Ayacucho en 1982, la muerte de Francisco Ñufflo en
una comisaría en 1983 y la Masacre de Hoscos, también en 1983.
Sin embargo, quedó impune la muerte del líder campesino Jesús
Oropeza en julio de 1984 y el comandante Artaza fue absuelto por el asesinato
de 11 misioneros protestantes en 1984.
En 1987 para evitar las amenazas de los acusados de terrorismo contra los
jueces a cargo de sus casos, el Congreso creó un Tribunal Especial
para casos de Terrorismo. Esa medida provocó un grave retraso en los
juicios, al punto que un grupo de derechos humanos calculó que sólo
podrían resolver menos de 100 casos al año. En efecto, entre
octubre y diciembre de 1987 no se emitió ninguna sentencia y en abril
de 1988 fueron abolidos. El fracaso se debió a dificultades en el
reclutamiento de jueces, falta de garantías para su seguridad y el
grave retraso en la administración de justicia. La ineficacia del
Poder Judicial llegó a su punto más escandaloso en 1988 con
la absolución en dos cargos contra Osmán Morote, el número
2 de SL. Algunos observadores afirmaron que esta decisión estuvo influenciada
por la intimidación de la que fueron objeto los jueces del caso, pero
otros apuntaron a la falta de profesionalismo y la incapacidad de la policía
para obtener pruebas válidas y suficientes en un juicio.
A nivel internacional, una decisión paradójica llevó
al Estado peruano a ratificar los dos protocolos adicionales de los Convenios
de Ginebra en 1989, a pesar de las evidentes y comprobadas violaciones al
derecho humanitario cometidas por las fuerzas armadas durante la lucha antisubversiva.
Por otra parte, la falta de independencia del Poder Judicial fue puesta en
evidencia en 1987 cuando el presidente de la Corte Suprema acusó al
Poder Ejecutivo de interferencia en el proceso judicial del Luis Bertello
Masperi, acusado de la quiebra de un banco y liberado bajo fianza con la
complicidad del fiscal y del juez a cargo del caso.
Reconocimiento de la Guerra Sucia.
En marzo de 1986 el ministro de Marina, vicealmirante Julio Pacheco Concha,
afirmó que "la única forma de defender la democracia es eliminar
la subversión, cualquiera que sea el costo". En enero de 1988 una
encuesta mostró que el 86% de la población creía que
los militares matan gente inocente en su lucha contra Sendero Luminoso.
Presos Políticos.
La oposición afirmó en 1987 que aún existían
100 presos políticos ligados a la izquierda legal. Sin embargo, el
gobierno se negó reiteradamente a conceder amnistía y, con
la clara intención de prolongar el problema de estos presos inocentes,
exhortó al Poder Judicial a "acelerar los juicios".
En 1988 se puso en práctica una nueva práctica represiva contra
la oposición y los defensores de derechos humanos: un gran número
de sindicalistas, dirigentes comunitarios, afiliados a partidos de oposición
legal, activistas de derechos humanos, sacerdotes y trabajadores ligados
a la iglesia fueron detenidos por breves periodos de tiempo, intimidados
y finalmente liberados.
Libertad de Prensa.
Durante 1986 la presión de las fuerzas armadas sobre los medios de
comunicación televisivos dio lugar a varios casos de censura. En marzo,
César Hildebrandt fue obligado a posponer la presentación de
un especial sobre el caso Ayala en su programa Encuentro. Sin embargo, más
grave fue lo ocurrido en junio: tras la masacre de los penales el programa
1+1 fue sacado del aire y cancelado mientras se presentaba un especial sobre
ese tema. Ese mismo día, el Nuevo Diario fue requisado en los puestos
de venta.
Durante 1987 la libertad de prensa continuó sufriendo restricciones.
En Ayacucho, luego de una revelación periodística sobre ejecuciones
sumarias en Ayacucho, el Comando Conjunto restringió bruscamente el
acceso de periodistas a las zonas en conflicto, con lo que se redujo la capacidad
de observadores independientes de vigilar los abusos. En Lima los medios
de prensa denunciaron el intento del gobierno aprista de influir en la información
que publicaban mediante el suministro de papel de imprenta, préstamos
de la banca estatal y el acceso a la red nacional de telecomunicaciones.
En Tarapoto tres estaciones de radio fueron cerradas en represalia por transmitir
información sobre la actividad subversiva local.
En 1988 disminuyeron las denuncias de manipulación en el aprovisionamiento
de papel y moneda extranjera, pero subsistieron las quejas de presiones sobre
medios de comunicación y restricciones sobre los periodistas en el
viaje a zona de emergencia, donde la confiscación de videos y material
fotográfico fue una práctica frecuente.
En 1989 César Hildebrandt fue denunciado por apología de terrorismo
en una maniobra que, según el periodista, fue originada en Palacio
de Gobierno
Organizaciones Nacionales de Derechos Humanos.
En setiembre de 1987 APRODEH denunció el cambio en la política
de desapariciones en las zonas de emergencia en los siguientes términos:
"Si bien desde mediados de 1985 se notó una disminución
del número de desaparecidos, este año el fenómeno pareciera
estar recrudeciendo nuevamente, aunque con una nueva modalidad. Ahora un
grupo de los desaparecidos, la mitad aproximadamente, reaparecen al cabo
de un tiempo. Sus testimonios son concluyentes: fueron secuestrados por efectivos
militares o policiales, estuvieron recluidos durante días o semanas
en instalaciones militares (lo que está prohibido por la ley) donde
los torturaron, para después entregarlos a los organismos competentes
(policía y Poder Judicial). Del resto, al igual que antes, no se sabe
nada, excepto de unos pocos cuyos cadáveres aparecen luego en alguna
fosa común o botadero de cadáveres.".
APRODEH publicó un estudio sobre las desapariciones en 1988 de acuerdo
al cual, casi la mitad de víctimas, en su mayoría campesinos
de 18 a 30 años, continuaban desaparecidas. Los principales responsables
de este delito fueron las fuerzas armadas, quienes estaban involucradas en
el 80% de casos. Los departamentos con mayor número de desaparecidos
fueron Ayacucho, San Martín, Apurímac y Huancavelica; lo que
demostraba que la práctica de la desaparición forzada se generalizaba
en las zonas declaradas bajo Estado de Emergencia.
Organizaciones Internacionales de Derechos Humanos.
En enero de 1987 las fuerzas armadas retiraron provisionalmente a la Cruz
Roja el permiso necesario para cumplir con su obligación de visitar
las prisiones en las zonas de emergencia y llevar asistencia humanitaria.
En abril, la prohibición se amplió para impedir el ingreso
al centro de detención de DIRCOTE. En ambos casos se trataba de lugares
en los que existían pruebas de una práctica de forma sistemática
la tortura. El 20 de junio de 1988 el general José Valdivia, jefe
del Comando Político Militar de Ayacucho y responsable de la masacre
de Cayara, suspendió indefinidamente el permiso para que la Cruz Roja
trabajara en Ayacucho, y el 23 amplió la prohibición a Medecins
du Monde y a la Comisión Episcopal de Acción Social. Esta decisión
fue revocada recién en 1989.
En 1988 el relator especial sobre tortura de la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas dirigió una misión de indagación
en el Perú y concluyó que la práctica de la tortura
no puede ser combatida porque los pedidos de hábeas corpus no son
admitidos por las autoridades militares o son inútiles debido a que
niegan las detenciones realizadas, porque no se cumple la obligación
de contar con un fiscal en el arresto y en todas las etapas de la investigación,
y porque las investigaciones que realiza el ministerio público sobre
tortura fracasan por la inseguridad de los testigos y el ambiente de terror
vigente.
Condiciones de vida.
Las condiciones de vida de la población peruana empeoraron debido
a la crisis económica a niveles desconocidos. En 1987 el Ministro
de Salud reconoció que los enormes avances en la lucha contra la tuberculosis
de los últimos años se habían perdido, y que 12 nuevos
casos de tuberculosis se presentaban cada día. La tasa de mortalidad
entre los enfermos alcanzaba un incalificable 20%. En 1989 el consumo calórico
promedio de los peruanos fue equivalente a apenas el 72% del recomendado
por la FAO. Se supo que 170 niños menores de un año morían
diariamente y que la deshidratación mataba a una persona cada 20 minutos.
La pérdida de oportunidades también llegó a niveles
insostenibles, pues se preveía que únicamente el 20% de los
niños que iniciaron sus estudios los terminarían, que el 65%
de hogares carecían de agua potable y el 90% de desagüe.
Desplazados y huérfanos de la guerra.
En 1987 se calculaba que el número de desplazados internos reubicados
sólo en Lima e Ica era de 80 mil personas. Muchos de ellos habían
migrado a las ciudades y vivían en condiciones de extrema pobreza.
También se calculó que había entre 8 y 10 mil huérfanos
de guerra, muchos de ellos testigos de la muerte o desaparición de
uno o ambos padres y con secuelas psicológicas imposibles de borrar.
Fuente: Equipo Nizkor - http://www.derechos.org/nizkor/peru/doc/alan.html
