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Protestas sociales en Perú

JULIO DE 2007

Paro regional en Huancavelica Creció la ola de protestas regionales
La ola de protestas regionales en demanda de la entrega de mayores recursos y la ejecución de obras sociales, siguió creciendo. La población de Ucayali continuaba con el paro indefinida contra la eliminación de las exoneraciones tributarias para las regiones amazónicas. Además hubo paros regionales contundentes en Puno, Huancavelica, Ayacucho, Arequipa y en la provincia de Andahuaylas (Apurimac).

Paro regional en Ucayali
La población de Ucayali, continuaba el paro regional indefinido, convocado por el Frente de Defensa de Ucayali (Fredeu) y respaldado por las autoridades de la región para exigir que el gobierno central retroceda en la decisión de eliminar las exoneraciones tributarias para las regiones amazónicas.

Paro regional en Ucayali Pese a que el gobierno central había declarado el estado de emergencia en la provincia de Coronel Portillo, la población del Ucayali no retrocedió. El 1° de julio, el presidente del gobierno regional de Ucayali, Jorge Velásquez, anunció una marcha de sacrificio que el miércoles 4, partirá desde la ciudad Pucallpa hacia la capital, para exigirle al Ejecutivo que atienda los reclamos de la amazonía y mantenga las exoneraciones tributarias en este lugar. El día siguiente, en una nueva movilización unas 60 mil personas marcharon por las calles de Pucallpa. El 3 de julio, el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, informó que una comisión de alto nivel del Ejecutivo, integrada por ministros y viceministros, se encontraba lista para partir a la provincia de Purús con el fin de dialogar con las autoridades de Ucayali sobre la permanencia de las exoneraciones tributarias en la Amazonía. Del Castilllo aseguró que, en Ucayali, las exoneraciones tributarias benefician solo a poca gente, y que el Fredeu ha engañado a la población haciéndole creer que la eliminación de éstas la perjudica. "Además, ¿se puede llamar dirigentes sindicales a personas que toman aeropuertos y atacan comisarías? Yo creo que son solo delincuentes a los que hay que aplicarles el principio de autoridad", acotó. Luego de estas declaraciones, las bases del Frente de Defensa de Ucayali (Fredeu) en una asamblea realizada en el Colegio de Ingenieros de Pucallpa, resolvieron no autorizar al presidente regional, Jorge Velásquez, para que negocie con el Gobierno en Purús. Rómulo Coronado, titular del Fredeu, señaló que el premier Del Castillo sigue insultando a la región Ucayali al no querer viajar a Pucallpa y al llamar contrabandistas a los promotores de esta medida de fuerza. Agregó que, de no concretarse una cita con el Ejecutivo, unos 200 mil pobladores saldrán a marchar a las calles para exigir que se atienda el pliego de reclamos planteado por el Fredeu. Por otro lado, unos 80 miembros de base de los comedores populares intentaron tomar el local del programa de ayuda alimenticia Pronaa de Pucallpa debido al desabastecimiento de alimentos.

El día siguiente, la comisión de alto nivel, encabezada por la ministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, llegó a las once de la mañana a Pucallpa y tras mucho negociar los miembros del Frente de Defensa aceptaron trasladarse a la localidad fronteriza de Purús, para dialogar con los representantes del Ejecutivo. Las conversaciones duraron tres horas y concluyeron con la suscripción de un acta, en la cual acordaron instalar cuatro mesas de trabajo descentralizadas en las provincias de Coronel Portillo, Atalaya, Purús y Padre Abad, para analizar las demandas de la población. El presidente del Frente de Defensa, Rómulo Coronado, manifestó que consultará con sus bases si aceptan conceder una tregua.

Tras varias horas de debate, el 5 de julio, los 160 delegados de los diversos gremios ucayalinos acordaron suspender por 10 días la huelga que iniciaron el 26 de junio para exigir la vigencia de las exoneraciones tributarias en la Amazonía. El presidente del Frente de Defensa de Ucayali, Rómulo Coronado, refirió que la medida está condicionada al levantamiento del estado de emergencia en la provincia de Coronel Portillo. Asimismo, advirtió que si, en los próximos días, el Ejecutivo no atiende la problemática de la región, se reanudará la protesta. El premier Jorge del Castillo expresó su esperanza de que la tregua de 10 días pueda ser ampliada mientras se buscan las soluciones concretas para las demandas de la región. En ese sentido, informó que la región recibirá, para la ejecución de obras, 97 millones de soles, que en parte servirán para subsidiar el combustible utilizado por los mototaxistas.

Después de diez días de protestas violentas, el 6 de julio, la calma regresó a Pucallpa. Luego de que se levantara el paro indefinido, los establecimientos comerciales, colegios y bancos reabrieron sus puertas. Pese a ello, en la mañana, decenas de turistas varados reclamaron la apertura del aeropuerto David Abenzur Rengifo pues, hasta el mediodía, el terminal continuaba cerrado. Por otro lado, el premier Jorge del Castillo señaló que de acuerdo con lo que observe la ministra de Justicia María Zavala, en su viaje a Pucallpa, se evaluará el levantamiento del estado de emergencia. Ese mismo día, la ministra llegó a Pucallpa e instaló la primera comisión, compuesta por representantes del Frente de Defensa de Ucayali y del gobierno regional, que analizará las políticas sociales aplicadas por el gobierno. Para facilitar el trabajo esta comisión se dividió, a su vez, en tres subcomisiones que analizarán la problemática de la salud, la educación y la titulación de tierras.

El 9 de julio, la ministra de Transportes, Verónica Zavala, encabezó en Aguaytía la sesión de la Comisión de Infraestructura, Transportes y Comunicaciones en presencia de autoridades regionales, alcaldes y regidores, además de los representantes del Frente de Defensa de Ucayali y otras organizaciones. Los dirigentes y autoridades presentaron sus requerimientos sobre temas de transportes, vivienda, energía y comunicaciones ante las autoridades del gobierno representadas por la ministra Zavala y la viceministra de Comunicaciones, Cayetana Aljovín. La ministra refirió que muchas de las demandas expuestas ya habían sido atendidas por el gobierno, por este motivo la reunión sirvió para informar sobre las acciones realizadas a favor de esta zona, alegando que en alguna medida las protestas se realizaron bajo una situación de desinformación. Anunció que, en el 2007 el sector de transporte invertirá 142 millones de soles, destinado a obras de mejoramiento y rehabilitación de la carretera Tingo María-Aguaytía-Pucallpa y caminos rurales.


Paro contra la contaminación por la minería en Puno
El 2 de julio, los pobladores de diversas zonas de la región Puno iniciaron un paro regional indefinido, exigiendo la declaratoria de emergencia de las provincias de Carabaya, Azángaro, Huancané, San Antonio de Putina y Melgar, por la contaminación del río Ramis y el lago Titicaca por la actividad minera informal en el distrito de Ananea.

Bloqueo en Azángaro Marcha en Juliaca El paro se inició con el bloqueo de las principales carreteras y el cierre de todos los comercios y de las entidades públicas y privadas, en las provincias de Carabaya, Azángaro, Huancané, San Antonio de Putina y Melgar, debido al grave impacto de la actividad minera. La medida de fuerza fue encabezada por el propio alcalde de Azángaro, Rubén Pachari, quien alertó que la contaminación ha llegado hasta el lago Titicaca y está perjudicando los pastizales y el ganado de la zona. Ante las acciones de protesta, el director regional de Energía y Minas, Ernesto Sagua Alanguia, informó que una comisión de alto nivel llegaría a Puno el fin de semana para iniciar el diálogo con los pobladores. No obstante, el presidente del Comité de Lucha de Melgar, Jesús Baca, indicó que la propuesta fue rechazada por la población, que exigió la presencia del premier Jorge del Castillo o del ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia. Tras expresar su solidaridad con los huelguistas, el presidente regional de Puno, Hernán Fuentes, advirtió que las protestas contra la actividad minera en el departamento pueden desembocar en un paro regional si el Gobierno Central no atiende las demandas de la población. Fuentes manifestó su deseo de que el Ministerio de Energía y Minas tome acciones inmediatas a fin de solucionar el problema.

El 3 de julio, un grupo de profesores de Juliaca se plegó a los manifestantes provenientes de Azángaro. Los huelguistas rebasaban a la de efectivos policiales, por lo que estos últimos debieron huir del lugar efectuando disparos al aire y lanzando gases lacrimógenos, en medio de una lluvia de piedras. Mientras tanto en Puno, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobó el plan de acción dirigido a recuperar la cuenca del río Ramis. Entre las acciones inmediatas que contempló esta iniciativa figuró la apertura de la oficina técnica de la Dirección Regional de Minería en Ananea, en las instalaciones de Centromin Perú. Se acordó que el gobierno regional puneño, con apoyo del MEM, iniciará un proceso de ordenamiento del sector minero en la zona, haciendo cumplir las normas legales ambientales, de seguridad e higiene. Por su parte el Consejo Nacional de Medio Ambiente (Conam), en coordinación con autoridades de Salud y Defensa Civil, evaluará la declaratoria de emergencia ambiental en la zona afectada, con sujeción a las disposiciones legales vigentes.

El 4 de julio, las protestas de los pobladores de Azángaro, quienes reclaman que el río Ramis sea descontaminado, continuaban. Piquetes de manifestantes mantuvieron el bloqueo de la carretera al Cusco. En el curso del día, se produjo una batalla campal entre cientos de policías y manifestantes que bloqueaban la carretera, a la altura del puente Maravillas, ubicado en el kilómetro 5 de la carretera Juliaca-Cusco. Los enfrentamientos dejaron como saldo, cerca de 20 detenidos, más de una decena de heridos y una camioneta policial totalmente quemada. A las 2 y 30 de la tarde, los huelguistas ingresaron a la Plaza de Armas y realizaron un improvisado mitin. El decreto supremo promulgado por el Gobierno para poner en marcha un plan de acción y recuperar la cuenca del torrente no fue bien recibido por los pobladores afectados. Al respecto, el presidente regional Hernán Fuentes rechazó el plan de acción propuesto por el Ejecutivo, pues aseveró que el Gobierno debe hacerse cargo del daño ecológico que causa la minería en el río Ramis.

El día siguiente, cientos de pobladores, algunos de ellos con pasamontañas y armados con hondas, flechas, palos y cadenas, siguieron bloqueando -por cuarto día consecutivo- el puente Maravilla, en Juliaca, y la carretera de acceso al departamento del Cusco. Los huelguistas también imposibilitaron el tránsito, con piedras y troncos, en las provincias de Azángaro y de Ayaviri, donde había cientos de turistas varados y los precios de los productos de primera necesidad comenzaron a elevarse, debido a que al menos 100 camiones repletos de alimentos y de diversos enseres no podían seguir su camino. En Juliaca, capital de la provincia de San Román, se realizó una marcha en defensa del río Ramis, la cual fue apoyada por los maestros agremiados al Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación (SUTE). La Policía se enfrentó con bombas lacrimógenas a decenas de manifestantes que no aceptaban el decreto supremo promulgado por el Gobierno, que señala que la Dirección Regional de Minería debe poner en marcha un plan de acción para recuperar la cuenca del río Ramis.

Luego de dialogar con el ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, quien se comprometió a poner en marcha acciones inmediatas para remediar la situación ambiental, los pobladores de Azángaro y de Melgar, después de cinco días, decidieron suspender sus medidas de fuerza. Después de la reunión con autoridades de la zona, el titular del sector anunció que el lunes 9, se notificará a los mineros informales para que suspendan sus actividades en el lugar. "Si hacen caso omiso a esta disposición, pediremos el auxilio del Ministerio Público y de la Policía para realizar las operaciones que correspondan", señaló. Valdivia anunció que el 16 de julio se instalará una comisión multisectorial que analizará la problemática y que evaluará el pedido de los pobladores de declarar la zona en emergencia. "El tercer acuerdo establece que durante este plazo se suspende toda medida de fuerza y los representantes de las comunidades afectadas y las autoridades locales se incorporarán a la comisión multisectorial para que hagan los trabajos y estudios que correspondan", sostuvo el titular de Energía y Minas.

El 3 de julio, un grupo de profesores de Juliaca se plegó a los manifestantes provenientes de Azángaro. Los huelguistas rebasaban a los efectivos policiales, por lo que estos últimos debieron huir del lugar efectuando disparos al aire y lanzando gases lacrimógenos, en medio de una lluvia de piedras. Mientras tanto en Puno, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobó el plan de acción dirigido a recuperar la cuenca del río Ramis. Entre las acciones inmediatas que contempló esta iniciativa figuró la apertura de la oficina técnica de la Dirección Regional de Minería en Ananea, en las instalaciones de Centromin Perú. Se acordó que el gobierno regional puneño, con apoyo del MEM, iniciará un proceso de ordenamiento del sector minero en la zona, haciendo cumplir las normas legales ambientales, de seguridad e higiene. Por su parte el Consejo Nacional de Medio Ambiente (Conam), en coordinación con autoridades de Salud y Defensa Civil, evaluará la declaratoria de emergencia ambiental en la zona afectada, con sujeción a las disposiciones legales vigentes.

El decreto supremo promulgado por el Gobierno para poner en marcha un plan de acción y recuperar la cuenca del torrente no fue bien recibido por los pobladores afectados. Al respecto, el presidente regional Hernán Fuentes rechazó el plan de acción propuesto por el Ejecutivo, pues aseveró que el Gobierno debe hacerse cargo del daño ecológico que causa la minería en el río Ramis. El 4 de julio, las protestas de los pobladores de Azángaro contra la contimación del río Ramis continuaban. Piquetes de manifestantes mantuvieron el bloqueo de la carretera al Cusco. En el curso del día, se produjo una batalla campal entre cientos de policías y manifestantes que bloqueaban la carretera, a la altura del puente Maravillas, ubicado en el kilómetro 5 de la carretera Juliaca-Cusco. Los enfrentamientos dejaron como saldo, cerca de 20 detenidos, más de una decena de heridos y una camioneta policial totalmente quemada. A las 2 y 30 de la tarde, los huelguistas ingresaron a la Plaza de Armas y realizaron un improvisado mitin.

El día siguiente, cientos de pobladores, algunos de ellos con pasamontañas y armados con hondas, flechas, palos y cadenas, siguieron bloqueando -por cuarto día consecutivo- el puente Maravilla, en Juliaca, y la carretera de acceso al departamento del Cusco. Los huelguistas también imposibilitaron el tránsito, con piedras y troncos, en las provincias de Azángaro y de Ayaviri, donde había cientos de turistas varados y los precios de los productos de primera necesidad comenzaron a elevarse, debido a que al menos 100 camiones repletos de alimentos y de diversos enseres no podían seguir su camino. En Juliaca, capital de la provincia de San Román, se realizó una marcha en defensa del río Ramis, la cual fue apoyada por los maestros agremiados al Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación (SUTE). La Policía se enfrentó con bombas lacrimógenas a decenas de manifestantes que no aceptaban el decreto supremo promulgado por el Gobierno, que señala que la Dirección Regional de Minería debe poner en marcha un plan de acción para recuperar la cuenca del río Ramis.

Luego de dialogar con el ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, quien se comprometió a poner en marcha acciones inmediatas para remediar la situación ambiental, los pobladores de Azángaro y de Melgar, el 6 de julio, después de cinco días, decidieron suspender sus medidas de fuerza. Luego de la reunión con autoridades de la zona, el titular del sector anunció que el lunes 9, se notificará a los mineros informales para que suspendan sus actividades en el lugar. "Si hacen caso omiso a esta disposición, pediremos el auxilio del Ministerio Público y de la Policía para realizar las operaciones que correspondan", señaló. Valdivia anunció que el 16 de julio se instalará una comisión multisectorial que analizará la problemática y que evaluará el pedido de los pobladores de declarar la zona en emergencia. "El tercer acuerdo establece que durante este plazo se suspende toda medida de fuerza y los representantes de las comunidades afectadas y las autoridades locales se incorporarán a la comisión multisectorial para que hagan los trabajos y estudios que correspondan", sostuvo el titular de Energía y Minas.

El 16 de julio, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) instaló la comisión multisectorial encargada de poner en marcha el Plan de Acción contra la contaminación minera en la cuenca del Río Ramis, concretando así uno de los principales compromisos asumidos por el titular del sector, Juan Valdivia. El grupo de trabajo, al que se incorporaron los representantes de las poblaciones afectadas, tendrá a su cargo elaborar una evaluación sobre los problemas existentes en la zona.

Un nuevo paro regional programada para el 25 de julio, para reclamar otras demandas pendientes, fue suspendido, luego que el 22 de julio, las autoridades regionales firmaron un acta de entendimiento con una delegación del Ejecutivo que viajó a Puno para para definir una agenda común que ponga fin a sus reclamos. Tras el encuentro se decidió instalar una mesa de diálogo para resolver los puntos pendientes de la agenda el 1 de agosto. La delegación estaba integrada por el ministro de Salud, Carlos Vallejos, el ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, y otros viceministros.


Paro regional en Ayacucho
Los días 3 y 4 de julio, la población de la región Ayacucho realizó un paro regional de 48 horas, convocado por el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, en rechazo al continuismo de la política neoliberal y el alza de precios de productos de primera necesidad. Entre sus pedidos figuraba que se cumpla con el acta suscrita por el premier Jorge del Castillo para ampliar el presupuesto en 40 millones de soles para culminar el Proyecto Especial Río Cachi; así como el asfaltado de una serie de carreteras que permita la integración vial; y la ejecución de varios proyectos de irrigación. Además el Frente de Defensa expresó su solidaridad con las luchas de los docentes universitarios, los maestros del SUTEP, el sector Salud y los trabajadores de los mercados.

Marcha en Ayacucho A la medida de lucha se sumaron sindicatos y organizaciones de base, en especial de los gremios de los maestros, de los docentes universitarios y los trabajadores de Salud en huelga indefinida. Desde las primeras horas de la madrugada, piquetes de manifestantes bloquearon con piedras y llantas las vías de acceso a la ciudad, especialmente la vía Los Libertadores, que permite el acceso al departamento de Lima. Asimismo, interrumpieron el paso entre los kilómetros 132 y 139 de la carretera que conduce a Andahuaylas (Apurímac) y al departamento de Cusco y la carretera Huamanga-Huanta, camino por el que se ingresa a la provincia de Huanta. Mientras tanto otros grupos se concentraron en diferentes puntos para realizar una marcha pacífica hacia la Plaza de Armas. Los vehículos de transporte público, las instituciones estatales, los locales comerciales, los mercados de abastos, así como los colegios paralizaron totalmente sus actividades. Diferentes organizaciones sociales y sindicales, así como los gremios de agricultores y maestros del SUTEP se movilizaron por las principales calles de la ciudad de Huamanga en rechazo a la política económica del gobierno, acusando al presidente, Alan García, de no escuchar las demandas del pueblo.

Tras evaluar el paro preventivo de 48 horas, que culminó con una movilización masiva y un mitin en la Plaza de Armas de Ayacucho, en la noche del 4 de julio, las organizaciones sociales y gremiales, encabezadas por el Frente de Defensa del Pueblo, acordaron dar una tregua al gobierno hasta este 15 de julio.

Marcha de los wari El 21 de julio, una comitiva de tres mil ayacuchanos partió de Huamanga en una marcha de sacrificio hacia Lima, con la intención de llamar la atención del gobierno central sobre los principales problemas que aquejan a la región. Unas 8 mil personas se reunieron en la plaza de armas de la capital ayacuchana para despedir a la comitiva que participara de la llamada Marcha de los Waris, en alusión al origen wari de Ayacucho. La movilización estaba encabezada por los principales líderes del Frente de Defensa de Ayacucho, alcaldes distritales y provinciales, así como el presidente del gobierno regional, Ernesto Molina Chávez. Participaron, además, delegaciones de organizaciones sociales, gremiales y entidades públicas, así como los congresistas Juana Huancahuari y José Urquizo. Los manifestantes indicaron que su medida de protesta no era una "huachafería", como la había calificado el premier Jorge del Castillo, sino un legítimo derecho de los ciudadanos de hacer escuchar su voz, "reivindicando la dignidad de los pueblos olvidados". El presidente del Frente de Defensa de Ayacucho, Darío Ventura Pariona, se mostró indignado y molesto con las expresiones del presidente del Consejo de Ministros. "Es un insulto al pueblo de Ayacucho y esperamos que se rectifique y tienda una mesa de diálogo", dijo. Mientras el alcalde de Huamanga, Germán Martinelli Chuchón, sostuvo que estas frases son producto de la "desesperación" de Del Castillo para descalificar la marcha. Invocó al Ejecutivo a designar una comisión de alto nivel para analizar sus demandas en una mesa de diálogo: "Pedimos recursos para obras de inversión, como la interconexión vial a través del asfaltado de carreteras, proyectos de irrigación y que se complete el número de docentes para educar al pueblo ayacuchano".

En la madrugada del 23 de julio, la denominada "Marcha de los Wari" llegó a la capital y sus más de tres mil participantes se congregaron en el Parque Zonal Huayna Cápac de San Juan de Miraflores.

Informaciones de fondo:
  ¡Viva el paro regional preventivo del 3 y 4 de julio! Frente de Defensa de Ayacucho. 30 Junio del 2007.  »


Paro regional en Huancavelica Paro regional en Huancavelica
El 4 de junio, el Frente de Defensa de Huancavelica convocó a un paro regional para exigir la vacancia del presidente regional Federico Salas Guevara, ex premier durante la dictadura de Fujimori, y la destitución del alcalde distrital, Pedro Palomino Pastrana. Según, Emilio Escobar, dirigente del Frente de Defensa de Huancavelica, ellos exigen el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones sobre la vacancia de Federico Salas Guevara debido a que estaría ejerciendo la presidencia de manera ilegal por tener una sentencia vigente al momento de ser candidato, causal para prohibirle postular y pedir su retiro. Sostuvo que también reclaman más inversión en los sectores Salud y Educación, así como la intervención de una comisión ad hoc especializada en temas de derechos humanos para investigar los restos óseos encontrados en el ex local de la jefatura militar. Otro pedido importante era que el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETCC) pase a manos de la región. Actualmente el PETCC se encuentra bajo la administración de la región Ica, pese a que las aguas de las que se nutre para irrigar los valles iqueños pertenecen a lagos y lagunas de Huancavelica.

A la medida de lucha se sumaron los maestros del Sutep regional -en huelga hace 20 días-, los trabajadores administrativos de Salud -que tenían tomado el hospital de la zona desde hace 10 días-, los estudiantes del Frente Universitario de la Universidad Nacional de Huancavelica y la Federación de Transportistas de Huancavelica.

Adelantándose a la jornada de protesta, el día 3 de julio, centenares de pobladores salieron a las calles en una manifestación previa al paro regional. Alrededor de 300 estudiantes bloquearon cerca de nueve horas la carretera que une las ciudades de Huancayo y Huancavelica. La policía logró despejar la vía a pesar de la lluvia de piedras que lanzaban los manifestantes. En el enfrentamiento, dos universitarios quedaron heridos al recibir impactos de bombas lacrimógenas. El 4 de junio, la región amaneció con las vías bloqueadas, el transporte público paralizado y los negocios cerrados. Como parte de la medida de lucha se realizó una multitudinaria marcha en la que participaron estudiantes universitarios, profesores, catedráticos, jubilados, comunidades campesinas afectadas por la contaminación de la minería y trabajadores de Educación y de Salud, así como de otros gremios que se encontraban en huelga. Pese a que la movilización era custodiada por efectivos policiales, los manifestantes casi lograron tomar la sede del gobierno regional. En tanto, otro grupo de manifestantes llegó hasta la parte alta de la ciudad, donde se ubica la subestación de energía eléctrica de Friaspata, e intentó ingresar a la planta. Debido a que no pudo superar la seguridad, arrojó llantas encendidas al local y quemó la puerta principal del mismo, obligando a las autoridades a suspender el servicio de luz. Los manifestantes además atacaron el municipio distrital, oficinas administrativas de la oficina de la entidad tributaria SUNAT y un local de Telefónica del Perú, provocando una batalla campal con la policía de más de 5 horas.

El presidente regional de Huancavelica, Federico Salas, quien se encontraba en Lima, responsabilizó de estos hechos a grupos opositores a su gestión que se infiltraron en la huelga de los trabajadores de Salud y de Educación. "Esta coyuntura de paros de ambos sectores fue aprovechada por un grupo de oposición que perdió las elecciones y que está tratando de hacer creer que la población está en contra de mí", aseveró. Salas sostuvo que la Corte Suprema falló indicando que no existe ninguna inhabilitación del cargo en su contra y que el Consejo Regional declaró improcedente el pedido de vacancia de la presidencia regional solicitado por Juan Rodas y otras personas, entre ellas el congresista José Saldaña. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones informó que denunció penalmente a cinco consejeros regionales de Huancavelica por no resolver a tiempo el pedido de vacancia contra Salas. La fiscalía penal provincial de esa región decidirá si abre investigación preliminar o formaliza la denuncia ante el Poder Judicial, por delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad.

La región de Huancavelica se encuentra ubicada en la sierra central de los Andes peruanos. Su capital es la ciudad de Huancavelica, con una altitud de 3 mil 680 metros sobre el nivel del mar. Está dividida en siete provincias y 94 distritos y su temperatura promedio es de diez grados. Huancavelica es una de las regiones más pobres y atrasadas del Perú. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística (Inei), el índice de pobreza es de un 88%, la desnutrición crónica es de un 54% y el analfabetismo llega hasta el 27.5%.


Paro regional en Arequipa
Coincidiendo con la huelga general de la CGTP, el 11 de julio, la población de Arequipa inició un paro indefinido promovido por el Frente Amplio Cívico de Arequipa (FACA). Con la medida de lucha que no tenía el respaldo de las principales autoridades como el alcalde de Arequipa, Simón Balbuena, y el presidente regional Juan Manuel Guillén, la población reclamaba al gobierno central inversiones para mejorar las condiciones de vida del pueblo, la reducción del costo de los combustibles y de los principales alimentos de consumo básico, la renegociación de los contratos con la minera Cerro Verde, la construcción de la presa de Paltiture para terminar con el problema hídrico que aqueja al valle de Tambo, la construcción de un gasoducto al Sur, entre otras demandas.

Paro regional en Arequipa Los días 11, 12 y 13 de julio, se caracterizaron por inmensas marchas que paralizaron todo el tráfico en la ciudad. A las movilizaciones se plegaron Asociaciones de viviendas, sindicatos de trabajadores, movimientos sociales, y algunos partidos políticos. Piquetes de manifestantes bloquearon la variante de Ushumayo, carretera que une esta región con los departamentos de Lima, Moquegua y Tacna. De igual modo, los huelguistas colocaron piedras, troncos y llantas en la zona de Añahuay, en el cono norte de Arequipa, que conduce al Valle del Colca y Cusco. Los mercados y centros de abastos quedaron cerrados, lo mismo que las principales entidades públicas. El 13 de julio, se produjo un enfrentamiento entre los pobladores del Cono Norte de Arequipa, y efectivos policiales, que intentaban desbloquear el kilómetro 16 de la carretera que conduce a la región Puno. El choque dejó al menos treinta heridos y 12 manifestantes fueron atrapados y reprimidos por la policía; en respuesta un grupo de manifestantes secuestró a 6 efectivos policiales para exigir la inmediata libertad de los pobladores encarcelados en la comisaría del sector, acusados de alterar el orden público por participar en los bloqueos de las carreteras por el Sector de Cono Norte de la ciudad. Con la intervención de representantes de la Fiscalía y de la Defensoría del Pueblo, finalmente se convino la liberación de los efectivos rehenes y de los 29 detenidos. Pese a que el FACA, el principal impulsor de la paralización, había acordado continuar con la huelga indefinida, el 15 de julio, temporalmente volvió la calma a Arequipa, para favorecer el arribo de una comisión de alto nivel, encabezada por el premier Jorge del Castillo, que había anunciado su visita para el 17 de julio, a fin de dar solución a las demandas de la región. Sin embargo, fuentes de la Presidencia del Consejo de Ministros indicaron que el viaje estaba supeditado al levantamiento de la huelga.

El 16 de julio, en el sexto día de la huelga indefinida, se realizó un mitin en la Plaza de Armas. Durante la manifestación, un grupo de pobladores intentó romper una de las rejas de la municipalidad provincial para ingresar a la fuerza. Previamente, el alcalde Simón Balbuena Marroquín propuso a las organizaciones sociales una tregua para asegurar la llegada de la misión de alto nivel del Ejecutivo, programada para el día siguiente. En la noche, los delegados del FACA, después de una prolongada reunión, decidieron darle una tregua de 48 horas al gobierno. La condición era que se les deje participar en la mesa de negociaciones con el premier Jorge del Castillo.

El 17 de julio, el premier Jorge del Castillo llegó a la ciudad de Arequipa, en compañía del canciller José Antonio García Belaunde, para dialogar con las autoridades regionales. En la reunión, el Gobierno se comprometió a usar el Fondo de Compensación y Estabilización de los Combustibles para subvencionar la gasolina de 84 octanos, el kerosene, el petróleo diésel 2 y el gas, con el fin de mantener los precios al alcance de los sectores populares. El día siguiente, el presidente Regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén, emplazó a los dirigentes del FACA a levantar su paralización, a fin de no entorpecer el desarrollo de los primeros acuerdos adoptados en la mesa de diálogo. Guillén calificó como un primer paso positivo la subvención temporal de los combustibles, aunque señaló que una comisión especial de trabajo mixta -que conforman el Ejecutivo con las autoridades de Arequipa y que continuarán con sus reuniones- evaluará posibles reajustes en los precios del petróleo y derivados. Considerando los avances, el FACA decidió prolongar la tregua.


Paro agrario en Andahuylas (Apurímac)
Los miembros del Frente de Defensa de Trabajadores Agrarios de Apurímac, durante días mantuvieron paralizada la provincia de Andahuaylas, en un paro agrario indefinido, iniciado el 11 de julio, día de la huelga general convocada por la CGTP. Las principales demandas de los campesinos eran la rebaja de los costos de los fertilizantes cuyo precio actual es de 105 nuevos soles, la reducción en el precio de la energía eléctrica que subió en un 70 por ciento, mayor flexibilidad para acceder a créditos agrarios y la devolución de los ocho tractores destinados a Andahuaylas pero que luego retornaron a Lima. Además exigieron que se establezca la fecha exacta en la que se iniciará la construcción de la carretera Huamanga - Chincheros - Andahuaylas - Abancay y que se mejore las vías Abancay-Andahuay-las-Chincheros-Ayacucho y Andahuaylas-Pampachiri-Negromayo porque debido al mal estado de las carreteras no pueden comercializar sus productos.

Paro agrario en Andahuaylas El paro se realizó con el bloqueo de las principales carreteras de la región por piquetes de campesinos. Además hubo movilizaciones en el marco de la huelga nacional convocada por la CGTP. El 13 de julio, en el cuarto día del paro indefinido, cerca de 2500 campesinos se congregaron en las calles de Andahuaylas y la situación se tornó violenta. La policía lanzó bombas lacrimógenas y detuvo a algunos manifestantes, cuando huelguistas atacaron a comerciantes en el mercado de Andahuaylas porque habían abierto sus puestos de venta. La carretera hacia Abancay continuaba bloqueada por parte de un grupo de agricultores. Sólo se habilitó la salida de Andahuaylas hacia Ayacucho. De otro lado, el dirigente agrario, Braulio Lazo, demandó, en declaraciones a la prensa, la presencia de una comisión de alto nivel para que se atiendan sus demandas. También, advirtió que los agricultores estaban dispuestos a extremar sus medidas de fuerza si no atienden sus exigencias. El 14 de julio, miles de campesinos, provenientes de los distritos de San Jerónimo, Talavera y Huancabamba, llegaron a Andahuaylas y se posesionaron de la Plaza de Armas para exigir la presencia de una comisión de alto nivel del Ejecutivo. Los campesinos paralizaron la ciudad, bloquearon la carretera de Abancay hacia Cusco y chocaron con la Policía, cuando un grupo de manifestantes intentó atacar el mercado. Los efectivos reaccionaron lanzando bombas lacrimógenas, lo que llevó a los campesinos a concentrarse en otra parte de la ciudad. Además, los huelguistas ingresaron a dos radios locales, entre ellas una de propiedad del ex legislador Michael Martínez, para llamar a la población a plegarse a su paro. Braulio Lazo, dirigente de los campesinos, manifestó que mantendrán su paro en tanto no se instale una comisión de alto nivel que atienda sus reclamos. Expresó que hace meses que han planteado sus demandas ante el gobierno sin obtener una respuesta positiva.

El 15 de julio, el dialogo entre los agricultores de Andahuaylas y las autoridades del gobierno central llegó a un punto muerto, luego de que el ministro de Agricultura, Ismael Benavides, había ofrecido al alcalde de Andahuaylas un cronograma para atender las demandas del Frente de Defensa de Trabajadores Agrarios de Apurímac, sin embargo había descartado que una comisión de alto nivel pueda dirigirse a esa región como exigían los campesinos. El número de manifestantes se duplicó, estando por lo menos 5 mil campesinos en pie de lucha. Los campesinos de la provincia de Chincheros se sumaron a las protestas. Los dirigentes aseguraron que 40 mil agricultores acataron el paro en toda la provincia con movilizaciones en la ciudad y el bloqueo de las vías que conducen a Ayacucho, Puquio y Abancay. Unos dos mil agricultores volvieron a tomar la plaza de Armas de Andahuaylas para exigir la presencia de una comisión de alto nivel. Se produjeron nuevos enfrentamientos y varios manifestantes fueron detenidos.

En la mañana del 16 de julio, el ministro del Interior, Luis Alva Castro, anunció que en las próximas horas estará viajando una comisión de alto nivel a Andahuaylas para dialogar con los campesinos. Mientras tanto, cerca de la de la comunidad de Champaccocha, se produjo un enfrentamiento entre efectivos de la policía y campesinos del Frente de Defensa Agrario de Apurímac cuando la policía intentó desbloquear las carreteras de acceso a la ciudad. Los comuneros de Champaccocha, Lliupapuquio y Ancatira se enfrentaron a la policía con piedras y palos, y los efectivos policiales respondieron usando sus armas de fuego, produciéndose una batalla campal, que dejó el saldo de un campesino muerto y ocho campesinos y dos policías heridos de gravedad. Tras el enfrentamiento numerosos comuneros se dirigieron a Champaccocha para reforzar los piquetes, mientras otro grupo llegó a la plaza principal de Andahuaylas. Además, cerca de cuatro mil maestros y campesinos mantuvieron rodeada la comisaría de Andahuaylas pidiendo la liberación de los manifestantes detenidos en la víspera. Por la tarde, un grupo de campesinos detuvieron dos ómnibus de las empresas de transporte Molina y Chanca, que se trasladaban por la carretera desde Abancay hacia el Cusco, hicieron bajar a los pasajeros y quemaron luego los vehículos. Posteriormente, los manifestantes se enfrentaron a los efectivos de los policías que empezaron a lanzar bombas lacrimógenas y disparaban sus armas de fuego contra la masa. El choque duró cerca de dos horas en diferentes calles de la ciudad. Mientras tanto, en Champaccocha, los comuneros mantuvieron retenidos a los policías que por la mañana dispararon contra el piquete de manifestantes que mantenía bloqueada la carretera. Tras la mediación de funcionarios de la Defensoría del Pueblo, los campesinos aceptaron entregar a los efectivos del orden a la comisaría previa exigencia de una minuciosa investigación. Al promediar las 5 y 30 de la tarde, miles de campesinos llegaron a la ciudad de Andahuaylas, llevando rodeados a más de 20 policías desarmados, a los que acusaban por la muerte del dirigente de la Federación campesina.

Tras varias horas de deliberación en diversas plazas de la ciudad, el 17 de julio, más de 100 presidentes comunales del Frente de Defensa Regional Agrario (Fedra) acordaron dar una tregua de 48 horas al gobierno para permitir que una comisión de Alto Nivel del Ejecutivo llegue a Andahuaylas. Previamente la población llevó en romería por las calles de Andahuaylas el ataúd de Jorge Altamirano Morán, quien murió en un enfrentamiento con la policía el día anterior. El ataúd fue acompañado por más de tres mil pobladores que vociferaron ¡Alan asesino! y ¡Policía asesina! La Policía inició las investigaciones para determinar cómo sucedió el incidente. Los pobladores aseguraron que fue un tiro a quemarropa.

El 19 de julio, una Comisión de Alto Nivel del Ejecutivo encabezada por el ministro de Agricultura, Ismael Benavides, llegó a Andahuaylas para solucionar las demandas de los campesinos. Después de sólo 4 horas de negociaciones, la comisión se comprometió a cumplir la mayoría de las demandas. Benavides Ferreyros anunció no solo la rebaja de los aranceles para la importación de fertilizantes, como lo estableció un Decreto Supremo publicado el día anterior, sino también la eliminación del Impuesto General a las Ventas (IGV) para los fertilizantes y el inicio, en el mes de noviembre, de la construcción del tramo carretero Andahuaylas-Abancay que se interconectará a la anunciada carretera Ayacucho-Chincheros-Andahuaylas-Abancay, cuya construcción está prevista para el próximo año. El ministro también se comprometió a facilitar créditos individuales, a través de Agrobanco, a los miles de agricultores de las siete provincias de Apurímac. Asimismo prometió que enviarán antes que termine agosto ocho tractores -y 24 más antes de fin de año- y que gestionarán la implementación de un crédito agropecuario y, a través del Ministerio de Salud, el acceso de los campesinos al Sistema Integral de Salud (SIS). El viceministro de Salud, Juan José Calderón, se comprometió además a destacar al centro de salud de Andahuaylas a 24 médicos y 56 enfermeras, en agosto próximo, y a la elaboración de un expediente técnico para la construcción de un hospital en la provincia de Chincheros. Con la firma de un acta que reunió todos estos acuerdos se puso fin a nueve días de paralización y violencia que sacudieron la región.


Protestas contra ley que inhabilita a autoridades regionales
En el afán de callar la olla de protestas regionales, el 23 de julio, el gobierno central emitió el decreto legislativo N° 982 que establece que cualquier "funcionario público con poder de decisión" que participe en una huelga será sancionado con la inhabilitación. Y aunque la ministra de Justicia, María Zavala, trató de calmar los ánimos especificando que la norma sólo se aplicará cuando el objetivo de la protesta sea la obtención de beneficios "económicos o de cualquier otra índole", a mayoría de los presidentes regionales rechazaron rotundamente la medida, calificándola como un ataque directo a la descentralización y a la democracia.

El presidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén, opinó que las normas coactan su capacidad de decisión y, "de algún modo, entran en el terreno autoritario". Hugo Gonzales (Cusco) señaló que, como autoridades, están ligados a sus pueblos y que "si la población nos pide acompañarla en una protesta justa, tenemos que hacerlo". Para Hugo Ordóñez (Tacna), "el Gobierno pone en evidencia un espíritu antidemocrático ya que pretende acallar las legítimas protestas judicializándolas y militarizándolas". Jorge Espinoza (Huánuco) dijo que las autoridades "están obligadas a ponerse al lado de la población cuando, por ejemplo, se les pretende despojar de Chinecas, como en el caso de Áncash, o se les quiere quitar el canon". El presidente de Puno, Hernán Fuentes, indicó que el mandatario Alan García "muestra prepotencia y autoritarismo, por un lado, y una gran debilidad, ya que recurre a métodos dictatoriales". "Si no le gustan las regiones, que las desactive o tome otra medida dictatorial. Trata de amedrentarnos para tener presidentes regionales sumisos, dóciles, pero nosotros no estamos para eso", subrayó. También protestaron por las medidas David Salazar (Apurímac), César Álvarez (Áncash), Rómulo Triveño (Ica) e Yván Vásquez (Loreto). Entretanto, José Murgia (La Libertad) respaldó al Gobierno y Federico Salas (Huancavelica) prefirió esperar la evaluación jurídica. A las expresiones de rechazo se sumaron también las del congresista aprista Luis Negreiros, quien, en declaraciones para Ideeleradio, defendió el derecho a la huelga y adelantó que las normas serán revisadas en el Parlamento.

El 25 de julio, la Asamblea de Presidentes Regionales se reunió en Lima para para evaluar el decreto que los coloca entre la permanencia en el cargo y la inhabilitación. Entretanto, el 26 de julio, más de 50 autoridades de Arequipa, lideradas por el presidente regional Juan Manuel Guillén y por el alcalde provincial Simón Balbuena, marcharon por la Ciudad Blanca para rechazar el Decreto Legislativo 982, que inhabilita a las autoridades regionales, alcaldes y funcionarios públicos que participen en huelgas y en manifestaciones de protesta.


Huelga general 11 de julio 2007 Jornada de protesta nacional convocada por el CGTP
El 11 y 12 de julio, se realizo una huelga general convocada por la central sindical CGTP y los gremios agrarios más importantes que llamaron a un paro agrario a nivel nacional. A la jornada de lucha, se plegaron Frentes de Defensa regionales, los sindicatos miembros de la Federación Minera, organizaciones sociales y de base, gremios estudiantiles y partidos políticos.

La plataforma de lucha reunió 33 demandas laborales, sociales y políticos, siendo los principales el cambio de rumbo de la política económica neoliberal, la aprobación de la Ley del Trabajo, la eliminación de las services, la defensa de los derechos sindicales y del trabajo, de la agricultura y del medio ambiente, la implementación del impuesto a las sobreganancias mineras, la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la libre desafiliación del sistema privado de pensiones. Asimismo, se exigió la solución de las demandas de los diferentes sectores en huelga como los docentes universitarios que piden la homologación de sus haberes, de los maestros del SUTEP que exigen un debate amplio para la aprobación de la Ley de la Carrera Magisterial, de los trabajadores de Salud de FENUTSSA que reclaman nombramientos y aumentos, y de los mineros de Casapalca que protestan contra despidos arbitarios y la negación de sus derechos laborales.

Como medida previa a la huelga general, el 4 de julio, delegaciones de las centrales sindicales CGTP, CUT, CNA, CCP, organizaciones populares y partidos políticos realizaron una marcha al Congreso para entregar al Presidente de la República el pliego petitorio de los gremios participantes.

Huelga general 11 de julio 2007 Huelga general 11 de julio 2007 El gobierno optó por responder con "mano dura", ordenando el 9 de julio, mediante un decreto supremo, que las instituciones castrenses actúen, durante 30 días, en todo el territorio nacional a fin de garantizar el funcionamiento de entidades, servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos para el normal desarrollo la población ante la ola de protestas en diversas partes del país. No obstante, cientos de miles se plegaron a la huelga nacional y estremecieron el país con movilizaciones, bloqueos y otras acciones de protesta. En Lima, el epicentro de la protesta fue la Plaza San Martín, adonde llegaron unos 50.000 manifestantes: obreros de construcción civil, estudiantes, maestros, jubilados, trabajadores del sector público, dirigentes mineros y agrarios e incluso ciudadanos no sindicalizados que se sumaron al coro de reclamos que contrastaba con los anuncios del crecimiento económico del gobierno y de algunos analistas. "¡Alan cumple tus promesas!", gritaron los manifestantes expresando su descontento con el gobierno. La marcha no estuvo exenta de algunas escaramuzas, cuando la Policía cerró el paso a calles céntricas como las avenidas Emancipación, Abancay, Tacna, Colmena, entre otros. Los policías desplegaron vehículos "rochabuses" para lanzar chorros de agua y dispersar a los manifestantes quienes respondieron lanzando piedras y botellas. El saldo fue de un agente herido y 16 manifestantes detenidos, según la Policía. En un discurso ante diversos dirigentes sindicales, políticos de izquierda y miles de manifestantes que colmaron la plaza San Martín, Mario Huamán, secretario general de la CGTP, declaró la victoria del movimiento sindical y amenazó al Gobierno con realizar un paro nacional indefinido si no cambia su política económica. Huamán le reprochó al presidente Alan García sus últimas declaraciones en el sentido de que es un grupo minúsculo el que viene promoviendo las protestas. También criticó el incumplimiento de sus promesas electorales como el cierre de las services, la no ratificación del Tratado Libre Comercio con los Estados Unidos y la libre desafiliación de las AFP (fondos privados de pensiones).

Huelga general 11 de julio 2007 La jornada de protesta en Lima vino acompañada de movilizaciones similares en las capitales de las diferentes regiones, fundamentalmente en las que conforman la llamada macrorregión del sur, los departamentos de Cusco, Arequipa, Puno, Tacna y Moquegua, donde se inició un paro de 48 horas, en protesta contra el alza del precio de combustibles y del costo de vida en general y exigiendo obras de desarrollo. Las protestas fueron masivas. En Cusco cerca de diez mil personas, según la Federación Departamental de Trabajadores de Cusco (FDTP), desfilaron por la Plaza de Armas. Piquetes de huelguistas bloquearon con piedras y troncos las carreteras Cusco-Puno y Cusco-Abancay. Cientos de turistas se vieron obligados a movilizarse a pie y en triciclos para llegar y salir del aeropuerto debido a la falta de vehículos. Además unos 1500 turistas se vieron impedidos visitar el santuario de Machu Picchu, porque manifestantes bloquearon la carretera que conduce al Valle Sagrado de los Incas y obligaron a la compañía PeruRail a suspender el servicio de trenes hacia el santuario por precaución ante posibles actos beligerantes. En Puno, la población se movilizó en rechazo al alto costo de vida, por la octava suspensión de la licitación del tramo V de la Carretera Interoceánica y otras demandas pendientes; en la provincia de Sandia, los productores cocaleros demandaron que se mejoren las principales vías de penetración a la selva, así como exigieron la aprobación de una ordenanza regional que legalice la producción de la hoja de coca para fines culturales y medicinales, entre otras demandas. En Juliaca, un grupo de manifestantes tomó el aeropuerto de esa ciudad desde tempranas horas. Según un comunicado de la entidad administrativa de los aeropuertos, Corpac, los manifestantes destruyeron las luces de la pista de aterrizaje así como un sistema de navegación adyacente al lugar. Además, quemaron un almacén de Corpac y la casa del administrador del terminal aéreo. Disuadidos por la Policía, los manifestantes abandonaron dichas instalaciones recién en la tarde, aunque no hubo detenidos. Arequipa, por su parte, inició su primer día de huelga indefinida sin transporte público y con una concentración en la Plaza de Armas con presencia de representantes de la Confederación de los Frentes de Defensa del Cono Norte, la Federación Departamental de Trabajadores Despedidos de Arequipa, los maestros del SUTEP, Construcción Civil, estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de San Agustín. La medida fue convocada por el Frente Amplio Cívico de Arequipa (FACA) en protesta por el incremento de los combustibles. Asimismo se exigió la inmediata construcción de los tramos I y V de la carretera Interoceánica, la aprobación del SNIP del proyecto Majes-Siguas II y un gasoducto que transporte gas de Camisea a Arequipa, Tacna y Moquegua, entre otros.

También en el resto del país hubo marchas y acciones de protesta y los bloqueos de carreteras continuaron. Las Frentes de Defensa en las regiones de Huánuco, Pasco, Junín y Ayacucho se plegaron a la jornada de lucha convocando a paros regionales. En Huanta, Ayacucho, se vivieron momentos de tensión cuando el gobernador de esa ciudad, Erik Vladimir Montero, fue secuestrado por un grupo de maestros en huelga. Mientras tanto, en Satipo, Junín, un campesino, murió cuando, junto con un piquete de huelguistas, intentó cerrar una ferretería. El dueño del negocio, Óscar Vásquez, se resistió disparando su arma e hiriendo a ocho personas más. En Tarma (Junín), un enfrentamiento entre los efectivos del orden y manifestantes, dejó dos policías heridos, cuando trataban de despejar la salida de esta ciudad. En Cajamarca, diversos gremios encabezados por el SUTE-Cajamarca recorrieron las calles de esta ciudad. Algunos negocios y mercados cerraron sus puertas. El presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, Miguel Ledesma, indicó que un 50 por ciento de empresarios (200 afiliados a la cámara) acordaron no atender por medidas de seguridad. La Policía Nacional evitó que piquetes de maestros bloquearan la carretera a la costa (a la altura de Cruz Blanca) y la vía que conduce a la provincia de Hualgayoc (sector de Santa Cruz). Los gremios agrarios que representan 5 millones de agricultores, informaron que sus miembros se movilizaron en forma masiva en Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno, Cusco, Apurimac, Ayacucho, Junín, Huancavelica, Huanuco, Ica, Lima Provincias, Amazonas, San Martín, Ucayali, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Ancash, Piura y Tumbes, así como en 9 cuencas cocaleras de las diferentes regiones del país.

Lejos de responder a las demandas, el Gobierno denunció la presencia de sectores ultraizquierdistas en las marchas. Muy temprano, el titular del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, sostuvo que las paralizaciones y las marchas no estaban dirigidas contra el Apra sino contra el sistema democrático. Del Castillo acusó a Patria Roja, al Partido Comunista, al Partido Unificado Mariateguista y al Partido Socialista de intentar paralizar el país y evitar el ingreso de inversiones. A su turno, el ministro del Interior, Luis Alva Castro, además dijo que existían indicios de la presencia de terroristas, que han salido de las cárceles, en las marchas, tratando así de descalificar las demandas de la población.

En el segundo día, de la huelga general, se repitieron las acciones de protesta en todo el país. Si bien en la mayoría de los casos las movilizaciones fueron pacíficas, en varios sectores se produjeron acciones violentas, por lo que la Policía detuvo a cerca de un centenar de manifestantes. La Defensoría del Pueblo informó que durante la jornada de protesta, la Policía Nacional detuvo a un total de 158 personas, la mayor parte en la ciudad de Pasco, donde fueron arrestados 68 personas, entre profesores y trabajadores del gobierno regional y municipal, cuando pretendían bloquear la Carretera Central. Mientras que en Junín la Policía arrestó a 6 manifestantes que intentaron tomar la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), en Arequipa el saldo fue de 12 detenidos que atacaron instalaciones privadas en La Joya, y en Lambayeque se arrestó a cuatro manifestantes. En Cusco, Arequipa y Puno la paralización fue casi total. Los comercios atendieron de forma restringida, no hubo tránsito vehicular y los principales corredores viales fueron bloqueados por los manifestantes. En el caso del Cusco, varios tramos de la vía férrea hacia Machu Picchu siguieron bloqueados con troncos y piedras, impidiendo la visita de los turistas. Mientras que Arequipa amaneció entrampada, porque pobladores tomaron la vía que la une con Puno y Cusco, impidiendo la circulación de vehículos. En Juliaca, una multitud de manifestantes ingresó a la estación de trenes y quemó durmientes de madera y una caseta de vigilancia. La Policía Nacional utilizó bombas lacrimógenas para hacer retroceder a los huelguistas, la mayor parte de ellos agremiados al Sutep. En Tacna, el presidente regional Hugo Ordóñez Salazar, encabezó un mitin en el centro cívico de la ciudad, donde ratificó la oposición de los tacneños al proyecto Pucamarca, que pretende ejecutar la Empresa Minera del Sur (Minsur) en el distrito de Palca. En la tarde, unas ocho mil personas entre maestros y de la Federación Regional de Campesinos se movilizaron hacia el aeropuerto de la Ciudad Heroica, en protesta por la detención del dirigente Roberto Huaynalaya y otros maestros en Lima. En Chiclayo, los manifestantes tomaron por 20 minutos el puente Reque, que permite el acceso a la ciudad, siendo posteriormente desalojados por la Policía. Y en el centro, un grupo de huelguistas del Sutep unidos a docentes universitarios y agremiados de construcción civil causaron daños al local de Capeco. En Piura, salieron a protestar agricultores y pobladores de los distritos de Sapillica, Tambo Grande y Paima, contra el irregular funcionamiento de la minería artesanal. En Loreto, los comercios permanecieron cerrados y se registraron movilizaciones pacíficas. En Bagua y Cajamarca, las tres vías de acceso principales quedaron bloqueadas todo el día. En Chimbote, los huelguistas radicalizaron sus protestas y mantuvieron tomados los dos puentes que cruzan el río Lacramarca. También quemaron llantas en la Panamericana Norte.

Informaciones de fondo:
  Plataforma del pueblo peruano para la jornada nacional de lucha del 11 de julio. CGTP. 8 de julio de 2007  »

  ¡¡¡Más de 5 millones de campesinos se movilizaron!!! Los gremios agrarios y campesinos e indígenas. 12 de julio de 2007  »


Huelga del Sutep en Arequipa Huelga indefinida de los maestros
Los maestros organizados en el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) continuaron su lucha contra la aprobación de la Ley de Carrera Pública Magisterial que introduce una evaluación permanente y otras condiciones para que los docentes se mantengan en el magisterio. Además, los maestros exigieron al gobierno que abandone los planes de la municipalización de la educación, un mayor presupuesto para la educación, el nombramiento de profesores contratados, entre otros.

Mientras los maestros de la fracción del Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución Clasista del SUTEP (CONARE) con movilizaciones diarias en muchos lugares del país continuaban la huelga indefinida, iniciada el 18 de junio, la otra gran fracción del SUTEP, controlada por "Patria Roja", agrupación política que también encabeza la dirección nacional del gremio, convocó a una huelga nacional indefinida para el 5 de julio. La medida fue acordada durante la Segunda Asamblea Nacional de Delegados, que se realizó el fin de semana del 30 de junio al 1 de julio. A diferencia del CONARE que exige el archivamiento completo de la Ley de la Carrera Pública Magisterial, esta fracción demanda un mayor debate del controvertido proyecto de ley con la participación de los profesores. El secretario general de la dirección nacional del SUTEP, Luis Muñoz insistió que la norma a aprobarse en el Poder Legislativo no cuenta con el financiamiento anunciado por el Ministerio de Educación que ascendería a mil millones de soles en diez años, a razón de cien millones anuales. Según el dirigente sindical, los docentes también exigen que se capacite a todos sin excepción, en el marco de un sistema nacional de capacitación continua que no existe actualmente.

El 3 de julio, cuarenta y ocho horas antes de iniciarse la huelga nacional, se publicó -en el diario oficial El Peruano- el reglamento de la ley que declara la educación básica regular como servicio público esencial para impedir que los alumnos pierdan clases debido a las huelgas. El reglamento en mención establece una serie de requisitos que se deben cumplir antes de iniciar una huelga, entre ellos la presentación del acta de la asamblea de socios y de la votación, en las que consta la decisión de paralizar labores, las especificaciones sobre el ámbito de la huelga y su inicio y la nómina del personal directivo, jerárquico y docente que seguirá laborando para asegurar la continuidad de las clases; de lo contrario, la paralización de las labores será declarada ilegal y castigada con el descuento respectivo. El ministro de Educación, José Antonio Chang, advirtió que los maestros que se plegaran a la protesta serán sancionados con el descuento de su sueldo en el caso de que se ausenten tres días seguidos del centro laboral o, en el peor de los casos, destituidos si van más allá pues, según dijo, constituye una falta grave. Además, resaltó que ya se cuenta con un padrón de 12 mil docentes alternos que reemplazarán a los profesores que acaten la huelga indefinida. Entretanto, el viceministro de Educación, Víctor Díaz Chávez, atacó al sindicato de maestros calificándole como "sindicato de la barbarie", cuya dirigencia "clasista" ve al Estado como su enemigo.

Frente a ello, el secretario general del SUTEP, Luis Muñoz, afirmó que los maestros no tienen miedo a que los destituyan si faltan a clases y acusó al Gobierno, de intentar despojarlos de su derecho a reclamar. El dirigente volvió a justificar la medida de fuerza en la necesidad de discutir con seriedad la norma que regula la profesión de los docentes. Anotó que existe un claro intento por despedir a los profesores incómodos. El presidente del Comité de Lucha del CONARE del Sutep, Roberto Huaynalaya, denunció que el gobierno intenta descalificar la huelga nacional indefinida e impedir que los docentes acaten la protesta ante la presentación de la ley que declara la educación un servicio público y las criticas a la labor docente. Además, el dirigente rechazó la imputación que los docentes sean responsables de la quema de un patrullero que se produjo en medio de los enfrentamientos registrados en el curso del paro regional en Puno.

Huelga del Sutep en Lima Huelga del Sutep en Moquegua Pese a la presión del gobierno, el 5 de julio, la enorme mayoría de los maestros de los colegios estatales se plegó a la huelga indefinida y salió a las calles para manifestar su rechazo a las nueva Ley de Carrera Pública Magisterial. Si bien en Lima, inicialmente la medida fue acatada de manera parcial, en el interior del país se sintió con contundencia. Con movilizaciones diarias, bloqueos de carreteras y tomas de locales la huelga estremeció todo el país y cobró cada día más fuerza. Sin embargo, el epicentro y el punto de mayor resonancia era la capital Lima, donde los dirigentes de las dos facciones del SUTEP dejaron de lado sus discrepancias y rencillas y unieron sus fuerzas, realizando casi a diario movilizaciones conjuntas que fueron apoyadas de delegaciones de maestros de todo el país. El 5 de julio, unos 3000 maestros marcharon por el Centro de Lima hacía el Congreso, y se enfrentaron a la policía, lanzando piedras, dardos y botellas, generando un gran caos vehicular. Aun así, el SUTEP logró que una comisión integrada por su secretario general Luis Muñoz y otros dirigentes -incluido Roberto Huaynalaya, líder del CONARE- ingrese al Congreso para reunirse con voceros de las diferentes bancadas. Según Muñoz, las bancadas de Unión por el Perú (UPP), el Partido Nacionalista (PNP) y la Alianza Parlamentaria se comprometieron a promover que el dictamen regrese a comisión y sea objeto de una discusión mayor en la que se integren las propuestas del magisterio. El 6 de julio, de nuevo cerca de 3 mil maestros afiliados al Sutep se congregaron en la avenida Abancay cerca del Congreso de la República en Lima, para reclamar la no aprobación de la Ley de Carrera Pública Magisterial. A ellos se sumaron congresistas de las bancadas de UPP y PNP para manifestar su respaldo a la medida de fuerza.

Pese a las protestas, en la tarde, la Comisión Permanente del Congreso aprobó con quince votos a favor el texto sustitutorio de la Ley de Carrera Pública Magisterial. Antes de la votación, las bancadas del PNP y de UPP abandonaron el hemiciclo en protesta, después de que no prosperaran sus pedidos que el dictamen fuese reenviado a comisión o también pasara a ser debatido por el Pleno del Congreso. En la víspera se habían hecho varias precisiones, ampliaciones y modificaciones al proyecto elaborado por la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, particularmente en lo referido a las asignaciones y bonificaciones que recibirían los maestros por concepto de responsabilidad en el cargo de director o subdirector, por buen desempeño en el ejercicio docente, por obtención de maestrías y doctorados, entre otros. El texto sustitutorio que modificará la Ley del Profesorado, deberá ser sometido a segunda votación en los próximos siete días. Mientras la Comisión Permanente debatía la Ley de la Carrera Pública Magisterial, un grupo de maestros de la fracción del CONARE trató de derribar las rejas colocadas en la Plaza Bolívar, en los exteriores del Congreso y se enfrentó a la Policía Nacional. Decenas de docentes fueron repelidos con gases lacrimógenos cuando buscaban ingresar a la fuerza al Parlamento Nacional y algunos fueron detenidos por agredir a las fuerzas del orden lanzándoles objetos contundentes.

Luego de la aprobación de la norma, la dirigencia del Sutep manifestó su rechazo. Según el secretario general del gremio, Luis Muñoz, el proyecto de Ley de Carrera Pública Magisterial fue aprobado de manera antidemocrática, sin haberse discutido sus dictámenes y que la norma no vela por los legítimos intereses de la educación y del magisterio. Roberto Huaynalaya anunció que radicalizarán su huelga indefinida.

El 7 de julio, el secretario general del gremio sindical, Luis Muñoz, planteó conformar una mesa de diálogo con el ministro de Educación, José Chang, para debatir diez puntos de la norma aprobada por el Congreso. En respuesta, el titular de Educación, José Chang, dijo estar dispuesto a dialogar con la dirigencia del Sutep solo si levantan la huelga indefinida, lo que fue rechazado por los maestros. El 9 de julio, en el quinto día de la huelga magisterial, el ministerio anunció que el día siguiente, miles de docentes alternos ingresarán a las aulas para dictar clases en reemplazo de los maestros huelguistas. El secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), Luis Muñoz, restó importancia a la decisión del Ministerio de Educación (MINEDU) de enviar profesores sustitutos, expresando su confianza en que los padres de familia no enviarán a sus hijos a los centros educativos, además de que los pocos sustitutos no van a darse abasto para reemplazar a 80 mil maestros sólo en Lima y muchos miles más en otras regiones. En ese escenario, el presidente regional de Lambayeque, Yehude Simon, pidió al Ejecutivo hacer "un último esfuerzo de diálogo" para alcanzar un consenso con el magisterio sobre la ley en cuestión y anunció que en la región no habrá descuentos para los maestros que acaten la huelga. Asimismo, el presidente de la región Áncash, César Álvarez, mediante una norma regional, declaró legal la huelga indefinida de profesores en dicha zona.

Mientras tanto, el gremio magisterial se volvió a movilizar en defensa de sus derechos sindicales. Cerca de 5 mil maestros de Lima, Callao y algunas delegaciones de provincias marcharon por las principales avenidas de la capital hacia la sede de la Octava Sala Civil de la Corte Superior para entregar una acción popular en rechazo a la ley promovida por el gobierno y solicitar se declare legal la huelga nacional iniciada el jueves 5 de julio. También en otros lugares del país continuaron las acciones de protesta.

El 10 de julio, luego de una reunión con los dirigentes del gremio de maestros, el consejo regional de Tumbes emitió un pronunciamiento en el cual expresó su apoyo al magisterio y su rechazo a que se maltrate o se ponga en riesgo la estabilidad laboral de los maestros. En la ciudad de Abancay, en el departamento de Apurímac, una niña murió de una pedrada durante las protestas de los maestros en huelga. Un portavoz policial de la región de Apurímac explicó que el incidente ocurrió cuando los huelguistas arrojaban piedras a las fuerzas del orden en momentos en que intentaban despejar la vía que conecta a Abancay con la ciudad de Cuzco, versión que fue desmentido por los maestros.

En medio de un clima convulsionado por huelga general convocada por diversos gremios, el 11 de julio, de manera sorpresiva, el presidente Alan García promulgó la Ley de la Carrera Pública Magisterial luego de que la Junta de Portavoces del Congreso la exonerara de una segunda votación. El mandatario afirmó que la ley no debe ser entendida como una "declaratoria de guerra" contra los profesores sino, por el contrario, un llamado a la paz a todo el magisterio porque se consagran bonificaciones para los docentes que logren aprobar las evaluaciones. Por su parte, el ministro de Educación Chang aseveró que esta norma obliga al Ejecutivo, a través del portafolio de Educación, a capacitar permanentemente a los profesores, y lamentó que haya sido distorsionada como una ley que promueve los despidos de los maestros. Por su parte, Luis Muñoz, secretario general del Sutep, rechazó la promulgación y cuestionó la actitud del presidente García "por su abierta provocación al magisterio". Por otro lado, una profesora afiliada al SUTEP falleció en el hospital Edgardo Rebagliatti a causa de un derrame cerebral provocado por los golpes que habría recibido el 6 de julio por parte de efectivos policiales cuando marchaba hacia el Congreso de la República en protesta por la aprobación de la Ley de Carrera Pública Magisterial.

En la madrugada del 12 de julio, la policía nacional allanó el local del SUTEP en el centro de Lima. Premunidos de escaleras y apuntando con armas de fuego a los maestros que cuidaron la puerta, un grupo numeroso de policías se introdujo al local sindical, pretendiendo llevar detenidos a dirigentes y maestros de provincias que se encontraban alojados en la sede de los maestros del Perú. Allanaron también oficinas con el objetivo de sustraer documentos y valores, a la vez que "sembrar" supuestas pruebas de "terrorismo". La decidida y masiva intervención de los maestros alojados en el local hizo que los efectivos policiales tuvieran que retirarse huyendo, no sin antes detener a un grupo de maestros. En el curso del día, el gobierno endureció su posición frente al SUTEP, lo que incluyó la represión de cualquier manifestación de protesta no autorizada. En Lima fueron arrestados 67 profesores, incluido el secretario general del Sutep, Luis Muñoz, y los dirigentes Roberto Huaynalaya y Nílver López. La jornada de detenciones arbitrarias, se inició al mediodía cuando un grupo de 200 maestros marchaba por San Isidro hacia la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para protestar contra la Ley de la Carrera Pública Magisterial y pedir audiencia con el primer ministro Jorge del Castillo. La Policía los dispersó con bombas lacrimógenas y logró capturar al dirigente Roberto Huaynalaya, quien fue golpeado y arrastrado. Tras la detención, grupos de profesores llegaron a las inmediaciones de la comisaría de San Isidro para exigir la liberación del dirigente. La policía los detuvo en la avenida Arequipa a lo largo de dos horas utilizando gases lacrimógenos y portatropas oruga. Mientras tanto, en Jesús María, el secretario general del Sutep, Luis Muñoz, junto con los dirigentes Nílver López y Soledad Lozano, se refugiaron en las tiendas de un hipermercado para escapar de los gases que les lanzaban los miembros de la Policía Nacional. La dirigencia del Sutep se había reunido minutos antes con representantes de la Asamblea Nacional de Presidentes Regionales, quienes se solidarizaron con el gremio de profesores y lamentaron la promulgación apresurada de la Ley de Carrera Pública Magisterial. Luego de este enfrentamiento en las calles de Jesús María, Muñoz y su comitiva llegaron a la comisaría de San Isidro para indagar por la situación de los maestros detenidos. Mientras conversaban con un contingente policial en la avenida Petit Thouars, otro grupo de oficiales los detuvo a la fuerza.

Huelga de maestros en Cusco Huelga de maestros en Lambayeque En el interior del país, las acciones de protesta continuaron aun con más fuerza en medio de la huelga general. En Chiclayo, maestros del Sutep bloquearon las principales vías de acceso a la ciudad, mientras que en Bagua Grande cientos de profesores tomaron la Carretera Marginal de la Selva en varios tramos de la vía. En Madre de Dios tomaron durante 2 horas las instalaciones de la Dirección Regional. En Huancayo, más de 500 huelguistas tomaron y quemaron las instalaciones de la Dirección Regional de Educación. Otro piquete de docentes hizo lo mismo con la Unidad de Gestión Educativa Local, quemando una de las oficinas que da hacia la calle. La policía dispersó a los manifestantes con bombas lacrimógenas desatando un violento enfrentamiento que dejó como saldo dos policías heridos y seis profesores detenidos. En Tumbes arrestaron a cinco maestros que intentaban bloquear la carretera de acceso a la ciudad y los puentes Tumbes y El Viejo, mientras que en Piura bloquearon el Puente Bolognesi e intentaron tomar la sede del gobierno regional. En la ciudad de Trujillo (región La Libertad), alrededor de cuatrocientos maestros quemaron llantas e interrumpieron el paso de vehículos en los óvalos Mochica y Víctor Raúl Haya de la Torre, a la salida del norte. En Moquegua, se registró un enfrentamiento entre la Policía y un nutrido grupo de maestros que mantenían bloqueado el Puente Montalvo, en el sector de Calaluna. Verónica Ríos, titular del comité de lucha del SUTEP en Moquegua condenó la represión de la que fueron objeto. "Este gobierno no quiere dialogar; esto es lo que quiere (el presidente) Alan García, que el pueblo se enfrente con el pueblo. Y aquí estamos nosotros para defender nuestros derechos y no caeremos ante la represión de un régimen que no está gobernando para los pobres", enfatizó.

Por otro lado, tras una reunión que sostuvieron los representantes de la Asamblea Nacional de Presidentes Regionales con el premier, Jorge del Castillo, y el ministro de Educación, José Chang, el presidente regional de Áncash, César Álvarez, informó que se acordó promover el diálogo con el magisterio a cambio de que éste levante el paro indefinido. El ex secretario general del SUTEP, Olmedo Auris, indicó que el gremio estaría dispuesto a dialogar si el gobierno libera a los profesores detenidos.

El 13 de julio, en Lima, la central sindical CGTP convocó a una marcha para exigir la liberación de los detenidos; sin embargo, con un despliegue policial masivo el gobierno impidió que la manifestación se realice. A cambio de ella hubo decenas de movilizaciones pequeñas por todas las calles del centro de la Capital. Miles de policías corrieron de un lado para otro, lanzando gases indiscriminadamente sin ninguna consideración causando una situación de violencia mucho más grande de la que supuestamente se proponían evitar. Posteriormente el presidente de la central sindical CGTP, Mario Huamán, llegó acompañado de varios congresistas del Partido Nacionalista a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros donde entregó un memorial dirigido al premier Jorge del Castillo en el que lo exhortó a reabrir el diálogo con los dirigentes del SUTEP. A las 10 de la mañana, la Policía detuvo a la ex secretaria general del SUTEP, Soledad Lozano, quien se encontraba en el frontis del local del Colegio de Profesores del Perú, en la cuadra 5 del jirón Camaná, en Lima. En la tarde, luego de más de 29 horas, fueron puestos en libertad la mayoría de los profesores detenidos en Lima. Entre los liberados figuraron el secretario general del Sutep, Luis Muñoz, y los dirigentes Nilver López y Roberto Huaynalaya. Sin embargo, el Ministerio Público decidió denunciar a más de 100 maestros por los delitos contra la seguridad y tranquilidad pública y violencia y resistencia a la autoridad.

Por otro lado, el Consejo Regional de Puno, en respaldo de la lucha del magisterio, emitió una resolución gerencial que declaró legal la huelga nacional indefinida en la región Puno, comprometiéndose también a no aceptar de ninguna manera a profesor sustituto alguno. Con esta decisión, ya eran nueve las regiones que hacían caso omiso a la directiva del Ministerio de Educación que declaró ilegal la huelga del sindicato de profesores la semana pasada. Además de Puno, las otras regiones que declararon legal la huelga de maestros eran Cajamarca, San Martín, Áncash y Pasco. A su vez, los presidentes regionales de Lambayeque, Moquegua, Tacna, Cusco y Arequipa se solidarizaron con el gremio de maestros y señalaron que no descontarán los sueldos a los profesores que acatan la medida.

Mientras tanto, en el Interior del país los maestros radicalizaron sus acciones de protestas. En Tacna alrededor de 3 mil manifestantes tomaron por asalto las instalaciones del terminal terrestre internacional Manuel A. Odría, impidiendo por más de tres horas la salida de los buses que viajan a diario al puerto de Arica. Al mediodía, la Policía acordonó el local y se enfrentó a los huelguistas. En Tumbes, más de 500 agremiados al Sutep tomaron el Puente Internacional y, burlando la seguridad policial y militar, traspasaron la frontera y llegaron hasta el cantón de Huaquillas, en Ecuador. En Huancayo (Junín), maestros y agricultores, que cumplían su segundo día de huelga, se enfrentaron a la Policía luego de lanzar bombas molotov y basura a las viviendas de los congresistas Nidia Vilches e Hildebrando Tapia. En Loreto, los maestros se reunieron en la Plaza 28 de Julio, en el centro de Iquitos, y protestaron contra la detención de sus dirigentes nacionales. Durante una visita del Presidente Alan García en Trujillo, en un momento de su discurso en la Plaza de Armas, un grupo de maestros del Sutep, burló el cerco policial y llegó cerca al estrado, lanzándole huevos y tomates. Este hecho generó la reacción de los apristas, desatándose un enfrentamiento en una de las esquinas de la Plaza de Armas. La policía desalojó a varazos a los maestros y detuvo a dos de ellos.

El 14 y 15 de julio, los delegados del Sutep se reunieron en el local del sindicato de Construcción Civil en Lima, para evaluar en una asamblea extraordinaria los resultados de la huelga nacional indefinida. En la noche del 14 de julio, Luis Muñoz, secretario general del gremio magisterial, condicionó el establecimiento de una mesa de diálogo con el gobierno antes de levantar su huelga indefinida. Muñoz insistió en que se deben cumplir con sus demandas como fijar un mayor presupuesto para el sector educativo el año 2008, así como la moralización y capacitación de los maestros. Además demandó que no se deben aplicar sanciones administrativas y judiciales a los dirigentes y docentes que participaron en las movilizaciones de protesta. En la noche del 15 de julio, Luis Muñoz, comunicó que en la asamblea extraordinaria se acordó continuar con la medida de fuerza como mecanismo de presión para que el Gobierno central acceda a la instalación de una mesa de diálogo que permita atender sus demandas. En conferencia de prensa se anunció que continuarán las movilizaciones aunque el Ministerio del Interior no les brinde las autorizaciones respectivas. En tanto, el ministro de Educación, José Antonio Chang, aseguró que cualquier posibilidad de diálogo con el SUTEP pasa por la suspensión de la huelga. Asimismo el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, reiteró la voluntad de diálogo del Gobierno con el SUTEP, pero dijo que no es posible un entendimiento mientras los docentes insistan en continuar con la huelga nacional indefinida. En tanto, la presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas, hizo un mea culpa por la forma en que el Gobierno ha enfrentado la oposición del SUTEP a la Ley de la Carrera Magisterial, señalando que el Ejecutivo quizás se equivocó al recurrir a los insultos y no a los argumentos para convencer a los maestros.

El día siguiente, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales volvió a invocar al magisterio a levantar su paralización y se comprometió a mediar ante el gobierno central. El pronunciamiento también negó que las protestas sean producto de algún complot político, como había sostenido del gobierno, y calificó la promulgación de la Ley de Carrera Pública Magisterial por el presidente Alan García sin ser sometida a segunda votación por el Congreso como el factor "que ha exacerbado la protesta social" en el país. La propuesta fue acogida con cierto escepticismo por el premier, Jorge del Castillo, quien dijo que ya los presidentes regionales le hicieron esa propuesta durante la reunión que mantuvieron con él en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros el jueves 12 de julio, pero luego se sintieron frustrados al observar que el Sutep había decidido continuar con la huelga indefinida. El subsecretario general del SUTEP, Wilson Baca, dijo que el sindicato aceptaba con gusto la intermediación de los presidentes regionales reiterando el deseo del gremio de dialogar "con intermediarios o sin ellos" con el Ejecutivo. Baca también recordó a Del Castillo que la anterior propuesta de los presidentes regionales no prosperó "porque ese mismo día fueron detenidos decenas de maestros y por eso no se instaló el diálogo". Entretanto, el Gobierno aumentó la presión sobre el Sutep iniciando procesos administrativos contra 148 docentes huelguistas de Lima, quienes, por haberse ausentado de sus labores, podrían terminar despedidos.

El 17 de julio, el SUTEP formalizó un pedido para dialogar con el gobierno que mientras tanto había dispuesto que desde la fecha sólo se paguen los salarios a los maestros que dictan clases. Mientras tanto, los maestros siguieron sus acciones de protesta. Unos 50 profesores afiliados al Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) bloquearon la vía Puno-Juliaca. Tras dos horas de bloqueo, los maestros se retiraron pacíficamente. En Lambayeque, cerca de un millar de maestros realizaron un plantón en la vía Mocce (kilómetro 3 de la Panamericana Norte), carretera que conecta Lambayeque con el norte y nororiente del país, interrumpiendo la circulación de los cientos de vehículos transitan diariamente por este importante eje vial. Durante unos 40 minutos, los manifestantes permanecieron en esta carretera donde quemaron llantas y provocaron congestión vehicular en la zona. Simultáneamente otro grupo de docentes tomó el cruce de la vía de Evitamiento, a la altura de la sede del gobierno regional, para trasladarse luego a esta entidad pública donde dialogaron con el presidente regional, Yehude Simon, y le trasmitieron su agradecimiento por su respaldo en la huelga magisterial. En Iquitos, alrededor de 200 maestros agremiados al SUTEP realizaron una movilización pacífica por las principales calles de la ciudad.

El 18 de julio, durante una marcha hacia la sede del Ministerio de Educación, en el distrito de San Borja en Lima, decenas de maestros del Sutep nuevamente fueron reprimidos por la policía porque no tenían una autorización oficial para movilizarse. Los manifestantes fueron dispersados por la Policía Nacional cuando se encontraban en los exteriores del Museo de la Nación, donde se tenía prevista la pre concentración. En la ciudad de Cusco, unos dos mil maestros se movilizaron frente al aeropuerto. El terminal aéreo estaba fuertemente resguardada por la Policía para evitar que la protesta afecte a los turistas. Otra manifestación de educadores se desarrolló en la Plaza de Armas de Cusco. Los maestros también se congregaron en las ciudades de Chimbote y Huamanga, en el norte y sur del país. Acompañados de sus menores hijos, maestros de Junín salieron a protestar a las calles de Huancayo, mientras que presidentes de asociaciones de padres de familia acordaron que el lunes 23 los alumnos retornarán a sus aulas.

Mientras tanto dentro del SUTEP se debatía la posibilidad de levantar la huelga antes de dialogar con el Ministerio de Educación, exigiendo como condición que no se descuente a los maestros que acataron la medida de lucha ni se denuncie a los que fueron detenidos durante las marchas; sin embargo, tanto desde la Contraloría como desde el Congreso y el Ministerio del Interior se negó estos pedidos. El Contralor General de la República, Genaro Matute, advirtió a los presidentes regionales que si, tal y como ya habían anunciado en Áncash, Puno, Pasco, Cajamarca, San Martín, Arequipa, Lambayeque, Tacna, Moquegua, Huancavelica y Junín, incumplen con descontar las remuneraciones a los maestros huelguistas por los días que no han trabajado, se exponen a ser denunciados por peculado, entre otros delitos. Al mismo tiempo, dirigentes de 14 bases del Sute-Lima informaron que habían acordado proponer la suspensión del paro.

El 19 de julio, con la mediación de la Asamblea Nacional de Presidentes Regionales se instaló una mesa de diálogo entre el Sutep y representantes del Ejecutivo encabezados por el ministro de Educación, José Antonio Chang, y el premier Jorge del Castillo, que se reunieron en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en Lima. Por la tarde, el dirigente Luis Muñoz anunció la suspensión temporal de la huelga indefinida de los maestros y la reanudación de las clases en los colegios del país para el día siguiente. Previamente Muñoz firmó un acta de compromiso junto a una decena de delegados que lo flanqueaban, comprometiéndose a que los maestros recuperarán las horas de clase perdidas desde el 5 de julio en que se iniciaron las protestas. Los dirigentes del CONARE, la facción clasista del SUTEP, no participaron en la reunión, y posteriormente expresaron su desacuerdo con el levantamiento de la huelga, porque el gobierno no se comprometió a nada. "No se cumplió con asegurar la anulación de sanciones para aquellos docentes que se plegaron a la huelga, ni la formación de un comité de trato directo. La mesa de diálogo no basta, por lo que no reconocemos su decisión", enfatizó ante la prensa el dirigente Roberto Huaynalaya. Sin embargo, horas más tarde, la facción que representa acordó también suspender la medida de fuerza, pero a partir del lunes 23 y bajo sus condiciones. La decisión fue rechazada por algunas bases del SUTEP en el interior del país que se rehusaban a levantar las protestas. Este era el caso de Puno y algunos sectores de Piura, Chiclayo, Puno, Arequipa, Tacna, Huancayo, Ayacucho y Huancavelica, entre otros. En la mañana del 20 de julio, se realizó la primera reunión de la mesa de diálogo sin la participación de los representantes del CONARE que no asistieron pese a que figuraron en la lista de los representantes del SUTEP. Según Luis Muñoz, uno de los primeros acuerdos alcanzados con el Ministerio de Educación habría sido suspender los procesos administrativos contra los directores y subdirectores que decidieron acatar la huelga nacional indefinida. Asimismo, los maestros que fueron reemplazados por acatar la medida de fuerza volverán a laborar sin que haya sanciones de por medio. Estas declaraciones fueron desmentidas por los representantes del Ministerio de Educación que afirmaron que aún no había ninguna decisión al respecto.

Entretanto, una parte de las bases del SUTEP, especialmente de la facción de Roberto Huaynalaya, continuaron en huelga. En Huancayo, las clases sólo se reanudaron en los colegios religiosos y el plantel Ramiro Villaverde Lazo, de la Policía Nacional. Unos 300 profesores se congregan en la Casa del Maestro, ubicada en la cuadra cinco del jirón Sebastián Lorente, distrito de El Tambo, para analizar el acuerdo firmado en Lima entre la dirigencia del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) y el Gobierno Central. En Chiclayo, más de 2 mil maestros salieron a las calles rechazando el acuerdo entre la dirigencia nacional y el Gobierno Central a fin de instalar una mesa de diálogo y levantar la huelga nacional indefinida del SUTEP. Los manifestantes acudieron a la Dirección Regional de Educación para dejar un memorial sobre el rechazo al acuerdo tomado en Lima. De otro lado, en Moquegua, se registró un 90 por ciento de asistencia de alumnos y un 50 por ciento de los profesores a los colegios, tras la suspensión de la huelga a nivel nacional. No obstante, el SUTE provincial de Mariscal Nieto decidió continuar con la medida de fuerza. También las bases del SUTEP en Arequipa acordaron continuar con la huelga nacional indefinida en contra de la Ley de la Carrera Pública Magisterial (LCPM). A través de un comunicado, los educadores arequipeños expresaron su rechazo al acta de entendimiento suscrita entre el secretario general del gremio, Luis Muñoz, y el ministro de Educación, José Chang, que puso fin a la paralización iniciada el pasado 5 de julio. Asimismo los docentes afiliados al SUTEP en Puno acordaron no cumplir con el dictado de clases en el departamento altiplánico. César Hugo Tito Rojas, secretario departamental del gremio magisterial, indicó que si bien los maestros no realizarán demostraciones callejeras, tampoco se presentarán a las escuelas para reanudar las labores lectivas. Sin embargo, los días 26 y 27 de julio, los maestros de Puno y Juliaca, junto con otros gremios en lucha volvieron a salir a las calles para manifestar su protesta.

Por otro lado, el Ministerio de Educación impuso su decisión de aplicar descuentos salariales a los maestros que acataron la huelga nacional, descontando los montos correspondientes de la gratificación por Fiestas Patrias y del salario del mes de julio. Luego de conocerse esta medida, el 25 de julio, el secretario general del Sutep, Luis Muñoz, la calificó como un acto ilegal y de ensañamiento. El dirigente indicó que acudirá a las instancias correspondientes para impedir los descuentos, y refirió que el levantamiento de la huelga no implica que no se vuelva a convocar a una medida de protesta. Sin embargo, horas antes Muñoz había firmado junto con el ministro de Educación, José Chang, un acta que establece los descuentos y que pone punto final a la huelga que el magisterio acataba desde el 5 de julio. El acta suscrita entre el Sutep y el Med incluye nueve puntos, entre ellos, el aumento del presupuesto para el Sector Educación del próximo año y la mejora en los programas de salud y nutrición para los escolares a la reprogramación de las clases perdidas, las cuales serán pagadas, y no interrumpirán las vacaciones de los escolares.

Por su parte, el dirigente del CONARE, Roberto Huaynalaya, en declaraciones a la prensa del 26 de julio, acusó al secretario general del sindicato, Luis Muñoz, de haber actuado en contra del acuerdo de las bases al firmar el acta con el Ministerio de Educación, porque aceptó el descuento a los profesores que realizaron su huelga. "Muñoz ha sepultado el derecho a la huelga y se ha pasado al lado del gobierno para defender intereses particulares", dijo el dirigente que mantiene hace años una pugna con el SUTEP oficial. Sostuvo que tanto Muñoz como funcionarios del Ministerio de Educación impidieron su participación en la mesa de diálogo entre el Ministerio y el Sutep. Añadió que coordinará nuevas acciones de protesta. Las bases del CONARE anunciaron que, después de las vacaciones de Fiestas Patrias continuarán la huelga indeifnida.

En el intento de calmar las aguas, en su mensaje para Fiestas Patrias, que el Perú celebra el 28 de julio, el presidente Alan García ofreció disculpas públicas a los maestros que se hubiesen sentido ofendidos por los agravios que dirigió contra ellos durante esta huelga magisterial.

Informaciones de fondo:
  ¡¡¡Ni un paso atrás. La huelga continúa!!! Movimiento Pueblo Unido. 17 de julio de 2007.  »

  Por una línea sindical clasista. Pronunciamiento del SUTE-Barranca a los padres de familia. 24 de junio de 2007.  »


Y además ...

Trabajadores de sector Salud suspenden huelga nacional
  3-07-2007 Con la firma de un acta de compromiso con los representantes del Ministerio de Salud, la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (Fenutssa) decidió suspender la huelga indefinida que cumplía desde el 18 de junio, a nivel nacional. Así lo informó la oficina de Comunicaciones del Minsa, la misma que agregó que el levantamiento de la medida de fuerza se produjo luego de una serie de acuerdos, entre ellos el que se refiere al nombramiento de contratados. Al respecto, este portafolio realizará los trámites necesarios para obtener un nuevo crédito suplementario que permita financiar, de manera progresiva, los nombramientos que estipula y permite esta ley. El acta también se refiere a la incorporación de los servidores de las Comunidades Locales de Administración de Salud (CLAS) al proceso de nombramientos. Sobre este punto se acordó que el Minsa, a través de sus órganos técnicos, impulsará la dación de una ley que permita la incorporación de los contratados CLAS al proceso de nombramientos de la Ley 28560. El Minsa se comprometió a hacer las coordinaciones ante el Congreso para que dé trámite al informe final de la Comisión Especial encargada de evaluar y proponer recomendaciones sobre los adeudos sociales generados por el decreto en mención. Así, se espera que sea otorgado el Crédito Suplementario para financiar el pago correspondiente a lo estipulado por el decreto de urgencia. Otro punto acordado es la nivelación de beneficios entre trabajadores de Lima y servidores de las regiones. Al firmar el acta, los dirigentes de la Federación Nacional Unitaria de Trabajadores del Sector Salud (Fenutssa) advirtieron que el mencionado gremio no ha levantado su medida de lucha, sino que la ha suspendido hasta evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ministerio de Salud.

Piuranos protestan contra formalización de minería artesanal
  8-07-2007 Más de diez mil personas, principalmente productores de los distritos ganaderos y agrícolas de Tambogrande, Las Lomas (Piura), Paimas, Suyo y Sapillica (Ayabaca) marcharon por las calles de Piura para demandar la derogatoria de la resolución regional Nº 0126-2007 que legaliza la minería artesanal. Los manifestantes reclamaron, además, la declaratoria de intangibilidad del Valle de San Lorenzo, ubicado entre la provincia de Sullana y los distritos de Las Lomas y Tambogrande, amenazado por las operaciones de la empresa minera Buenaventura. Acompañaron a la delegación los burgomaestres de las referidas localidades, además del consejero por la provincia de Ayabaca, Miguel Galesio Rentería, y el alcalde de Piura, José Aguilar Santisteban. La masiva movilización concluyó con un plantón frente a la sede del Gobierno Regional de Piura, donde una comisión de los organizadores de la protesta buscó reunirse con el presidente regional César Trelles Lara.

Protesta contra la minera Minsur Masiva protesta de la población de Tacna contra MINSUR
  9-07-2007 Más de tres mil personas, en su mayoría residentes del cono norte de Tacna, recorrieron las principales calles de la Ciudad Heroica para rechazar la instalación del proyecto Pucamarca de la Empresa Minera del Sur (MINSUR) en la comunidad de Vilavilani, en el distrito de Palca. Los manifestantes, que procedían mayoritariamente de las localidades de Ciudad Nueva y Alto del Alianza, iniciaron la marcha en la Plaza José Olaya, donde se improvisó un mitin a cargo del alcalde Genaro Condori. En el lugar, Condori adelantó que las labores administrativas en su comuna se suspenderán los días 10, 11 y 12, como protesta por el riesgo que constituyen las operaciones de MINSUR. El grueso de comercios e instituciones privadas se plegaron a la paralización, convocada días antes por el Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente (FADMA). Al finalizar la manifestación, que en todo momento fue pacífica, los ciudadanos presentes firmaron un memorial para ser remitido al Ejecutivo, solicitando el retiro de MINSUR de Palca y que se rescindan las concesiones mineras en Tacna, entre otros puntos. La población de Tacna se opone a la explotación del citado yacimiento aurífero porque pondría en peligro la vida de 300 mil habitantes del departamento, pues las actividades de la minera demandarían un gran volumen de agua destinada al consumo humano y la agricultura. En enero pasado, la Dirección Regional de Agricultura de Tacna dispuso la suspensión de la licencia otorgada a la compañía para extraer agua en tres pozos del distrito de Palca y el cese de sus operaciones en Pucamarca.

Pobladores de Pisco bloquean paso a Paracas
  13-07-2007 Varios vehículos con pasajeros y turistas que se dirigían a la reserva de Paracas quedaron varados a la altura del kilómetro 225 de la carretera Panamericana Sur debido al bloqueo de la vía por parte de los pobladores de Pisco, que acataron un paro de 24 horas para reclamar a la empresa Pluspetrol más inversión en la zona. La medida de fuerza fue convocada por el municipio provincial, que dirige el alcalde Juan Mendoza, pese a que la referida compañía -operadora del proyecto Camisea- ofreció a dicha jurisdicción un aporte voluntario de 20 millones de dólares para obras sociales. La ciudad de Pisco estuvo paralizada. Los comercios, mercados y las empresas que prestan el servicio de transporte urbano apoyaron el paro. Representantes de diversos gremios realizaron una multitudinaria marcha por seis kilómetros de la Panamericana Sur, interrumpiendo el paso de los ómnibus interprovinciales y de los vehículos de carga. Ante la magnitud de la protesta, la Policía intervino lanzando disparos al aire para dispersar a los manifestantes. El alcalde Mendoza advirtió que la sociedad civil está dispuesta a radicalizar sus protestas si no se revisa el aporte de la compañía Pluspetrol.

Plantón de docentes en Lima Docentes universitarios recurren al Tribunal Constitucional
  17-07-2007 Los docentes universitarios, organizados en la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Fendup), presentaron al Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad para que se respete la homologación de sus remuneraciones. Asimismo acordaron iniciar una huelga de hambre para exigir al gobierno cumpla el cronograma de homologación de sueldos que los igualará con las remuneraciones de los magistrados del Poder Judicial. El presidente de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Fendup), Julio Lazo, manifestó que su gremio adoptó la drástica decisión en virtud de que el Ejecutivo no cumplió con aumentarles el 35% de sus salarios para este año, tal como lo estipula un dispositivo dictado en el gobierno de Alejandro Toledo hace dos años. Al contrario, solamente se anunció un aumento del 26% según una norma legal aparecida en El Peruano el 6 de julio. Según el decreto de urgencia 038 -2005, los docentes universitarios debían recibir una homologación en tres partes. En el 2006, el incremento ascendía a 30% que se hizo efectivo, en el 2007 debía ser 35%, al igual que en el año 2006. Según cálculos de la Fendup, antes de establecerse la nueva norma salarial un magistrado ganaba S/. 26,500 , mientras que un docente recibía sólo S/. 800. No obstante, con la reducción de sueldos establecidos en el sector público por el gobierno de Alan García el tope sería de S/. 5,200. Esto pese a que un vocal supremo gana más de S/. 15 mil. El decreto 038 - 2005 equipara en tres rangos a los docentes con los integrantes de Poder Judicial: el docente principal con el vocal supremo, el docente asociado con el vocal y el auxiliar con el juez de primera instancia. Con esos parámetros, un asociado recibiría 3 mil 08 soles y un auxiliar 2 mil 08 soles. Existen alrededor de 22 mil 200 docentes a nivel nacional, concentrados en las universidades públicas del país. Su pliego de reclamos cuenta con el respaldo de la Federación de Estudiantes Universitarios del Perú.

Gobierno regional de Áncash inicia negociaciones con Antamina
  19-07-2007 El presidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, anunció que se instalará en la sede regional una mesa de diálogo con la minera Antamina para que explique en qué se está gastando el aporte voluntario que la minera ofreció al gobierno. De esta manera, se suspendieron las acciones de protesta que anunció el gobierno regional y que incluía la presunta toma de las instalaciones mineras. Álvarez indicó que se tomó esta decisión, tras una reunión entre funcionarios de la minera y el gobierno regional a iniciativa del ministro del Interior, Luis Alva Castro, coordinador por el Ejecutivo de la región Áncash. El presidente regional de Áncash sostuvo que esperan que en esta reunión los funcionarios de Antamina rindan cuentas de los 60 millones de dólares de aporte voluntario y si es cierto que han gastado cerca de 11 millones de soles en el pago de consultorías ligadas a los dueños de la empresa.

Frente Amplio de Ilo reinicia reclamos por compensación minera
  20-07-2007 El Frente Amplio de Defensa de los Intereses de Ilo (Moquegua) retomó sus acciones de protesta para reclamar a la empresa Southern Peru una compensación económica por los 46 años de contaminación ambiental causada con su actividad minera en la zona. Los integrantes de dicho frente un simbólico "lavado de bandera" en la pileta de la Plaza de Armas y remitieron sendos memoriales al Gobierno central, donde reclamaron se reestablezca la mesa de diálogo con la compañía transnacional. El coordinador de esta organización, Oswaldo Luque Liendo, recordó que el reinicio de las protestas coincide con el término del plazo de seis meses solicitado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) para la presentación de un informe técnico referido a la posibilidad de una compensación.

Marcha de agricultores en Chiclayo En Chiclayo cinco mil agricultores marcharon contra minería
  23-07-2007 Unos 5000 agricultores marcharon por el centro de la ciudad de Chiclayo para protestar contra las actividades mineras en la región. En la movilización estaban presentes representantes de la Junta de Usuarios de Lambayeque, un contingente proveniente de las ex cooperativas y de los distritos de Santa Cruz, Pulán y Tongod (Cajamarca), y campesinos provenientes de Zaña, Cayaltí, Oyotún, Nueva Arica, Niepos, Mocupe y La Florida. Los manifestantes marcharon desde tres lugares hacia el centro donde se concentraron en el parque principal. Donde realizaron un mitin. Los manifestantes exigieron la formación de una mesa de diálogo con los presidentes regionales de Cajamarca y Lambayeque, así como del Gobierno Central, rechazando el diálogo con representantes de las mineras, porque éstas deben retirarse de la zona. El alcalde de Santa Cruz, Manuel Ruiz Bravo, indicó que esa movilización era sólo el inicio de la lucha que ha emprendido no sólo la población a la que representa sino también la comunidad campesina de Lambayeque que exigen el retiro de la minera La Zanja por estar ubicada en la cabecera de cuenca y nacientes de los cinco ríos que forman la cuenca hidrográfica del valle Chancay, la que se encontraría en peligro de contaminación. El presidente de la Junta de Usuarios de Lambayeque, Genaro Vera Roalcaba, anunció que si en 8 a 10 días ninguna de las autoridades con las que están pidiendo dialogo les hace caso, en la segunda mitad del mes de agosto irían a un paro regional con el objetivo de hacer sentir su voz de protesta.