I.- PRIMER JUICIO EN LOS TRIBUNALES MILITARES
El Dr. Abimael Guzmán  Reinoso y la profesora Elena Iparraguirre fueron conducidos  a la Estación Naval Isla San Lorenzo, Bases Militares del Ejército o la fuerza Aérea, en  donde se le impuso un juzgamiento super sumarísimo en el “teatro de operaciones en tiempos de guerra”, acusados por un inexistente delito de “traición a la patria”, y el 7 de octubre de 1992 (Aniversario del PCP y en menos de un mes después de su detención), fueron condenados por un Tribunal Militar a cadena perpetua. El juicio se realizó con presencia exclusiva de personal militar, los acusados enjaulados y enmarrocados, violándose todo principio y normas de un debido proceso y los derechos fundamentales de la persona.

II.-SEGUNDO JUICIO, EN TRIBUNAL CIVIL QUEBRADO POR EL ESTADO.
El 10 de julio del 2002, más de 5000 ciudadanos agrupados en el Movimiento Popular de Control Constitucional  presentaron ante el Tribunal Constitucional una Acción de Inconstitucionalidad contra los Decretos Leyes Antisubversivos inconstitucionales, demanda que fue resuelta por el Tribunal  en la sentencia emitida el 3 de enero del 2003, con lo que se anularon los juicios que se realizaron en tribunales militares y por jueces sin rostro, esto dio origen a nuevos juicios.
El Dr. Abimael Guzmán  y sus coacusados, fueron llevados a un segundo juicio, esta vez ante un Tribunal Civil, en la Sala Nacional de Terrorismo, un fuero de excepción creada  exclusivamente para juzgar a los acusados por el llamado delito de terrorismo.
El 5 de noviembre del 2004 se inicia el nuevo juicio luego de que se desenvolviera una campaña contra los procesados, con el objetivo de desprestigiar, apuntando contra el Dr. Abimael Guzmán quien por más de 12 años estuvo encerrado, aislado e incomunicado en flagrante violación de sus derechos.
La acusación se centro en torno a la supuesta creación de la  academia pre-universitaria “Cesar Vallejo” como fuente de financiamiento y de adoctrinamiento político. Fue notoria las presiones del Ejecutivo contra el Poder Judicial y las contradicciones entre ellos, que se agudizó en la segunda audiencia y llevó a quebrar el juicio porque supuestamente los jueces no garantizaban una sentencia condenatoria ejemplar, la mas severa posible.
Tomando como pretexto las vivas que realizaron los procesados a sus concepciones ideológicas, un hecho que de ninguna manera significó desafió o provocación, más sí una reafirmación necesaria de personas que por muchos años están siendo impedidos de expresar o difundir sus ideas, el gobierno a través del Presidente de la República en un mensaje a la nación  dictó más medidas restrictivas contra los procesados y  exigió al Poder Judicial las más drásticas sanciones, evidenciando una vez más la abierta injerencia y el carácter eminentemente político del juicio.

III.-INICIO Y DESENVOLVIMIENTO DEL LLAMADO MEGAPROCESO

El 26 de setiembre del 2005 se inicio el tercer juicio. Están comprendidos  24 personas entre habidos y no habidos, se han acumulado varios casos  y por primera vez  en la historia del derecho penal peruano, se introduce en la acusación fiscal la teoría de la autoría mediata para que se juzgue a los implicados como responsables de “todos los hechos” por ser miembros de la “cúpula  dirigencial”, se pide sentencias de cadena perpetua a 11 acusados y 25 años a los restantes.                                                                             

En el juicio el Estado a través del Ministerio Publico y la Procuraduría violentan sistemáticamente la legalidad, cuando presenta a los acusados como “terroristas” o enemigos a quienes hay que destruir, pretendiendo negar en esencia  su condición de personas con derechos y dignidad.  Así mismo es evidente que no se respetan los principios de un debido proceso, siendo que la cuestión está en el carácter excepcional de la Sala  llamada hoy “Sala Penal Nacional” y las leyes inconstitucionales que se aplican.
De los enjuiciados 12 están presentes, once de los cuales han rechazado la acusación fiscal y vienen guardando silencio.