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Familiares de los presos políticos:

¡RECHAZAMOS LOS JUICIOS POR TERRORISMO!

I.- Nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros padres son revolucionarios, no son terroristas.

Ellos dejaron a su familia, dejaron su promisorio futuro de calificados trabajadores, estudiantes o profesionales y se entregaron íntegramente a la lucha por la transformación social del país en beneficio del pueblo aún a riesgo de sufrir prisión, destierro y muerte, fueron parte de un gran movimiento social, un hecho eminentemente político que involucró a toda la sociedad peruana en la década del 80 - 90, esta es una realidad y no debe seguir siendo calificada como terrorismo.

II.- Los llamaron "terroristas" para someterlos a las leyes inconstitucionales y tratarlos como subhumanos.

Desde el inicio de la guerra interna, las detenciones se dieron a diario, y a partir de 1981 s e promulgaron diversas leyes antiterroristas, después la llamada ley de "traición a la patria" y otros dispositivos complementarios con lo que nuestros familiares fueron sometidos a juicios y condenados por tribunales civiles y militares "sin rostro", las que fueron anuladas por inconstitucionales, a consecuencia de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por más de 5000 ciudadanos de la cual fuimos parte. Sin embargo, el Tribunal Constitucional mantuvo el decreto Ley 25475 dejándolo como columna vertebral del actual sistema, que viola el principio de legalidad referido a la definición del delito y que establece penas draconianas como: cadena perpetua, 35, 30 y 25 años y sin mayores beneficios penitenciarios.

Toledo apuntaló el DL 25475 promulgando los Decretos Legislativos 921 al 927, con lo que recorta garantías y el debido proceso y hoy lo aplican en los nuevos juicios que se realizan en salas especiales antiterroristas, que es un fuero de excepción que viola el principio de la imparcialidad del juez y la igualdad ante la ley.

El sistema legal antiterrorista hace ver a nuestros familiares como seres diferentes, los estigmatiza como terroristas para desprestigiarlos, justificar la negación de sus derechos y así mantenerlos en prisión por siempre y en las peores condiciones, tal como lo han venido haciendo, aislándolos, es así que, durante el primer año de detención se nos negó el derecho de visitarlos, para luego autorizar visita de media hora por locutorio e incluso fueron trasladados a provincias, lejos de sus lugares de origen para hacer más difícil nuestro socorro y mantenerlos en aislamiento absoluto e incomunicados, más aún, se los mantuvo en prisiones militares o de máxima seguridad con regímenes militares o policializadas, por lo que el Estado peruano ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como violador del Art. 5.1 de la Convención Americana. La represión contra nuestros familiares, llegó hasta el genocidio que arrancó en octubre del 85, en el Penal de Lurigancho fueron asesinados 32 prisioneros; en junio del 86 más de 250 prisioneros fueron asesinados en las prisiones del Callao, Lurigancho y El Frontón, ambos genocidios durante el gobierno de Alan García, y con Fujimori, en mayo del 92 en Canto Grande fueron asesinados 50. Estos genocidios aún permanecen impunes clamando justicia.

Denunciamos las campañas que hacen con las acciones de los grupos en armas, agrandándolos con el objetivo de justificar la represión policial. Sin embargo, ocultan los planteamientos de nuestros seres queridos que desde 1993 buscan una solución política a los problemas derivados de la guerra. Ellos exigen su derecho a actuar políticamente de acuerdo al Art. 35 de la Constitución vigente y así seguir sirviendo al pueblo.

Nos solidarizamos con el comunicado de los abogados de la defensa del "mega proceso" que nos hace comprender mejor el marco legal de la estrategia del Estado y las irregularidades del debido proceso.

III.- Por todo lo dicho ¡Rechazamos los juicios por terrorismo!

Como nuestros familiares dicen, su único delito es haberse levantado contra un orden injusto que condena al pueblo en el hambre, la miseria y el abandono, ellos no son terroristas, sus delitos son políticos-sociales y así deben ser juzgados. Nosotros seguiremos en la brega para que se respete sus derechos, así nos hostiguen, persigan o se nos niegue el derecho a asociarnos para defender a nuestros seres queridos, pero no aceptaremos que sean condenados de por vida, al contrario, sí la mayoría está en prisión entre 12 y 20 años, creemos que para ellos la libertad ya es un derecho.

Abril de 2006


AFADEVIG - Asociación de Familiares de Presos Políticos Desaparecidos y Víctimas de Genocidio

AFAPREDEP - Asociación de Familiares de Presos Políticos y Desaparecidos del Perú