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INTRODUCCION
Saludamos con profundo cariño a nuestro querido pueblo y a todas las
Organizaciones y Masas que estuvieron presentes durante el desarrollo de
la Convención y que con su disciplinada y decidida participación
hicieron posible que el evento se desarrolle y alcance los objetivos trazados.
En ese sentido, resaltamos el exitoso desenvolvimiento de la I Convención
de Organización y Masas por una Auténtica Comisión de
la Verdad, que nos ha permitido concordar ideas, acciones y acordar una estrategia
común, así como conformar una Coordinadora Nacional de Organizaciones
y Masas por una Auténtica Comisión de la Verdad, todos los
cuales constituyen logros obtenidos en el evento, logros que servirán
para luchar cohesionada y organizadamente por la democratización de
la Sociedad Peruana y la Solución Política a los problemas
derivados de la guerra interna, problemas que deben ser resueltos para marchar
hacia una futura reconciliación nacional, para lo cual se requiere
el esclarecimiento de los hechos de la guerra interna y se establezcan las
responsabilidades de los genocidios, torturas, matanzas, desapariciones y
violaciones de los derechos fundamentales cometidos durante los gobiernos
de Belaunde, García Pérez y Fujimori que aplicaron una línea
y política genocida para aplastar a sangre y fuego las luchas del
pueblo, las que han dejado una secuela de heridas abiertas, enconos, resentimientos
y ahondamiento del enfrentamiento social, que es necesario resolver. Pero
la experiencia nos ha demostrado que para conquistar, defender y restablecer
nuestros derechos debemos apoyarnos en nuestras propias fuerzas, en nuestra
unidad para luchar organizadamente, lo cual corrobora la importancia y el
significado de nuestra I Convención.
Durante el desenvolvimiento del evento, fueron presentadas mociones para
cada uno de los temas, las que, luego de los debates y con los aportes, observaciones
y sugerencias fueron aprobados; constituyéndose estas en planteamientos,
conclusiones, acuerdos y tareas emanadas de la I Convención de Organizaciones
y Masas por una Auténtica Comisión de la Verdad; es por ello
que en nuestra condición de organizadores y cumpliendo con nuestra
responsabilidad nos regocijamos con difundir y hacer llegar a nuestro pueblo,
a los diversos organismos nacionales e internacionales, los fundamentos,
conclusiones y acuerdos aprobados en la Convención.
Finalmente, hacemos llegar nuestro profundo agradecimiento a las diversas
Organizaciones y a las Masas que llegaron de diversos lugares del país,
a las personalidades democráticas, a los medios de prensa, a todos
aquellos que a pesar de estar impedidos de hacer presencia física
(prisioneros, expatriados, requisitoriados y otros) sin embargo se hicieron
presentes con tonificantes pronunciamientos de apoyo. Pero agradecemos muy
especialmente a los que a pesar de enfrentar las más duras y difíciles
condiciones de aislamiento, nunca dejaron de brindarnos su grandioso apoyo
moral y luminoso, que nos sirvió de poderoso acicate para cumplir
con nuestra responsabilidad, enfrentando y superando los problemas y dificultades
que siempre existen.
Lima, 10 de agosto del 2001
COMISION ORGANIZADORA
TEMARIO
I. COMISION DE LA VERDAD.
II. DESAPARECIDOS.
III. DESPLAZADOS Y EXPATRIADOS.
IV. DETENIDOS ASESINATOS Y TORTURAS.
V. CONCLUSIONES ACUERDOS Y TAREAS-
Lima julio del 2001
I .- COMISION DE LA VERDAD
En nuestro país en los últimos veinte años se ha desenvuelto
una guerra interna de la cual aún quedan problemas pendientes, que
deben ser resueltos necesariamente para lograr una futura reconciliación
nacional sin vencedores ni vencidos, sin odios venganzas ni persecuciones
personales contra nadie que permita avanzar en la democratización
de la sociedad peruana , en defender y restablecer los derechos fundamentales
conculcados por la dictadura genocida de Fujimori y Montesinos quienes prosiguieron
la política genocida que el Estado aplicó desde finales del
82 a través de los gobiernos de Belaunde y García Pérez.
Existen como producto del conflicto armado que se desenvolvió desde
mayo de 1980 problemas derivados como son: el resolver la situación
de los que aún continúan en acción armada, la situación
de los 2900 prisioneros políticos y prisioneros de guerra, de más
de 5000 requisitoriados, de miles de expatriados, de los casi 10000 desaparecidos
y 600000 desplazados.
Luego que en noviembre 2000 cayera la dictadura de Fujimori y Montesinos
y asumiera el gobierno de transición presidido por Valentín
Paniagua planteó conformar una Comisión de la Verdad con el
objetivo de marchar a una reconciliación nacional. Luego de más
de 6 meses en Junio-Julio 2001 se ha conformado e instalado la Comisión
de la Verdad a fin de esclarecer todos los hechos desde mayo de 1980 a diciembre
del 2000.
Consideramos que es positivo que como expresión de la nueva coyuntura
política en la cual se abrieron posibilidades de democratización
se haya conformado dicha Comisión, sin embargo observamos que en la
selección de sus miembros no se haya considerado darle el nivel de
representación que requiere para cumplir los objetivos que se ha propuesto
el de investigar y esclarecer las causas , el proceso, los hechos y las responsabilidades
y más aún que en forma unilateral no se considere a representantes
de las dos partes, pues no se ha incluido entre sus miembros a ningún
representante de las organizaciones que se levantaron en armas principalmente
el Partido Comunista del Perú, a ningún representante de las
organizaciones populares ni de los organismos que representan a los familiares
de los desaparecidos y víctimas de genocidio, de los prisioneros políticos,
de los requisitoriados, expatriados y desplazados sino que por el contrario
se le ha integrado incluso con una ex miembro del gobierno de Fujimori que
aplicó la línea genocida del Estado y a algunos que avalaron
dicha política genocida expresada en genocidios, torturas, matanzas,
correrías, terror blanco y múltiples violaciones de los derechos
fundamentales.
Todos quienes demandamos una solución política a los problemas
derivados de la guerra nos pronunciamos por una auténtica Comisión
de la Verdad integrada también por representantes de las dos partes
y familiares y exigimos que el actual gobierno presidido por Alejandro Toledo
quien en su mensaje presidencial ha reiterado su voluntad de institucionalizar
la Comisión de la Verdad y dar carácter vinculante a sus acuerdos,
escuche nuestra voz, la voz de quienes demandamos que se esclarezcan los
hechos y que los genocidios y violaciones de los derechos fundamentales no
sigan quedando impunes y que su gobierno de una solución política
a los problemas pendientes; de otra manera la Comisión de la Verdad
no cumplirá su papel y quedará como fué en su momento
la Comisión Uchuraccay y otras que en el pasado solo sirvieron a encubrir
y avalar las violaciones de los derechos fundamentales y peor aún
los genocidios perpetrados por las fuerzas armadas y las fuerzas policiales
aplicando la estrategia contrasubversiva de la llamada " guerra de baja intensidad"
guiada por una línea y política genocida.
En cuanto al Decreto Supremo Nº 065-2001 PCM del 4 de Junio del 2001
que conforma la Comisión de la Verdad desde su parte considerativa
expresa su posición de defensa y mantenimiento del orden imperante
al imputar de "violencia contra la humanidad" a las organizaciones levantadas
en armas y exculpar al Estado peruano de línea y política genocida
aplicada desde el 82 reduciéndola a "simples violaciones de los derechos
humanos por parte de algunos agentes del Estado" eximiendo así de
responsabilidad a los genocidas Belaúnde, García Pérez
y principalmente a los genocidas Fujimori, Montesinos y Hermosa Ríos
quienes para perpetuarse en el poder utilizaron las esporádicas acciones
de los que aún quedan en armas y se negaron a una solución
política potenciando el aplastamiento militar a sangre y fuego para
levantarse como vencedores, aumentando los gastos en armas para así
engrosar más sus arcas corruptas, ellos son los responsables de los
muertos, heridos y prisioneros, de draconianas leyes antisubversivas, de
la institución de la cadena perpetua, de los tribunales militares
y jueces sin rostro, de una guerra de exterminio que sumada a la de los dos
gobiernos anteriores ha dejado miles de muertos y desaparecidos, expatriados,
requisitoriados, son responsables de la aplicación de una política
carcelaria de reducción, aislamiento y aniquilamiento sistemático
y sofisticado en las cárceles, nefasto sistema llevado al colmo de
la crueldad y venganza política con la creación por Montesinos
y Fujimori del Penal Militar de la Base Naval del Callao en el cual violando
la propia Constitución del Estado y todos los Convenios y Tratados
Internacionales han construido exprofesamente para someter al Dr. Abimael
Guzmán Reinoso y Elena Iparraguirre Revoredo a un aislamiento absoluto
y perpetuo ensañándose con ellos y llevando posteriormente
a otros prisioneros políticos todos quienes aún se encuentran
allí pese a que siendo civiles no tenían porqué estar
ni un minuto en un penal militar.
Por otro lado el Decreto Supremo 065-2001 PCM desde su punto de partida es
unilateral pues carga la responsabilidad de las violaciones de derechos fundamentales
a las organizaciones que se levantaron en armas y a priori, antes de investigar
emiten juicios al tipificar de "terrorista" a la acción armada contradiciéndose
con lo que es uno de sus objetivos "esclarecimiento pleno de los hechos",
y repitiendo así la imputación acuñada por el imperialismo
yanqui desde la Administración Reagan para desprestigiar y combatir
todo movimiento de protesta popular o revolucionario en su afán de
erigirse en superpotencia hegemónica única en lo que hoy ha
devenido y negando el derecho político por excelencia cual es el de
rebelarse contra la opresión para transformar el mundo y construir
uno nuevo.
En su parte resolutiva desde el artículo primero persiste en imputar
de "terrorismo" como ya lo hemos planteado y con lo cual no estamos de acuerdo
pues para cumplir su objetivo la Comisión debe investigar con objetividad,
sin ideas preconcebidas y sin uniteralidad sino en función de servir
realmente a la verdadera reconciliación nacional y proponer las soluciones
que sirvan a este fin.
Respecto a los objetivos planteados en el artículo segundo " analizar
las condiciones políticas, sociales y culturales" no se puede hacer
esto si es que no se parte como cuestión esencial de escuchar la posición
de las organizaciones levantadas en armas principalmente la del Partido Comunista
del Perú que fué quien inició en mayo de 1980 la guerra
interna pues queremos escuchar sus razones y fundamentos y se aclaren muchos
hechos que se les imputa pues anteriormente no se nos ha dejado ni escucharles
menos aún que se difundan sus posiciones pues la sola mención
del Partido Comunista del Perú o el MRTA es considerado delito de
"apología al terrorismo" y objeto de persecución y detención
que se extendió incluso a nosotros familiares de los asesinados, desaparecidos
y prisioneros; por otra parte exigimos que los organismos del Estado peruano,
Las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales informen públicamente y respondan
de los innúmeros genocidios y múltiples violaciones de los
derechos fundamentales cometidos durante los gobiernos de Belaúnde,
García y Fujimori; así como también debe escucharse
la posición de nosotros los familiares que hemos sufrido en carne
propia las consecuencias de esa brutal política genocida aplicada
por dichos gobiernos de turno; así mismo debe escucharse la posición
de las organizaciones populares, gremiales, sindicales, barriales, obreras
y de mujeres, los organismos de derechos humanos, de la iglesia, los colegios
profesionales, etc. Y no estamos de acuerdo que sólo se siga escuchando
o teniendo en cuenta la opinión de las autoridades del Estado o de
unos cuantos llamados "senderólogos" y no se tome en cuenta la posición,
razones y motivos de los protagonistas de dicha guerra y la del pueblo con
sus diversos organismos y representantes.
Nos llama la atención que en el artículo tercero entre los
hechos a esclarecer no se considere los genocidios ¿ por qué
? lo que se pretende es encubrir una vez más los genocidios cometidos
en campo y ciudad por las Fuerzas Armadas, Policiales y complementarias como
"Rodrigo Franco", "Gato", "Escorpión", "Colina", etc. Que actuaron
por expresa dirección y bajo órdenes de los presidentes de
la república de turno, como lo reconoce la propia Defensoria del Pueblo
que en el cuarto considerando de la Resolución Defensorial Nº
57 del 15 de noviembre del 2000 señala que "Los presuntos agentes
directos o indirectos de la detención fueron, de acuerdo a la información
disponible, miembros de las fuerzas del orden.... las desapariciones forzadas
respondieron a las estrategias diseñadas por las instancias de mando,
como ocurrió en otros países de la región" y en cuanto
a cifras citamos de la propia Defensoria y de la misma Resolución
donde plantea que de todos los casos denunciados de desaparecidos el 98.6%
son atribuibles a las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina de Guerra
, la Policía Nacional y las fuerzas complementarias.
Resaltamos que el problema de la Comisión de la Verdad es de gran
importancia para la sociedad peruana en su conjunto pues tiene que ver con
la democratización de la sociedad peruana y la solución política
a los problemas derivados de la guerra y para concretar y cumplir realmente
sus objetivos debe concluir en una verdadera amnistía general en función
de una futura reconciliación nacional que es necesidad del pueblo,
la nación y la sociedad peruana en su conjunto. Somos conscientes
y la experiencia nos ha demostrado que para conquistar, defender y restablecer
nuestros derechos debemos apoyarnos en nuestras propias fuerzas en nuestra
unidad para luchar organizadamente combatiendo todo afán de hegemonismo
o intereses subalternos para actuar como un solo puño. Y alertamos
ante las posiciones que pretenden utilizar la Comisión de la Verdad
torciendo sus objetivos buscando encontrar violaciones de los derechos humanos
en las organizaciones levantadas en armas para así querer contrapesar
a las cometidas por el Estado peruano y las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales;
así mismo consideramos y denunciamos a los sectores más recalcitrantes
de la otra colina opuestos a la Comisión de la Verdad como lo hacen
las conspicuas representantes del fujimorismo y el reaccionario, venenoso
y macartista Editorial de Expreso del 7 de julio del 2001 titulado "La verdad,
de las verdades" donde califican a la Comisión de la Verdad de "fatal
pérdida de tiempo, inútil viaje sin destino" abarcando en su
ciego odio anticomunista incluso a la denominada izquierda peruana, lo que
muestra que sólo quienes están de espaldas al futuro y al proceso
histórico del país son quienes se oponen a la Comisión
de la Verdad.
Por todo lo expuesto la I Convención de Organizaciones y masas por
una auténtica Comisión de la Verdad, acuerda:
1° Luchar por una auténtica Comisión de la Verdad integrada
también por representantes de las dos partes y familiares de los prisioneros,
desaparecidos, torturados y victimados.
2° Todos los organismos y masas aquí presentes nos comprometemos
a trabajar en forma cohesionada y organizada para recopilar todos los hechos
desde mayo de 1980 hasta diciembre 2000 referidos a desapariciones, genocidios,
asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desplazados, requisitoriados,
etc. Trabajar ese material para presentar documentación con pruebas
fehacientes y testimonios ante la Comisión de la Verdad.
3° La I Convención de Organizaciones y masas acuerda demandar
al gobierno que los resultados de las investigaciones, acuerdos y conclusiones
a que arribe la Comisión de la Verdad sean ventilados públicamente
y difundidos ampliamente por los medios de comunicación.
4° La I Convención acuerda conformar una Coordinadora Nacional
de organizaciones y masas por una auténtica Comisión de la
Verdad con el fin de aunar y canalizar esfuerzos en función a la tarea
común. La Directiva de esta Coordinadora se elegirá en la sesión
final de la presente Convención.
5° A fin de concordar una estrategia común proponemos concretar
todos los acuerdos parciales a que arribemos en los diversos puntos del temario
en una plataforma de lucha.
6° Como parte de lo anterior la I Convención de Organizaciones
y masas por una auténtica Comisión de la Verdad en ejercicio
del derecho de petición acuerda elevar un documento al Presidente
de la República pidiendo expresamente que la Coordinadora Nacional
de Organizaciones y masas por una auténtica Comisión de la
Verdad sea incorporada como representante en la Comisión de la Verdad.
7° Que la Coordinadora tenga comisiones en diversos lugares del país
para descentralizar los informes.
8° Pedir al gobierno que promulgue una verdadera Amnistía general.
9° Pedir al gobierno que difunda públicamente los videos que existen
sobre la Ronda de Conversaciones desenvuelta por el Doctor Abimael Guzmán
Reinoso y los representantes del gobierno.
10° Desenvolver una II Convención, cuyo tema específico
será hacer expresiones de agravios.
11° Desarrollar constantemente expresiones de agravio en Plazas públicas,especie
de agoras, lo haremos principalmente en Lima por la repercusión. La
Coordinadora establecerá los dias,lugar y la hora,planificará
y dirigirá. Así mismo se harán actos culturales constantes.
12° Desenvolver todo tipo de trabajo que sirva a generar opinión
pública favorable a nuestras demandas.
II .- DESAPARECIDOS EN EL PERU
La desaparición de personas o desaparición forzada de personas
como se denomina en la terminología internacional, se inicia en el
Perú en 1983 con el ingreso de las Fuerzas Armadas a combatir directamente
la guerra subversiva o lucha armada iniciada por el Partido Comunista del
Perú en Mayo de 1980, pues antes no se había dado ningún
caso de desaparecidos. Fue en el año 1983 que los desaparecidos alcanzaron
el número de 730. El año 84 se registraron 2,881 desaparecidos
que sumados a los 1,767 asesinados el 83, alcanzó un total de 2,497
asesinados en el seno de las masas en dicho año; y en1984, sumados
a los 2,522 asesinados alcanzó el número de 5,403 asesinados,
siendo ese año la cumbre más alta del genocidio ejecutado por
las fuerzas armadas durante el gobierno de Belaúnde Terry. Y con García
Pérez hasta el año 86 los desaparecidos fueron 4,000 que sumados
a los 4,700 asesinados hasta entonces totalizó el número de
8,700 asesinados, porque las desapariciones no son sino viles asesinatos
como lo reconocen la Defensoría del Pueblo en su Resolución
Nro. 57 sobre la Desaparición Forzada de personas en el Perú,
páginas 12 y 13, dice: "En más del 25% (137) de casos de ejecución
extrajudicial estudiados, los familiares denunciaron ante el Ministerio Público
la desaparición forzada, en base a sus propios testimonios o a los
de testigos de la detención. La Defensoría del Pueblo pudo
constatar que en la mayoría de estos casos se consignaba la presencia
de huellas de tortura en los cuerpos de las víctimas o de disparos
en la cabeza con fusiles tipo FAL como los utilizados por las fuerzas del
orden o de indicaciones que los cadáveres habían sido sometidos
a explosiones de granadas. Estos casos permiten corroborar parcialmente que
el destino final de los desaparecidos fue la muerte". O bien como lo presume
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 29 de Julio
de 1998 recaída en el caso Manfredo Velásquez Rodríguez,
sostiene que esta práctica "Ha implicado con frecuencia la ejecución
de los detenidos, en secreto y sin fórmula de juicio, seguida del
ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar toda huella material
del crimen y de procurar la impunidad de quienes lo cometieron". (Caso citado
por la Defensoría del Pueblo en la resolución referida).
La Defensoría del Pueblo señala que, de 1980 a 1996 habrían
en estado de presunta desaparición 4,022 personas, esta cifra la extrae
del análisis de 1,762 denuncias presentadas al Ministerio Público
por desaparición. Esta cifra es minimizada pero cabe señalar
que estos casos han sido estudiados, analizados y comprobados.
Pero este no es el total de personas desaparecidas por el Estado Peruano,
su número es mucho mayor. En todos los años de guerra interna
hay un promedio de 10,000 personas desaparecidas habiendo alcanzado su mayor
intensidad durante el gobierno de Alan García Pérez, en este
período las desapariciones no sólo se dieron en el.campo, sino
en las ciudades, y en la propia capital de la República. Durante el
gobierno del genocida Fujimori Fujimori, esta monstruosa política
genocida se mantuvo, llegando en los dos primeros años de su gobierno
al número alcanzado por Belaúnde y García Pérez
juntos, en ese mismo período de tiempo. Posteriormente fué
disminuyendo en forma gradual, pero esto no fué porque el Estado peruano
dejó de aplicar su política genocida de las desapariciones,
sino a la petición hecha por el Dr. Abimael Guzmán Reynoso
al gobierno de Fujimori para llevar adelante conversaciones a fin de concretar
un Acuerdo de Paz que ponga término a la guerra interna iniciada por
el Partido Comunista del Perú en mayo del 80.
La Defensoría del Pueblo da los siguientes porcentajes sobre las denuncias
analizadas: "El 30.6% de las desapariciones ocurrieron durante la segunda
administración del Presidente Belaúnde Terry; el 41.8% durante
el gobierno del Presidente García Pérez y el 27.6% durante
los 6 primeros años del gobierno del Presidente Fujimori ".
Los más afectados con la política de desapariciones, han sido
las masas campesinas de los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica
y Junín, siguiéndole Huánuco, San Martín y Ucayali,
Ancash, Cerro de Pasco, Cuzco, Lima, Puno, Amazonas, Arequipa, Ica, Lambayeque,
Loreto, Piura, Provincia Constitucional del Callao, Cajamarca. En realidad,
fue un problema nacional, se presentó en todos los departamentos en
que se dió la confrontación armada.
No todas las desapariciones han sido denunciadas , muchas veces por temor
a las represalias , ya que la simple denuncia era motivo de sospecha , amenaza
, desaparición y muerte de los familiares denunciantes. Muchos casos,
sobre todo de campesinos pobres no tenían la documentación
de identidad, ni los medios para hacerlo; en otros, eran asesinados y /o
desparecidos todos los integrantes de la familia ,no habiendo quien haga
la denuncia, como el caso de la familia Tuanama Tapullima en Tocache, caso
denunciado por el diputado Geno Ruiz , y en el cual el ejército asesinó
a 9 miembros de esa familia .
En general hubo limitaciones , dificultades y hasta impedimentos para denunciar,
sin embargo, los campesinos pobres son el grueso de los miles no habidos
porque yacen envuelto en las sombras de fosas comunes aún desconocidas
o cementerios clandestinos de los múltiples campos de concentración
que las Fuerzas Armadas hicieron en el Perú contra quienes se levantaros
en armas, pero no sólo contra ellos si no contra la población
civil indefensa, bastaba ser sospechoso del llamado delito de terrorismo
para ser detenido, secuestrado, torturado, desaparecido y/o asesinado .
LA DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS EN EL PERU
Frente al uso cada vez mayor de la inhumana y genocida política de
desapariciones en los conflictos internos, los organismos internacionales
se han abocado a investigar, a conceptualizarlo, como la Organización
de las Naciones Unidas, que creó el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones
Forzadas o involuntarias, en febrero de 1980. Este Grupo de Trabajo llegó
a precisar que la desaparición forzada de personas vulnera el derecho
a la libertad y seguridad personales, el derecho a un juicio imparcial, al
reconocimiento de la personalidad jurídica, al régimen humano
de detención y a no ser objeto de tortura. Asimismo, del derecho a
la vida, el derecho de los familiares de la víctima, los derechos
económicos, sociales y culturales. Además, refiere que constituye
"una de las técnicas más perniciosas de violación de
derechos humanos, conceptuándolo como un método eficaz de eliminación
de adversarios políticos o sospechosos de realizar acciones subversivas
al sacarlos del ámbito protector de la ley y evitar una reparación
inmediata, de igual manera como una táctica para acabar con los insurgentes
o sofocar las disidencias". Citado en el Informe de la Defensoría
del Pueblo "La Desaparición forzada de personas en el Perú".
Por su parte la Comisión Interamericana se abocó, en mérito
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a recepcionar y
tramitar denuncias. Y la Asamblea General de la OEA aprobó la Convención
Americana sobre Desaparición Forzada de personas, la cual entró
en vigencia en Marzo de 1996. La Convención en su artículo
II define a la detención desaparición como: "la privación
de la libertar a una o más personas, cualquiera que fuere la forma,
cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen
con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida
de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación
de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual
se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías
procesales pertinentes".
Además en su preámbulo reafirma que constituye un delito de
lesa humanidad.
El Perú no ha suscrito esta Convención.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ha precisado:
"que la declaratoria de los estados de emergencia se constituyó como
el escenario determinante de las desapariciones, en tanto que sirvieron para
amparar el abuso de los poderes otorgados a las fuerzas armadas, que detenían
a las personas sin cargos, sin registrarlos y privándolos de los recursos
legales pertinentes….." y precisó "que las detenciones fueron ejecutadas
por miembros de las fuerzas armadas al mando de los jefes políticos
militares y los jefes de las bases militares y por policías fundamentalmente
de la DINCOTE…" Cita del informe de la Defensoría sobre la Desaparición
Forzada de personas en el Perú.
Amnistía Internacional en carta dirigida a Belaúnde Terry en
1983 precisó que las Desapariciones Forzadas fueron llevadas a cabo
de modo conjunto por agentes de la policía y las fuerzas armadas desde
1983 en las zonas de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, posteriormente
al establecimiento del Comando Político militar. (En Informe de la
Defensoría del Pueblo, mencionado anteriormente).
El Estado Peruano siempre negó ser autor de los miles de desaparecidos,
más bien, responsabilizó al Partido Comunista del Perú
ser el autor. Algunos organismos de diversa índole tuvieron la misma
posición, los medios de prensa algo semejante.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de
tramitar numerosas denuncias contra el Estado Peruano por desaparición
forzada, afirmó: "que en el período 1989-1993 existió
en el Perú una práctica sistemática y selectiva de desapariciones
forzadas, llevada a cabo por agentes del Estado Peruano, o al menos tolerada
por dicho Estado. La llamada práctica oficial de desapariciones forzadas
formó parte de la llamada lucha antisubversiva, sin perjuicio de que
muchas veces afectó a personas que no tenían nada que ver con
actividades relacionadas con grupos disidentes". (Del mismo informe de Defensoría
del Pueblo).
En la aplicación de la política de desaparecidos en el Perú
se ha dado diversas modalidades en la detención de las personas desaparecidas,
esto es diversas circunstancias en que éstas perdieron su libertad:
.- Incursión violenta en domicilio, casi siempre se hizo de noche,
cuando las personas dormían, se aplicó principalmente en zonas
rurales por patrullas militares, siempre en grupo y clandestinamente, golpeaban
y masacraban al detenido, robándose además sus pertenencias.
.- Detención en vía pública, se hacía a cualquier
hora del día, con testigos o sin ellos.
.- Detención colectiva, se detenía simultáneamente a
cantidad de personas en incursiones a comunidades después de reunirlas
en la plaza, en la iglesia o en otro lugar público. Los detenidos
eran torturados en presencia de todos, golpeaban a los demás, violaban
sexualmente a las mujeres, a veces mataban a aquellos que reclamaban o protestaban,
robaban el ganado y las pertenencias de la población.
.- Operativos de control de carreteras, de garitas, aprovechaban que las
víctimas estaban viajando, los bajaban de los vehículos en
presencia de testigos.
.- Detención individual, la víctima era detenida en forma individual,
en diversos lugares públicos como restaurantes, universidades, colegios,
parques, plazuelas. Se hacía tras sospecha de presunto subversivo,
luego de identificar a las personas, a veces eran dirigentes o políticos.
.- Detención en ferias, paradas, desfiles escolares, se detenía
a las personas individualmente o a varias al mismos tiempo y en presencia
de testigos.
.- Otras formas de detención: cuando la persona iba a buscar y preguntar
por su familiar detenido en centros policiales o cuarteles militares, también
era detenido y desaparecido.
DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS.
1.- Derecho a la libertad y seguridad personal.
2.- Derecho a tener el debido proceso, o debido juicio o juicio imparcial.
3.- Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica .
4.- Derecho de toda persona, que al ser detenida, se respeten sus derechos
fundamentales .
5.- Derecho a la vida .
6.- Derecho a tener una vida familiar y social y el derecho a la reparación
.
7.- Derecho de los familiares a conocer la situación y paradero de
sus familiares desaparecidos .
8.- Derecho al nicho .
El Estado peruano no sólo vulnero los derechos fundamentales de las
personas desaparecidas , sino que esta vulneración se extendió
hasta los derechos de los familiares .
Todos estos derechos vulnerados y negados por el Estado Peruano en todo el
proceso de la guerra contrasubversiva están declarados reconocido
y garantizados por la Constitución Política del Perú,
tanto por la de 1979 como por la de 1993 y por los Convenios y Tratados Internacionales
como son: "Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU
y la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José
de Costa Rica", que de conformidad con el articulo 101 de la Constitución
del 79 y el articulo 55 de la del 93, estos convenios forma parte del Derecho
nacional , de obligada aplicación por el Estado peruano.
SOBRE EL DERECHO A LA LIBERTAD Y SEGURIDAD PERSONAL.-
Reconocido y garantizado por el Artículo 2do. Inciso 20 parágrafos
b), d), g), h), i), j), y k) de la Constitución Política del
79; y, por el artículo 2do. Inciso 24, parágrafos b), d), e),
f), g) y h) de la Constitución del 93.
Ambas prescriben que ninguna persona puede ser detenida sino por mandato
escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante
delito, y en este caso debe ser puesto a disposición del Juzgado correspondiente
dentro de las 24 horas o en el término de la distancia. En el caso
de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas, no rige
el término de 24 horas, puede estar en poder de la policía
hasta 15 días pero deben dar cuenta al Ministerio Público y
al Juez, el que puede asumir jurisdicción antes de los 15 días.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo
9no. Prescribe, que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso
ni desterrado; y la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto
de San José de Costa Rica" en su artículo 7mo. Incisos 1,2,3,4,5,6
y 7 sostiene lo mismo. El inciso 1. textualmente dice: "Toda persona tiene
derecho a la libertad y a la seguridad personales". Y el inciso 2do. "Nadie
puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en
las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas
de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas". Y el inciso
3ro. Dice: "Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento
arbitrarios".
En el caso de los desaparecidos del Perú, en todo el proceso de la
guerra interna, se hizo tabla rasa de este derecho, se detuvo a las personas
sin ningún motivo ni causa, se los secuestró, es decir, se
las arrancó violentamente de su familia o de su medio habitual de
vida, ocultándola de sus familiares y/o de las demás personas
con las que convivía, para luego torturarlos salvajemente sin ningún
sentimiento ni escrúpulo humano, hasta asesinarlos, como lo acreditan
los testimonios de los familiares de personas desaparecidas o de las personas
que después de haber sido detenidas y/o secuestradas tuvieron la suerte
de salir vivos, testimonios que aparecen en el Informe "La desaparición
forzada de personas en el Perú", de la Defensoría del Pueblo,
por ejemplo el siguiente: " (….) yo a las justas me podía arrastrar
para hacer mis necesidades fisiológicas, es entonces que se asustaron
que me sangraba la herida que tenía en la pierna y dijeron que iban
a traer a un médico, es entonces que arrastrándome salí
del ambiente donde había permanecido y todo esto porque como era tanto
tiempo sin alimentarme bien, que las marrocas que sujetaban mis muñecas
en principio me apretaban pero ese día mi mano salió fácilmente
y pude librarme de tales marrocas; me arrastré por debajo de los vehículos
que se ubicaban en un patio contiguo al lugar donde estaba detenido y me
percaté de un ómnibus de color rojo, el mismo que transportaba
a diverso personal del cuartel y me instalé en la parte de encima
de la corona; es cuando que a las 19:30 horas, este vehículo salió
del cuartel "9 de Diciembre" y entre las avenidas Ayacucho y Amazonas me
arrojé; en cuanto casi me atropella un vehículo taxista, pero
al explicarle me recogió y me llevó hasta los Próceres,
y de ahí caminando llegué a mi domicilio (….)" Legajo Nro.
11 Expediente Nro. 1254 fojas 4 y 5. Distrito judicial de Junín. Manifestación
de Reaparecido Huancayo 12-14-91. pág 144 del Informe en mención.
Caso de muerto por tortura y desaparición de cadáver:
"Los demás días fueron hostilizados y amenazados para que confesaran
pero ya no los maltrataban tanto, hasta el primero de Setiembre de 1991 en
que entraron al calabozo el sub-oficial Navarro, el sargento Robles y el
cabo García y otros soldados no identificados, además del sargento
Rosas, manifiesta que éstos estaban al parecer embriagados y comenzaron
a golpearlos simultáneamente a los dos, y que el sargento Robles y
el cabo García lo golpeó a él, y el sub-oficial Navarro
y el Sargento Rosas se encargaron de golpear a su primo hasta dejarlo en
estado inconsciente, a Efraín, permaneciendo en el calabozo completamente
adoloridos, que ellos se retiraron hasta la noche en que volvieron para ver
cómo seguían, y el sub-oficial Navarro al ver que Efraín
estaba sumamente adolorido le dio una pastilla para el dolor a los dos. Que
durante la noche observó que su primo ya no podía hablar y
que sólo roncaba. Que al día siguiente a las 6 a.m. los despertaron
y fueron separados, su primo quedó en el calabozo y él conducido
a otro de la misma base permaneciendo en una habitación contigua,
donde escuchaba que los soldados llamaban a su primo Efraín pero que
éste no contestaba. Al día siguiente, 04 de Setiembre entró
a la habitación donde se encontraba el recurrente, el mayor Rodríguez
Tadeo quien le preguntó qué tenía, y él le contó
que lo habían golpeado cruelmente y en ese momento entró el
sub-oficial Navarro quien replicó que eran terroristas; posteriormente
a la 1:30 de la tarde su primo y él fueron sueltos y llevados a uno
de los dos carros militares que habían llegado y los llevaron con
destino a Huaraz, pero uno de los carros se atrasó y el carro se detuvo
en un puesto policial a la entrada de Huaraz, puesto de Tacllan, mientras
esperaban que llegase el otro carro, allí manifiesta que mientras
esperaban, su primo que estaba apoyado sobre él falleció (….)
y luego el cadáver de su primo fue llevado al cuartel de Huaraz, donde
salvo a él lo llevaron al calabozo, desconociendo qué habrían
hecho con el cadáver de su primo…." Legajo 46 (Lima, violaciones de
Derechos Humanos Expediente 113-93) Exp. Sin foliar, manifestación
del reaparecido F.B.S.M. ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos.
Lima 18 de Febrero de 1993" Pág. 170 y 171 del mencionado Informe.
Otro: Parte del testimonio de la esposa de un desaparecido que aparece en
la publicación de la Defensoría del Pueblo "Las voces de los
desaparecidos". Testimonio de los familiares pág 43, 44, 45, 46 y
47. "A las 12 de la noche del 1ro. De Diciembre han entrado y a él
lo han inculpado que era terruco, pero en realidad él no era así.
Si fuera así no estaría durmiendo en su casa…….Él tenía
28 años, yo tenía 18 años……. Esa noche estábamos
durmiendo, teníamos un cuartito alquilado, mi esposo era cerrajero,
teníamos un local ése también era alquilado. Yo no me
había quedado totalmente dormida. Entonces en eso mi esposo estaba
durmiendo, me decía "creo que han entrado" yo pensaba que eran rateros
pero no eran, de noche han allanado. La puerta de calamina han pateado. Eran
de la policía.
Al día siguiente cuando he ido me han dicho en la Comisaría
"Anoche han salido en la patrulla, el ejército, la guardia republicana,
el servicio de inteligencia, todo mezclado han salido". Cuando entraron dijo
así: "Nos tienes que acompañar". No querían que prendiéramos
la luz tampoco. Entonces en ese momento a mi esposo lo empezaron a levantar
del cabello. En eso yo me he desesperado, me he agarrado de mi esposo, de
su chompa. Querían llevar así con su ropita con la que estaba
dormido, descalzo, querían llevar, entonces yo me he levantado, mi
bebito llorando, el chiquito desesperado, "¿Porqué vas a llevar
a mi esposo, mi esposo qué culpa tiene? "Terruca cállate! Ahorita
te vamos a volar los sesos" me dijo "¿Porqué? ¿Qué
cosa hemos hecho? Estamos en nuestra casa, en donde ustedes han encontrado
a mi esposo, mi esposo trabaja acá". Entonces nada no lo han soltado.
En eso mi esposo les ha dicho "Me voy a poner mi ropa" ¿Cómo
me van a llevar así descalzo? Pero como yo le he agarrado de su ropa,
mi esposo rapidito se ha puesto su chompa, sus zapatos y su casaca. En eso,
empezaron a jalarlo del cabello delante de mí estaban golpeando, "terruco"
le decían, tratando de lisuras, conchasumadre…… yo me he prendido:
¿Porqué lo van a llevar?. En eso, me han puesto arma en la
cabeza, nada, yo no tenía miedo en ese rato. "Aunque sea mátame,
yo no lo voy a soltar, no lo van a llevar".
Entonces dos me han agarrado, me han quitado mi mano, mi dedo me habían
torcido, yo me había caído, casi 15 encapuchados en un cuarto
llenecito, en el ropero ahí nomás todititas nuestras cosas
empezaron a buscar, las ropas en el suelo, la cama que han levantado, hasta
a mi chiquita, a mi bebita la han hecho caer al suelo. Empezaron a golpear
el colchón todo, empezaron a buscar pero no han encontrado "¡Qué
cosa van a encontrar, nada!" Yo me había quedado desmayada, me han
tirado como trapo al suelo, no sé con qué me he chancado y
así parece que dormida me he quedado. Entonces me he despertado y
ya no estaban. Entonces veo la puerta de afuera nos habían amarrado.
Mi bebita estaba a mi lado llorando. Cuando me he despertado ella estaba
ahí…… Todas mis cosas en el suelo, teníamos nuestra platita
que hemos guardado porque no podíamos guardar en el Banco porque era
para cancelar nuestro terreno, todo eso, nuestra plata se la han llevado.
La plata se habían llevado. El de 4 años también estaba
llorando desesperado.
Entonces al día siguiente, cuando amaneció yo no sentía
nada, yo apenas que amaneció me he ido al cuartel, entonces ahí
primerito le pregunto: "dónde van a llevar?, dónde voy a ir
a buscar? ¿Porqué van a lllevar así?" "vas a ir cuartel"
así me dijo, y de ahí al día siguiente me he ido al
cuarte, me dijo: "cómo vas a llorar, de un terruco no vale la pena",
y me insultaron. Después he venido a la comandancia, fui a buscar
desde ese día nada. Al fiscal desde ese día he llevado denuncia.
Todo eso hice al día siguiente……."
Para presentar documentos nos juntábamos con otras señoras.
Esa vez no sólo a mi esposo habían traído sino a varios
otros habían traído…….fuimos los primeritos que estábamos
presentando documentos.
De vuelta he escuchado que habían 9 cadáveres en Infiernillo
hay un huayco, ahí también he ido, cargando a mi bebito pero
hemos encontrado cinco cadáveres con unas señoras más
hemos ido, tres hemos ido de ahí he bajado, no sé cómo
he bajado, he llegado y ahí también me parecía que estaba
vivo, que estaba respirando pero por la espalda habían cortado con
un cuchillo y entonces por ahí, como estaba agusanado, estaba saliendo
sangre, toditito le habían calateado, bien calatitos estaban, dos
chicas y tres varones. Entonces yo para reconocer su cara le he volteado,
toditida su cara le habían cortado con cuchillo. Y su ojo le habían
sacado, le habían puesto pintura. Y así, más abajo estaban
todos".
En eso el taxista que nos ayudaba nos dice, cuando lo matan en el cuartel
lo traen así, lo botan, cuidado les alcanzan y les van a matar a todos.
Entonces mirando eso he buscado en su pie, tenía una cicatriz como
manejaba moto él se ha quemado, tenía una cicatriz grande.
Entonces en eso empecé a buscar a todos pero no había.
¿Y dónde está?, hasta ahora no sabemos, hasta cuando
yo me muera siempre voy a estar diciendo que era totalmente inocente, por
qué va a desaparecer, por gusto, por nada…
Al gobierno, nosotros queremos que nos escuche. Hace mucho tiempo que nos
hemos presentado para un diálogo, nada de diálogo, no nos recibe.
"Eso siempre vamos a estar exigiendo, no nos vamos a callar hasta saber lo
que ha pasado con ellos". Julio del 2000.
Los demás incisos de los citados artículos de ambas Constituciones
se refieren a los derechos de: presunción de inocencia de toda persona
mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad; a no ser
incomunicada sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito
y en la forma y el tiempo previstos por la ley; a la carencia de valor de
las declaraciones obtenidas por la violencia y la responsabilidad penal de
quien las obtiene de esa forma.
SOBRE EL DERECHO A TENER EL DEBIDO PROCESO, O DEBIDO JUICIO O JUICIO IMPARCIAL.-
También en ambas Constituciones lo garantizan del mismo modo los Tratados.
La Constitución del 79 en el artículo 2do. Inciso 20 parágrafo
L) prescribe: "Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción
predeterminada por la ley ni sometida a procedimientos distintos a los previamente
establecidos, ni juzgada por tribunales de excepción o comisiones
especiales creadas al efecto, cualquiera que sea su denominación"
y en el artículo 233 establece las garantías de la administración
de justicia.
La Constitución del 93 en su artículo 139 inciso 3ro. Establece:
"La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional".
La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo
11 inciso 1ro. Dice: "Toda persona acusada de delito tiene derecho a que
se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a
ley y en juicio en el que se le haya asegurado todas las garantías
necesarias para su defensa".
Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José
de Costa Rica" en su artículo 8 con sus cinco incisos y 7 parágrafos
establece todas las garantías judiciales que garantizan el debido
proceso o debido juicio. Nada de esto se aplicó, pues sus captores
y secuestradores los torturaron, los juzgaron, sentenciaron y los desaparecieron,
crímenes de lesa humanidad que el Estado peruano debe responder, porque
la política de Desaparecidos ha sido estructurada para combatir la
subversión, ha sido política del Estado.
SOBRE EL DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURIDICA.-
También el Estado Peruano reconoce este derecho. La Constitución
del 79 en su artículo 1ro. Dice: "La persona humana es el fin supremo
de la sociedad y el Estado. Todos tienen la obligación de respetarla
y protegerla" Y en el inciso 1ro. Del Artículo 2do. Establece "Toda
persona tiene derecho: a la vida, a un nombre propio, a la integridad física
y al libre desenvolvimiento de su personalidad……" Estos derechos están
en concordancia con lo que establece el inciso 20 del artículo 2do.
De la misma Constitución, que, establece el derecho a la libertad
y seguridad personales ennumerando esos derechos en sus 13 incisos. Por su
parte la Constitución del 93 repite lo mismo. En su artículo
1ro. Prescribe "La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad
son el fin supremo de la sociedad y del Estado" y el artículo 2do.
Inciso 1 dice: "Toda persona tiene derecho: 1. A la vida, a su identidad,
a su integridad moral, síquica y física y a su libre desarrollo
y bienestar…." Este contenido concuerda con el inciso 24 parágrafo
H del mismo acápite.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo
6to. Establece: "Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento
de su personalidad jurídica".
Y el "Pacto de San José de Costa Rica" en su artículo 3ro.
Establece el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica,
prescribe: "Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad
jurídica".
Como vemos este articulado supone el reconocimiento de todo un conjunto de
derechos que adquiere el ser humano como ser social, desde el derecho a la
vida, pasando por el derecho de conservar su salud física, mental
y moral hasta los derechos personales, judiciales, sociales, económicos
y políticos. Es decir, todos esos derechos fundamentales, que los
pueblos en su larga lucha histórica ha ido conquistando para la humanidad".
SOBRE EL DERECHO DE TODA PERSONA AL SER DETENIDA, SE RESPETE SUS DERECHOS
FUNDAMENTALES.
Esto es que principalmente se le otorgue un trato humano, que se le permita
su defensa, las acciones de Habeas Corpus, que no sea sometido a tratos vejatorios,
humillantes y a crueles y monstruosas torturas, hasta quitarles la vida,
como se ha hecho. La Constitución Política del 79 dice en su
artículo 234: "Nadie puede ser sometido a torturas y tratos inhumanos
o humillantes. Cualquiera puede solicitar al juez que ordene de inmediato
el exámen médico de la persona privada de su libertad si cree
que ésta es víctima de maltratos….."
La Constitución Política del 93 en su artículo 2do.
Inciso 24 parágrafo h) dice: "Nadie debe ser víctima de violencia
moral síquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos
o humillantes……Quien la emplea incurre en responsabilidad.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo
5to. Establece: "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes. Y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" en su artículo
5 inciso 2do. Prescribe: "Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad
será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser
humano".
Nada de lo prescrito en estas normas se ha respetado ni menos aplicado, todo
se ha negado. El caso de Efraín descrito por su primo sobreviviente
de torturas, que más adelante, hemos consignado, prueba lo que hicieron
las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y fuerzas complementarias, antes
de desaparecer a sus víctimas. En el Informe de la Defensoría
del Pueblo hay muchos testimonios sobre lo mismo.
SOBRE EL DERECHO A LA VIDA.
Este ya hemos tratado en puntos anteriores. Las Dos Constituciones Políticas,
lo reconocen. Igualmente los Tratados. La Declaración Universal de
los Derechos Humanos en su artículo 3ro. Dice: "Todo individuo tiene
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona" Y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica"
en su artículo 4to. Establece el "Derecho a la vida" y se especifica
en sus 6 incisos, así el inciso 1ro. Dice: "Toda persona tiene derecho
a que se respete su vida, este derecho estará protegido por la ley
y, en general a partir del momento de su concepción. Nadie puede ser
privado de la vida arbitrariamente".
Sin embargo, en el proceso de la guerra contrasubversiva, el Estado peruano
no respetó este derecho, aplicó su política genocida,
llegando incluso a desaparecer niños y jóvenes, como el caso
de los hermanos Paquiyauri en Junio del 90 en Lima, de 15 y 17 años
de edad, entre otros, así como a mujeres embarazadas, la mayoría
campesinos.
Desde el 83 se aplicó el terror blanco en Ayacucho se sumó
la aparición de campos de concentración, grandes centros de
tortura masiva y siniestra, controlados por el ejército en el cuartel
Los Cabitos de Ayacucho, en Totos, en Cangallo, Coisa y Pichari en La Mar
y en Huanta, a cargo de la Marina. Se enterraron vivos a los más torturados,
a otros se les hacía cavar sus fosas de más de 3 metros de
profundidad y se les empujaba a las mismas, otros eran arrojados, atados
de pies y manos. Se tasajeaba los cuerpos antes de matarlos, la tortura fue
brutal, salvaje, llegando a clavar en estacas cabezas degolladas y desapareciendo
el resto de sus cuerpos. En la propia Lima, el caso de los 2 estudiantes,
José Abel Malpartida y Luis Alberto Alvarez que fueron volados vivos
con explosivos, sembrando sus cabezas en arenales del sur de Lima y desapareciendo
sus cuerpos. Otros, después de torturarlos y asesinarlos, sus cuerpos
fueron cremados como el caso de los estudiantes de La Cantuta. Fosas comunes
guardan los restos de los desaparecidos, fosas que hasta hoy se siguen encontrando
como:
Fosa en la Quebrada de Chonta por Ocros, Huaraz, descubierta en 1997.
Fosas en la Quebrada de Ulta en el distrito de Marcará, Ocros, Huaraz,
como lo ha denunciado el sacerdote Idelfonso Espinoza el 23.07.01 a los medios
de prensa.
Fosas en Accomarca, anexo de Llocllapama que contiene los cuerpos de los
69 asesinados en el genocidio de Accomarca en Agosto del 85 durante el gobierno
de Alan García Pérez. Denuncia hecha por Cesárero Gamboa
de la Cruz en el programa de Hildebrant, en julio del presente año.
Fosas de Churcapampa, en la Base Militar abandonada el 95 encontraron gran
cantidad de restos humanos.
Varias fosas en Hualla (Víctor Fajardo) el 05-07-01 se dieron a conocer.
En Huancasancos hallaron restos con orificios de bala el 02-07.91.
Fosas Comunes en Huamanquilla y Yanacocha en Ayacucho fueron encontrados
el 16-07-01 por obreros cuando construían una carretera en Huanta.
Según los habitantes del lugar esas fosas corresponderían a
la década del 80.
Fosas comunes encontradas en Totos.
Ya anteriormente se han encontrado otras fosas comunes con restos humanos,
y aún subsisten cantidad de ellas en diversos lugares principalmente
en los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica que no han
sido denunciados por los campesinos por temor a la persecución política
y militar.
EL DERECHO A TENER UNA VIDA FAMILIAR Y EL DERECHO A LA REPARACION.-
La Constitución Política del Perú, tanto la del 79 como
la del 93, reconoce estos derechos dentro de los derechos sociales, económicos
y políticos. Es dentro de este mismo rubro de derechos, que la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos
Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" los reconoce.
Pues las personas desaparecidas, al ser detenidas y/o secuestradas, fueron
arrancadas violentamente de sus familias y/o del grupo social y comunidad
en donde vivían y se desenvolvían cotidianamente.
No sólo fue afectada la víctima que tuvo que soportar desde
la pérdida de su libertad, de su familia, hasta el sufrimiento por
las vejaciones, humillaciones, torturas, hasta la pérdida de la vida,
sino que también fue afectada su familia que quedó abandonada,
si la persona detenida era el padre o la madre o hijos que sustentaban la
familia, esta se quedaba económicamente desprotegida, y si eran niños
y jóvenes, sus esperanzas quedaban destruidas. La situación
de incertidumbre de pensar si sus seres queridos viven o están muertos,
la incesante búsqueda por años, incluso dentro de cantidad
de cadáveres con huellas de haber sufrido horribles torturas antes
de ser asesinados, el silencio de las autoridades como respuesta, es una
constante tortura para los familiares, es un grave daño que se les
ha causado que va mellando su salud, como lo demuestran los testimonios de
familiares de las personas desaparecidas y publicados por la Defensoría
del Pueblo.
Por ello corresponde a los familiares el derecho a obtener una reparación
de carácter integral, que comprende medidas de indemnización
por los graves daños y perjuicios producidos y medidas de satisfacción.
DERECHO DE LOS FAMILIARES A CONOCER LA SITUACION Y PARADERO DE SUS FAMILIARES
DESAPARECIDOS.
Los familiares de las personas desaparecidas han venido exigiendo a los gobiernos
de Belaúnde Terry, de García Pérez y Fujimori Fujimori,
se les dé a conocer qué pasó, dónde están
sus familiares no habidos desde que fueron detenidos y/o secuestrados. Quieren
saber la verdad, tienen derecho a conocer el paradero de sus seres queridos.
Tienen el derecho de petición garantizado por la Constitución
del 79 en su artículo 2 inciso 18 y por la actual Constitución
Política del 93 en su artículo 2do. Inciso 20, , por la que
el Estado peruano, el gobierno está obligado a dar a los familiares
una respuesta por escrito dentro de un plazo, bajo responsabilidad. Esta
sin el perjuicio ni la contraposición de que una Auténtica
Comisión de la Verdad, investigue qué ocurrió con los
miles de nuestros familiares desaparecidos. El Estado peruano debe decir
qué ocurrió con las víctimas, hechos, circunstancias,
motivos en qué y porqué se produjo su detención y desaparición
de sus seres queridos y su situación final. Pero no es sólo
un derecho de los familiares, sino un derecho de todo el pueblo, de la sociedad
de conocer la verdad de lo ocurrido.
DERECHO AL NICHO.-
Los familiares tienen derecho a enterrar a sus seres queridos, darles sepultura
y rendirles homenaje de acuerdo a sus costumbres, creencias y prácticas
rituales. Para ello, es una necesidad que conozcan el destino final de sus
seres queridos. Si están muertos, debe el gobierno decir dónde
están sus restos y hacer entrega de los mismos para recibir sepultura
y el homenaje familiar y de la comunidad.
ALGUNOS DE LOS DESAPARECIDOS EN EL PERU
1.- GOBIERNO DE FERNANDO BELAUNDE TERRY:
Los hermanos Yangali de los Ríos en Ayacucho. Efrén, abogado,
fue a buscar a su hermano a un cuartel donde estaba detenido. Ambos fueron
desaparecidos.
Alberto Loc Ekselshom. Ayacucho
Mercedes Malpica. Ayacucho
Teresa Durand Araujo. El 28 de Agosto de 1984 en Churucampa Huancavelica.
Lourdes Cárdenas Lopez en Mayo de 1984 en Ayacucho en el cuartel de
Los Cabitos.
Carlota Tello Cuti. Diciembre de 1984. Ayacucho
Elvira Ramirez Aranda. Ayacucho.
Nelly Ayllón. Andahuaylas
Bruno Siccha Romaní. En Ayacucho.
Los hermanos Mantilla Morales. Ayacucho.
2.- GOBIERNO DE ALAN GARCIA:
Santiago Castillo Cavero en Lima. 1986
José Vasquez Huayco. Abogado en Lima 1986
Ernesto Castillo Paez. Estudiante de la Universidad Católica.
José Asnarán. Profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería.
Carlos Yepes Rosas. Estudiante Lima.
Más de 100 desaparecidos en el Frontón en el genocidio de los
penales perpretado por las fuerzas armadas pro orden de García Pérez.
Los 69 campesinos incluyendo mujeres y niños asesinados y desaparecidos
sus cadáveres en el genocidio de Accomarca en Agosto de 1986.
Efraín Llamota. En el Callao 1990.
Lucas Tulich Morales. Huamachuco 1984
Isabel Sánchez Covarrubias - Huamachuco 1984
Oscar Delgado Lima 1986
Carmen Delgado. Lima 1987.
3.- GOBIERNO DE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Wilfredo Terrones Silva, Abogado 1992 en Lima.
Justiniano Najarro Rua, catedrático de la Universidad de Huamanga.
Los hermanos Gómez Paquiyauri en Lima.
7 profesores candidatos de IU para las elecciones municipales en Huancapi,
Víctor Fajardo, 19 de Abril de 1991 cuando regresaban a sus casas
después de inscribirse como candidatos, una patrulla militar los condujo
a la Base Militar y nunca más salieron de allí.
9 campesinos de la localidad del Santa: Jesús Noriega Ríos,
hermanos Carlos y Jorge Tarazona, Gilmer León, Denis Castillo, Federico
Coquis, Pedro Pablo Gonzáles y hermanos Roberto y Carlos Barrientos
Velásquez, 2 de Mayo 1993. Chimbote, Ancash.
Edith Galván Montero, Carlos Canales en Lima en Villa el Salvador.
Meregildo Guerrero Huamán y Artemio Córdova Villegas. Enero
99 en la Comunidad de Perico - Jaén Cajamarca, fueron detenidos cuando
pescaban en el río Chinchipe.
Profesor Hugo Muñoz Sánchez y los estudiantes de La Cantuta,
secuestrados en la misma universidad. El 18 de Julio de 1992, torturados
salvajemente, sus cuerpos quemados y desaparecidos.
3 autoridades de Chuschi en Víctor Fajardo- Alcalde, secretario del
Concejo y Gobernador.
6 personas fueron apresadas y torturadas en la Base Militar de Puquio. Uno
escapó y los demás fueron desaparecidos. Agosto de 1991.
15 campesinos fueron desaparecidos por el Ejército en el distrito
de Cahuanca y anexos provincia de Caravelí Arequipa Agosto de 1991
2 personas desaparecen en el fundo Bocanegra en Lima. Setiembre 1991.
Dirigente de Acción Popular de Iscos en Junín. 1991.
2 estudiantes de la Universidad del Centro desaparecidos, sus cadáveres
aparecieron muchos días después "muertos por asfixia" y con
huellas de tortura. 1991.
Cientos de desaparecidos en Junín en 1991.
Desaparecidos en Pucallpa - Ucayali en 1991.
Desaparecidos en Tarapoto en los distritos de Morales Soritar y Naranjillo
y las localidades de Chiclayo y Picota, San Martín.
Víctor Teobaldo Zorrilla Castilla desaparecido en Ambo Huánuco
1990.
Olga Bejarano Bejarano desaparecida en Cangallo 1992.
Norma Huamán Guisado. Cangallo Fajardo.
Ricardo Quintanilla, Puno Azángaro 1996.
Juana Cosquillo Mercado. Lima.
Raúl Maguiña. Pachacamac Lima. Dirigente de CUAVES.
CONCLUSIONES
1.- El Estado Peruano es el autor de la desaparición de miles de personas
en el proceso de la guerra interna desenvuelta en el país, crimen
ejecutado por las fuerzas armadas, fuerzas policiales, meznadas, rondas,
comités de autodefensa, grupos paramilitares, etc.
2.- Siendo el Estado Peruano autor de la desaparición forzada de miles
de personas en el Perú, debe asumir su responsabilidad y resarcir
el grave daño causado a las víctimas y a sus familiares, debiendo
proceder a informar el paradero y el destino final de los detenidos, secuestrados
y desaparecidos, y en el caso de estar muertos debe proceder a la entrega
de sus restos.
3.- El Estado Peruano, como responsable de la aplicación de la política
genocida de la desaparición de personas, en su lucha contrasubversiva,
tiene la obligación de decir la verdad de lo ocurrido. Para ello debe
establecer una Auténtica Comisión de la Verdad integrada también
por las dos partes y los familiares de los desaparecidos.
ACUERDOS
1.- Los organismos y las masas asistentes a esta I Convención acuerda
pedir al gobierno del Perú la inmediata solución política
a los problemas derivados de la guerra interna y en lo específico,
el problema de los desaparecidos, debiendo el gobierno informar a los familiares
sobre el paradero y destino final de las personas detenidas, secuestradas
y desaparecidas y en el caso de que estarían muertas, procederá
a la entrega de sus restos y al pago de una indemnización a los familiares
como reparación por el grave daño causado a la víctima
y a sus familiares.
2.- La I Convención de Organizaciones y Masas por una Auténtica
Comisión de la Verdad acuerda pedir al gobierno la conformación
de una Auténtica Comisión de la Verdad integrada también
por las dos partes y por los familiares de los desaparecidos.
3.- La Convención acuerda que la desaparición forzada debe
ser catalogada como un delito de lesa humanidad.
4.- Pedir que el Estado peruano suscriba la Convención Americana sobre
desaparición forzada de personas.
5.- Investigar y recopilar información sobre todos los casos de desapariciones
que aún no han sido denunciados.Denunciar estos nuevos casos ante
la opinión pública nacional e internacional.
6.- No agotar nuestro trabajo hasta esclarecer y encontrar a los desaparecidos.
III .- SOBRE LOS DESPLAZADOS
1.- Proceso histórico en los últimos veinte años.
El proceso de expulsión del campo se ha venido desenvolviendo antes
de los últimos veinte años siendo producto del capitalismo
burocrático que tiene bases feudales y está sometido al imperialismo
principalmente norteamericano, que genera mayor hambre, empobrecimiento,
explotación, y miseria para el campesinado principalmente pobre. Durante
la guerra interna desde 1980 este proceso se acentuó producto de la
guerra genocida que aplicó el Estado peruano desde 1983-84 con el
ingreso de las Fuerzas Armadas en el campo para combatir a los alzados en
armas del Partido Comunista del Perú. Es a partir de estos años
que se producen reiteradamente matanzas y genocidios en diferentes lugares
de la sierra principalmente en Ayacucho como en el caso de Accomarca, Llocllapampa,
Umaru, Bellavista, Cayara, Parcco, Pomatambo, etc. Muchos de los cuales recién
hoy se están abriendo las fosas comunes. Así las masas campesinas,
habiendo vivido la mayoría de ellos la matanza de sus familiares,
el robo de sus pertenencias y quema de sus cosas además de las amenazas
de las Fuerzas Armadas para que actúen como carne de cañón,
enfrentando masas contra masas, o a través de sus rondas campesinas,
o del control de la población en especies de aldeas estratégicas
dentro de su guerra contrasubversiva, se han visto obligados a huir del campo,
dejar sus tierras y llegar sin nada a las ciudades principales de Ayacucho
y Lima para sufrir aquí las penurias que afrontan las masas pobres
de barrios y barriadas, en condiciones infrahumanas, la mayoría en
los lugares más alejados trabajando informalmente en fabricación
de ladrillos, explotados como mano de obra barata en las chacras, en trabajos
temporales o de ambulantes, viviendo en hacinamientos, en covachas sin las
mínimas condiciones de habitabilidad, negándoles el Estado,
el derecho a la atención de sus necesidades básicas.
Según datos de "Reconstrucción y desarrollo de comunidades
desplazadas" de PROMUDEH-PAR, se estima que entre 1980-92, 120 mil familiares
( 600.000 personas) tuvieron que desplazarse de los departamentos más
pobres del país como Ayacucho, Huancavelica, Junín, Apurimac
(85% del total de desplazados) hacia las ciudades de Ayacucho, Lima, Junín,
Apurimac principalmente, lugares a donde llegaron más de las ¾
partes de los desplazados. De ellos el 70% lo constituyen la población
campesina y nativa, el 20% procede de los sectores urbanos-marginales y el
10% restante corresponde a sectores urbanos de estrato medio.
Por otro lado en un artículo del "Que hacer" N° 75 de Enero-Febrero
de 1992 dice que los desplazados más del 50% eran menores de edad,
hoy son jóvenes y no tienen las condiciones para desenvolverse en
el estudio y el trabajo.
2.- Posición del Estado peruano frente a los desplazados. El PAR
(Plan de Apoyo al Repoblamiento).
El Estado peruano no ha dado ninguna solución al problema de los desplazados
por la guerra interna, por el contrario el gobierno de Fujimori usó
esta situación en función de sus planes de "pacificación"
dentro de la línea y política genocida para presionar a la
población, así vemos en el artículo de El Comercio del
28/11/93 "cientos vuelven a su terruño" dice: "apoyados por el ejército
que les da seguridad", "ahí se deben ajustar a nueva organización
que parte desde la disciplina, a las 7 a.m., 1a lista, 6 p.m. la segunda
cuando regresan del campo" y "nadie sale de la comunidad excepto los ronderos
de turno en vigilancia". Ósea el control de la población y
recursos en especies de aldeas estratégicas y rondas campesinas. A
lo que se suma la explotación indignante que IDL planteara en un número
de su revista al señalar "que en estos lugares, como los hombres son
obligados a vigilar son las mujeres que trabajan en la comunidad". Estas
formas organizativas han sido aplicadas a través del PAR (Programa
de Apoyo al Repoblamiento) creado por el gobierno de Fujimori por el DS 073-93-PCM
del 06/10/93 que de ninguna manera ha servido a dar condiciones para el desarrollo
de estas zonas a las que regresan los pobladores sino para proseguir su opresión
y explotación.
Prueba de que el PAR ha actuado al servicio de la dictadura genocida vendepatria
de Fujimori para su "pacificación" y planes reeleccionistas es que
de 600.000 desplazados 300.000 han regresado (según se calcula en
la revista domingo del 13/05/01 en el artículo "Desplazados por la
violencia no todos vuelven") la mayoría por sus propios medios pues
de estos 300.000 sólo 29.000 fueron atendidos por el anterior gobierno
y todos los que han regresado están con "un pie en su tierra natal
y el otro en Lima porque buscan medios para sobrevivir" (como dice la señora
Coral presidenta del PAR en el artículo de El Comercio de el 22/07/01).
Entonces queda claro que el Estado peruano no ha dado ningún apoyo
real para hacer producir las tierras de quienes regresan y menos ha resuelto
el problema de los desplazados; de viviendas, educación y salud.
3.- Solución política al problema de lo desplazados por
la guerra interna.
Como parte de la solución política a los problemas derivados
de la guerra interna está incluida la solución al problema
de los desplazados. De ahí la necesidad que también estén
representados en la Comisión de la Verdad y se esclarezca esta situación
pues se ha generado una opinión publica por parte de los gobiernos
de Belaúnde, García Pérez y Fujimori que los responsables
de este problema son el mal llamado terrorismo, imputando a las organizaciones
alzadas en armas y eximiendo al Estado peruano y las Fuerzas Armadas que
lo sustenta de su ineludible responsabilidad y son ellos quienes deben resolverlo
políticamente, dando las condiciones para solucionar las necesidades
básicas tanto de las masas que voluntariamente desean regresar a sus
lugares de origen como de aquellas que definan quedarse en la ciudad.
Deben resolver el problema de la tierra a quienes regresan al campo y se
encuentren sin su propiedad; problema de vivienda, dando las mínimas
condiciones de habitabilidad: agua, desagüe; problemas de salud, educación
y trabajo. Hacer un plan especial de desarrollo para las zonas afectadas
por la guerra interna, que beneficie principalmente al campesinado, a las
masas pobres de las barriadas y a los trabajadores prestando atención
principalmente a los inválidos, huérfanos y viudas de guerra.
SOBRE LOS EXPATRIADOS
Producto del conflicto interno hay peruanos que se han visto obligados a
salir del país porque fueron amenazados, perseguidos y algunos hasta
encarcelados, muchos de ellos tenían también familiares encarcelados,
desaparecidos, asesinados, torturados y por denunciar estos hechos no tuvieron
ninguna garantía para su libertad y su vida afectados por el proceso
de persecución indiscriminada que desenvolvieron las Fuerzas Armadas
y Fuerzas Policiales.
Miles de expatriados se encuentran en diferentes lugares del mundo viviendo
en difíciles condiciones, pues durante el gobierno de Fujimori, en
el extranjero, a través de las inscripciones consulares y de los informes
de los embajadores se ha llevado adelante fichaje político policial,
se hostilizó e imposibilitó la obtención de documentos
de residencia u otros para conseguir trabajo. Este sistema de persecución
y hostigamiento prosigue hasta hoy, sin dar ningún apoyo de parte
de los consulados.
Estos miles de expatriados se encuentran impedidos de retornar al país,
algunos han obtenido el status de refugiados, otros residentes y muchos están
en condiciones de ilegales por lo que su estadía es más difícil
y precaria.
El 28 de julio en su asunción de mando el Presidente de la Republica
Alejandro Toledo Manrique dijo respecto a los peruanos que salieron del país
por mejoras económicas, que propondrá al Congreso la ley del
retorno para crear condiciones y facilitar el retorno al país de 2'500.000
peruanos que hoy viven diseminados en el exterior. Aquí sólo
se refiere a quienes migraron del país por mejoras económicas
olvidándose de los miles de peruanos que se vieron obligados a salir
por motivos de la guerra interna sometidos a persecuciones políticas,
de ahí que esto se debe incluir y cesar la persecución y requisitoria
de los expatriados.
El Estado debe resolver este problema, generar las condiciones para que puedan
regresar al país si así lo desean, para lo cual debe cesar
la persecución y garantizar su vida, a fin de que puedan reincorporarse
a su vida familiar, social y cotidiana en el Perú, cesar el fichaje
político y levantar todas las requisitorias de quienes estén
en el país así como de los que han tenido que salir. Así
mismo deben ser escuchados y estar representados en la Comisión de
la Verdad pues son parte de los problemas derivados de la guerra interna
en el Perú.
Por todo lo expuesto respecto a este tema, la I CONVENCIÓN DE ORGANIZACIONES
Y MASAS POR UNA AUTÉNTICA COMISIÓN DE LA VERDAD, ACUERDA:
Sobre desplazados
a) Exigir que el gobierno dé apoyo integral a los desplazados durante
el proceso de la guerra interna, a los departamentos de Ayacucho, Lima, Junín,
Huancavelica, Apurímac y otros; ayudándoles a retornar a los
que así lo desean y también a los que voluntariamente se queden.
b) Exigir al gobierno la estructuración de planes especiales de desarrollo
para las zonas afectadas por el conflicto interno, como: planes sobre problemas
de la tierra, planes de salud, planes de vivienda, planes de educación,
planes de trabajo y otros.
c) Demandar que los desplazados sean escuchados y tengan representación
en la Comisión de la Verdad, porque los desplazados son parte de los
problemas derivados de la guerra interna.
d) Pedir que devuelvan las tierras a las personas desplazadas que retornen.
Que se entregue tierras a las comunidades campesinas.
e) Pedir que se derogue el Decreto Ley en donde se estipula que aquellos
que no han hecho uso de sus tierras durante dos años pierden automáticamente
su derecho a la propiedad de la "tierra abandonada".
f) Que el gobierno informe sobre la situación de los huérfanos
de la guerra..Ubicarlos.
g) Exigir al gobierno que informe sobre la situación de las políticas
y planes aplicados por el Estado sobre repoblamientos, por ejemplo sobre
el PAR.
Sobre expatriados
a) Exigir al gobierno que dé las garantías pertinentes a los
expatriados que desean regresar al país, cese de la persecución
y fichaje político así como levantar todas las requisitorias,
tanto de los expatriados como de los que se encuentren en el país,
para que puedan incorporarse a su vida familiar, social y cotidiana en el
Perú.
b) Los expatriados que salieron del país por persecución política
durante el proceso del conflicto interno, deben ser escuchados y representados
en la Comisión de la Verdad.
c) Pedir la derogatoria de toda la estructura legal de persecución,
en particular el Decreto Supremo que despoja de personalidad (jurídica
o nacionalidad),a personas acusadas de realizar "apología al terrorismo",etc.en
el extranjero.
IV.- DETENIDOS. ASESINATOS. TORTURAS.
1).- DETENIDOS. PRISIONEROS POLITICOS Y PRISIONEROS DE GUERRA.
En el proceso de la guerra interna desenvuelta en el país, el Estado
peruano a través de los gobiernos de Belaúnde, García
Pérez y Fujimori han aplicado una línea y política genocida
desde Diciembre de 1982 poniendo en marcha su plan de utilizar masas contra
masas siguiendo la vieja norma imperialista de contraponer nativos contra
nativos, reclutó contingente entre licenciados y campesinos ligados
al gamonalismo y abigeato; sobre esta base formó mesnadas que bajo
mando militar y en acciones combinadas con las Fuerzas Policiales y Armadas
que actuaban disfrazadas de campesinos desataron el terror blanco en el campo,
asesinando a las masas campesinas tildándolas de "terroristas", recurriendo
al más negro, protervo y criminal genocidio de exterminio una de las
más grandes infamias de la historia republicana del Perú, alcanzando
características macabras de arrasar y desaparecer hasta pueblos enteros
como en el campo donde aplicaron la política de robar todo, quemar
todo y matar a todos, aplicaron tierra arrasada. Así en el año
83, en el Departamento de Ayacucho, en Espite, provincia de Cangallo, en
junio, desde helicópteros ametrallaron a las masas y lanzaron granadas
a al población que buscaba huir por los cerros. En el mes de Julio
en Oqopeja y Uchuraqay pueblos de la Provincia de Huanta, también
desde helicópteros las masas fueron ametralladas y aniquiladas con
granadas; y en Paccha, pueblo de Vinchos, provincia de Huamanga, la mayoría
fue asesinada y el resto de la población llevada a Lima. En esta negra
ola de muerte el arrasamiento se extendió, un botón de muestra
es el operativo de Incaraqay, que luego de robar todo, incendió 500
viviendas, así el exterminio llegó a desaparecer pueblos, el
15 de julio el ejército con apoyo de mesnadas aniquiló a toda
la población de Quinuas y desapareció el pueblo totalmente,
borrándolo del mapa. Y el 85 en Lima, en las invasiones de Garagay
y Bocanegra, la policía a caballo arrasó sus viviendas de estera
destruyendo y quemando todo. Desaparecieron a los pobladores y nunca más
se supo de ellos.
También están las fosas comunes halladas y que siguen apareciendo,
como prueba de estas matanzas genocidas, muchas de las cuales fueron denunciadas
en su momento, estrellándose contra el mutismo oficial pretendiendo
encubrir los crímenes perpetrados por el Estado Peruano, y los gobiernos
de Belaúnde, García Pérez y Fujimori; sin embargo el
grueso de miles de desaparecidos yacen envueltos en las sombras de fosas
aún desconocidas o cementerios clandestinos de los múltiples
campos de concentración. Así lo que han aplicado fundamentalmente
son las concepciones del imperialismo yanqui, la teoría establecida
por este sobre guerra contrasubversiva para combatir las luchas revolucionarias,
la subversión armada; por ello han lanzado sobre el pueblo sus Fuerzas
Armadas y Policiales, atropellando los más elementales derechos universalmente
reconocidos, han allanado y saqueado cuanto domicilio han querido, han perseguido,
apresado y encarcelado, han incendiado, robado y asesinado impunemente a
hijos del pueblo, han generalizado la tortura buscando quebrantar voluntades
y arrancar falsas confesiones, han desarrollado la violación como
medio infame, abyecto y vejatorio de someter y empañar el límpido
espíritu de hijos del pueblo, han negado todo derecho y garantía
a los presos montando en su contra una constante persecución, incluso
tras las rejas de sus inmundas mazmorras y han extendido el hostigamiento,
persecución y represión hasta sus familiares y abogados.
Los detenidos producto de esta guerra interna, inicialmente eran recluidos
en sus lugares de origen, pero en Abril del 82 el entonces Presidente de
la República Fernando Belaúnde Terry dispuso el traslado de
los prisioneros políticos y prisioneros de guerra de todas las cárceles
del país a la ciudad de Lima, concentrándolos en las prisiones
del Callao (Santa Bárbara) y El Frontón y posteriormente en
Lurigancho. Este traslado implicó: golpizas, asesinato, como en el
caso del profesor Donato Méndez en la cárcel del Callao y dejando
inválida a una prisionera; aislamiento de sus familiares y abogados,
pérdidas de todas sus pertenencias, paralización de sus procesos.
El 10 de Marzo de 1981 el gobierno belaundista promulgó el Decreto
Legislativo Nro. 046, verdadera ley terrorista que viola los más elementales
principios del propio derecho penal burgués y establece desorbitadas
sanciones. El denominado autónomo poder judicial puso en marcha su
siniestro tinglado opresor de leyes, jueces, procesos y cárceles;
utilizando pruebas fraguadas, torciendo leyes y vendiendo principios que
dijo salvaguardar.
Desde el 82 hasta el 85, el Estado Peruano aplicó su plan de aislamiento
y aniquilamiento contra los prisioneros, hostigándolos, provocándolos,
llegando hasta asesinatos aislados como en El Frontón, 4 prisioneros,
2 baleados y 2 envenedados (Angel Botonero, Pastor Chávez, Solórzano
y otro), se les negaba el derecho de atención médica, el ingreso
de alimentos que llevaban sus familiares era restringido y la paila que entregaba
el INPE llegaba con vidrios y ratas. No ingresaba libros, periódicos
ni revistas. Las requisas eran sinónimo de feroces golpizas.
Cuando asume el poder Alan García Pérez prosigue la misma línea
y política genocida en campo y ciudad, en los penales desde el inicio
de su gobierno empezó a planificar su primer genocidio. Desconoció
la primera Acta suscrita por los prisioneros con el gobierno de Belaúnde
en fecha 13 de julio del 85, negó y desconoció todos los derechos
fundamentales que les fueron reconocidos por el Estado, intensificó
el hostigamiento, golpizas, usó a los presos comunes para provocar
a los prisioneros políticos. El 4 de Octubre de 1985, en la propia
capital de la República, en el penal de Lurigancho, 30 prisioneros
de guerra son asesinados y 34 heridos de gravedad, se lanzó a los
Llapan Atiq, cuerpo antisubversivo de la Guardia Republicana, contra el pabellón
Británico utilizando dinamita para abrir boquetes para después
lanzar dinamitazos dentro del pabellón, bombas lacrimógenas
e incendiarias y luego asaltar, a unos los abalearon, a otros los quemaron
vivos, remataron heridos para posteriormente quemar los cadáveres
con bombas de fósforo para ocultar que habían sido asesinados
por balas; apalearon brutalmente a los sobrevivientes para terminar incendiando
el pabellón y borrar huellas de su monstruoso crimen. Los cadáveres
no fueron entregados a sus familiares, 28 tumbas sin nombre en el cementerio
Presbítero Maestro quedan para la historia como expresión del
odio genocida de García Pérez contra los prisioneros de guerra.
Después del genocidio del 4 de Octubre, el 31 de Octubre del mismo
año, los prisioneros arrancaron la segunda Acta al gobierno aprista,
tanto en la primera como en la segunda Acta se reconocía la condición
de "presos especiales" y un conjunto de derechos reconocidos por la propia
Constitución del Estado peruano y leyes internacionales.
El gobierno aprista comenzó a planificar un nuevo genocidio, desenvolviendo
provocaciones que implicaron incursiones de la Marina de Guerra en El Frontón,
vuelos de reconocimiento sobre el mismo penal, provocación, hostigamiento
y persecución contra los familiares y abogados de los prisioneros
de guerra, las amenazas de muerte y las golpizas cuando se traía a
los prisioneros a ser juzgados y además plantearon el traslado de
los prisioneros de guerra al nuevo campo de concentración de Canto
Grande, y la aprobación por el Parlamento del regreso de los prisioneros
a las cárceles de sus lugares de origen, ley cuya promulgación
proponía García Pérez. El 15 de enero de 1986 en el
penal Miguel Castro Castro, los familiares desenvuelven su protesta contra
el traslado pues implicaba genocidio, aquí son reprimidos por la Guardia
Civil, cayendo muerto un familiar y 20 heridos.
El 19 de Junio de 1986, luego de su grotesca farsa manipulando la llamada
"Comisión de Paz" que la conformaban Max Hernández, César
Rodriguez Rabanal y Cabieses, el gobierno aprista desencadenó el más
protervo y negro operativo de exterminio, violando incluso elementales leyes
de guerra consagradas universalmente como las de Ginebra, movilizando al
Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y las Fuerzas
Policiales bajo el Comando Conjunto consumó el más infame genocidio
asesinando a 300 hijos del pueblo prisioneros de guerra de El Frontón,
Lurigancho y El Callao que se habían rebelado en defensa de sus propias
vidas, demandando 26 reivindicaciones muy justas y racionales, así
el gobierno aprista se bañó una vez más en la ardorosa
sangre popular. Los cadáveres de los prisioneros caídos en
Lurigancho fueron regados en los cementerios desde Cañete hasta Barranca,
de El Frontón, los pocos cuerpos o pedazos de ellos que aparecieron
fueron dejados en los cementerios de San Bartolo y Pachacamac, de los desaparecidos
nunca más se supo.
Debemos buscar que la verdad se abra paso y que este genocidio aún
impune hasta hoy, sea juzgado y sancionado; como bien sabemos la responsabilidad
política principal es de Alan García Pérez, pues a más
de desempeñarse como Presidente era Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas,
siendo él y su Consejo de Ministros quienes dispusieron la acción
genocida hasta el exterminio y ejecutada fundamentalmente por las Fuerzas
Armadas bajo dirección del Comando Conjunto que estaba integrado en
ese entonces por el General Monzón Arrunátegui, Presidente
del Comando Conjunto, del vicealmirante Nicolini y del General Abraha Cavallerino;
además con el apoyo complementario de las Fuerzas Policiales.
Cuando el 90 asume el gobierno Alberto Fujimori Fujimori prosigue aplicando
la misma línea y política genocida, dentro de ello da en noviembre
de 1991 23 decretos leyes ligados a la pacificación y para aplicarlos
dio el golpe del 5 de Abril de 1992, barrió y demolió toda
la estructura legal del Estado cuya base es el derecho demoliberal burgués.
El gobierno desenvolvió una campaña negra contra los prisioneros
políticos y prisioneros de guerra imputándoles que tenían
armas, que habían hecho túneles y preparaban una fuga; es dentro
de este marco que se dio el genocidio del 6, 7 8 y 9 de Mayo del 92 contra
los prisioneros políticos y prisioneros de guerra del penal Castro
Castro asesinando selectivamente a 50, genocidio de lesa humanidad del que
tienen que responder Fujimori, Montesinos y Hermoza Ríos. Los sobrevivientes
fueron trasladados a diferentes penales del país desde Cachiche en
Ica hasta Yanamayo en Puno para aplicar su plan de reducción, aislamiento
y aniquilamiento.
El 05 de Mayo de 1992 el gobierno expidió su anticonstitucional D.L.
Nro. 25475, estableciendo la cadena perpetua como pena, los jueces y tribunales
sin rostro, barriendo así todas las garantías judiciales; le
siguió el D.L. Nro. 25499 llamada Ley de Arrepentimiento, luego viene
el inconstitucional D.L. Nro. 25659 expedido el 13 de Agosto de 1992 que
crea el llamado delito de "Traición a la Patria" y establece la competencia
del fuero militar para los civiles; el D.L. Nro. 25706 que establece el procedimiento
sumario para los juicios de Traición a la Patria en el teatro de operaciones,
entre otras aberraciones jurídicas; el D.L. Nro. 25728 que establece
el juzgamiento y condena en ausencia; el D.L.Nro. 25744 que establece la
detención policial de los presuntos implicados por término
indefinido, la negación del derecho de defensa, el abogado defensor
no puede patrocinar a más de un encausado; el D.L. Nro. 25880 por
el que comprenden en el delito de "Traición a la Patria" a los docentes
que "influyan en sus alumnos haciendo apología de ese delito", el
D.L. Nro. 25916 que reitera prohibición de los beneficios penitenciarios.
Y dentro de todas estas normas violatorias de todos los derechos fundamentales
reconocidos universalmente, se da la Resolución Suprema Nro. 114-92-JUS
del 13-08-92 que aprueba el Reglamento del Régimen de visita a los
internos por delito de terrorismo, reduciendo la visita a una vez por mes.
En junio del 92 expidieron el D.L. Nro. 25564 por la que modificó
el inciso segundo del artículo segundo del Código Penal. Este
artículo establecía que el menor de 18 años está
excento de responsabilidad penal; con el D.L. que lo modifica establece que
el menor de 15 a 18 años tiene la misma responsabilidad que los mayores
al determinar que se juzgaría con el D.L. Nro. 25475 llamada Ley Antiterrorista,
así conculcó los derechos de los menores frente a la responsabilidad
penal reconocidos universalmente; por este decreto ley muchos niños
fueron recluídos en cárceles de máxima seguridad como
el penal de Yanamayo.
Así con estas leyes demolieron el sistema jurídico para perseguir,
detener, encarcelar y condenar a los detenidos mientras la dictadura genocida
vendepatria de Fujimori y Montesinos vendían al martillo todas las
empresas públicas, saqueaban el país sumiendo al pueblo en
la miseria, en el hambre y la desesperación.
La situación de los prisioneros políticos y prisioneros de
guerra en las cárceles del país a partir del 92 se agravó
más, se les ha impuesto penas crueles e inhumanas como la de internamiento
indefinido no menor de 25 años y cadena perpetua. Se han anulado procesos
desde 1980 que habían pasado a la condición de cosa juzgada
para imponer penas más altas lo cual es totalmente ilegal. Las condiciones
de carcelería a que fueron sometidos eran violatorios de los más
elementales derechos de la persona humana reconocidos por la Constitución
Política del Estado, legislación y Tratados Internacionales,
Pacto de San José de Costa Rica, Declaración de los Derechos
Humanos así como de las normas mínimas aplicables a los conflictos
internos establecidos en el artículo 3ro. Común a los Convenios
de Ginebra, estas condiciones a las que los sometían eran parte de
su plan de reducción, aislamiento y aniquilamiento sistemático
y sofisticado que aplican contra los prisioneros políticos y prisioneros
de guerra; más aún el aislamiento absoluto y perpetuo es la
negación de los derechos fundamentales como el derecho a la vida,
la salud, el trabajo, la educación, información, apunta a reducirlos
a la condición de subhumanos y a destruir su esencia social de hombre,
de seres humanos.
Sometidos a 23 y media horas de encierro en celdas bipersonales de 2 x 2.50m,
en este espacio además de las tarimas de cemento que se usa como cama,
estaba la letrina y un lavadero también de cemento, en este ambiente
habitaban de 2 hasta 5 personas que tenían que desenvolver todas sus
actividades: dormir, aseo, alimentación, necesidades fisiológicas,
estudio y trabajo, condicionándolos a una situación de inmovilidad
que ha repercutido negativamente en la salud tanto biológica como
psicológica. Se les ha negado el derecho a la atención médica,
sobre todo la especializada, no se les da medicinas, tras pretexto de "seguridad"
dispusieron que ningún interno sea evacuado a un centro hospitalario,
agudizándose así sus problemas de salud, poniéndose
en riesgo su integridad física y hasta la propia vida como en los
casos de Manuel Paredes Laurente y Edwin Melitón Cárdenas quienes
murieron por falta de atención médica los años 91 y
95 respectivamente.
La alimentación en los penales es deficiente en calidad, cantidad
y preparación, no cumple con el mínimo de kilocalorías
establecidos por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio
de Salud del país se recibe prácticamente una ración
de comida al día pese a esto se restringe el ingreso de víveres
y alimentos que llevan los familiares de los prisioneros.
Se trasladó a los prisioneros de sus lugares de origen a diferentes
penales del país para aislarlos de sus familiares y de la opinión
pública, este aislamiento de la visita trasgrede el Código
de Ejecución Penal que en su artículo 37 dice: "El interno
puede comunicarse periódicamente en forma oral y escrita con amigos,
representantes diplomáticos y organismos e instituciones de asistencia
penitenciaria salvo la incomunicación declarada por la autoridad judicial....."
Se les llegó a dar sólo media hora de visita mensual por locutorio,
entre fierros y mallas, limitándose sólo para familiares directos,
lo que es una forma de aislamiento ya que hay prisioneros que no tienen familiares
directos. A más del hostigamiento y revisiones humillantes y vejatorias
a que se sometía a los familiares para amedrentarlos, reprimirlos
y detenerlos por el simple hecho de ser familiares de prisioneros políticos
y prisioneros de guerra.
Se les negó el derecho al trabajo en forma absoluta como parte del
plan de reducción, aislamiento y aniquilamiento sistemático
al que han sido sometidos. Consideramos que el trabajo es un derecho de toda
persona humana pues sirve a su desarrollo como ser pensante y operante.
Educación, cultura e información son derechos garantizados
por la Constitución Política del Perú y el Código
de Ejecución Penal, sin embargo en los penales se ha impedido arbitrariamente
el acceso a los medios de información y la libertad de pensamiento,
expresión y difusión del pensamiento. El Código de Ejecución
Penal obliga a las autoridades penitenciarias a promover la educación
de los internos en todos los niveles, su formación profesional o capacitación
ocupacional lo que no se cumple y hasta se impide. Por otro lado en abierta
violación del derecho constitucional del secreto y la inviolabilidad
de la correspondencia, las autoridades del penal se permiten revisarlas,
tachar palabras y en muchos casos impedir su salida, así como el ingreso
de cartas que les traen sus familiares. Así mismo, se atenta contra
la libertar de creación intelectual, artística, técnica
y científica, impidiendo el ingreso de determinados libros calificándolos
de "prohibidos", como en los tiempos del tribunal de la Santa Inquisición.
El sistema de encierro y aislamiento más riguroso y severo lo han
aplicado en la Base Naval del Callao, por casi ocho años consecutivos.
Allí las condiciones carcelarias eran inhumanas, ignominiosas, crueles
y degradantes de la condición humana. Los prisioneros (Dr. Abimael
Guzmán Reinoso y la profesora Elena Iparraguirre Revoredo, y otros)
fueron sometidos a 23 y media horas de encierro, en una celda oscura, fría,
pequeña de 2 x 2m, con una pequeñísima abertura en el
techo. Eran obligados a guardar silencio todo el día, no podían
conversar de una celda a otra entre prisioneros buscando reducirlos a la
condición de subhumanos, negando su condición de ser social.
Las restricciones a las que sometían a los prisioneros llegaba al
punto que ni siquiera podían ellos mismos abrir el caño de
agua cuando lo requerían, sus necesidades más elementales estaban
supeditadas al régimen establecido en la Base Naval. Si bien las condiciones
de carcelería se han venido flexibilizando, es ilegal y anticonstitucional
que civiles se encuentren recluidos en una base militar por lo que se exige
y demanda el cierre del Penal Militar de la Base Naval del Callao y el traslado
inmediato de los prisioneros que ahí se encuentran, a un penal civil
bajo administración del INPE.
En conclusión lo que se a aplicado contra los prisioneros políticos
y prisioneros de guerra, de conformidad al artículo 319 inciso 3ro.
Del Código Penal peruano constituye una modalidad de genocidio porque
busca el exterminio sistemático de las personas comprendidas en los
llamados delitos de "Terrorismo y Traición a la Patria".
La situación de los prisioneros ha mejorado por la lucha política
que vienen desenvolviendo, pero aún subsisten en algunos penales estas
condiciones ignominiosas, lo que exige y demanda la flexibilización
absoluta del régimen carcelario para todos los prisioneros políticos
y prisioneros de guerra de todo el país sin excepción alguna
expresándose en el cese de la política y régimen carcelario
de reducción, aislamiento y aniquilamiento sistemático y sofisticado
y respeto de los derechos fundamentales universalmente reconocidos.
2).- ASESINATOS. EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES.
Las ejecuciones extrajudiciales atentan contra el derecho a la vida reconocido
no sólo por la Constitución del Estado Peruano sino también
por la Declaración Universal de Derechos Humanos que en su artículo
3 dice: "Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad
de su persona", así como el artículo 6 to. Del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos señala "El derecho a la vida
es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por
la ley, nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente". En la
Constitución del 79 no existía la pena de muerte sino solamente
en caso de traición a la patria en guerra externa. En la Constitución
del 93 establece la pena de muerte en caso de guerra y delito de terrorismo
y si no lo aplicaron judicialmente fue porque estuvieron impedidos de hacerlo
pues previamente tenían que "renunciar"a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica que en su
artículo 4to. Inciso 3ro. Lo prescribe y dice: "No se restablecerá
la pena de muerte en los países que la han abolido"., en conclusión
estaban impedidos de aplicarla judicialmente; pero la realidad es que el
Estado peruano no necesitó de un proceso legal porque extrajudicialmente
aplicó la pena de muerte usando diversas formas a través de
las fuerzas armadas, fuerzas policiales y complementarias, comités
de autodefensa o rondas campesinas.
Que quede claro que los asesinatos y ejecuciones extrajudiciales no son acciones
individuales como pretende justificar el D.S. Nro. 065-2001-PCM donde se
crea la Comisión de la Verdad que dice ".....algunos agentes del Estado",
sino es parte de la política aplicada por el Estado peruano en su
guerra contrasubversiva por los gobiernos de Belaúnde, García
Pérez y Fujimori, como la misma Defensoría del Pueblo no puede
dejar de reconocer en su informe "Desapariciones forzadas de personas en
el Perú" del año 2000 señala "...el hecho violatorio
al que nos referimos no se entiende como el acto de un particular, sino como
resultado de una orden superior enmarcado dentro de una política gubernamental
que permite al ejecutor actuar con gran impunidad y sin temor de ser castigado".
Durante el gobierno de Belaúnde empezaron los asesinatos extrajudiciales
y matanzas masivas, aparecieron cadáveres regados a pocos kilómetros
de la ciudad de Ayacucho, familiares tenían que recoger lo que perros
y alimañas dejaban de sus seres queridos, muchos de estos cadáveres
eran ciudadanos que fueron detenidos por las Fuerzas Armadas y Policiales,
en batidas públicas donde todo sospechoso de "senderista" era ajusticiado
sumariamente luego de ser brutalmente torturado.
En 1982 el asesinato de tres detenidos heridos que se encontraban hospitalizados
en el Hospital Regional de Ayacucho, el 2 de Marzo luego de la fuga del CRAS
de Ayacucho, así como pretendieron ultimar a otros dos a quienes otros
enfermos y trabajadores del nosocomio salvaron arrancándolos de las
garras de los esbirros. Los 5 que se encontraban convaleciendo en ese hospital
bajo custodia policial, crimen ejecutado por el capitán Rosemberg
contra Jimmy Wensjoe, Carlos Alcántara y Amílcar Urbay.
El 18 de Agosto de 1983 encuentran en Cocahuichun en la vía Libertadores,
17 cadáveres de niños y adolescentes torturados. Este año
es detenido un médico, lo llevaron al pueblo de Umaru, Cangallo. Lo
ataron en la Plaza de Armas y le atravesaron el corazón con una bayoneta
y su cabeza la colocaron en una estaca.
Este mismo año el ejército ingresó violentamente a una
vivienda de Quinuapata, Ayacucho y asesinó a una menor de 16 años,
estudiante de secundaria en presencia de sus hermanos menores de 7 y 9 años,
secuestraron el cadáver y ante reiteradas denuncias recién
lo devolvieron a la familia.
En Ayacucho el año 84 Mercedes Malpica con 5 personas más fueron
detenidos vivos, 15 minutos antes que termine el toque de queda, por los
hombres del general de Brigada Clemente Noel, trasladados al Cuartel Los
Cabitos de Ayacucho sometidos a crueles torturas hasta matarlos, después
de varias horas aparecen sus cadáveres en diversas partes de Ayacucho,
para amedrentar a la población. Alberto Loc Eckselshom, esposo de
Mercedes Malpica fue a buscarla al cuartel, hay testigos que lo vieron entrar,
nunca más salió.
En Chuschi, Ayacucho, año 84, a un campesino le ataron dinamita en
el cuerpo y lo volaron mientras gritaban "así mueren los terrucos".
En Ramillapata, el mismo año, fusilan a dos niños de 9 y 11
años de edad junto con sus padres. En Mayopampa a un campesino lo
detienen, incendian su casa y lo tiran a la casa ardiendo.
En Cangallo, Víctor Fajardo, también este año mataron
a campesinos, les sacaron la cabeza, las que colocaban sobre palos que el
ejército paseaba por todas las comunidades para escarmentar y generar
temor en los campesinos, también hacían cavar sus propias tumbas
a los detenidos luego los aventaban y enterraban vivos.
El 28 de Julio de 1985 asumió el poder Alan García Pérez
quien en su verborrea demagógica dijo: "respeto a los derechos humanos",
"no responder a la barbarie con la barbarie", "Combatir con la ley en la
mano", pero los hechos demostraron su esencia genocida, de ahí que
el 2 de Agosto comienza un operativo que arrasó pueblos en Huambalpa,
Carhuanca, Pujas, Vilcashuaman, Vischongo y Cangallo. El 10 de Agosto arrasan
Huamanmarca. El 14 de Agosto, una patrulla del ejército ingresó
a Accomarca, sacó a viva fuerza a los pobladores, los torturaron,
mataron, las mujeres fueron violadas. En un cuarto metieron a mujeres y niños,
ametrallaron la casa y arrojaron granadas al interior e incendiaron la casa.
39 adultos y 23 niños fueron asesinados y 3 campesinos desaparecidos.
El responsable de este hecho genocida Telmo Hurtado, en ese entonces sub-teniente
en lugar de ser sancionado lo premiaron ascendiéndolo años
después hasta el grado de Mayor y siguió operando en la selva.
El 25 de Setiembre fueron arrasados los pueblos de Umaru, Incaracay, Pautin,
Tankiwa, Cochapata, Mayopampa, Manallasaq y otros asesinatos en masa en diferentes
lugares del país.
El 28 de Julio de 1988 mientras Alan García daba su mensaje presidencial
era asesinado el Doctor Manuel Febres Flores a manos del grupo Rodrigo Franco
por orden del mismo García Pérez, en este crimen intervino
Juan Pampa Quilla miembro del Servicio de Inteligencia del Ejército
que no sólo fue miembro del grupo Rodrigo Franco sino también
en la década del 90 integró el grupo Colina, este elemento
se hizo pasar como abogado democrático. Este hecho no era aislado,
el 84 desaparecieron al Doctor Yangali de los Ríos en Ayacucho; el
86 al Doctor José Vásquez Huayca y el 92 al Doctor Wilfredo
Terrones Silva, esta persecución y asesinato contra los abogados democráticos
buscaba amedrentar para impedir y negar el derecho a la defensa legal de
los presos políticos.
El grupo Rodrigo Franco, ejecutó decenas de asesinatos como el del
estudiante iqueño Luis Alberto Morán muerto tras ser absuelto
en un juicio por "terrorismo", José Abel Malpartida y Luis Alberto
Alvarez, asesinados con explosivos.
En este mismo gobierno detuvieron a un grupo de sikuris y a otras personas
en diferentes lugares de la capital, que luego aparecieron muertas cerca
de la fábrica RENASA acusándolos de haber dinamitado dicha
fábrica y que murieron en un supuesto "enfrentamiento" con las fuerzas
del orden lo cual era falso, los implicaron en ese hecho para justificar
su asesinato.
El año 87 detienen a una joven en estado de gestación, por
las inmediaciones del Fuerte Rímac, la involucran en los hechos del
restaurante "El Piano", el ejército la introduce a dicho cuartel donde
la asesinan a punta de bayoneta, apareciendo su cadáver en la morgue
donde fue reconocida por sus familiares.
El gobierno de Fujimori que se inició el año 90 violó
sistemáticamente su Constitución, normas y leyes; prosiguiendo
y desarrollando su política genocida, dijo actuar dentro de marcos
"legítimos" cuando lo que hacía arrasar sus principios demoburgueses,
pero se escondía en la formalidad legal y la apariencia democrática.
Fujimori fomentó la impunidad, no ha denunciado a los autores ni expresado
su condena o pedido de sanción frente a los crímenes salvajes
cometidos por las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, pues los genocidios
se hicieron por mandato del mismo Fujimori, ordenó al Parlamento para
que no apruebe la acusación de genocidio contra su antecesor García
Pérez, así se permitió que el genocidio de los penales
del año 86 quede en la impunidad. Ocultó documentos del ejército
que el periodista Hildebrandt presentó a la televisión acerca
de cómo las Fuerzas Armadas planteaban: "el mejor terrorista es el
muerto", "exterminio a familiares y amigos", "Ejecutar sin dejar huella".
Se intensificó las acciones de las fuerzas complementarias como el
grupo Colina y el denominado grupo antiterrorista operativo (GATO) que actuaba
en el centro, así como otros grupos que operaban a nivel nacional,
en campo y ciudad. Los asesinatos que ejecutó el grupo Colina son:
el crimen de Barrios Altos en noviembre de 1991, la matanza de 9 estudiantes
y un docente de La Cantuta, y de 9 campesinos en el distrito del Santa, Chimbote,
en mayo de 1992, de Pedro Yauri periodista de Radio Universal de Huacho en
junio del 92. Entre 1990 y 1992 habrían ejecutado a más de
60 personas, de lo que se conoce.
El ensañamiento y ferocidad con que asesinaban las Fuerzas Armadas
era tal que llegaron a torturar y fusilar a niños por el simple presumir
que eran hijos de "senderistas", esto consta en las declaraciones que hizo
a la prensa el mismo Telmo Hurtado, ejecutor del genocidio de Accomarca cuando
le preguntan porqué había matado niños, responde que
"a estos niños de 7 y 8 años los adoctrinaban, iban a crecer
e iban a ser terroristas".
En Huanta detuvieron a una muchacha que estaba embarazada, después
de torturarla la ataron con una soga al carro y la arrastraron por toda la
carretera para que se despedace ella y el bebé que llevaba en su vientre;
lo mismo hacían en otros lugares como en Huánuco.
En Cangallo detuvieron a un campesino lo amarraron a un palo y lo quemaron
vivo.
Entre Agosto y Octubre del 90 encontraron en Ayacucho 3 fosas comunes, difundieron
que se trataba de "cementerio senderista"; los diarios dijeron que eran cadáveres
pre -incas, de estos genocidios tiene responsabilidad el Jefe Político
militar del Frente Nro. 5 de Huamanga, Fernández Dávila Carnero.
En Mamaru, Apurímac violaron a todas las niñas del colegio
y a campesinas pobres, muriendo 10 colegialas a consecuencia de las violaciones.
Asesinatos masivos en el departamento de Ayacucho, Accocro, Quinua, provincia
de Huamanga y otras de Huanta. En el departamento de Huancavelica, en Santa
Bárbara, mataron 14 campesinos cuyos cadáveres estaban con
huellas de torturas y violaciones.
En cuanto a las rondas campesinas la política de Fujimori fue armar
y entrenar ronderos. Las Fuerzas Armadas les proveían el armamento
requerido, esto se impulsa más a partir del 92, entregaron el primer
lote a comunidades de la sierra central en Alto y Bajo Tulumayo, organizados
en rondas. Los ronderos de Andamarca-Junín, previa decapitación
entregan 14 cabezas de "senderistas" al Jefe Militar del Frente Mantaro.
Ronderos de Apurímac desatan redadas en Yanachoqecc por el distrito
de Julcamarca, las rondas organizadas por Huayhuaco desatan matanzas. La
comunidad ashaninka también fue organizada en rondas. Son varias las
denuncias que existen ante la Fiscalía de Ayacucho contra los ronderos
por las atrocidades cometidas.
En San Gabriel al sur de Lima asesinaron a 7 jóvenes, ametrallándolos
desde helicópteros.
El 23 de Abril de 1994 aplicaron el Operativo Aries, con helicópteros
artillados bombardearon el Huallaga y Ayacucho, efectivos del ejército
en diferentes pueblos haciendo genocidio. Como resultado de este operativo
detuvieron a 500 personas a quienes chantajearon y presionaron para que sus
familias a quienes suponían "senderistas" se entreguen.
En conclusión en el gobierno de Belaúnde hubieron 8103 muertos,
en el gobierno de Alan García Pérez, 9660 muertos y durante
la gestión fujimorista de julio 90 a setiembre 91 hubieron 3761, el
total de asesinados en sus 5 años de gobierno se desconoce, pero en
estos veinte años de guerra se habla de 25,000 muertos.
Se debe tener en cuenta el informe de la Defensoría del Pueblo que
dice que existen 514 casos de ejecuciones extrajudiciales denunciados y documentados,
este total de casos no constituye el total de ejecuciones en el país.
El Estado a través de sus agentes o de grupos civiles que actuaban
bajo su consentimiento es el responsable de la ejecución sin juicio
previo de por lo menos 514 personas. El gobierno de Belaúnde Terry
es el responsable del 14.9% de las ejecuciones extrajudiciales, el de Alan
García Pérez del 39% y el de Alberto Fujimori del 46.1%. También
se concluye en este informe que el 51.1% de los casos tienen como agente
responsable al Ejército, y en segundo lugar a los grupos civiles de
autodefensa, actuando solo o con apoyo de las Fuerzas Armadas, siendo responsable
del 14.3% de los casos.
Debe considerarse que los datos que presente la Defensoría no son
el total de ejecuciones extrajudiciales que se han cometido en estos 20 años
de guerra interna en el país pues muchos casos no han sido denunciados
por temor a represalias como en el caso de Uchuraccay, Cayara y otros donde
asesinaron y desaparecieron a los testigos y denunciantes. En otros casos
el propio Ministerio Público se negó a recibir las denuncias
como consta en el informe de Defensoría.
3.- TORTURAS.
Como resultado de la guerra interna desenvuelta en el Perú desde Mayo
de 1980 se iniciaron las detenciones y con ellas las torturas y violaciones,
las que en la mayoría de los casos terminaban en cobardes asesinatos
y desapariciones para ocultar sus crímenes y crueldad con la que trataban
a los detenidos y como parte de la violencia política que aplicaba
el Estado para "castigar a los levantados en armas", así como también
la usaban para que los detenidos se autoinculparan y dieran supuestas informaciones
y así justificar las atrocidades cometidas.
La tortura es un delito de lesa humanidad, ya desde la Constitución
del 79 se establecía que carecen de valor las declaraciones obtenidas
por la violencia y quien la emplea incurre en responsabilidad, comete un
delito de lesa humanidad. La actual Constitución Política del
Perú que data de 1993, en su parágrafo 4 del inciso 24 del
Artículo 2do. Establece que nadie debe ser víctima de la violencia
moral, física o síquica, ni sometido a torturas o a tratos
inhumanos o humillantes; y en el Código Penal del Perú es considerado
delito de lesa humanidad. Por tanto las torturas aplicadas en el Perú
van contra la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, de las Naciones Unidas suscrita por el
Estado Peruano.
En el campo, los cuarteles se convirtieron en campos de concentración,
grandes centros de tortura masiva y siniestra controladas por el Ejército
como el cuartel Los Cabitos de la ciudad de Ayacucho en Totos (Cangallo),
Qoisa y Pichari en La Mar así como también en Huanta a cargo
de la Marina. En la ciudad eran las Comisarías, las oficinas de la
DINCOTE y ultimamente las instalaciones del SIN y los sótanos del
Pentagonito.
Las torturas aplicadas son múltiples y variadas en crueldad, citamos
algunas: Al ser detenidos eran arrastrados de los cabellos, golpeados todos
por igual sin reparo de condición de mujer, ancianos, enfermos o niños,
pateados y golpeados con la culata del arma hasta perder el conocimiento,
golpes en la cabeza, pulmones, riñones provocando serias secuelas
traumáticas y hasta dejándolos inválidos. Sacaban las
uñas una por una, tanto del pie como de la mano, introducían
sus cuerpos desnudos en cilindros de agua sucia, colgaban de los brazos a
una persona por varias horas, hasta descoyuntarle las articulaciones del
hombro.
Disparos con arma de fuego cerca de la cabeza, haciendo el juego de la ruleta
rusa sobre la sien del detenido. Cortes con armas blancas en el rostro y
otras partes del cuerpo. Lanzar a las personas torturadas por un barranco.
Obligar a comer media bolsa de sal. Obligar a escuchar los gritos de las
torturas inflingidas a un pariente, amarrar a las personas a un poste por
varios días. Encerrar a la persona dentro de un cajón o hueco
bajo tierra por varios días. A las mujeres embarazadas que detenían,
las golpeaban en el vientre. Detenían a otros familiares como forma
de presión y chantaje para que se entreguen las personas a quienes
perseguían.
En algunos casos, por el camino le iban cercenando los dedos de las manos,
de los pies, el brazo, las orejas, les cortaban la lengua, le sacaban los
ojos y al final lo decapitaban y dejaban la cabeza incrustada en estacas,
o los ahogaban hundiéndolos en el agua.
Otra forma era trasladar a los detenidos colgados del helicóptero
por una soga. En otros casos les cortaban las orejas con bayoneta, los subían
al helicóptero y los lanzaban de grandes alturas a la población.
En la DINCOTE utilizaban los siguientes métodos: la colgada, la tina
que consistía en ahogar al detenido en tinas, bidones, pozos, waters,
en agua sucia, con detergente o excremento. La picana eléctrica, aplicaban
descargas eléctricas en diversas partes del cuerpo como órganos
genitales, pecho, senos, plantas de los pies y manos. Los quemaban con cigarro
o con velas.
Violaciones de los detenidos varones y mujeres, a veces reiteradas violaciones,
dejando a las mujeres muchas veces embarazadas. También les introducían
objetos como fierros, palos, el cañón de sus armas por el ano,
generándoles hemorragias.
Prácticas vejatorias y humillantes en su condición de mujer.
Las torturas inflingidas no sólo eran físicas, sino llevaban
implícitas daño psicológico y traumas posteriores. Se
apuntaba a golpear la moral, humillar y vejar la dignidad y condición
de ser humano.
Aquí es importante tener en cuenta la conclusión a la que ha
llegado la Defensoría del Pueblo con respecto a las torturas: "La
tortura, habría sido la práctica utilizada por las fuerzas
del orden que formó parte de la política antisubversiva implementada".
ACUERDOS:
1.- Luchar para que se establezca la responsabilidad política de las
torturas, violaciones, asesinatos, genocidios, desenvueltos en estos veinte
años de guerra interna, que sean sancionados y no queden impunes.
2.- Exigir que la Comisión de la Verdad sea integrada también
por representantes de los familiares de detenidos, torturados, asesinados,
y representantes de los alzados en armas, para que se conozcan los hechos
tal como han sucedido y esto lleve a una verdadera Amnistía General
que sirva a una reconciliación nacional.
3.- Pedir que la Comisión de la Verdad reciba el testimonio de los
prisioneros políticos y de todos los familiares de los detenidos,
torturados, desaparecidos, asesinados, perseguidos, para que se conozca la
verdad de los hechos.
4.- Exigir al Estado Peruano cese las torturas, detenciones, persecuciones,
asesinatos y matanzas contra el pueblo peruano.
5.- Que se deroguen todas las leyes anticonstitucionales como la que estableció
la Cadena Perpetua, la que creó Tribunales militares y jueces sin
rostro, la que creó el llamado delito de "Traición a la Patria",
la que prohibe los beneficios penitenciarios, la ley de arrepentimiento,
la que niega el derecho a la defensa, etc. El cierre del Penal Militar de
la Base Naval del Callao, Yanamayo y Challapalca.
6.-Pedir que se revele la identidad,se establezca la responsabilidad y se
sancione a los que formaron parte de los tribunales militares y jueces sin
rostro,por haber prevaricado.
7.-Exigir que se investigue a los grupos paramilitares como: Rodrigo Franco,
Colina, etc.
8.-Exigir como una cuestión concreta la inmediata derogatoria de la
Ley de "Apología al terrorismo".Nulidad de procesos seguidos por Tribunales
Militares y jueces sin rostro. Retorno de los prisioneros a sus lugares de
orígen.
9.-Pedir que se dé una Verdadera Amnistía General que sirva
a una futura reconciliación nacional.
10.-Apoyar la demanda de los prisioneros políticos y prisioneros de
guerra.
V.- CONCLUSIONES, ACUERDOS Y TAREAS.
1.- Las conclusiones y los acuerdos son los planteados en cada uno de los
cuatro temas tratados en el evento.
2.- Se eligió a la Junta Directiva de la Coordinadora Nacional de
Organizaciones y Masas por una Auténtica Comisión de la Verdad,
fueron elegidos los siguientes:
Presidente: Fanny Palomino.
Vice-Presidente:Adelinda Sedelmayer.
Secretaría de Organización:Julia Peña.
Secretaría de Economía:Marcelino Tineo.
Secretaría de Actas:Carlos Rios.
Secretaría de Prensa y Propaganda: Enrique Acedo.
Vocal : Bertha Rojas.
Vocal : Lourdes Lazo.
3.- Se encargó a la Coordinadora elaborar un pliego petitorio para
presentar al Presidente de la República.
4.- Se acordó realizar una Conferencia de Prensa, para dar a conocer
a la opinión pública nacional e internacional las conclusiones,
acuerdos y nuestras demandas.
5.- Se encargó a la Coordinadora elaborar la plataforma de lucha,
asi como la planificación y ejecución de las tareas a cumplir.
RELACION DE ORGANIZACIONES PRESENTES EN LA I CONVENCION
Sindicato de Trabajadores Municipales de Comas
Instituto Prensa y Sociedad
Organización de Desplazados Lima CONDECOREP
Comunidad Cristiana - Ministerio Casa del Banquete
Federación de Instituciones Regionalista Cangallo - Pdte. de la Federación.
Alianza Humanista Juvenil
Consejo de Gobierno y Desarrollo Zonal - Comas
Asociación Unica de Docentes de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos.
Asociación de Mujeres - Humamarca .- San Juan de Miraflores
Asociación Americana de Juristas - Rama del Perú
Sindicato de Trabajadores de Registros Públicos
Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú
Asociación de Productores Mineros- APROMIN.
Movimiento Democracia para el Perú - Plaza San Martín
Trabajadores de la Universidad Nacional del Callao
Asociación de Familiares de Presos Políticos y Desaparecidos
de Piura
Asociación de Familiares de Presos Políticos de Chiclayo
Asociación de Familiares y Amigos de Prisioneros Políticos
y Desaparecidos del Sur del País.
Comisión de Familiares de Prisioneras Políticas de Chorrillos
Comisión de Familiares de Prisioneros Políticos de Yanamayo
Comisión de Familiares de Prisioneros Políticos de Canto Grande
Comisión de Familiares de Prisioneros Políticos de Cachiche
Comisión de Familiares de Prisioneros Políticos de Yanamilla
- Ayacucho
Comisión de Familiares de Prisioneros Políticos de Huamancaca
- Huancayo
Comisión de Familiares de Prisioneros Políticos de Huacariz
- Cajamarca
Comisión de Familiares de Prisioneros Políticos de El Milagro
- Trujillo
Comisión de Familiares de Prisioneras Políticas de Aucallama
- Huaral.
Sra. Raida Condor - Familiar del caso de la Cantuta
Un miembro de la Asociación Nacional de Desaparecidos - Huamanga.
Vino a título personal.
Otros invitados como Ricardo Letts, Walter Humala y gran cantidad de masas.
