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Los presos políticos y prisioneros de guerra recluidos en los pabellones 2A y 2B del Establecimiento Penal Miguel Castro Castro, sentenciados y / o procesados por el llamado delito de terrorismo, ante la opinión pública, con indignación y profunda preocupación, denunciamos y rechazamos la sistemática campaña mediática mentirosa que contra los presos políticos del Perú vienen difundiendo los sectores más reaccionarios y recalcitrantes dentro del Estado peruano, a través de algunos medios de información de conocida posición antipopular como Expreso, El Comercio, La Razón y Caretas, a los que se ha sumado últimamente el periódico La República, pretendiendo absurdamente imputarnos "dirigir desde la prisión" la protesta popular y los hechos armados en el Huallaga y el VRAE. Lo que buscan es crear una opinión pública condenatoria contra esa intensificación de la justa lucha popular de las masas por los derechos fundamentales y del pueblo, y en ese propósito, continuando con hacer uso político del llamado terrorismo como amenaza y levantando supuestas razones de seguridad, el gobierno aprista, las facciones y grupos de las clases reaccionarias, cada quien según sus intereses, también han pasado a desenvolver nuevamente una campaña sin base ni fundamento alguno contra los presos políticos, los ex- prisioneros y nuestros familiares. Esta última se vuelve a montar en noviembre con las declaraciones del Presidente de la República, de sus ministros y altos dirigentes apristas, los que vulnerando derechos constitucionales y políticos de quienes recobraron su derecho a la libertad luego de cumplir largas condenas o con libertad condicional tras engorrosos, durísimas e inconstitucionales exigencias legales, anunciaron que iban a entregar para que se publique "la lista de los 1800 terroristas liberados … para que todos sepan exactamente vecinos de quiénes son y qué cosa está haciendo cada uno", "muchos de estos liberados … están otra vez empujando sus planes siniestros y están movilizando de alguna manera a otros sectores". En diciembre, la ex-presidenta del Parlamento, Mercedes Cabanillas, anunciaba que en el Congreso existía una iniciativa para revisar el Código Penal, para agravar las penas a los reincidentes por delito de terrorismo y que los subversivos sentenciados no tengan ningún beneficio penitenciario. Luego han continuado con la campaña mentirosa de "Reunificación de Sendero Luminoso para reiniciar la lucha armada", e inventando infamias sin pies ni cabeza difundieron, en mes de febrero, que en supuesto "Documento elaborado por Elena Iparraguirre", "incautado por agentes de la Dircote … en el penal de mujeres de Chorrillos", "ponen al descubierto siniestro plan", "Abimael ordena sabotear APEC", "ordena claramente a los terroristas libres que participen activamente en las manifestaciones de protesta que se lleven a cabo con ocasión de las cumbres …", "Deficiencias en el sistema carcelario", "quieren desestabilizar el país", etc. Y el Diario la República, en todo un suplemento: "Dossier Coleccionable" (20/04/08) publica otras arteras y absurdas afirmaciones: "Los planes de Sendero", "la organización terrorista busca unificar fuerzas para reiniciar la lucha armada", "Reconstrucción y reconstitución del Partido` con la finalidad de reiniciar la lucha armada, como consta en documentos interceptados en las prisiones", "Digimin alude a un cónclave efectuado en el penal de Canto Grande", "no descartan … los senderistas ejecuten acciones terroristas en la capital, ante la proximidad de las reuniones mundiales", etc.
RECHAZAR LA TENDENCIA AL RETROCESO SOCIAL Y PENAL.
¿Qué buscan con toda esta campaña mentirosa y burda? No obstante la realidad de los hechos se ha encargado de desenmascararlos, persisten en sus pretensiones de legitimar y justificar la aplicación de los inconstitucionales Decretos Legislativos de julio del 2007, rechazados y cuestionados por el pueblo y todo peruano que respeta y defiende los derechos fundamentales y políticos, la lucha por la democratización en beneficio del pueblo y el proclamado estado de derecho (presión que obligó a la Comisión de Constitución del Congreso a derogar los Decretos Legislativos 982, 983 y 989 el 03/ 06/ 08, faltando ser ratificados por el Pleno del Congreso); una nefasta legislación represiva que ampara y le da el "marco legal" a la criminalización de la protesta popular y agravamiento de las penas en el Derecho penal, esto es esencialmente la aplicación del conocido Derecho Penal del Enemigo, un particular Derecho penal excepcional contrario a los principios de la tradición liberal garantista del Derecho penal en el Perú, que da carta blanca a la negación monstruosa de los derechos fundamentales de la persona, imponiéndose como tendencia un retroceso social y penal, por lo tanto un retroceso en la lucha por la democratización.
En lo referente o ligado al llamado delito de terrorismo introduce legalmente el mayor agravamiento de las penas, así como se modifican artículos del Código de Procedimientos Penales y del Código de Ejecución Penal, este último para introducir restricciones adicionales que agravan e implican un retroceso en el régimen carcelario, por ejemplo, en contra de la finalidad de la reincorporación del penado a la sociedad y se da carta blanca a la persecución por ideas, en abierta violación del Art. 35 de la Constitución Política vigente que ampara el derecho de toda persona a participar políticamente. Asimismo se introduce la improcedencia de beneficios penitenciarios para unos y para otros la exigencia de previo pago o depósito de fianza como garantía del íntegro de la reparación civil que en la mayoría de casos es inconcebiblemente alto e imposible de pagar. Claramente el objetivo es encerrarnos a los presos políticos tras las rejas por siempre, en particular a quienes se considera dirigentes, no obstante que en promedio llevamos 16 años presos en las peores condiciones.
A lo anterior se debe sumar la extensión de la persecución a nuestros familiares, el hostigamiento y maltratos con las arbitrarias revisiones vejatorias y humillantes en el ingreso a nuestras visitas, violatorias de derechos constitucionales; además de las condiciones actuales del régimen carcelario con problemas irresueltos en nuestro perjuicio como en alimentación que durante años se mantiene un exiguo socorro alimenticio de S/. 3.50 al día por interno, en este penal ilegalmente de solo S/. 3.00 no obstante el alza incesante del costo de vida, así como en salud, educación, trabajo, visita interpenales, etc. con fuertes restricciones anticonstitucionales.
Rechazamos esta campaña mentirosa, difamatoria que obedece a intereses políticos y tiene por propósito el retroceso y agravamiento del régimen penitenciario, negación de nuestros derechos políticos y fundamentales.
¡SOLUCIÓN POLÍTICA, AMNISTIA GENERAL Y RECONCILIACION NACIONAL!
Los prisioneros de guerra y presos políticos del Perú hemos seguido una coherente posición política definida y sostenida públicamente desde 1992, las grandes iniciativas políticas del doctor Abimael Guzmán y la profesora Elena Iparraguirre: primero, la necesidad de buscar una solución política bajo la forma de un Acuerdo de Paz que termine la guerra popular iniciada en 1980, luego desde el 2000, Solución política a los problemas derivados de la guerra y, desde agosto del 2006, nuestra posición política fue especificado como Solución Política, Amnistía General y Reconciliación Nacional, difundida públicamente por los diversos medios de información nacional e internacional. Nosotros nada tenemos que ver con las acciones armadas que se realizan fuera, estamos de acuerdo sí con una solución política global que comprenda también a quienes continúan en armas y planteamos claramente que no hay condiciones subjetivas para una lucha armada hoy.
Rechazamos la campaña mediática mentirosa contra el doctor Abimael Guzmán Reinoso y la profesora Elena Iparraguirre imputando "dirigir desde la prisión" y "privilegios", ocultando las reales posiciones políticas que ambos sostienen y son una necesidad del pueblo, la nación y la sociedad peruana en su conjunto, campaña que sirvió como presión política para que la Corte Suprema confirmara la condena a cadena perpetua, y ahora, para justificar las restricciones adicionales que agravan su situación de casi 16 años de aislamiento, incomunicación y encierro convertidas en perpetuas, monstruosa negación de sus derechos políticos y fundamentales. Al respecto la profesora Elena Iparraguirre, el 13/I/2008, hizo de conocimiento a la opinión pública en general, ente otros puntos, lo siguiente:
"Y aquí hacemos pública nuestra decisión de declarar que estando al margen del proceso social hace ya 15 años nuestro papel ya terminó, lo que en modo alguno implica abandonar nuestras convicciones marxista-leninista-maoístas."
Y denunciando y rechazando que se oculte la posición política del doctor Abimael Guzmán Reinoso y la negación de sus derechos, desenmascara la imputación de "privilegios" revelando cuál es su real condición carcelaria: cómo teniendo a la fecha 73 años de edad se encuentra en aislamiento absoluto y encierro de 13 horas diarias; no recibe ninguna visita familiar, no le autorizan el encuentro familiar con su conviviente, la profesora Elena Iparraguirre, la única persona con quien cursa cartas sujeta a estricta censura y las que son utilizadas para fabricar especulaciones en los medios de prensa en función de aislarlo al máximo. No le autorizan la visita de amigos, historiadores, sociólogos, investigadores periodísticos o escritores; nunca le fue autorizado trabajar o estudiar a distancia ni se le permite libertad intelectual o científica, ni ejercer su libertad de expresión, libertad de pensar, defender o difundir sus ideas, el derecho pleno a la defensa habiendo sido atacado pública y sistemáticamente en su honor personal y convicciones ideológico políticas; incomunicado, nunca dio entrevista periodística alguna; cada una de sus entrevistas con su abogado son filmadas, oídas y grabadas, los documentos revisados y el abogado chequeado exhaustivamente; cada uno de sus movimientos y palabras fueron en todos estos años filmados o grabados para tergiversar su situación aparte de manipularla de acuerdo a intereses ajenos.
Todas las condiciones descritas niegan sus derechos políticos y fundamentales y son prueba de abierta inconstitucionalidad, ilegalidad y discriminación anticonstitucional perpetua. Imputar "dirigir desde la prisión" y "privilegios" a alguien en esas condiciones monstruosas no solo es una infamia sino manipulación artera y uso de la opinión pública en función de intereses y afanes políticos bastardos.
Suscribimos y apoyamos la denuncia y rechazo de la profesora Elena Iparraguirre a esa campaña y la negación monstruosa de derechos políticos y fundamentales del pueblo en general, del doctor Abimael Guzmán y de todos los prisioneros de guerra y presos políticos del Perú, uniéndonos a su planteamiento de que:
"Todo peruano que respete y defienda los derechos fundamentales y políticos, la lucha por la democratización en beneficio del pueblo y el proclamado estado de derecho debería rechazar esta tendencia al retroceso social y penal y enarbolar las avanzadas banderas de la lucha por los derechos y libertades así como la lucha por el derecho a actuar políticamente como parte de la lucha por la democratización de la sociedad en beneficio del pueblo."
¡Solución política, amnistía general y reconciliación nacional!
¡Derogatoria de la legislación antisubversiva y los Decretos Legislativos de julio 2007!
¡Democratización de la sociedad en beneficio del pueblo!
Prisioneros de guerra y Presos Políticos.
Penal "Miguel Castro Castro", junio de 2008.
