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"FUJIMORI EXTRADITABLE"

DIEZ AÑOS DICTADURA, CORRUPCIÓN Y VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Dossier


ÍNDICE

Presentación
Introducción



1. Historia de la mafia de Fujimori en el poder
La sociedad Fujimori - Montesinos
El golpe de Estado del cinco de abril de 1992
El poder judicial de la mafia
La fachada 'democrática'
Populismo, clientelismo, uso de recursos del Estado y espionaje telefónico
El segundo período - la mafia se vuelve descarada
El fraude electoral del 2000
Los últimos días de la mafia en el poder
Así se fugó el jefe de la mafia
El costo de la mafia
Las leyes que destruyeron el Estado de Derecho

2. Violaciones a los derechos humanos e impunidad
Responsabilidad criminal de Alberto Fujimori Fujimori por actos de violación a los derechos humanos
El Grupo Colina
Ejecuciones sumarias o extrajudiciales
Barrios Altos
La Cantuta
Mariela Barreto
Desapariciones forzadas
Estudiantes de la Universidad del Centro
El Santa
Pedro Yauri Bustamante
Tortura
Leonor La Rosa
Fabián Salazar
Interceptaciones telefónicas

3. Narcotráfico
El narcoavión presidencial en viaje a Rusia
El rol de las fuerzas armadas
El control de las firmas de narcotraficantes
Demetrio Chávez Peñaherrera, alias 'Vaticano'
Los López Paredes ('Los Norteños')
'Los Camellos'

4. Principales actos de corrupción de Alberto Fujimori

La supuesta ignorancia de Alberto Fujimori
El botín de Fujimori
Desvío de fondos al Servicio de Inteligencia Nacional
Uso de decretos de urgencia y decretos supremos secretos con fines ilícitos
Privatizaciones y lobbies ilegales
Uso delictivo de los recursos de privatización
Donaciones a través de la Fundación APENKAI
Caja de Pensión Policial y Militar
Enriquecimiento ilícito de Alberto Fujimori
Campaña para la segunda reelección (inconstitucional)
Congresistas 'tránsfugas' y 'topos'
Pago de US$15 millones a Vladimiro Montesinos para que se vaya del país
 
5. Control de medios de comunicación
El gobierno antidemocrático de las imágenes
Intervención de la mafia en los medios
La expropiación de Frecuencia Latina (Canal 2)
Casos diario La República y otros - El acoso del Servicio de Inteligencia
Nacional y su prensa amarilla a la oposición
Corrupción
América Televisión (Canal 4)
Panamericana Televisión (Canal 5)
ATV (Canal 9)
Diario Expreso y Cable Canal de Noticias
Red Global (Canal 13)
Diario El Comercio
Chantaje y extorsión

6. Relación Fujimori - Montesinos

El capitán Montesinos
Montesinos abogado de narcotraficantes
El comienzo político de Fujimori
El contacto Montesinos - Fujimori
La relación Fujimori - Montesinos
El rol de Fujimori
El rol de Montesinos
Fujimori participó de las actividades y de la defensa de su socio Montesinos
El Grupo Colina
La detención del general Rodolfo Robles
El caso Hayduk
Los honorarios del asesor presidencial
El tráfico de armas a las FARC
La entrega a Montesinos de US$15 millones del Tesoro Público

Conclusión
Cronología


Presentación

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, es un colectivo de 61 organismos no gubernamentales para la defensa promoción y educación de los derechos humanos en todo el país. En la actualidad desarrollamos en conjunto con diversas instituciones nacionales e internacionales la Campaña Internacional "Fujimori Extraditable", un esfuerzo de la sociedad civil para presionar al Gobierno Japonés para que extradite al prófugo Ex Presidente Alberto Fujimori y así lograr que responda ante la justicia peruana por los delitos que se le imputan.

La campaña también busca sensibilizar a la sociedad japonesa y a la opinión pública nacional e internacional, buscando brindar información confiable sobre lo que fue el régimen de la década de los 90 y los graves crímenes por los que se quiere juzgar al Ex Presidente Fujimori. Entre las iniciativas hasta ahora realizadas está la presentación de la página web www.fujimoriextraditable.com.pe redactada en tres idiomas (español, inglés y japonés), acciones realizadas por organizaciones de derechos humanos de distintas partes del mundo pidiendo al gobierno japonés regrese al prófugo: México, USA, Brasil, Alemania, entre otros; y otras acciones de sensibilización y cabildeo como el realizado en mayo de este año ante la Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano que trató nuestro pedido de diseminación de información sobre el caso Fujimori a sus 22 parlamentos miembros. Así también después de algunos meses de campaña vemos con entusiasmo la reciente solicitud del diputado japonés, Nobuhiro Suto, quien pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores precise la situación de Fujimori en Japón, señalando además que no comprendía por qué se le protegía cuando es un acusado de matanzas, sobornos y usurpación de funciones.

El "Dossier Fujimori Extraditable", es un esfuerzo más en la búsqueda hacer pública información exhaustiva y rigurosa sobre los diez años de violaciones a los derechos humanos y corrupción perpetrados por Fujimori. Buscamos que este sea un instrumento útil para todas aquellas personas interesadas en conocer más de cerca este caso y a la vez pueda seguir creciendo una corriente de opinión favorable al reclamo de miles de peruanos y peruanas que buscamos acabar con la impunidad en nuestro país.

Francisco Soberón
Secretario Ejecutivo


Introducción

La característica principal y distintiva del régimen de gobierno que instauró el ex presidente del Perú Alberto Kenya Fujimori Fujimori fue, desde un inicio, su carácter intrínsecamente corrupto.

Ya antes de ser electo, la necesidad del candidato Fujimori por enterrar algunos problemas con la ley, empleando para ello los servicios de un abogado inescrupuloso - que había defendido a narcotraficantes - llevó al establecimiento de la alianza inmoral que se consolidó a partir del golpe de Estado del cinco de abril. Los hechos demuestran los fines delictivos de dicha sociedad, que incorporó, entre otros allegados de importancia, a algunos altos oficiales de las fuerzas armadas.

La naturaleza mafiosa de su relación con Vladimiro Montesinos Torres de ninguna manera puede ser negada por Alberto Fujimori; él era parte de ella. Pensar que todo lo que se desarrolló a lo largo de diez años de gobierno ocurría a sus espaldas es una hipótesis negada. La proximidad de un individuo de las características de Montesinos - expulsado y sentenciado por el ejército, abogado deshonesto vinculado a narcotraficantes, con una amplia reputación de traidor a la patria - le fue útil desde la campaña presidencial. Fujimori encabezó una camarilla corrupta de civiles y militares que manejó verticalmente el poder.

Para una mafia la democracia y el estado de derecho no son funcionales. Por eso el gobierno Fujimori se transformó en una dictadura y contaminó un sector de las fuerzas armadas, volviéndolas cómplices del narcotráfico y dándoles carta blanca para violar los derechos humanos, garantizándoles impunidad respecto los delitos que cometieran.

Para eso fue necesario atacar la cultura política democrática, satanizar los partidos y cerrar el Congreso. Por eso fue necesario verticalizar al Estado, manipular el poder judicial, el ministerio público, el ministerio de Economía, la administración tributaria y demás instituciones para, finalmente, utilizar la corrupción como moneda de cambio.

Todos estos actos tuvieron como principal beneficiario al ex presidente Alberto Fujimori, en tanto jefe de la mafia que controlaba el Estado y a los medios de comunicación.

Alberto Fujimori es el autor de una de las páginas más negras de la historia del Perú. Su gobierno es quizás el que más dinero ha manejado a lo largo del siglo XX: miles de millones de dólares de privatizaciones y miles de millones de dólares de organismos multilaterales y gobiernos extranjeros, dinero que pudo servir para encauzar al Perú por la senda del desarrollo y aliviar la pobreza de muchos peruanos pero que, en cambio, fue saqueado por una camarilla inmoral ávida de dinero y poder, que encabezaba el propio Fujimori. Y cuando el tinglado de corrupción empezó a descubrirse, Fujimori y su socio Vladimiro Montesinos, huyeron cobardemente del país. Pero además, Fujimori protagonizó uno de más bochornosos sucesos de la historia republicana, al acogerse inmediatamente después de su vergonzosa huida a la nacionalidad japonesa, que el había negado poseer durante la década en que fue presidente.

Este es sin duda, un caso insólito, no solo en el Perú sino en el mundo. Un gobernante que ha ejercido la presidencia durante una década y que inmediatamente después de abandonarla se desenmascara como ciudadano de otro país.

1. Historia de la mafia de Fujimori en el poder

La sociedad Fujimori-Montesinos

Entre la primera y la segunda vuelta electoral de 1990, el candidato presidencial Alberto Fujimori conoció al abogado Vladimiro Montesinos, especializado en casos de narcotráfico.

Montesinos, a través de sus contactos en el Poder Judicial, se encargó de arreglar el expediente correspondiente a una evasión tributaria de Fujimori por la que había sido denunciado en ese entonces, y de desaparecer otro expediente que implicaba al candidato.

Montesinos, un ex capitán del ejército peruano expulsado de su institución y sentenciado a prisión, ampliamente considerado como un traidor entre los militares, ofreció al nuevo presidente sus servicios en las áreas de seguridad e inteligencia, temas que Fujimori desconocía por completo.

Rápidamente Montesinos ganó la confianza de Fujimori, proponiéndole una alianza con las fuerzas armadas, que él controlaría, para gobernar autoritariamente el país. Montesinos, con el poder que le delegó Fujimori, se convirtió en jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), usándolo como centro de operaciones para el desarrollo de las actividades delictivas que realizó en sociedad con Fujimori.

A tal punto se consolidó esta sociedad, que Fujimori se trasladó con su familia a vivir al SIN por largos períodos. Allí Montesinos hizo construir un departamento para la madre de Fujimori y otro para el presidente y sus hijos.

El golpe de Estado del cinco de abril de 1992

El pacto con la corrupción hizo disfuncional la democracia para Fujimori, quien evitó la concertación política y rápidamente acabó con la presencia en su gobierno de independientes ajenos a la mafia. Conformó un equipo de tecnócratas abocados a tareas administrativas, dejando los temas políticos en manos de una camarilla inmoral.

Fujimori y Montesinos produjeron cambios en la cúpula de las fuerzas armadas, con el objetivo de utilizarlas para establecer una dictadura y gobernar autoritariamente el país. Cuando lograron ubicar en puestos claves a militares dóciles y deshonestos, todo estaba listo para el golpe.

Este se produjo el cinco de abril de 1992, cuando el Congreso, en el que Fujimori no tenía mayoría, iba a iniciar investigaciones que ya estaban poniendo en evidencia casos de corrupción como el de la venta de la ropa usada donada por la cooperación japonesa - denuncia de la primera dama Susana Higuchi que comprometía a familiares del ex presidente -. Así, Fujimori desconoció su juramento constitucional optando por el autoritarismo.

El gobierno dictatorial, sustentado en las fuerzas armadas, cerró el Congreso, defenestró a la Corte Suprema, intervino el poder judicial (desapareciendo cientos de expedientes con fines de impunidad y chantaje), cerró el Tribunal de Garantías Constitucionales, disolvió los gobiernos regionales, declaró en reorganización la Contraloría General de la República y el Jurado Nacional de Elecciones, entre otras instituciones, con el pretexto que eso era necesario para enfrentar a la subversión.

En diciembre de 1992 se cesó arbitraria e inconstitucionalmente a 117 diplomáticos, a efectos de garantizar un servicio diplomático sumiso, que representara los intereses corruptos y antidemocráticos de la mafia en el exterior. Desde el comienzo del gobierno de Fujimori, se atacó desde el poder sistemáticamente a los partidos políticos, que hasta entonces canalizaban - es cierto que con errores y dificultades - la participación política de sectores emergentes del Perú, proporcionándoles identidad y representación. En su reemplazo, la mafia se dedicaría a organizar desde el gobierno el control de medios de comunicación, la propaganda, el clientelismo y la corrupción como regla de funcionamiento del sistema político.

Fujimori destruyó el estado de derecho, la vida y la cultura democrática en el país. El golpe de Estado colocó a los militares en un lugar protagónico en la escena política y convirtió a su comando en el soporte organizativo del aparato gubernamental comprometido con la mafia, que llegó a controlar todas las instituciones públicas. Se modificaron las leyes que regulaban los ascensos y retiros en las fuerzas armadas, rompiéndose con su previsibilidad y profesionalismo, y eliminándose los períodos máximos de permanencia en altos cargos. Ello destruyó la institucionalidad en las fuerzas armadas, dejaron de importar los méritos profesionales frente a las lealtades con la mafia. Se dio de baja a valiosos oficiales por incompatibilidad con los intereses de la cúpula en el poder.

La respuesta popular al golpe del cinco de abril, así como la reelección de 1995, se explica por la grave crisis que vivió el país a principios de esa década así como al manejo mediático del régimen, que demolió la credibilidad en las instituciones democráticas y exaltó como logros presidenciales el retroceso significativo del terrorismo y la estabilización macroeconómica.

El Poder Judicial de la mafia

Al declarar en reorganización el Poder Judicial, la mafia se aseguró la impunidad de sus flagrantes delitos (enriquecimiento ilícito, violación de derechos humanos, interceptación telefónica, absolución a narcotraficantes, archivamiento de delitos tributarios) y la posibilidad de extorsionar y expropiar a quienes se opusieran a sus intereses (casos Ivcher - Frecuencia Latina, Delgado Parker - Global Televisión, entre otros). Por medio de normas internas provenientes de la Comisión Ejecutiva interventora - a cargo de un oficial de la marina de guerra retirado - se crearon áreas especializadas de derecho público, narcotráfico y asuntos tributarios y aduaneros al interior de la judicatura. Dichas áreas eran supervisadas por Salas de magistrados supremos vinculados a Montesinos.

El control del área de derecho público permitía limitar la posibilidad de los ciudadanos para defender sus derechos ante eventuales excesos del Estado. El área vinculada a aspectos tributarios y aduaneros permitía ejercer presión sobre los empresarios que pudiesen oponerse al régimen. El control de los delitos vinculados al tráfico ilícito de drogas evitaba que se fiscalice a personajes cercanos al régimen vinculados a estos ilícitos. Los jueces y vocales provisionales que campearon a raíz de la reforma judicial fujimorista, figuran en sendos 'vladivideos' recibiendo instrucciones y dinero de manos de Vladimiro Montesinos. El enlace principal que despachaba regularmente con 'el Doctor' fue el vocal supremo Alejandro Rodríguez Medrano (hoy encarcelado).

Para amparar la corrupción y las violaciones de derechos humanos fue necesario controlar el órgano competente para investigar los delitos: el Ministerio Público. Blanca Nélida Colán fue nombrada fiscal de la Nación con el objetivo de asegurar que no se realizarían investigaciones que comprometieran los intereses del régimen. Cumplió a cabalidad su función: desde el golpe de 1992 cubrió los actos de corrupción del gobierno, llegando a defender abiertamente a Vladimiro Montesinos. Solo salió del Ministerio Público con la caída del régimen. Días antes, una fiscal nombrada por ella había exculpado a Montesinos por el flagrante soborno del congresista Alberto Kouri.

Se amplió inconstitucionalmente la competencia de los tribunales militares y se afectó gravemente el derecho al debido proceso de militares y civiles que fueron sometidos a su jurisdicción. Ello, a los efectos de garantizar la impunidad de los miembros de las fuerzas armadas involucrados en casos de corrupción y de silenciar posibles fugas de información vinculadas con actividades ilícitas, con el pretexto que estaban relacionadas con la seguridad nacional.

La fachada 'democrática'

Después del golpe y obligado por la comunidad internacional, el régimen dictatorial de Fujimori transó para evitar sanciones y el aislamiento externo. Aunque se comprometió a restablecer el orden democrático, en realidad no lo hizo. Realizó elecciones totalmente controladas por el gobierno, para elegir un congreso constituyente unicameral - ajeno a la tradición bicameral peruana - pequeño y disminuido en sus funciones. La Constitución elaborada por el denominado Congreso Constituyente Democrático (CCD) en 1993 tuvo como propósito fundamental permitir la reelección inmediata de Alberto Fujimori, situación que estaba prohibida en anteriores constituciones. También reforzó un modelo de régimen presidencialista, y un Estado vertical, centralista y supresor de derechos sociales. Se promulgó una Constitución a la medida del régimen autoritario, lo que no impidió su sistemática violación por el propio gobierno.

La Constitución se aprobó por estrecho margen (52% a 48%) en el referéndum de octubre de 1993, realizado en medio de graves denuncias de fraude.

Populismo, clientelismo, uso de recursos del Estado y espionaje telefónico para la primera reelección

Con el resultado electoral tan estrecho y con la evidencia de la necesidad de contar con un aparato que llegue a controlar todo el país y evite peligros a su propósito de reelegirse en 1995, Fujimori reforzó su alianza con las fuerzas armadas y las hizo participar activamente en la campaña electoral, politizándolas peligrosamente. Fujimori, presidente en ejercicio, usó descaradamente los recursos del Estado en su campaña electoral. Desde el segundo semestre de 1994 se incrementó desmesuradamente el gasto público y Fujimori se dedicó a inaugurar obras públicas y a repartir ayuda alimentaria a los más pobres, que dependen de esa comida para subsistir. Se usó impúdicamente los recursos del Estado para un intercambio de ayuda por votos.

El cada vez más grande aparato del Servicio de Inteligencia Nacional que dirigía Montesinos, se dedicó íntegramente a la reelección, descuidando sus tareas esenciales, como se demostró a principios de 1995 durante el conflicto con Ecuador. El SIN condujo la campaña de Fujimori, realizando acciones ilegales como la interceptación de los teléfonos del candidato opositor Javier Pérez de Cuellar, al que le realizaban contramanifestaciones en todos los lugares donde se presentaba.

El segundo período - la mafia se vuelve descarada

Apenas reelecto, el gobierno del ex presidente Fujimori encarceló a militares retirados que habían discrepado con su conducción del conflicto con el Ecuador. Luego de amnistiar a los criminales del grupo Colina - escuadrón de la muerte integrado por miembros del ejército - que habían sido sentenciados debido a las presiones internacionales y nacionales, elevó el número de firmas para la inscripción de partidos políticos. Decretó la reorganización del Jurado Nacional de Elecciones. Y promulgó una nueva ley de universidades, interviniendo militarmente las universidades nacionales, entre ellas la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional del Centro (Huancayo) y la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta).

El 23 de agosto de 1996, luego que el fujimorismo fuera derrotado en las elecciones municipales de 1995 y que se desatara el escándalo del narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera, alias 'Vaticano', por su denuncia sobre pago de cupos a Vladimiro Montesinos, el Congreso aprobó y el ex presidente promulgó una absurda ley de 'Interpretación Auténtica', que permitía una nueva reelección para Fujimori en evidente contradicción con la Constitución de 1993 que autoriza solo hasta dos mandatos consecutivos. Se develó el verdadero propósito del gobierno mafioso: perpetuarse indefinidamente. En el primer semestre de 1997 la prensa independiente realizó serias denuncias de violaciones a los derechos humanos y corrupción, que involucraban directamente al gobierno de Fujimori y Montesinos. Las agentes de inteligencia del ejército Leonor La Rosa y Mariella Barreto fueron torturadas y la segunda asesinada, al parecer por filtrar a la prensa datos sobre el grupo Colina. Los servicios de inteligencia, bajo órdenes directas de Fujimori y Montesinos, fueron autores de tales crímenes de lesa humanidad. La prensa independiente publicó una declaración jurada de Montesinos con ingresos de cientos de miles de dólares al año, que contrastaban en mucho con las mentiras del propio presidente Fujimori sobre - primero - el trabajo ad honorem y - luego - el modesto salario de su asesor. En realidad, se trataba de coartadas que Montesinos estaba estableciendo para luego justificar su patrimonio de decenas de millones de dólares obtenido por la corrupción. En este caso, como antes en las acusaciones de narcotráfico, Fujimori también defendió a su socio Montesinos.

Luego del rescate de los rehenes de la residencia del embajador del Japón, el gobierno destituyó inconstitucionalmente a tres magistrados del Tribunal Constitucional por haberse pronunciado en sentido de la inaplicabilidad de la Ley de Interpretación Auténtica que permitía un tercer mandato a Fujimori.

En protesta por la destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional, se iniciaron las primeras marchas masivas de la década, destacando en ellas la participación de la juventud estudiantil. En setiembre de 1997 el gobierno manipuló dependencias estatales y judiciales para despojar de su propiedad al dueño de canal 2 de televisión, Baruch Ivcher - luego de quitarle arbitrariamente la nacionalidad peruana - y entregárselo a los socios minoritarios, los hermanos Winter que, como se comprobó después a través de los famosos 'vladivideos', habían sido comprados por Montesinos. Esto fue en represalia por las denuncias de violaciones a los derechos humanos, narcotráfico y corrupción en el régimen de Fujimori. Las protestas contra la dictadura fueron en aumento.

En 1998, cuando la oposición ya había reunido un millón y medio de firmas solicitando un referéndum sobre la posibilidad de una nueva reelección de Fujimori, la mayoría oficialista en el Congreso cambió las reglas del juego, aprobando una ley inconstitucional por la cual, además de las firmas, era necesario el apoyo de 48 congresistas para la realización de un referéndum. Nuevas marchas mostraron el descontento de la ciudadanía en las principales ciudades del país.

En la campaña para las elecciones municipales, en noviembre de 1998, el gobierno central intervino directamente en apoyo de los candidatos municipales de un nuevo partido oficialista que crearon. El régimen intensificó su control sobre los medios de comunicación, sobre todo la televisión y la prensa amarilla, según consta en sendos 'vladivideos' - que Montesinos realizó con evidentes fines de extorsión - en los que aparecen los propietarios siendo chantajeados, o directamente recibiendo dinero e instrucciones del 'Doc', como se le conocía en los círculos políticos. El objetivo inmediato era el de perpetuar la mafia a través de una nueva reelección inconstitucional de Fujimori.

Finalmente, en su necesidad de mantener su sociedad corrupta con los militares, Fujimori decidió retirar al Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a mediados de 1999, por haber cuestionado sus medidas contrarias a los derechos humanos y a la democracia.

El fraude electoral del 2000

Ni la manipulación de los medios de comunicación ni el asedio a los opositores permitió a Fujimori un apoyo mayoritario del electorado en las elecciones del año 2000. Desgastado por una larga crisis económica y repudiado por sus prácticas dictatoriales y corruptas, Fujimori recurrió al fraude para imponerse a como dé lugar. Las elecciones menos transparentes de la historia reciente del Perú, dieron como ganador a Fujimori por un estrecho margen, a pesar que todos los sondeos iniciales de las empresas especializadas daban como ganador al candidato Alejandro Toledo. Pero al final la Oficina Nacional de Procesos Electorales, manipulada por el gobierno, señaló como ganador a Fujimori, con casi el 50% de los votos.

Tanto el candidato Toledo como los observadores electorales nacionales e internacionales se retiraron de la segunda vuelta, por la absoluta falta de garantías.

Los canales de televisión abierta, principal medio de comunicación política, habían sido comprados por el candidato-presidente y no cubrieron las campañas de los candidatos opositores ni las denuncias de fraude. Algunos de ellos ni siquiera pasaron la propaganda de los candidatos opositores.

Antes, el diario El Comercio había denunciado que el movimiento oficialista Perú 2000, que presentó a Fujimori a la elección, se había inscrito fraudulentamente, falsificando un millón de firmas. La denuncia no fue acogida por el Poder Judicial controlado por Fujimori y Montesinos.

En julio del 2000 se instaló el tercer mandato de Fujimori en medio de la protesta generalizada de la población. En el país se desarrolló la denominada marcha 'de los cuatro suyos' (las cuatro partes en que se dividía el mundo incaico), que confluyó en Lima, en la que murieron seis personas en un incendio probablemente montado por el Servicio de Inteligencia Nacional en el Banco de la Nación con la intención de culpar a la oposición de terrorismo. No obstante, la marcha fue masiva.

Ante el fraude, la Organización de Estados Americanos presionó al Perú para restablecer el diálogo democrático, no aceptando la explicación del canciller De Trazegnies sobre una "democracia sui generis" en el Perú. En esas circunstancias, el escándalo destapado por el vídeo Kouri- Montesinos (en el que el segundo aparece comprando al congresista electo por un partido de oposición para la bancada congresal oficialista) acabaría por traer abajo a la mafia.

Los últimos días de la mafia en el poder

En agosto de 2000 Fujimori y Montesinos aparecieron en una insólita conferencia de prensa denunciando la venta ilegal de fusiles a las FARC colombianas - hechos ocurridos en 1999 y el 2000 - por una banda integrada por peruanos. Pronto se descubrió que estos trabajaban para la red de corrupción de Montesinos. El vendedor, el gobierno de Jordania, dijo que entregó las armas en cuestión a representantes del ejército peruano debidamente acreditados y autorizados por el gobierno de Fujimori.

Esta maniobra de Fujimori y Montesinos fue interpretada como una medida desesperada para tratar de evadir su responsabilidad en el tráfico de armas, cuando este ya había sido descubierto por los servicios de inteligencia de Colombia y los EEUU.

El 14 setiembre del 2000 apareció y se difundió en el Congreso el primero de una larga serie de 'vladivideos' que mostraron al mundo la corrupción durante el gobierno de Fujimori. Debido a que, a pesar del fraude, no habían obtenido mayoría en el Congreso, Montesinos compró a un grupo de congresistas denominados 'tránsfugas' para asegurar la viabilidad del tercer gobierno de Fujimori. El protagonista de ese primer vídeo, Alberto Kouri, hoy cumple su condena en prisión. Ante el escándalo que dio la vuelta al mundo, el ex presidente se vio obligado a recortar su mandato, disolver el SIN y convocar a nuevas elecciones sin su participación.

Vladimiro Montesinos huyó a Panamá poco después, luego de negociar un pago ilegal de US$15 millones en efectivo, que le fueron entregados por el propio Fujimori. El mismo presidente se encargó de solicitar a Panamá un asilo político para su socio, lo que no fue aceptado pese a los intentos en ese sentido del Secretario General de la OEA, César Gaviria y de varios gobiernos de América, incluyendo al de los Estados Unidos. Familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos y representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos viajaron a Panamá para manifestarse en contra de tal pedido. Ante la posibilidad de ser detenido por los cargos en su contra, al cabo de un mes Montesinos regresó al Perú.

Al retornar Montesinos, Fujimori dirigió personalmente una pantomima de persecución televisada de su ex asesor, que tuvo el verdadero objetivo de recolectar los vídeos que podían comprometerlo. Llegó a allanar ilegalmente el domicilio de la ex esposa de Montesinos y a exhibir relojes y joyas incautadas en presencia de un fiscal que luego resultó ser un impostor. La burla al país llegó a extremos inverosímiles.

Así se fugó el jefe de la mafia

En noviembre del 2000 el ex presidente Fujimori fugó del Perú con la coartada de la cumbre presidencial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Brunei. Había incluso confirmado su asistencia a la cumbre iberoamericana que se celebraría en Panamá, a la que finalmente nunca asistió. Como buen delincuente, engañó a todos con una fuga planeada al detalle. Por primera vez, la mayoría oficialista del Congreso le otorgó una autorización de viaje por tres meses, sin identificar los destinos. Fujimori solicitó la autorización de sobrevuelo para el avión presidencial la noche anterior a su partida. Literalmente, fugó entre gallos y media noche. Según testigos, llevó consigo decenas de maletas conteniendo vídeos y dinero en efectivo. Dejó el avión presidencial en San Francisco (EE.UU.) y a partir de ahí utilizó vuelos comerciales con la evidente finalidad de disimular sus desplazamientos. Luego de la cumbre de Brunei, en la que como jefe de Estado peruano departió con su par japonés, cambió su itinerario, haciendo escala en Malasia y Singapur. Justificó la prolongación de su presencia en el oriente emitiendo una resolución en el Perú que oficializó una visita de trabajo a Tokio. De hecho, el Japón lo recibió en el aeropuerto de Tokio con el protocolo y ceremonial correspondiente a un jefe de Estado extranjero. Abruptamente, luego de entrevistarse con autoridades japonesas en calidad de jefe del Estado peruano, Fujimori anunció su intención de establecerse en Tokio. El diligente gobierno japonés hasta hoy le permite impunidad sobre la base de una nacionalidad japonesa que hasta entonces había negado, y que el Japón silenció durante la década que duró el gobierno de la mafia. Hay versiones en Japón que sectores de la extrema derecha de ese país y otras personalidades vinculadas a la mafia japonesa son quienes protegen al prófugo. Su principal protectora es la señora Ayako Sono, escritora japonesa que preside la Fundación Nippon. Esta fue una de las principales donantes al Perú durante el gobierno de Fujimori a través de APENKAI. (Actualmente se investigan las presuntas irregularidades cometidas con dichos fondos mediante la sobrevaluación de las obras realizadas).

La Fundación Nipón tiene una reputación política ambivalente. Por un lado, es reconocida en varios países por sus millonarios aportes a obras de caridad en todo el mundo. Sin embargo, también se le vincula, especialmente a su fundador Ryoichi Sasagawa, con la mafia japonesa y con grupos de extrema derecha nacionalista que utilizarían la Fundación para lavar dinero. Entre sus protectores al llegar a Tokio también destacaron los diputados Muneo Susuki y Torao Tukuda. El primero fue defenestrado y hoy se encuentra en prisión por un proceso de soborno. El segundo ha sido recientemente denunciado por delito de evasión tributaria por más de US$13 millones.

El 20 de noviembre Fujimori renunció mediante un simple fax a su cargo de Presidente de la República del Perú, escribiendo uno de los capítulos más cobardes y penosos de la historia del Perú. Ni siquiera comunicó el hecho a sus ministros o a su bancada congresal. De hecho y de derecho, el ex presidente abandonó el cargo, por lo que el Congreso no aceptó la renuncia y declaró la vacancia de la Presidencia por permanente incapacidad moral de Alberto Fujimori Fujimori, el 21 de noviembre de 2000.

El costo de la mafia

Los diez años de corrupción correspondientes al gobierno de Fujimori tienen un costo aún por estimar. Pero moderadamente se calcula que el desfalco al Estado excedería los US$2,000 millones, habiéndose descubierto y repatriado una parte significativa pero todavía pequeña de bancos del exterior.

Ello, sin perjuicio del costo no cuantificable: La descomposición de la estructura estatal para garantizar la supervivencia e impunidad del régimen corrupto. Los muertos de la dictadura. Las sistemáticas violaciones a los derechos humanos a través de un escuadrón de la muerte bajo las órdenes de Fujimori y Montesinos. Las obras públicas mal realizadas. Las licitaciones amañadas para beneficio de los funcionarios y empresas involucrados. La compra de armamento defectuoso y sobrevaluado. Los gastos que tuvieron como objetivo beneficios políticos y no el desarrollo nacional. La compra millonaria de medicinas inadecuadas para el consumo humano. El brutal incremento de la pobreza y la miseria. El golpe moral al país.

Las leyes que destruyeron el Estado de Derecho

Estas son las principales normas que fueron dictadas con la finalidad de "legalizar" el gobierno autoritario y corrupto de Fujimori:

1.- Decreto Ley 25418 (06.04.92). Crea el "Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional".

2.- Decreto Ley Nº 25446 (24.04.92). Cesa a los Vocales de las Cortes Superiores, Fiscales Superiores, Jueces de los Distritos Judiciales, Fiscales Provinciales y a Jueces de Menores de los Distritos Judiciales de Lima y Callao.

3.- Decreto Ley 25447 (25.04.92). Nombra a Vocales provisionales de la Corte Suprema de la República.

4.- Decreto Ley 25472 (03.05.92). Nombra a Blanca Nélida Colán Maguiño en el cargo de Fiscal Supremo en lo Penal.

5.- Decreto Ley 25475 (06.05.92). Establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio. Esta norma otorga excesivas facultades al personal policial y militar en la investigación de delitos, sin ofrecer garantías del debido proceso a los detenidos.

6.- Ley 26479 (15.06.95). Concede amnistía general al personal militar, policial y civil, cualquiera que fuere su situación funcional, por todos los hechos derivados u originados con ocasión y como consecuencia de la lucha contra el terrorismo y que pudieran haber sido cometidos en forma individual o en grupo desde mayo de 1980 hasta la fecha de la promulgación de la Ley.

7.- Ley 26492 (02.07.95). Precisa la interpretación y los alcances de la amnistía otorgada por la Ley 26479, para evitar que jueces independientes dejen de aplicar la amnistía.

8.- Ley 26546 (16.11.95). Crea la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, integrándola con magistrados adictos al régimen, dejando de lado a la Sala Plena de la Corte Suprema y el Presidente de la misma.

9.- Ley 26592 (10.04.96). Modifica la Ley de los Derechos de Participación Ciudadana, restringiendo el derecho al referéndum, estipulando que solo procede en el caso que el pedido sea aprobado por las dos quintas partes del número legal de congresistas.

10.- Ley 26618 (30.05.96). Modifica la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, reduciendo de seis años a seis meses el plazo para que los ciudadanos presenten una acción de inconstitucionalidad de una ley, disminuyendo así las posibilidades de usar este instrumento.

11.- Ley 26623 (15.06.96). Con el pretexto de la creación del Consejo de Coordinación Judicial, se crea la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público, a la cual se transfieren las funciones del Fiscal de la Nación y las de las Juntas de Fiscales, convirtiendo a la Comisión Ejecutiva en un poder omnímodo y al Fiscal de la Nación en una figura decorativa. Se dictó cuando Nélida Colán iba a dejar la Fiscalía de la Nación.

12.- Ley 26657 (23.08.96). Ley de Interpretación Auténtica del artículo 112 de la Constitución Política. Abrió la puerta a la re reelección de Fujimori.

13.- Ley 26670 (10.10.96). Derogó el inciso c) del artículo 39 de la Ley 26300, eliminando la posibilidad de usar el referéndum para derogar leyes, decretos legislativos y decretos de urgencia. Por ello, y con el fin de paralizar el referéndum convocado para derogar la Ley de Interpretación Auténtica, se dispone que antes de proseguir con la recolección de firmas, ésta iniciativa popular debe adecuarse a las "nuevas reglas" y conseguir por lo menos el voto a favor de 48 congresistas.

14.- Ley 26696 (28.11.96). Deja en suspenso la convocatoria a un concurso de méritos para cubrir las vacantes en el Poder Judicial y el Ministerio Público, forzando su asignación a los magistrados provisionales.

15.- Ley 26700 (06.12.96). Otorgó amnistía al personal militar y civil que se encontraba procesado en los fueros común o militar por la comisión de hechos conexos o vinculados a diversos delitos, algunos de los cuales suponían violaciones de derechos humanos.

16.- Ley 26738 (06.01.97). Profundizó la dependencia del Ministerio Público con respecto al poder fujimorista. Al Fiscal de la Nación se le retiraron las funciones de nombramiento de fiscales supremos, superiores y provinciales, transfiriéndoselas a la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público a cargo de Blanca Nélida Colán.

17.- Resoluciones Legislativas 2, 3 y 4 (29.05.97). Se destituye a tres magistrados del Tribunal Constitucional, convirtiéndolo en un organismo inoperante.

18.- Ley 26801 (29.05.97). Incorpora una Disposición Transitoria a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por la cual éste, con solo cuatro votos, podía conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad y, en última instancia, las resoluciones denegatorias de habeas data y acción de cumplimiento.

19.- Resolución Directoral Nº 117.97-IN- 050100000000 (13.07.97). Deja sin efecto legal el título de nacionalidad peruana otorgado al señor Baruch Ivcher Bronstein, paso previo a despojarlo del control del canal 2 de TV.

20.- Ley 26859 (01.10.97). Ley General de Elecciones, hecha a la medida del fujimorismo. Sus incondicionales se ocuparon de tomar todas las decisiones claves en el proceso, manteniendo el distrito electoral único.

21.- Ley 26898 (27.11.97). Amplió la intervención en las universidades nacionales, varias de las cuáles tienen facultades de derecho que participan en la elección de un miembro del Jurado Nacional de Elecciones.

22.- Ley 26898 (10.12.97). Otorgó el voto a los magistrados provisionales para que elijan al Presidente y Vicepresidente del Jurado Nacional de Elecciones, garantizando la injerencia del fujimorismo en su composición.

23.- Ley 26933 (10.03.98). Restringió la capacidad de sancionar a los magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura, aumentando las de las comisiones interventoras del Poder Judicial y el Ministerio Público, subordinando aún más a jueces y fiscales.

24.- Ley 26954 (21.05.98). Estableció mayoría calificada del JNE para denegar la inscripción de candidatos, aceptar impugnaciones o tachas, de tal manera que con tan solo dos votos se podía controlar las decisiones importantes.

25.- Resolución Legislativa 27152 (08.07.99). El Perú pretendió retirarse de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José.

26.- Ley 27163 (06.09.99). Impidió que los funcionarios con derecho a antejuicio procesados en el Poder Judicial puedan participar en las elecciones generales.

2. Violaciones a los derechos humanos e impunidad

Responsabilidad criminal de Alberto Fujimori Fujimori por actos de violación a los derechos humanos

La responsabilidad de Alberto Fujimori, ex presidente del Perú, por crímenes contra los derechos humanos como la matanza de Barrios Altos y la desaparición forzada y posterior asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la universidad La Cantuta, se encuadra en un panorama de crímenes perpetrados desde las estructuras del poder del Estado.

Los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta son consecuencia de una política de Estado que, con la finalidad de combatir la subversión no dudó en recurrir a métodos ilegales. Es un típico caso de crimen de Estado, en tanto las directivas salieron de las más altas esferas del poder y se estructuró un escuadrón de la muerte incrustado en el Servicio de Inteligencia Nacional y el ejército, cuyo accionar estuvo amparado y apoyado por el ex presidente Fujimori, Montesinos y los altos mandos militares.

Se debe tener presente que descubiertos y denunciados los crímenes, los responsables fueron protegidos
por una compleja estrategia de impunidad que supuso, entre otras acciones, el abocamiento de la justicia militar a casos que no eran de su competencia, la instauración de un proceso judicial con fraude a la ley y el consiguiente sobreseimiento de las causas o la imposición de penas menores o la amnistía, promulgadas por el propio ex presidente.

En atención a su gravedad, naturaleza generalizada y sistematicidad, tales eventos delictivos merecen el calificativo de crímenes de lesa humanidad (actos de barbarie condenados por el mundo civilizado). Y sus autores, el de verdaderos enemigos del género humano o enemigos comunes de toda la humanidad. El ex presidente Fujimori, además de haber sino uno de los gobernantes más corruptos de la historia del Perú, ha sido uno de los que propició la violación sistemática de los derechos humanos.

El Grupo Colina

Alberto Fujimori, en calidad de presidente del Perú, desde el comienzo de su gobierno supo de la existencia de un escuadrón de la muerte en la estructura del Estado. Esto fue informado por el jefe real de los servicios de inteligencia Vladimiro Montesinos, que se convirtió en el cabecilla de esos grupos.

En 1991 el ex presidente Fujimori reforzó el accionar del escuadrón de la muerte llamado Grupo Colina mediante la modificación de la ley del sistema de inteligencia, dando mayores poderes al Servicio de Inteligencia Nacional que dirigía su socio Vladimiro Montesinos.

Las declaraciones de diversos testigos confirman la tesis de que el presidente conoció, consintió, y promovió las acciones del Grupo Colina. Un testimonio relevante es el del general del ejército (retirado) Rodolfo Robles Espinoza, que en declaración prestada ante la subcomisión del Congreso de la República del Perú, el 25 de mayo de 2001, afirmó que el ex presidente Fujimori conocía de la existencia del autodenominado Grupo Colina y autorizaba sus operaciones y actividades. El ex agente de inteligencia José Luis Bazán Adrianzen, en su declaración ante la misma subcomisión el 11 de mayo de 2001, expresó que el ex presidente Alberto Fujimori autorizaba las operaciones del grupo especial de inteligencia 'Colina'. La declaración de Clemente Alayo Calderon, ex agente del Grupo Colina, ante el Ministerio Público el seis de febrero del año 2001, se refiere que el ex presidente ordenó la ejecución de diversas operaciones y que dispuso el pago de las mismas.

Con fecha 15 de mayo de 2001, la señora Blanca Luz Barreto Riofano, manifestó ante la subcomisión Investigadora del Congreso de la República que su hermana Mariela Barreto Riofano, agente del servicio de inteligencia y ex miembro del Grupo Colina, le contó que el ex presidente Alberto Fujimori conocía y daba las órdenes para las acciones del Grupo Colina.

El mayor del ejército Santiago Martín Rivas, jefe operativo del Grupo Colina, admitió frente al editor general de Canal N, Gilberto Hume, que los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos fueron obra del Grupo Colina. Además, que había aceptado que lo lleven ante los tribunales militares en 1994, porque el propio ex presidente Alberto Fujimori se lo pidió a cambio de darle, poco tiempo después, una amnistía. Esta declaración fue confirmada ante la subcomisión investigadora, por el señor Hume, el día 23 de mayo de 2001.

En los 'vladivideos' signados con los números 880 y 881, en diálogo realizado el 29 de abril de 1998 con los ex ministros María Luisa Cuculiza y Juan Briones Dávila, Vladimiro Montesinos sostuvo que: "(...) la Cantuta, Barrios Altos, la Leonor La Rosa, la Zanatta, todas son del Servicio de Inteligencia del Ejercito y que no tienen nada que ver con el Servicio de Inteligencia Nacional. Así es todo sale de acá (señalando el sillón de cabecera donde se ubica el presidente de la República). Acá. La Cantuta igual."

Durante los años 1991 y 1992, el presidente Alberto Fujimori solicitó tanto a la Comandancia General del ejército como al ministerio de Defensa, el ascenso de militares del ejército peruano (oficiales y suboficiales) que meses más tarde cobrarían notoriedad por su pertenencia al sanguinario Grupo Colina. Fujimori amparaba su solicitud en una supuesta abnegada labor de los mencionados militares "en las universidades del Perú", firmando un memorandum en tal sentido. Como veremos, en las universidades del Perú se desaparecía gente.

Ejecuciones sumarias o extrajudiciales

Barrios Altos

La noche del tres de noviembre de 1991, aproximadamente a las 22:30 horas, 16 individuos fuertemente armados irrumpieron en el inmueble ubicado en el jirón Huanta Nº 840, en Barrios Altos, un barrio del centro de Lima. En esos momentos se estaba celebrando en el lugar una fiesta social, que tenía como objeto recaudar fondos para reparaciones en el edificio. Los atacantes llegaron en dos vehículos que portaban luces y sirenas policiales, las que fueron apagadas al llegar al lugar de los hechos. De los vehículos descendieron entre seis y ocho individuos que cubrieron sus rostros con pasamontañas e ingresaron a la referida vivienda, obligando a sus víctimas a arrojarse al suelo. Luego, los atacantes
procedieron a disparar a sus víctimas de manera indiscriminada por varios minutos, matando a 15 personas e hiriendo gravemente a otras cuatro. El 15 de noviembre de 1991 la Cámara de Senadores
aprobó la conformación de una comisión investigadora que no llegó a emitir informe alguno
sobre el caso Barrios Altos por efecto del golpe de Estado del cinco de abril de 1992, que disolvió el Congreso. En abril de 1993, cuando el congresista Henry Pease volvió a denunciar el hecho, el general Hermoza Ríos mandó que salieran los tanques a la calle.

El 29 de agosto de 1994 se formuló denuncia penal en el fuero militar por estos hechos contra diversos militares. Entre ellos, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, comandante general del ejército, y el asesor Vladimiro Montesinos. La causa fue archivada un mes después permitiendo la impunidad de los referidos inculpados. El proceso fue luego reabierto en contra del general Julio Salazar Monroe, jefe formal del SIN, y del mayor Santiago Martín Rivas, pero fue nuevamente archivado. Las investigaciones judiciales no se efectuaron sino hasta abril de 1995, cuando la fiscal Ana Cecilia Magallanes denunció penalmente a cinco oficiales del ejército como responsables de los hechos. Se produjo una contienda de competencia
entre el fuero militar y la justicia común. Finalmente, en junio de 1995 se publicó la Ley 26479 concediendo amnistía general y en julio del mismo año la Ley 26492, precisando los amplios alcances de la amnistía.

Posteriormente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por sentencia del 14 de marzo de 2001, falló por unanimidad que las leyes de amnistía 26479 y 26492 eran incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en consecuencia, carecían de efectos jurídicos.

Es en este contexto que la fiscal Flor de María Alba López, el seis de abril de 2002, formuló denuncia penal ampliatoria por estos hechos contra Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás De Bari Hermoza Ríos y otros, por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves.

La Cantuta

En la madrugada del 18 de julio de 1992, efectivos militares del denominado Grupo Colina, al mando de Santiago Martín Rivas (hoy en prisión), incursionaron en las instalaciones de la vivienda de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta), secuestrando a nueve estudiantes y un profesor. La universidad se encontraba entonces tomada por las fuerzas armadas, habiéndose instalado un cuartel de campaña en su interior, al mando de oficiales del ejército peruano. El general de división Rodolfo Robles denunció el cinco de mayo de 1993 (y en una entrevista concedida al diario español 'El País' el 19 de mayo de 1993), que en el seno del ejército peruano había un "núcleo de hampones con uniforme", acusando al asesor presidencial Vladimiro Montesinos de formar un escuadrón de la muerte denominado Grupo Colina, y de ser el mentor de las múltiples operaciones realizadas por el comando asesino, entre ellas las matanzas de Barrios Altos y de las universidades de La Cantuta y Huancayo.

Después de varios meses de considerar desaparecidos a los estudiantes de La Cantuta, sus cadáveres fueron hallados calcinados y enterrados en la zona de Cieneguilla, a las afueras de Lima. En abril de 1993 el Congreso había aprobado la creación de una comisión especial de investigación. Sin embargo, el 24 de mayo aprobó una moción para impedir la comparecencia ante las comisiones parlamentarias de Investigación de oficiales militares complicados en presuntas violaciones de derechos humanos, una vez que se hubieran iniciado procesos en el fuero militar. El 24 de junio de 1993, la comisión del Congreso publicó dos informes finales. El informe de la mayoría de la comisión - opositores a Fujimori - concluyó que era evidente la participación y responsabilidad penal de militares identificados por sus nombres, los que deberían someterse al fuero común.

El informe en minoría de la comisión (el fujimorismo tuvo minoría en esa comisión), que finalmente fue aprobado por la mayoría oficialista del pleno del Congreso. Negó que existieran pruebas y declaró que no se podía llegar a ninguna conclusión en cuanto a la responsabilidad penal, ya que los tribunales militares estaban investigando el caso.

Los militares involucrados venían siendo procesados tanto en la jurisdicción común como en la militar, planteándose una contienda de competencia jurisdiccional. El 11 de febrero de 1994, tres vocales de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dispusieron que el proceso a los inculpados por los crímenes de La Cantuta se remitiera a la jurisdicción militar. El Congreso, por iniciativa oficialista, había aprobado en la madrugada del ocho de febrero de 1994 la Ley 26291 (conocida como 'Ley Cantuta') que disminuyó la votación requerida para tal efecto, de cuatro a tres votos.

Por sentencia del 21 de febrero de 1994, el fuero militar condenó a varios responsables por diversos delitos en relación con los hechos de La Llavero de una de las víctimas Cantuta. No obstante, el 15 de julio de 1995 se promulgó la Ley 26479 de amnistía, cuya aplicación por el Consejo Supremo de Justicia Militar fue inmediata. Se concedió libertad a todos los condenados por la matanza de La Cantuta. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante sentencia aclaratoria en el caso Barrios Altos dio alcance general a la falta de eficacia jurídica de las leyes de amnistía. En tal sentido, con fecha 24 de enero del 2003, procedió a abrir instrucción en la vía ordinaria contra los presuntos coautores de estos hechos.

Luego de las investigaciones efectuadas por la Fiscal de la Nación y posteriormente por el Congreso de la República, el 13 de setiembre de 2001 se denunció y abrió proceso penal contra el ex presidente Alberto Fujimori, por la comisión de los delitos de homicidio calificado, y lesiones graves. En tal sentido, se le abrió proceso judicial por delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado, en agravio de Luis León Borja y otros - Caso Barrios Altos - y de Hugo Muñoz Sánchez y otros - Caso La Cantuta - y se dictó un mandato de detención en función a la gravedad de los delitos imputados, la verosimilitud de las denuncias y la no comparecencia al proceso del prófugo ex presidente.

Mariela Barreto

Mariela Barreto Riofano era una suboficial del ejército y agente de inteligencia operativa. Laboraba en el Servicio de Inteligencia del Ejército. El 22 de marzo de 1997 salió de su domicilio con dirección al Hospital Central Militar, no llegando a su destino.

El 23 de marzo la policía halló, envueltos en dos paquetes, el tórax y los miembros superiores e inferiores seccionados, no encontrándose la cabeza ni las manos. El cuerpo presentaba diversas lesiones, lo que indicaba que la persona había sido sometida a maltratos físicos antes de su ejecución. Efectuada la pericia de medicina forense, se confirmó que los restos pertenecían a la agente de inteligencia Barreto.

La investigación del horrible homicidio condujo a atribuir su responsabilidad al Grupo Colina, debido a que la agente de inteligencia Barreto había proporcionado a medios periodísticos información sobre las execrables actividades del Grupo Colina, habiendo sido una persona muy allegada a uno de los responsables de estos hechos y líder de este grupo de aniquilamiento, el mayor del ejército Santiago Enrique Martín Rivas, con quien tenía una hija.

Sobre estos hechos existe también un caso abierto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Desapariciones forzadas

Estudiantes de la Universidad del Centro

Se ha probado que la progresiva desaparición de más de ciento cincuenta estudiantes de la Universidad del Centro, sita en la ciudad de Huancayo, sierra central del Perú, al inicio del primer mandato de Fujimori, fue producto de la intervención de un escuadrón de la muerte apoyado por el Comando Político-Militar de la subregión Mantaro a cargo del general Luis Pérez Documet, con pleno conocimiento del ex presidente Fujimori.

Las operaciones fueron abiertas y sistemáticas, siendo desgarradores los testimonios que al respecto ha recogido recientemente la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional. El conocimiento de tales desapariciones por Fujimori se corrobora mediante dos memoranda de fechas 25 de junio y 30 de julio de 1991, suscritos de puño y letra por el ex presidente, en los que solicitaba el ascenso de los miembros del Grupo Colina "por su abnegada labor en las universidades".

El Santa

El dos de mayo de 1992, efectivos militares presuntamente integrantes del denominado Grupo Colina incursionaron en el distrito del Santa, en la ciudad costeña de Chimbote, al norte de Lima, secuestrando y desapareciendo a nueve pobladores de tres asentamientos humanos.

El 14 de febrero de 2003 se dictó en la vía ordinaria un auto de apertura de instrucción contra Vladimiro Montesinos, Nicolás De Bari Hermoza Ríos, Juan Nolberto Rivero Lazo y otros, como presuntos coautores de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud - homicidio calificado - y contra la libertad - violación de la libertad personal en la modalidad de secuestro agravado - por este caso.

Pedro Yauri Bustamante

El 24 de junio de 1992 efectivos militares presumiblemente integrantes del denominado Grupo Colina entraron en el domicilio del periodista Pedro Yauri Bustamante, lo secuestraron y posteriormente lo desaparecieron. Por Resolución del cuatro de octubre del 2002 se abrió instrucción en la vía ordinaria contra Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos, Santiago Martín Rivas, entre otros, como coautores de los delitos de homicidio calificado y secuestro agravado incluyendo otros tantos como cómplices.

Tortura

Leonor La Rosa

Leonor La Rosa Bustamante fue una agente operativa de inteligencia del ejército. Fue detenida el ocho de febrero de 1997, siendo sometida a torturas, según afirma, por parte del comandante Carlos Sánchez Noriega, los mayores Percy Según consta en el expediente judicial, Leonor La Rosa fue golpeada, le aplicaron corriente eléctrica y le quemaron las manos, las piernas y los brazos. Como consecuencia de las torturas, la ex agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) sufrió una hemorragia nasal y otra vaginal y recibió una lesión en la medula espinal, la cual la mantiene postrada en una silla de ruedas. Luego de ser torturada, la señora La Rosa fue internada en el Hospital Militar, donde se le mantuvo incomunicada y sufrió un intento de secuestro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), accediendo a una petición, dispuso medidas cautelares y recomendó al Estado peruano que la ex agente del SIE fuera trasladada a un hospital civil y que se levante la orden de incomunicación que pesaba sobre ella. La investigación del caso La Rosa solo se inició después de que las torturas se hicieron públicas a través de una entrevista televisiva brindada por la víctima. Si bien cuatro miembros del SIE fueron condenados por un Tribunal Militar a ocho años de prisión como autores de los hechos descritos, en una instancia superior se revocó la sentencia de dos de los agentes y se les absolvió.

Debe tenerse presente que el caso Leonor La Rosa iniciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, culminó en un acuerdo de solución amistosa en el que el Estado peruano reconoció su responsabilidad, reparando pecuniariamente a la señora La Rosa asumiendo el compromiso de investigar y sancionar a los responsables.

Fabián Salazar

El miércoles 3 de mayo del 2000 fue brutalmente torturado en su propia oficina el periodista Fabián Salazar Olivares por individuos de apariencia militar, presumiblemente miembros del Servicio de Inteligencia Nacional. Salazar trabajaba para el empresario Baruch Ivcher, en ese momento despojado del canal 2 de TV.

Intentaron cortarle un brazo y quemarlo vivo, con la finalidad de conocer la identidad de quienes le facilitaron información y vídeos que comprometían al asesor presidencial Vladimiro Montesinos y revelaban actividades ilícitas del Ejecutivo. Esta documentación vinculaba a Montesinos con autoridades del sistema electoral, periodistas y empresarios de medios de comunicación y encuestadoras. Le fue sustraída, pero Salazar pudo describir su contenido. Dos años después, una vez caído el régimen mafioso, al difundirse los 'vladivideos' el relato de Salazar fue confirmado.

Interceptaciones telefónicas

Durante el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori se puso en marcha una verdadera estrategia de control político que implicó: a) la creación de un aparato de escuchas en el Servicio de Inteligencia Nacional y los distintos institutos de las fuerzas armadas y la policía nacional; b) la adquisición y dotación paulatina de nuevos y sofisticados medios técnicos de vigilancia electrónica; y, c) la práctica reiterada de monitoreo de las comunicaciones telefónica establecidas por diversos personajes. Existe un suficiente marco probatorio que vincula a Alberto Fujimori en un acuerdo previo con Vladimiro Montesinos, los comandantes generales de las fuerzas armadas, los ministros de Defensa e Interior, y el jefe formal del Servicio de Inteligencia Nacional para la realización de actos de intrusión telefónica. Este ilegal esquema de espionaje fue masivo en cuanto al número de afectados, permanente en el tiempo y nacional en sus alcances.

El ex presidente Fujimori expidió órdenes de interceptación de teléfonos de ciudadanos; en algunos casos designó personalmente a los blancos de la interceptación (caso de la periodista Cecilia Valenzuela y el ex ministro de Trabajo Jorge Mufarech Nemi); y, recibió información al detalle de las más relevantes transcripciones, según declaración instructiva de Vladimiro Montesinos Torres y testimoniales de Matilde Pinchi Pinchi y Wilbert Ramos Viera, estos últimos estrechos colaboradores de Montesinos.

Existe evidencia que el ex presidente ordenó el monitoreo de las conversaciones realizadas desde los teléfonos de Palacio de Gobierno, a cuyo efecto el coronel Huamán Azcurra - el segundo de Montesinos en el SIN, hoy en prisión - llevó todos los equipos necesarios para cumplir dicha orden e instaló una central en la residencia del primer mandatario, según declaración instructiva de Vladimiro Montesinos.

Fujimori ordenó la escucha de teléfonos de 'objetivos de interés personal': la señora Carmen Ricci (su secretaria privada), Susana Higuchi (su ex esposa) y la señorita Beatriz Boza, según declaración instructiva de Vladimiro Montesinos ante la respectiva comisión investigadora del Congreso (Comisión Estrada).

Por declaraciones de Montesinos se sabe que "cada vez que llegaba un presidente de otro país al Perú y se alojaba en un hotel o en las embajadas, había que intervenir los teléfonos para informarle qué es lo que conversaban cada presidente invitado con sus embajadores acreditados en Lima y con personalidades del ambiente político nacional. Similar tarea se tenía que hacer con los cancilleres, ministros de defensa o miembros de alto nivel de instituciones extranjeras que visitaban el país, y hacer un seguimiento puntual de sus actividades, pues el Ing. Fujimori pedía estar debidamente informado de las actividades de las mismas; incluso pedía un resumen antes de entrevistarse con los visitantes, ello para estar debidamente informado de lo que habían hecho."

Asimismo, refiere el precitado asesor que "(...) cuando firmó su renuncia en setiembre del año 2000, el coronel Roberto Huamán Azcurra viene con una hoja de papel y me indica que había que gratificar a las personas que habían trabajado con él durante los 10 años y tenía que darle una suma mayor a 2 millones de dólares, lo cual me parecía exagerado, lo que se lo comenté a Matilde Pinchi Pinchi, por lo que informé al presidente Fujimori la situación planteada y la forma subliminal que el citado coronel Huamán me hizo conocer, que si no se cumplía con ese planteamiento se produciría una situación de descontento de su personal y podría haber filtración respecto a las interceptaciones telefónicas. Por lo que el Ing. Fujimori me ordenó que se le pagara la cantidad de 2 millones de dólares, dinero que fue entregado por mi persona en presencia de Matilde Pinchi Pinchi, con lo cual se quedó tranquilo, advirtiéndole que tenga cuidado con todo el material de interceptación telefónica"

Si bien los actos continuos de interceptación de las comunicaciones telefónicas fueron directamente ejecutados por personal del Servicio de Inteligencia Nacional y de las fuerzas armadas y la policía nacional, ellos son imputables a Alberto Fujimori por cuanto la actividad ilícita respondió a una decisión y a un plan preconcebido de control político de la intimidad de los ciudadanos adoptados en el nivel más alto de la organización criminal, en un acuerdo previo en el que participó de forma determinante el ex presidente.

3. Narcotráfico

Desde el comienzo de su régimen, Fujimori y Vladimiro Montesinos constituyeron en las zonas cocaleras un sistema de corrupción de facto, tras la fachada de un comando político-militar a cargo de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. El gran operador de la droga fue Vladimiro Montesinos. Desde que salió de la prisión militar, en 1978, Montesinos se vinculó con narcotraficantes colombianos y peruanos y trabajó sistemáticamente con ellos, como abogado y testaferro, teniendo contacto con cabecillas como Evaristo Porras Ardila y Lucio Tijero, así como con el grupo de Reynaldo Rodríguez López, conocidos narcotraficantes.

El narcoavión presidencial en viaje a Rusia

En 1996 el Perú adquiría armas en Bielorrusia y la Federación Rusa, por lo que se realizaban frecuentes vuelos de aviones militares hacia esos países. A raíz de información alcanzada por la Drugs Enforcement Agency (DEA) de los Estados Unidos, se descubrió en el propio avión presidencial con destino a Rusia un cargamento de clorhidrato de cocaína que involucró a altos oficiales del entorno presidencial. Veintiocho oficiales y subalternos de la fuerza aérea, entre ellos los jefes del Grupo Aéreo Nº 8 del Callao, fueron incluidos en un proceso en torno al escandaloso caso de tráfico de drogas descubierto en el avión presidencial. El presidente Fujimori salió a defender públicamente a uno de los oficiales comprometidos con el cargamento de droga, quien por ese entonces era su edecán y su piloto de confianza. Finalmente el piloto fue liberado por la obsecuente Corte de Justicia Militar.

El rol de las fuerzas armadas

A fines de 1991 se expidieron el Decreto Supremo 137-91-PCM y el Decreto Legislativo 749, que otorgaron el control de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas a las fuerzas armadas controladas por Montesinos. Las acciones contra el terrorismo y el narcotráfico, que constitucionalmente corresponden a la policía nacional, fueron subordinadas a las instrucciones y disposiciones del jefe del Comando Político-Militar del Frente Huallaga y otros frentes antisubversivos en la selva alta peruana (pie de monte andino amazónico). Con el golpe de Estado del cinco de abril 1992 se modificó la legislación antidroga, a los efectos de someter el juzgamiento de narcotraficantes a la competencia del fuero militar. El nueve de abril de 1992 se dictó el Decreto Ley 25426, declarando en emergencia todos los aeropuertos existentes en la zona del Huallaga y demás áreas cocaleras, y encargando a la fuerza aérea su control. Hoy se sabe que altos oficiales las fuerzas armadas cobraron cupos por permitir operaciones de narcotráfico en las zonas bajo su mando. Los narcotraficantes pagaban por el uso de los aeropuertos administrados por las fuerzas armadas y por su impunidad.

El control de las firmas de narcotraficantes

En la industria ilegal del narcotráfico, el Perú figura como abastecedor de pasta básica de cocaína. Los acopiadores habilitan y compran la hoja de coca a campesinos empobrecidos de la selva alta peruana. Luego la procesan y la convierten en pasta básica de cocaína, a ser exportada a Colombia.

3. Narcotráfico

Desde el cinco de abril de 1992, el tráfico ilícito de pasta básica de cocaína a Colombia se hizo a través de los aeropuertos controlados por dependientes de Montesinos. De hecho, Montesinos sometió a las diversas firmas de procesadores de pasta básica al pago de cupos:

Demetrio Chávez Peñaherrera, alias 'Vaticano'

En 1996 fue presentado por Fujimori como un capo de cártel cuando solo era un jefe de firma. Acopiaba coca y procesaba pasta básica para exportarla a Colombia.

Chávez fue detenido en Colombia. Extrañamente, cuando lo trajeron al Perú, el gobierno hizo que lo procesaran por terrorismo y no por narcotráfico. La razón es que los juicios por terrorismo eran secretos y realizados en tribunales militares. De esa manera se evitó que Chávez pudiera expresarse públicamente.

Pero cuando se le juzgó por narcotráfico, en un juicio manipulado aunque público, Chávez denunció que pagaba US$50,000 mensuales a Montesinos y varios militares como 'peaje' por los vuelos de sus avionetas cargadas de droga, y que el mismo Montesinos le hablaba por radio para alertarlo de las incursiones antidrogas. Vaticano fue torturado después de denunciar la participación de Montesinos en la red del narcotráfico. Una clavícula evidentemente quebrada que no fue tratada, una fístula sin cicatrizar a la altura superior de la espalda y un enorme agujero en la coronilla de la cabeza explican la rectificación que hiciera de su denuncia. El propio ex presidente Fujimori, la fiscal de la Nación y diversas figuras políticas del oficialismo salieron a defender públicamente a Vladimiro Montesinos contra las denuncias de Vaticano. Una vez caída la dictadura, Vaticano se ratificó en su denuncia de 1996 y la amplió, indicando que durante 1992 entregó a Montesinos aproximadamente US$800,000.

Vaticano señaló a 'Beto' como el nexo entre Montesinos y él, indicando que era piloto particular del destituido ex presidente Fujimori. Declaró que este piloto, además de ponerlo al tanto de los mensajes de Montesinos, le relataba sus hazañas, como haber sido condecorado por Fujimori después de derribar un avión enemigo, lo que le valió ser designado como piloto particular de Fujimori.

En marzo de 2001, el Poder Judicial ordenó la captura del general Nicolás de Bari Hermoza Ríos, jefe del Comando Conjunto de las fuerzas armadas durante siete años de la dictadura (la estada más larga de la historia del Perú en dicho cargo), por su colaboración con el narcotráfico, así como la del general Bellido Mora y dos oficiales de la policía nacional, por actividades vinculadas al tráfico de drogas de Elías Chávez Peñaherrera (alias 'Arley'), hermano de Vaticano.

Los López Paredes ('Los Norteños')

En enero de 1995, gracias a gestiones de la DEA se incautó en Piura, en la costa norte del país, un inusitado cargamento de 3,342 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Iba a ser embarcado en el puerto de Paita con destino a los grandes cárteles mexicanos.

El origen de las más de tres toneladas de droga estaba en la selva alta peruana. Provenía de los laboratorios de procesamiento del clan López Paredes, ubicados en un fundo en Juanjuí rodeado por bases del ejército y la fuerza aérea.

El recorrido desde los laboratorios hasta Paita se hizo, de acuerdo con declaraciones del químico de los Norteños, José Mendiola, por la carretera de Sacanche utilizando camionetas. La caravana, compuesta por más de diez vehículos, pasó sin ser detenida por los cuatro controles militares obligados de la zona cocalera.

Los jefes militares y las autoridades judiciales se apresuraron a excluir de las investigaciones a los peces gordos, personajes de muy alto nivel del gobierno y las fuerzas armadas que figuraban como contactos en la agenda del capturado Mendiola. Entre ellos, Edgar Solís Cano, a la sazón viceministro del Interior y hombre de confianza de Montesinos, quien pasó a un segundo plano.

También aparecían en la agenda de Mendiola el entonces jefe de la Quinta Región Militar - nada menos que compadre de uno de los hermanos López Paredes - y otros oficiales que servían en el Comando Conjunto bajo las órdenes de Hermoza Ríos, uno de los cuales era hermano de una candidata al Congreso por el partido de gobierno. El general Hermoza, jefe del Comando Conjunto de las fuerzas armadas durante siete años del gobierno de Fujimori, está encarcelado y ha aceptado haberse enriquecido ilícitamente, aun cuando no por narcotráfico sino por otros casos de corrupción. Se le han descubierto en Suiza cuentas bancarias por más de US$20 millones.

'Los Camellos'

Esta 'firma' fue descubierta en 1999 por la DEA. En el Callao, principal puerto del Perú, los trabajadores del frigorífico Setepo descubrieron en forma accidental que los filetes de merluza de un contenedor tenían clorhidrato de cocaína. El peso del cargamento era de 2,300 kilogramos y los paquetes estaban marcados con un sello de fábrica con la figura de un camello.

La droga había sido llevada en un camión contratado por Bruno Chiappe, quien, pese a estar plenamente identificado desde la captura del cargamento, pudo salir del país el 15 de abril de 1999 por el aeropuerto internacional Jorge Chavez. Luego, gracias a gestiones de Montesinos, retornó para acogerse a una ley de arrepentimiento y cooperación policial.

Con las declaraciones de Chiappe, la policía llegó a un moderno laboratorio en Chincha, al sur de Lima, donde se encontraron más de 2,000 kilogramos de cocaína. Según diversas fuentes, la pasta básica a ser procesada habría llegado en helicópteros del ejército proveniente de Palmapampa, en Ayacucho, sierra sur del Perú. En febrero de 2000 fue capturado en Panamá Boris Foguel, acusado de ser cabecilla de los Camellos. Foguel denunció que, si bien es cierto que tiene responsabilidad en la banda, los cabecillas eran Chiappe y el abogado y socio de Montesinos, Javier Corrochano. Señaló que detrás de ellos estaba Montesinos. Este caso impactó directamente en el núcleo de la mafia y en el entorno político e institucional del país.

4. Principales actos de corrupción de Alberto Fujimori

La supuesta ignorancia de Alberto Fujimori

Para negar su responsabilidad por los graves casos de corrupción en su gobierno, el ex presidente Alberto Fujimori ha basado su defensa en la total ignorancia de las actividades ilícitas realizadas por su socio, Vladimiro Montesinos Torres, y su entorno. Según Fujimori, mientras él trabajaba por el país, Montesinos y otros corruptos lo saqueaban a sus espaldas. La defensa de Fujimori no es creíble. El ex presidente delegó el poder que le permitió a Vladimiro Montesinos convertirse en el jefe real del SIN y desde allí controlar a las fuerzas armadas, el poder judicial, los medios de comunicación y otras instituciones, teniendo como propósitos perpetuar a Fujimori en el poder, saquear las arcas del Estado y realizar innumerables actos de corrupción. A varios de los principales y más estrechos colaboradores de Fujimori se les ha encontrado millonarias cuentas en el extranjero que no tienen forma de justificar, por lo que ahora están presos y procesados. Entre ellos están Vladimiro Montesinos, Victor Joy Way (ocupó varios ministerios, la presidencia del Consejo de Ministros y la presidencia del Congreso); y Nicolás Hermoza Ríos, que ocupó durante siete años la comandancia general del ejército y la presidencia del Comando Conjunto de las Fuerzas armadas, más que ninguno otro militar en la historia del Perú. Durante casi toda la década, estos y otros corruptos se enriquecieron de manera descarada. ¿Y Fujimori no sabía nada? El ex presidente ejerció el poder autoritariamente y con el objetivo de copar las instituciones del Estado. Detrás de esta armazón autoritaria, que reducía la fiscalización y la transparencia de los actos de gobierno, creció la corrupción. El ex presidente fue un actor clave en este proceso, promoviendo medidas desde el Poder Ejecutivo que permitieron el control del Estado y la realización de actos corruptos. Los actos de corrupción cometidos durante el régimen solo pueden haberse realizado con la participación y concurso de Alberto Fujimori. Desde la Presidencia de la República Alberto Fujimori construyó un sistema de gobierno que garantizaba la impunidad para los corruptos y que tenía como primer beneficiario a él mismo. En estas condiciones, alegar ignorancia o ingenuidad es una posición inaceptable. Los hechos de corrupción fueron denunciados en incontables oportunidades por la prensa y por la oposición democrática durante toda la década, y Fujimori continuó amparándolos. De allí su clara responsabilidad en la inmensa corrupción de la década pasada en el Perú. Irónicamente, el mismo Fujimori manifestó en más de una ocasión que él no es ningún 'caído del palto', ningún ingenuo. Y ahora basa su defensa en su supuesta ingenuidad.

El botín de Fujimori

En las investigaciones en curso diversos testigos han señalado que el ex presidente recibía mensualmente -y durante varios años- de Vladimiro Montesinos importantes cantidades de dinero en efectivo (entre US$300,000 y US$500,000 cada vez) de los fondos acumulados en el Servicio de Inteligencia Nacional. Estos montos luego eran sacados del país por intermedio de sus familiares. Se menciona especialmente su hermana Rosa Fujimori y al esposo de ésta, Víctor Aritomi, embajador del Perú en el Japón durante toda la década. La costumbre de Fujimori de manejar dinero en efectivo dificulta las investigaciones para detectar la ubicación de dichos montos. Fujimori ha señalado que el que no se hayan encontrado, hasta el momento, cuentas bancarias a su nombre es una prueba de su inocencia en los actos de corrupción. Esta afirmación es falsa. No solo existen indicios en su contra de conductas ilícitas, sino que las investigaciones en curso ya han permitido establecer una actuación comprometida con la corrupción durante la pasada década.

Desvío de fondos al Servicio de Inteligencia Nacional

El poder que alcanzara el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) durante la década pasada no habría sido posible sin el envío de fondos desde otras dependencias del Estado con la autorización del ex presidente Fujimori. Estos fondos fueron utilizados para realizar actividades de interceptación telefónica, vigilancia de opositores al régimen, pago a los propietarios de medios de comunicación para garantizar su apoyo al gobierno, operaciones de sabotaje a la oposición, entre otros delitos.

Los fondos del SIN fueron la fuente de dinero que Montesinos utilizó para mantener a Fujimori en el poder por medio de actos de corrupción. Los desvíos de fondos al SIN se realizaron de dos maneras. En primer lugar, a través de envíos periódicos desde las direcciones de inteligencia de cada instituto armado (ejército, marina de guerra y fuerza aérea) y de la policía nacional. A inicios de su gobierno Fujimori fue el promotor de una reunión con el Consejo de Ministros y altos jefes militares en la que dispuso afianzar el Servicio de Inteligencia a través de aportes económicos de estos sectores.

Sin sustento legal alguno, se realizaron envíos al SIN con la supuesta finalidad de hacerlo un órgano más operativo en la lucha contra la subversión. Desde 1992 hasta septiembre de 2000 se transfirieron irregularmente un total aproximado de US$500 millones a este organismo. El segundo método utilizado para dotar de recursos al SIN fue la firma de resoluciones supremas secretas, autorizando gastos de operaciones 'secretas'. De este modo, se autorizaban gastos específicos que, por supuestas razones de seguridad nacional, no eran justificados ni fiscalizados. En todos los casos, la autorización de Fujimori fue necesaria para que se realizaran estos traspasos. Los montos aumentaron a través de la década, y se sumaron a sustanciosos incrementos en el presupuesto de la institución, llegando el SIN a manejar montos de dinero totalmente desproporcionados en relación con el cumplimiento de sus funciones formales. Como es de conocimiento público, estos montos fueron destinados para fines muy distintos a los declarados.

Se convirtió al SIN en un órgano sobredimensionado que, descuidando sus funciones, se dedicó a cumplir actividades de policía política para el régimen. El punto más álgido de este uso de dinero del Estado para fines particulares se dio durante la campaña reeleccionista del año 2000, en la que el Estado y sus dependencias, especialmente las Fuerzas armadas, fueron puestas al servicio de la candidatura de Alberto Fujimori.

Los desvíos de fondos al SIN han motivado que se acuse a Fujimori por los delitos de peculado, falsificación de documentos, abuso de autoridad y asociación ilícita para delinquir. El Congreso ha aprobado una acusación constitucional presentada en su contra para poder iniciar su procesamiento ante el Poder Judicial.

Uso de decretos de urgencia y decretos supremos secretos con fines ilícitos

Fujimori ha reconocido que, a fin de asegurar la defensa nacional, autorizó diversos gastos en armamento en forma secreta. Tales gastos se hicieron sin licitaciones ni controles previos o posteriores. Ello permitió la realización de actos de corrupción con fondos del tesoro público. La ausencia de archivos demuestra la intención de ocultar la forma en que se realizaron dichas adquisiciones. La compra de material bélico para las fuerzas armadas, en gran medida realizada con fondos de la privatización, fue quizás la mayor fuente de enriquecimiento ilícito de la camarilla civil y militar que gobernó con Fujimori. Tomando como pretexto el conflicto con Ecuador en 1995, usaron cientos de millones de dólares para adquisiciones secretas, que por lo general no eran las más adecuadas, con la finalidad de cobrar millonarias comisiones.

Durante la década fujimorista la compra de armas y pertrechos para el Estado peruano se hizo a través de un grupo de comerciantes vinculado a Montesinos y a la cúpula militar. A estos traficantes se les benefició con comisiones millonarias. Tal era la cercanía entre estas personas y la cúpula del poder que, en el marco de la campaña presidencial del año 2000, se les solicitó una importante colaboración para apoyar la candidatura de Fujimori.

En la actualidad, varios de los intermediarios de armas han aceptado su responsabilidad en estos hechos y han colaborado con las autoridades para recuperar los montos ilícitamente obtenidos. Sus testimonios han permitido reconstruir cómo se realizaron dichos negociados, y de qué manera pactaban con los encargados de realizar las adquisiciones los presupuestos que iban a presentar. Alberto Fujimori, por medio de decretos de urgencia secretos y resoluciones supremas secretas, autorizó los gastos y los procedimientos de adquisición de armamento. La prensa denunció en incontables oportunidades, y era bien conocido en círculos políticos, la manera turbia en que se adquiría armamento en el país. Sin embargo el ex presidente nunca tomó medidas para investigar esta situación.

En el marco del conflicto armado de enero de 1995 con el Ecuador, se autorizó a las fuerzas armadas, por medio de decretos de urgencia secretos, a adquirir armamento pasando por alto los procedimientos regulares. En estas adquisiciones se privilegió a los intermediarios amigos del régimen. Entre los casos más sonados están la compra de aviones MIG 29 y Sukoi 25, a Bielorrusia y la Federación Rusa, por los que se pagaron millonarias comisiones. Dos de los veintiún MIG 29 se estrellaron por fallas mecánicas poco después de su adquisición, un verdadero record. Fujimori ha señalado que él solo dispuso la compra del material bélico en ese entonces necesario para la defensa nacional, sin conocer el proceso de la compra misma del bien, que habría estado a cargo de las fuerzas armadas. Ello no es cierto. Para que proceda un Decreto de Urgencia secreto es necesaria la autorización del Presidente de la República, cuyo deber, ante la excepcionalidad de esta medida y los enormes montos involucrados, debe ser ejercer una supervisión cuidadosa de la misma.

Los decretos secretos debieron ser comunicados al Congreso para que efectúe su fiscalización. Ello no siempre se hizo, siendo lo contrario lo más común: solo el Consejo de Ministros tenía conocimiento del contenido de los decretos. Cabe agregar que en los casos en que sí se dio cuenta al Congreso de la existencia de dichos decretos, la mayoría parlamentaria oficialista tampoco fiscalizó las adquisiciones.

Por estos hechos se ha acusado a Fujimori de los delitos de asociación ilícita para delinquir, malversación de fondos, colusión ilegal, peculado y destrucción de documentos.

Privatizaciones y lobbies ilegales

El gobierno de Fujimori declara como uno de sus mayores logros la privatización de empresas públicas producida en la década del noventa. Producto de estas operaciones, se señala, se habrían logrado importantes recursos para el Estado peruano. Sin embargo, ello se vio desvirtuado por la forma poco transparente en que se realizaron las privatizaciones y el uso posterior de los recursos obtenidos en estos procesos.

La forma en que se llevaron los procesos de privatización no fue la adecuada, habiendo lucrado grupos particulares con la venta del patrimonio de todos los peruanos. En diversos procesos de privatización se habrían dado tráficos de influencias, concertación previa entre el Estado y determinados interesados, y subvaluaciones que afectaron el precio de venta de las empresas. Hubo funcionarios estatales que, a pesar de sus vínculos con empresas privadas interesadas en las empresas a ser privatizadas, participaron en las negociaciones favoreciendo a los compradores en vez de defender los intereses del Estado. La Comisión Investigadora de los Delitos Económicos y Financieros cometidos entre 1990- 2000 del Congreso de la República ha elaborado un amplio informe al respecto, en el que se concluye que habrían existido graves casos de corrupción financiera en estos procesos que contaron con la complicidad de altos funcionarios del fujimorismo.

También existen graves indicios de que el uso dado a los recursos de la privatización no se sostuvo en criterios técnicos ni pensando en el desarrollo nacional. Gran cantidad de ellos se empleó en forma irresponsable por el régimen para la compra de armas sobrevaluadas o con fines electorales. Se gastaron más de US$ 4,000 millones de dichos recursos en el periodo 1995-2000, cinco veces más que en el periodo 1992-1994. El déficit fiscal y el costo para el país de la reelección y de la compra irregular de armamentos fueron cubiertos con estos recursos.

Asimismo, puede cuestionarse la forma en que algunas empresas privadas se relacionaron con el poder corrupto en el Perú. En vez de seguir los procedimientos normales para realizar determinados trámites, prefirieron caer en actos de corrupción y de tráfico de influencias.

Un caso de lobby ilegal realizado por las empresas privadas fue el que realizara la empresa Luchetti en su litigio contra la Municipalidad de Lima. Dicha empresa tenía problemas judiciales con la comuna limeña por la ubicación de su planta industrial, localizada en la reserva ecológica de los pantanos de Villa, en las afueras de Lima. A fin de superar el problema, altos ejecutivos de la empresa, incluida su presidente, Andronico Luksic, se reunieron con Vladimiro Montesinos para negociar una solución favorable a sus problemas. Montesinos estaba interesado en perjudicar a Alberto Andrade, figura política de la oposición y en ese entonces alcalde de Lima. Utilizando el poder judicial fujimorista, se interpuso un recurso de amparo que le dio la razón a Luchetti. Como resultado, se burló a la Municipalidad de Lima y se causo un grave daño ecológico a la reserva circundante.

Uso delictivo de los recursos de privatización

Las compras de armamento y de un nuevo avión presidencial muestran el uso irresponsable que se hizo del dinero obtenido de las privatizaciones en la primera parte de la década del 90. De un total de US$ 1,885'675,000 utilizados durante el periodo 1990-2000 para adquirir armamento, US$ 998'588,000 correspondieron a fondos de la privatización.

Dicho dinero, que debería haber sido invertido para reducir la pobreza o para la pacificación nacional, sirvió para adquirir bienes militares a través de procedimientos oscuros en los que unos pocos lucraron con dinero de todos los peruanos. Lo más grave es que un tema tan importante, como es la defensa nacional, se subordinó a los intereses de enriquecimiento ilícito de la camarilla civil y militar que gobernaba autoritariamente el Perú.

Donaciones a través de la Fundación APENKAI

Se tiene indicios de que una fuente de dinero del ex presidente Fujimori fue el manejo corrupto de las millonarias donaciones realizadas desde el Japón a favor de obras de caridad y desarrollo en el Perú. Contra lo que señala Fujimori en su defensa, el manejo de estas cuentas no fue transparente y, más bien, se trató como un asunto de familia en la que los fondos eran controlados en forma personal por varios miembros de la familia Fujimori.

Víctor Aritomi, ex embajador del Perú en Japón y cuñado de Fujimori, manejó directamente las entregas en efectivo de las donaciones recibidas. La información y registros de los fondos recibidos habrían sido desaparecidos por Aritomi al abandonar la delegación diplomática. En las investigaciones se ha determinado que existe una transferencia de fondos proveniente del Banco do Brasil S.A., sucursal Tokio, por indicaciones de la Embajada del Perú en Japón, por un monto de US$ 225,118.82, que señala como beneficiario a Alberto Fujimori. Se hizo efectiva con el cheque de gerencia del Banco de la Nación del Perú N° 000022971 de fecha 25 de junio de 1993, el cual se remitió a Alberto Fujimori.

En los anales de la información financiera de APENKAI se señala que el 29 de junio de 1993 una persona de apellido Utsumi realizó una donación a dicha asociación por la misma suma de dinero. Fujimori ha admitido que efectivamente dicho monto fue entregado a APENKAI, pero esta situación muestra la forma irregular en que se manejaron las donaciones recibidas desde el Japón. Los montos donados eran usados solo en parte en la construcción de obras. Los donantes consideraban que su donación había sido usada íntegramente en la construcción de colegios u otras obras públicas, cuando en realidad éstas no habrían costado lo señalado por las autoridades. En la actualidad se realizan pericias en estas obras a fin de determinar su valor real.

Caja de Pensión Policial y Militar

La Caja de Pensión Policial y Militar es una entidad financiera dependiente de las fuerzas armadas y la policía, por tanto, vinculada al Poder Ejecutivo. Durante la década pasada se utilizó la Caja como negocio privado, habiendo evidencia clara de la malversación de sus fondos.

La Caja de Pensión Policial y Militar realizó diversos negocios inmobiliarios que ocasionaron graves pérdidas al Estado peruano, pero altos beneficios ilícitos a sus directivos. Entre estos directivos se encontraban conocidos testaferros de Vladimiro Montesinos, quien es su defensa ha señalado que, en realidad, la Caja trabajaba para establecer un fondo de contingencia en beneficio de la campaña presidencial de Alberto Fujimori.

Se ha determinado que el candidato a la alcaldía de Lima por el partido de gobierno en el año 1998, Juan Carlos Hurtado Miller, tiene una deuda millonaria con la Caja. Hay evidencia clara de que, a cambio de su candidatura para la alcaldía de Lima, Hurtado Miller logró que se le brinden amplias facilidades en el pago de dichas deudas. Alberto Fujimori habría autorizado dicha operación a fin de contar con un candidato que compita contra el entonces alcalde de Lima, Alberto Andrade.

Enriquecimiento ilícito de Alberto Fujimori

Los ingresos declarados por Fujimori durante la década pasada corresponden a su salario como Presidente - concepto por el que recibió un total neto aproximado de S/.76,000 (aproximadamente US$ 22,000) - y a una pensión de la Universidad Nacional Agraria - que sumó, durante la década, un total aproximado de S/.85,000 (unos US$ 26,000) - que le eran depositados en cuentas separadas.

Los ingresos oficiales de Fujimori no guardan relación con sus egresos durante sus diez años de gobierno, especialmente si consideramos que de la cuenta de la Universidad Agraria solo se retiraron S/.12,000 y que, en la cuenta correspondiente a su salario presidencial, luego de su salida del país aún quedaban S/.21,856.

En las investigaciones realizadas se ha determinado que los ingresos del ex presidente Fujimori no guardan relación con los costos de los estudios de sus hijos en universidades de los EE.UU. El monto gastado por Fujimori en la educación de sus cuatro hijos, hasta junio del año 2002, asciende a un aproximado de US$ 460,000.00. Hay que considerar, además, los costos de los pasajes por los frecuentes viajes al Perú que realizaron durante estos años. Es evidente que tales montos exceden los ingresos declarados por el ex presidente. Por los estudios de Keiko Sofía Fujimori, desde enero de 1993 hasta mayo de 1997, se habrían pagado US$ 93,092.65 solo por gastos en educación. Las universidades a las que asistió fueron Stony Brook State University of New York y Boston University. El total de gastos por estudios de Keiko Sofía Fujimori ha sido calculado por la Comisión Townsend, incluidos gastos de manutención, en US$ 120,000. La Comisión Townsend ha determinado que los costos de la educación del hijo mayor del ex presidente, Hiro Fujimori, en la Universidad de Nueva York, ha sido por un monto similar al antes mencionado. En la actualidad dos hijos del ex mandatario continúan estudiando en los EE.UU. La educación de Sachi Marcela Fujimori hasta el momento en que se presentó la investigación de la Comisión Townsend en junio del 2002, alcanzaba un costo aproximado de US$ 110,000 Sachi Marcela se encuentra estudiando en la Escuela de Diseño de Boston. Los gastos educativos de Kenyi Fujimori ascienden a un monto similar al de Sachi Marcela. Kenyi estudia en la actualidad en la Universidad Estatal de Kansas.

Keiko Sofía Fujimori ha intentado justificar estos gastos señalando que sus padres tenían ahorros para costear sus estudios. Asimismo, indicó que el producto de la venta de la casa familiar en Surco permitió el pago de los mismos. Esta segunda justificación no es sólida, pues dicho inmueble recién se vendió en diciembre de 1998, cuando Keiko e Hiro ya habían concluido sus estudios.

La firma Ingenieros Edificadores (INGEDSA) adquirió en 1998 un inmueble de propiedad de Alberto Fujimori, ubicado en Surco. El monto por el que se vendió el inmueble fue de US$ 669,500 El primer pago de US$ 334,750 se realizó el 22 de diciembre de 1998. El 15 de febrero del 2000 se pagó el saldo del precio de venta (US$ 334,750).

Se sospecha que la venta de la casa Fujimori se hizo por un precio mayor al precio real del bien, con el objetivo de justificar los gastos realizados por Fujimori en la educación de sus hijos. Vladimiro Montesinos ha señalado que dicha venta fue ficticia, pues el ex presidente exigió que los compradores le asegurasen que el bien seguiría siendo suyo.

Matilde Pinchi Pinchi, secretaria personal de Montesinos, ha declarado que el asesor de Fujimori abrió una cuenta en el Banco Exterior de Panamá para solventar los gastos de las tarjetas de crédito de los hijos del ex presidente.

Campaña para la segunda reelección (inconstitucional)

El uso de recursos públicos en la campaña electoral del año 2000 supone un grave acto de corrupción que benefició directamente a Alberto Fujimori. Este uso ilegal de recursos del Estado fue dirigido desde el SIN y tenía como objetivo lograr, cueste lo que cueste, la segunda reelección de Fujimori.

El costo de la campaña incluyó diversa actividades ilícitas financiadas con recursos del Estado. Los gastos realizados en la campaña de Fujimori incluyeron el reparto de bienes a pobladores de sectores sociales deprimidos, propaganda electoral, campañas para reducir la publicidad de los demás candidatos en los medios de comunicación o para sabotear la presencia en provincia de candidatos y prensa de oposición.

Los jefes de las regiones militares promovieron activamente la candidatura de Alberto Fujimori y hostilizaron a las fuerzas de oposición. Este compromiso de las fuerzas armadas con la campaña de Fujimori ha quedado documentado en un video en el que se observa a Montesinos brindando con los comandantes generales y jefes de región por el éxito obtenido en la campaña electoral. Las fuerzas militares fueron utilizados en beneficio del candidato - presidente y el gobierno no hizo nada por esclarecer estas denuncias. El beneficiario de todas estas acciones fue Alberto Fujimori. Las denuncias contra la ilegalidad de la campaña electoral fueron oportunamente realizadas por la Defensoría del Pueblo, organismos internacionales y nacionales de supervisión electoral y la prensa opositora, por lo que Fujimori no puede aducir que desconocía dichos hechos.

Congresistas 'tránsfugas' y 'topos'

A pesar del fraude electoral realizado por el gobierno, la alianza oficialista Perú 2000 no alcanzó mayoría parlamentaria en las elecciones generales del año 2000. Eso era inaceptable para un gobierno autoritario y corrupto, que no podía tolerar ningún tipo de fiscalización de parte del Congreso que hubiera puesto al descubierto las violaciones de los derechos humanos y la corrupción reinante en el régimen.

Por eso el gobierno de Alberto Fujimori puso todo su empeño en comprar una mayoría parlamentaria. Esa práctica ya la habían utilizado en los Congresos de 1993 y 1995. Sin embargo, ahora la utilizaron de manera masiva y sistemática. El encargado de realizar la operación fue Vladimiro Montesinos.

Así, pocas semanas después de producidas las elecciones, varios parlamentarios, denominados 'tránsfugas', manifestaron su decisión de dejar las bancadas por las que fueron electos para pasar a formar parte de la bancada del gobierno en el Congreso. Otros, denominados 'topos', respondían igualmente a las órdenes del gobierno, pero permanecían ocultos en bancadas de la oposición. Esta situación le otorgaba una nueva y amplia mayoría al fujimorismo en el Congreso -unos 70 votos sobre un total de 120 -, a pesar de no haberla ganado en las ánforas.

Posteriormente ha quedado evidenciado en sendos 'vladivideos' (destacando el del congresista Kouri, cuya difusión a la postre desencadenó la caída del régimen) que dichos cambios no se produjeron por convicción, sino por la compra de voluntades realizada desde el Servicio de Inteligencia Nacional. Montesinos pagó con favores y con montos de dinero, variables de tránsfuga a tránsfuga, su fidelidad al nuevo gobierno. Alberto Fujimori ha señalado como defensa que él consideraba que estos cambios se producían por el real interés de dichas personas de ser parte del grupo de gobierno. Montesinos, por su parte, ha confesado que él realizó el reclutamiento por órdenes de Fujimori dado que éste sabía que un gobierno sin mayoría en el Congreso sería peligroso para su permanencia en el poder.

Pago de US$15 millones a Vladimiro Montesinos para que se vaya del país

Tras la aparición del video Kouri-Montesinos, Montesinos inició una negociación con Fujimori para renunciar y alejarse del país. Una de las exigencias de Montesinos fue el pago de US$15 millones en efectivo. Este pago ilegal se realizó el 23 de septiembre del 2000, poco antes de que Montesinos dejara el país para refugiarse en Panamá. Ese dinero salió del tesoro público con la expresa autorización de Fujimori, deseoso en ese momento de alejarse de su ex socio, y de otros funcionarios.

5. Control de medios de comunicación

El control de los medios por la dictadura fue un proceso gradual directamente proporcional a la magnitud de los hechos que se quería legitimar, u ocultar y mantener impunes, así como a la necesidad de reelegir indefinidamente a Fujimori. Al final de su gobierno, la mafia había suprimido de facto la libertad de prensa a los efectos de perpetuar el régimen corrupto. El control de los medios fue evidente y denunciado en múltiples oportunidades, por lo que no es verosímil que el principal beneficiado de dicho control haya desconocido esta situación. Fujimori intenta hacer creer que él vivía en otro país, sin leer periódicos ni ver televisión. argentino Daniel Borobbio, hoy prófugo de la justicia peruana en vías de ser extraditado. Las señales de televisión abierta y los diarios sensacionalistas que proliferaron en esos años se convirtieron en el canal privilegiado de comunicación política con las clases populares, dada la práctica desaparición de los partidos políticos, los gremios y los sindicatos. La figura presidencial fue la única con plena cobertura de prensa. Se censuró y atacó sistemáticamente - a través de la prensa amarilla - a todo líder opositor que pudiera ganar protagonismo político.

El gobierno antidemocrático de las imágenes

Ante la ausencia de una ideología que convoque a la ciudadanía en torno a un proyecto político, desde un inicio la popularidad del gobierno fujimorista se sustentó en la difusión de la imagen presidencial por los medios de comunicación. Se estudió, diseñó e implementó un vínculo emotivo entre la población y el mito de un líder brillante, único e imprescindible para la conducción del país. En ello jugó un rol central el publicista

Intervención de la mafia en los medios

El gobierno de Fujimori necesitó de la complacencia y la buena voluntad de los medios de comunicación. Cuando fue perdiendo su apoyo y la popularidad de Fujimori fue sintiendo el impacto de algunos periodistas independientes que empezaron a denunciar el autoritarismo, la corrupción y las violaciones de derechos humanos, el régimen intervino directamente para asegurarse el control de los medios, principalmente a través de la corrupción.

En apariencia había libertades de prensa, expresión y empresa. En realidad, había una sistemática intervención inconstitucional y antidemocrática del aparato estatal en los medios de comunicación.

La manipulación mediática del régimen se concentró en los segmentos más pobres y mayoritarios de la población. Al final de la dictadura todos los canales de señal abierta estaban controlados, produciéndose groseras distorsiones de la realidad.

Así, durante la campaña electoral del año 2000, los medios prácticamente solo cubrieron al candidato Fujimori, generando en última instancia el retiro de las misiones de observadores electorales de la OEA y del Centro Carter.

El día que fue mostrado el vídeo Kouri- Montesinos (en el que el segundo compraba al primero para la bancada oficialista del Congreso), solo dos medios televisivos de los seis de señal abierta informaron del mismo, uno de ellos como una noticia de interés secundario entre los sucesos del día.

La expropiación de Frecuencia Latina (Canal 2)

En 1996 y 1997 el programa periodístico 'Contrapunto' que transmitía Frecuencia Latina asumió una posición de fiscalización del régimen de Fujimori: congresistas y periodistas de oposición, incluyendo a Javier Pérez de Cuellar, quien se enfrentara a Fujimori en las elecciones presidenciales de 1995.

- Propaló la denuncia de Demetrio Chávez Peñaherrera, alias 'Vaticano', respecto de vínculos entre el narcotráfico y el gobierno de Fujimori.

- Propaló la denuncia de Leonor La Rosa, una ex agente del servicio de inteligencia torturada, presuntamente por haber filtrado a la prensa informes sobre las actividades que desarrollaban esos servicios contra periodistas opositores.

- La denuncia del asesinato y descuartizamiento de otra agente del servicio de inteligencia, Mariela Barreto, hecho que también fue propalado por el Canal 2.

- Canal 2 dio otro golpe al gobierno de Fujimori, al presentar una declaración jurada de ingresos de Vladimiro Montesinos por US$ 80,000 mensuales, en contradicción con lo señalado por el propio presidente Fujimori en el sentido que su asesor solo ganaba S/ .2,000 (US$ 600, aproximadamente) al mes.

- Finalmente, el Canal 2 propaló unas grabaciones que el SIN había hecho a conversaciones telefónicas realizadas por políticos, La respuesta del gobierno de Fujimori a estas denuncias fue un arbitrario procedimiento administrativo en la Dirección Nacional de Migraciones y Naturalización del ministerio del Interior, que culminó con el retiro de la nacionalidad peruana de Baruch Ivcher (de origen israelí), accionista mayoritario y Director Ejecutivo del canal. La consecuencia, habida cuenta que la Ley de Telecomunicaciones impide a los extranjeros ser propietarios de medios de comunicación en el Perú, fue que los hermanos Mendel y Samuel Winter (hoy encarcelados por recibir dinero de Vladimiro Montesinos, según consta en sendos 'vladivideos') asumieron el control del canal y suprimieron cualquier sesgo opositor o fiscalizador del gobierno de Fujimori, convirtiendo a Frecuencia Latina en vocero de la dictadura. El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el año 2000 dictaminó que a Baruch Ivcher debería devolvérsele la nacionalidad peruana y el control de su canal.

Casos diario La República y otros - El acoso del Servicio de Inteligencia Nacional y su prensa amarilla a la oposición

De propiedad y bajo la dirección de Gustavo Mohme Llona, el diario La República mantuvo una línea crítica y de oposición al régimen fujimorista desde el golpe del cinco de abril de 1992.

Desde 1999 el diario y su director se convirtieron en blanco de la guerra sucia dirigida desde el Servicio de Inteligencia Nacional e instrumentada a través de la prensa amarilla o prensa 'chicha' (los diarios sensacionalistas 'El Tío', 'El Chino', 'El Chato', 'El Mañanero', 'La Chuchi', 'El Men', 'La Yuca' y otros) que dedicaba titulares y páginas enteras a difamarlos y desacreditarlos, tratando a Mohme de conspirador, traficante de armas y partidario de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, etc.

El SIN publicó también una página en internet a nombre de una organización de fachada denominada Aprodev, que cumplía la misma función de la prensa amarilla y la retroalimentaba. Similar trato recibían sistemáticamente los políticos y líderes de opinión que se oponían al régimen mafioso.

Aparecieron los panfletos clandestinos 'La Repúdica' y 'Repudio', que imitaban el formato de 'La República' y que luego se demostró eran impresos en los mismos talleres de los diarios sensacionalistas que financiaba el SIN. Dichos diarios llegaron al extremo de amenazar de muerte a periodistas de 'La República' y otros medios. Todo ello fue parte del 'Plan Octavio', dirigido desde el SIN, que suponía vigilancia y hostigamiento a diferentes periodistas.

Los periodistas de 'La República' no fueron los únicos que sufrieron el acoso de la dictadura. La periodista de investigación Cecilia Valenzuela, entre otros, fue amenazada de muerte en reiteradas ocasiones.

En provincias, el hostigamiento y persecución de los periodistas independientes que con valentía denunciaron la corrupción, el narcotráfico y las violaciones de derechos humanos fue aún mayor, siendo actualmente investigada la muerte de por lo menos un periodista a manos de la mafia de Fujimori.

Corrupción

Hoy se conocen los escandalosos casos de los dueños de medios televisivos y escritos (hoy encarcelados o prófugos de la justicia), así como de algunos periodistas y comunicadores, que aparecen en los denominados 'vladivideos' recibiendo indicaciones, prebendas y fajos de billetes de manos del asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos.

Los pagos fueron hechos con recursos del Servicio de Inteligencia Nacional y los vídeos fueron hechos con propósitos de extorsión. Los dueños de los canales llegaron al extremo de firmar convenios comprometiendo la línea política de sus medios, en los que renunciaban a la venta de espacio publicitario para propaganda electoral opositora al régimen. Se utilizó la señal pública que el Estado confiere a los efectos de mantener desinformada a la población.

América Televisión (Canal 4)

Dirigido por la familia Crousillat, desde el inicio del gobierno de Fujimori mostró un apoyo incondicional al régimen. En 1998 se hicieron públicas unas grabaciones en las que Vladimiro Montesinos, el publicista Daniel Borobbio (asesor de imagen de Fujimori) y José Francisco Crousillat definían el contenido y la presentación de los titulares del noticiero nocturno 'América Noticias'.

Además de las deudas con el fisco del canal, son de destacar los 'vladivideos' en los que sus dueños (hoy prófugos de la justicia) aparecen recibiendo millones de manos de Vladimiro Montesinos para apoyar al gobierno de Alberto Fujimori y su ilegal reelección en el año 2000.

Panamericana Televisión (Canal 5)

Los problemas judiciales de sus accionistas, los hermanos Delgado Parker, permitieron la manipulación de Montesinos, quien digitó sus contactos en el poder judicial para favorecer a Ernesto Schutz en el juicio que sostenía con Genaro Delgado Parker por la compra de las acciones de sus hermanos Manuel y Héctor, sin haberse respetado el derecho de preferencia de Genaro en tanto accionista. Hoy el canal ha regresado a manos de Genaro Delgado Parker. Son escandalosos los 'vladivideos' en que el prófugo Schutz (hoy en vías de ser extraditado) aparece recibiendo dinero de Vladimiro Montesinos, comprometiendo a cambio la línea periodística de su canal para apoyar a Fujimori.

ATV (Canal 9)

Su propietario Julio Vera Abad (hoy prófugo de la justicia) también fue corrompido - y con él la línea periodística de su canal - como se aprecia en el 'vladivideo' respectivo. Consecuencia de ello fue la cancelación de los programas periodísticos independientes de Cecilia Valenzuela y César Hildebrandt.

Diario Expreso y Cable Canal de Noticias

Bajo la dirección del prófugo Eduardo Calmell del Solar, su precaria condición económica llevó al grupo Expreso (integrado entre otros por el accionista mayoritario Manuel Ulloa van Peborg y por Vicente Silva Checa, asesor de Jaime Yoshiyama, este último hombre de confianza de Alberto Fujimori durante su primer mandato presidencial) a establecer estrechos vínculos con la dictadura. Ello consta en sendos 'vladivideos', destacando uno en el que el prófugo Calmell aparece recibiendo US$ 2.000,000 de manos de Vladimiro Montesinos.

Red Global (Canal 13)

El programa 'En Persona', dirigido por el periodista César Hildebrandt, que gozaba de altos índices de rating en mérito a sus denuncias contra el régimen fujimorista, ocasionó que el dueño del canal, Genaro Delgado Parker, fuera presionado y extorsionado por Vladimiro Montesinos sobre la base de procesos judiciales que tenía en curso. Finalmente el programa fue cancelado en diciembre de 1998, justo antes de iniciarse la campaña para las elecciones presidenciales del año 2000. Antes, en octubre de 1996, una filial de Canal 13 en Puno fue víctima de un atentado dinamitero, poco antes que se cancelara otro programa de Hildebrandt. La policía descubrió que los autores eran militares del servicio de inteligencia. Ellos incluso confesaron su delito, a pesar de lo cual el Poder Judicial manipulado por el gobierno los puso en libertad.

En noviembre de 1999 Genaro Delgado Parker declaró que en el Perú no había libertad de expresión y que algunos canales eran controlados por el gobierno mediante chantajes publicitarios. Un mes después se expide una orden de arresto en su contra por supuestas malversaciones de fondos, siendo despojado de la dirección de Red Global.

Diario El Comercio

En marzo de 2000, un mes antes de las fraudulentas elecciones presidenciales con las que la mafia pretendió reelegir por segunda vez a Fujimori, el diario El Comercio, caracterizado por su mesura y credibilidad ante la opinión pública, denunció la falsificación de un millón de firmas por el movimiento fujimorista para la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones de la Alianza Perú 2000 que postulaba a Fujimori a la segunda reelección.

Inmediatamente, el señor Luis García Miró, accionista y ex gerente general del diario, denunció que éste había incurrido en una serie de irregularidades financieras en perjuicio del Estado peruano. Manifestó que sus acciones se habían vendido sin su consentimiento y que le debían sus beneficios sociales, por lo que demandó el pago de US$20 millones por daños y perjuicios. La familia Miró Quesada, propietaria del diario, denunció el riesgo de una expropiación, dado que el gobierno de Fujimori había promovido y/o aprovechado similares problemas familiares y societales en los casos de los canales 2 y 5 de TV para tomar el control de esos medios, favoreciendo a través del sumiso poder judicial a aquellos que aceptasen subordinarse al régimen autoritario.

Chantaje y extorsión

Otro mecanismo de control de los medios de comunicación fue colocar selectivamente la publicidad estatal en función del apoyo al régimen fujimorista. Pero también se manipuló la publicidad privada a través de agencias publicitarias de propiedad de personas vinculadas al SIN, como el mismo Daniel Borobbio. Las empresas privadas que anunciaban en medios de oposición fueron sistemáticamente acotadas por la administración tributaria. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y el Poder Judicial fueron empleados por el gobierno de Fujimori para chantajear y extorsionar a los medios de comunicación y a las empresas anunciantes. Al efecto, el Estado se constituyó en importante deudor de los medios, condicionándolos a través de canjes de deuda por publicidad.

6. Relación Fujimori-Montesinos

El capitán Montesinos

En 1976 el capitán Vladimiro Montesinos Torres fue dado de baja del ejército peruano tras haber sido procesado y sentenciado en el fuero militar por abandono de puesto y falsificación de documentos para viajar sin permiso a los Estados Unidos. Sin embargo, la verdadera razón fue, según numerosos testimonios de militares de la época, el haber vendido secretos militares a los EE.UU. en momentos en que el Perú se había convertido en el mayor comprador de armamento soviético - exceptuando Cuba - de la región. Por razones de la política del momento, no se acusó a Montesinos de traición a la patria. Salió en libertad en 1978, manteniendo estrechos contactos con algunos oficiales del ejército. En esos años Montesinos desarrolló una red de contactos corruptos con jueces, fiscales y policías que luego le permitiría controlar el Poder Judicial y el Ministerio Público. En 1983 se abrió un proceso a Montesinos por traición a la patria, pero fugó al Ecuador y luego a la Argentina. Cuando cambiaron los mandos del ejército, fue sobreseído y pudo regresar en 1985. Sin embargo, Montesinos estaba prohibido de ingresar a instalaciones militares y su foto se exhibía en las puertas de los cuarteles. Pero él retomó sus contactos con los servicios de inteligencia en 1988, cuando ofreció al ejército el expediente de la masacre de Cayara (Ayacucho, mayo de 1988), imputada al ejército en el marco de la lucha contra la subversión. Montesinos había robado el expediente gracias a sus contactos con el entonces fiscal de la Nación.

Montesinos abogado de narcotraficantes

En 1978 Vladimiro Montesinos se graduó de abogado, especializándose en Derecho Penal y dedicándose a casos de narcotráfico como el del capo colombiano Evaristo Porras Ardila, que se fugó de una prisión peruana, y cuyo expediente desapareció misteriosamente de las oficinas del Poder Judicial.

El comienzo político de Fujimori

Alberto Fujimori era un ingeniero agrónomo que había cambiado el ejercicio activo de su profesión por un puesto como docente universitario de cálculo. Al inicio de su carrera política, en 1990, Fujimori ocupaba los cargos de rector de la Universidad Nacional Agraria y presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, y había dejado la conducción de un programa de televisión llamado "Concertando", en la televisión del Estado. Al decidir tentar suerte en la política formó un movimiento político denominado Cambio 90 con un grupo variopinto entre cuyos integrantes destacaban amigos y compañeros de trabajo, miembros de organizaciones de pequeños y medianos empresarios, así como grupos religiosos de cristianos no católicos.

El objetivo político real era llegar al Congreso. De allí que postulara al mismo tiempo a una curul en el senado y a la Presidencia de la República. Pero el desprestigio de la clase política y la oposición por parte del gobierno de Alan García y de sectores de centro-izquierda al shock económico propuesto por la candidatura del candidato Vargas Llosa, permitieron a Fujimori aparecer como alternativa en las elecciones de 1990.

El contacto Montesinos - Fujimori

Montesinos fue convocado entre la primera y segunda vuelta electoral de 1990 por Francisco Loayza, agente del SIN y personaje de confianza del naciente entorno político del entonces candidato presidencial Alberto Fujimori, para resolver una denuncia interpuesta por el Frente Independiente Moralizador sobre subvaluación en la venta de inmuebles que el matrimonio Alberto Fujimori - Susana Higuchi construía para vender, evadiendo parte del pago del impuesto correspondiente. La sustracción y desaparición, en el Poder Judicial, de las declaraciones juradas de impuesto a la renta que los incriminaban, constituyeron un gran 'mérito' de Montesinos para el futuro presidente.

A partir de ese momento se comenzó a gestar una relación de confianza, reforzada por el ofrecimiento, por parte de Montesinos, de proveer a Fujimori de seguridad, inteligencia e información frente a sus enemigos políticos, y de asesorarlo en temas como terrorismo y narcotráfico.

Montesinos aportó a Fujimori sus contactos en el ejército, el poder judicial, la policía y el ministerio público, consolidando un pacto originado en el oscuro pasado de ambos personajes. Ello se vio reflejado en el confinamiento voluntario de la familia Fujimori en el Círculo Militar tras su victoria electoral en segunda vuelta, así como en el levantamiento del veto que pendía hasta ese momento sobre el ingreso de Montesinos a cualquier dependencia del Ejército.

La creciente empatía entre el presidente y su asesor le permitió a éste acceder al círculo íntimo del mandatario, conformado por sus familiares más cercanos y su cuñado Victor Aritomi Shinto.

La relación Fujimori-Montesinos

Una vez en el poder, la relación entre Fujimori y Montesinos puede calificarse como una relación simbiótica en la que pueden distinguirse tres campos:

(i) el poder político y la imagen pública, a cargo de Fujimori;

(ii) el poder militar y la inteligencia, a cargo de Montesinos; y,

(iii) el control del aparato estatal y los medios de comunicación desde el poder ejecutivo, mediante relaciones que iban entre el manejo compartido, la competencia y el predominio de uno de ellos en algún momento determinado del gobierno dictatorial.

El rol de Fujimori

El campo predominante de Fujimori fue el del poder político y la imagen pública. Los poderes del Estado fueron sometidos verticalmente a la autoridad del ex presidente, quien tomaba todas las decisiones políticas relevantes muchas veces sin siquiera consultar a sus ministros o a los parlamentarios de su bancada. Fujimori fue la fachada que sostenía la popularidad y legitimidad del régimen, a través de una imagen diseñada a propósito de la lucha antiterrorista y la supuesta necesidad de un régimen de "democradura" o "dictablanda" (el ex canciller Trazegnies llegó a calificarlo ante la OEA como una "democracia sui generis") para hacerle frente en un escenario de desorden interno y descomposición del sistema político.

El rol de Montesinos

El campo predominante de Montesinos fue el del poder militar y la inteligencia.

El protagonismo de Montesinos se reflejó en un incremento desmesurado de actividades de inteligencia, realizadas principalmente en el frente interno y contra civiles opositores al gobierno. También en el desarrollo de actividades de exterminio por el Grupo Colina, a partir del marco dado por la lucha contra el terrorismo. Y en el control del aparato estatal. Todo ello se orientó a la perpetuación del régimen de Fujimori. Son de destacar, el uso de las fuerzas de seguridad e inteligencia para extorsionar a bandas de narcotraficantes y cobrar cupos para brindarles impunidad; el soborno de militares, funcionarios públicos, políticos y propietarios de medios de comunicación para controlar el Estado y manipular la opinión pública; la comisión de delitos políticos como la falsificación de padrones electorales; y, el uso de recursos públicos (humanos y materiales) para financiar campañas electorales.

Fujimori participó de las actividades y de la defensa de su socio Montesinos

Partidarios de Fujimori han insinuado una línea de defensa del ex presidente en el sentido que la mafia "montesinista" operaba a sus espaldas. Esto es inverosímil, por cuanto el propio presidente delegó crecientes responsabilidades en Montesinos, participó en las actividades de su socio, y lo defendió cuando era denunciado, todo esto a lo largo de una década, estableciendo un verdadero equipo de impunidad.

Hay que recordar que Montesinos formalmente tenía solo el cargo de "asesor" del jefe del SIN. Si podía disponer de un enorme poder, era porque Fujimori lo respaldaba completamente, como se aprecia en los siguientes ejemplos:

El Grupo Colina

En 1991 el ex presidente Fujimori reforzó el accionar de este escuadrón de la muerte felicitando oficialmente a varios de sus miembros y dictó un decreto legislativo otorgando mayores poderes al Servicio de Inteligencia Nacional que dirigía, en la práctica, Vladimiro Montesinos.

La detención del general Rodolfo Robles

La identificación del agente de inteligencia autor del atentado dinamitero contra la filial de canal 13 en Puno, suboficial Angel Sauñi Pomaya, precipitó el secuestro-detención del general retirado Rodolfo Robles en noviembre de 1996.

Robles resultaba peligroso para el régimen porque podía conseguir y difundir más información sobre las operaciones del Grupo Colina y sus ramificaciones en los servicios de inteligencia.

La orden de captura firmada por el general Hugo Pow Sang, vocal instructor suplente del Consejo Supremo de Justicia Militar, fue dirigida al director de Inteligencia del Ejército (DINTE), siendo ejecutada en pocos minutos. La única forma de justificar este procedimiento fue mediante una autorización del jefe supremo de las fuerzas armadas: el ex presidente Fujimori.

El caso Hayduk

En 1998, las hijas de Eudocio Martinez, presidente de la empresa pesquera Hayduk, se vieron envueltas en un proceso judicial por tráfico de drogas tras la detención de un camión de su empresa, que habría llevado un cargamento de droga y que generó la detención de su padre.

Las Martínez consiguieron una entrevista con la primera dama Keiko Sofía Fujimori, hija del ex presidente, y la convencieron de ser víctimas de una extorsión de Montesinos, quien les exigía una alta cifra de dinero para no detenerlas junto con su padre. Keiko Sofía declaró ante la comisión investigadora del Congreso que logró el indulto presidencial para el padre de sus amigas - así administraba justicia Fujimori - pero que el ex presidente no tomó ninguna medida respecto de la acusación contra Montesinos. Ante la insistencia de su hija, según testimonios de ésta, Fujimori guardó silencio.

Los honorarios del asesor presidencial

En abril de 1997 se propagó un reportaje televisivo sobre los ingresos formales de Vladimiro Montesinos. Se exhibió una serie de declaraciones juradas para el impuesto a la renta del asesor presidencial, refiriendo un ingreso promedio mensual de US$ 80,000.

Ello contrastaba completamente con dos afirmaciones previas de Fujimori. La primera en el sentido que Montesinos era un asesor ad honorem que trabajaba "24 horas al día" por el país. La segunda, pocas semanas antes del reportaje en cuestión, en el sentido que Montesinos percibía S/.2,000 (unos US$ 600) mensuales por sus servicios a tiempo completo en el Servicio de Inteligencia Nacional. Fujimori envió a su primer ministro, Alberto Pandolfi, a esbozar un intento de explicación ante el Congreso de la República sustentado en supuestas razones de seguridad nacional. Increíblemente, no prosperó la formación de ninguna comisión investigadora del Congreso por el abrumador voto negativo de la mayoría oficialista.

El tráfico de armas a las FARC

En agosto del año 2000, ante el inminente escándalo ya advertido por autoridades estadounidenses, Fujimori apareció en una conferencia de prensa junto con Montesinos para afirmar que éste había descubierto una operación de venta de armas a la narcoguerrilla colombiana por un grupo de militares de rango medio encabezado por Luis Aybar Cancho, teniente retirado del ejército que fuera colaborador de Montesinos.

La situación se complicó tras la aparición de sólidas evidencias aportadas por Estados Unidos, Colombia y Jordania que señalaban la responsabilidad del asesor presidencial. Fujimori pretendió tapar el sol con un dedo, afirmando que no había más involucrados en el caso que los hermanos Aybar Cancho.

La entrega a Montesinos de US$15 millones del Tesoro Público

Luego del escándalo suscitado por el vídeo Kouri-Montesinos el 14 de setiembre del 2000, Montesinos demandó dinero para salir del país. Fujimori, personalmente, gestionó y entregó US$15 millones a Montesinos. El dinero provino de una partida presupuestaria del Ministerio de Defensa destinada a contrarrestar la posible incursión y acciones subversivas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC en territorio peruano. Es decir, que con su entrega a Montesinos se afectó la seguridad nacional. Irónicamente, junto con el dinero, Montesinos obtuvo una Resolución Suprema, firmada por Fujimori, en la que se le agradecía por los servicios prestados a la Nación. Luego de recibir el dinero en efectivo, Montesinos fugó a Panamá sin que su socio Fujimori le hubiese podido conseguir asilo político, a pesar de las muchas gestiones que realizó en tal sentido.

Si Fujimori no hubiese sido socio de Montesinos, hubiera investigado antes de "poner sus manos al fuego" (literalmente lo dijo en más de una ocasión) por el ex capitán y abogado de narcotraficantes. Asumió todos los riesgos políticos y penales que la presencia de su asesor supuso, a los efectos de perpetuar la mafia.

Conclusión

Al hacerse público el vídeo en que aparece el jefe real de los servicios de inteligencia Vladimiro Montesinos comprando al ex congresista Alberto Kouri, el 14 de septiembre de 2000, se hizo evidente lo que era conocido por muchos y denunciado por algunos que tuvieron el valor de enfrentarse al régimen en ese entonces: una mafia se había instalado en el poder.

Este acontecimiento no solo fue el inicio del fin del gobierno del ex presidente Alberto Fujimori. Motivó la reacción de la sociedad, que exigió la investigación y sanción de los responsables por los delitos perpetrados en agravio del Estado peruano y de todos los peruanos. Gracias a la decidida gestión del gobierno de transición del ex presidente Valentín Paniagua y a la firme intención de la administración del presidente Alejandro Toledo, se iniciaron e impulsaron las investigaciones y procesos judiciales contra la organización delictiva montada por el prófugo Alberto Fujimori y su capturado asesor Vladimiro Montesinos.

Si bien sectores de la sociedad sospechaban de los niveles de corrupción alcanzados, la realidad superó todos los cálculos y se descubrió cómo en el país se había constituido un grupo mafioso que tenía como finalidad saquear las arcas del Estado y enriquecerse utilizando diversas modalidades delictivas. Los gobernantes hicieron uso del poder estatal para perpetuar su organización delincuencial. Y los delitos cometidos fueron desde la afectación de fondos públicos hasta el tráfico ilícito de drogas y la violación de derechos humanos.

La mafia no solo cooptó a todo el aparato estatal. También a parte de la actividad empresarial privada, en especial los medios de comunicación social. Utilizando dineros del Estado y de la corrupción, el régimen compró las conciencias de empresarios de la comunicación, buscando garantizar no solo la impunidad a los gravísimos delitos cometidos, sino también materializar una estrategia que a través de la reelección de Fujimori le permitiría perpetuarse indefinidamente en el poder.

Es importante resaltar este último punto. No es posible entender la desesperación de Fujimori, Montesinos y sus socios menores por mantenerse en el poder, sin tener en cuenta los niveles de corrupción existentes. Entendían que al dejar el gobierno la corrupción podía quedar al descubierto y que su impunidad sería insostenible. Por otro lado, se mantenía el interés de los involucrados en seguir lucrando desde el poder.

Los actos vandálicos perpetrados por el propio gobierno durante la marcha de los Cuatro Suyos, el uso de la prensa para destruir a sus opositores o la manipulación del sistema de inteligencia para transformarlo en una policía política - descuidando sus importantes fines institucionales para cumplir las órdenes del gobierno - expresan tal desesperación.

Lo ocurrido en el país demuestra los niveles a los que puede llegar la corrupción en una sociedad tolerante y permisiva. No obstante, la reserva moral y la resistencia de millones de peruanos y peruanas finalmente permitieron el derrumbe de la mafia.

NUNCA MÁS. NO A LA IMPUNIDAD.

Lima, abril de 2003


Cronología

Setiembre de 1976. Vladimiro Montesinos, capitán del ejército peruano, viaja en secreto a EE.UU. haciendo abandono de cargo. Se sospecha que vendió secretos militares. Estuvo preso hasta 1978.

12 de julio de 1979. Promulgación por el Congreso Constituyente de la Constitución de 1979. Vigencia plena desde el 28 de julio de 1980.

1988. Vladimiro Montesinos reanuda contacto con el ejército y los servicios de inteligencia peruanos al entregar el expediente de la masacre de Cayara.

Abril de 1990. Montesinos conoce a Fujimori y comienza a asesorarlo. Su primer caso consiste en solucionar un problema de evasión tributaria.

28 de julio de 1990. Toma de mando del ex presidente Fujimori.

3 de noviembre de 1991. El Grupo Colina ejecuta la masacre de Barrios Altos.

5 de abril de 1992. Golpe de Estado. Se decreta 'Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional'.

2 de mayo de 1992. El Grupo Colina secuestra y desaparece a nueve pobladores del distrito El Santa de Chimbote.

24 de junio de 1992. El Grupo Colina secuestra y desaparece a periodista Pedro Yauri Bustamante.

18 de julio de 1992. El Grupo Colina secuestra, ejecuta e incinera los cuerpos de un grupo de estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle de La Cantuta.

31 de octubre de 1993. Referéndum de aprobación de la Constitución de 1993.

1º de enero de 1994. Vigencia plena de la Constitución de 1993.

28 de julio de 1995. Inauguración del segundo período de Fujimori (Primera reelección)

23 de agosto de 1996. Ley de interpretación auténtica 'legaliza' la posibilidad inconstitucional de una segunda reelección de Alberto Fujimori.

26 de noviembre de 1996. Detención del General Rodolfo Robles Espinoza.

Febrero de 1997. Detención y tortura de agente de inteligencia Leonor La Rosa en los sótanos del Cuartel General del ejército.

22 de marzo de 1997. El Grupo Colina secuestra y descuartiza a agente de inteligencia Mariella Barreto.

22 de abril de 1997. Operación Chavín de Huántar.

29 de mayo de 1997. La mayoría oficialista del Congreso destituye a tres magistrados del Tribunal Constitucional que habían declarado inaplicable la ley de interpretación auténtica.

13 de agosto de 1997. Retiro de nacionalidad inhabilita a Baruch Ivcher ejercicio de su propiedad del canal 2.

8 de julio de 1999. El gobierno de Fujimori decide retirar al Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

28 de febrero de 2000. Denuncia de falsificación de más de un millón de firmas para la inscripción de alianza fujimorista Perú 2000.

9 de abril de 2000. Elecciones generales. Toledo denuncia fraude.

3 de mayo de 2000. Miembros del SIN torturan a periodista Fabián Salazar.

28 de mayo de 2000. Elecciones generales, segunda vuelta. 'Victoria' de Alberto Fujimori frente a llamado de Alejandro Toledo a viciar el voto o a no votar. Los observadores de la OEA, la ONG Transparencia y el NDI - Centro Carter denuncian irregularidades y limitan su participación.

28 de julio de 2000. Inauguración del tercer período de Fujimori (segunda reelección) en medio de protestas: Toledo encabeza la marcha 'de los cuatro suyos'.

21 de agosto de 2000. Se hace público el tráfico de armas para las FARC.

14 de setiembre de 2000. Es exhibido el primer 'vladivideo' con soborno de Vladimiro Montesinos a Alberto Kouri para que se pase a las filas del oficialismo.

16 de setiembre del 2000. Fujimori anuncia la disolución del SIN y la convocatoria nuevas elecciones el próximo año sin su participación.

23 de setiembre de 2000. Fujimori ordena la entrega de US$15 millones a Montesinos para que se retire del país.

2 de noviembre de 2000. El ministro de Justicia revela la existencia de tres cuentas bancarias por 48 millones de dólares a nombre de Montesinos en bancos de Suiza.

7 de noviembre de 2000. El presidente Fujimori allana el domicilio de la ex esposa de Montesinos con la presencia de un falso fiscal.

13 de noviembre de 2000. Congresista oficialista Martha Hildebrandt es censurada como presidenta del Congreso. En la noche, el presidente Fujimori viaja a la cumbre presidencial de APEC. 20 de noviembre de 2000. Presidente Fujimori renuncia desde Tokio.


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