|
|||||
| Actualidad | Informaciones de fondo | Documentación | Archivo | Enlaces | Contacto |
|
|||||
El 11 de febrero del 2005, el Movimiento Popular de Control Constitucional presentó una demanda constitucional contra el decreto ley antiterrorista No. 25475 y los decretos 921 a 927 que regulan su aplicación. La Asociación Perú de Alemania saluda y respalda este paso importante hacia la democratización de la sociedad peruana y exigimos al Tribunal Constitucional del Perú que cumpla con su deber de defender la Constitución y el Estado de Derecho.
El decreto ley 25475, promulgado por la dictadura de Fujimori en 1992, es la médula de la legislación antiterrorista peruana que, como toda ley antiterrorista tiene el objetivo de negar el carácter político de las luchas populares contra la injusticia social, la explotación y la opresión para criminalizarlas y aislarlas políticamente. Juristas del Perú y a nivel internacional e incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en reiteradas ocasiones han cuestionado esta ley por violar principios jurídicos fundamentales porque tanto el tipo penal punible como el bien jurídico que supuestamente protege son definidos de manera tan difusa y amplia que prácticamente cualquier delito puede ser calificado de "terrorismo" si el fiscal los interpreta como tales. De este modo delitos que en el Código Penal se trata como menores y hasta actos no punibles sujetos a la libertad de opinión o información como la tenencia de un volante o manifestar una opinión positiva sobre una llamada "organización terrorista" se puede declarar acto de terrorismo y sancionar con una pena mínima de 20 años de prisión. De esta manera la ley antiterrorista se esgrime como espada de Damocles contra todos los movimientos de protesta social como se ha visto no hace mucho en el caso de las luchas de los campesinos cocaleros y una fracción del sindicato de los maestros, el SUTEP, cuyos dirigentes fueron acusados de terrorismo. En especial las leyes antiterroristas servían y sirven para calificar deliberadamente las acciones de una parte de la guerra interna como actos criminales y estigmatizar y perseguir a los insurrectos como si fueran delincuentes comunes, mientras como contraparte los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado peruano se justifica como una necesidad para defender la "democracia y el Estado de derecho" dejándoles en gran parte impunes o sancionándoles con penas mínimas en caso que la opinión pública no permitía la impunidad.
A pesar de la evidente violación de los principios jurídicos consagradas por la Constitución peruana y tratados internacionales, el Tribunal Constitucional declaró válido el artículo 2 del decreto ley 25475 sobre el delito de "terrorismo" cuando a raíz de una anterior demanda de inconstitucionalidad en enero del 2003, se vio obligado de declarar anticonstitucional una parte de la legislación antiterrorista, en especial los juicios por "traición de la patria" ante los tribunales militares y los procesos ante jueces anónimos "sin rostro", anulando las sentencias correspondientes. En consecuencia deberían haber salido en libertad todos los presos con la sentencia anulada, ya que un principio jurídico internacionalmente reconocido dice que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Sin embargo, en el afán de impedir la libertad de los presos políticos a cualquier precio, el Tribunal Constitucional se burló de todas las normas del Estado de derecho demoliberal que está obligado de defender, disponiendo que contra las personas correspondientes se abra nuevos juicios por "terrorismo" en base de la ley 25475. Al mismo tiempo ordenó al gobierno peruano que regule mediante nuevas leyes las modalidades de los nuevos juicios, las penas y las condiciones de ejecución penal. Por consiguiente, este emitió los decretos 921 a 927 que mantenían partes esenciales de las leyes anteriores estableciendo penas completamente desproporcionadas, restringiendo garantías legales fundamentales e introduciendo tribunales especiales para encargarse de los juicios y un reglamento especial de ejecución penal para dificultar la liberación después del cumplimiento de la pena. Este procedimiento viola claramente el principio incontrovertible que ninguna ley se puede aplicar retroactivamente salvo que beneficie al acusado. Además se dispuso que el tiempo de prisión preventiva se cuenta a partir de la fecha de la apertura del nuevo juicio, pese a que la mayoría de los presos está en la cárcel sin sentencia válida más de 10 años y en algunos casos casi 20 años, para rechazar las peticiones de liberación provisional por exceso de carcelería sin sentencia presentadas por los acusados, ya que ésta según la ley peruana no puede pasar los 36 meses, mientras por otro lado los miembros del siniestro grupo paramilitar "Colina" y de la criminal mafia del ex presidente Fujimori que por el mismo motivo pidieron su liberación fueron liberados. Al mismo tiempo, el gobierno peruano volvió a endurecer las condiciones de detención de los presos políticos aislando como en la época de Fujimori una parte, limitando la salida al patio a una hora diaria y recortando las visitas sin justificación alguna. En estas condiciones trata de llevar adelante los nuevos juicios contra los presos políticos, ante todo el llamado megaproceso contra la dirección del Partido Comunista del Perú (PCP) que se pretende convertir en un espectáculo para endiablar las ideas revolucionarias y en un fanal de escarmiento para todos los movimientos sociales, un proceso en que la sentencia ya está definida antes que empiece, igual al proceso contra la dirección de los insurrectos del MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru) que actualmente se lleva a cabo en la Base Naval del Callao.
Todo eso demuestra que el Estado peruano, actualmente encabezado por el gobierno de Toledo, utiliza el Estado de derecho únicamente como tapadera para mantener su poder y garantizar la maximización de las ganancias de la pequeña capa de los ricos y sus cómplices, los monopolios multinacionales, que están saqueando el país, tirándolo sobre la borda sin escrúpulos si le conviene.
Llamamos a todas las fuerzas progresistas y democráticas a nivel mundial a bregar por la abolición de las llamadas leyes antiterroristas en el Perú y en todas partes y desenmascarar su verdadero carácter como instrumento para criminalizar los movimientos sociales de protesta. En especial convocamos a todos los movimientos sociales, demócratas y el pueblo en el Perú en general a luchar activamente por la derogatoria de las leyes antiterroristas en el Perú y defender el derecho de combatir la injusticia, la explotación y la opresión.
Asocación Perú - Alemania
Marzo del 2005
