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Protestas sociales en Perú

JULIO DE 2008

Paro nacional 9 de julio en Lima Paro general remece el país
El 9 de julio, millones de ciudadanos no asistieron a sus centros de laborales y salieron a las calles, acatando el paro general convocado por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) para exigirle al presidente Alan García que cambie el rumbo de su gestión y que la bonanza del país se reparta de manera equitativa. A la convocatoria se plegaron un gran número de sindicatos, frentes regionales, organizaciones campesinas y otras organizaciones sociales.

Los principales puntos de la plataforma general de la Coordinadora Política Social, conformada por las centrales sindicales CGTP y CUT y algunos partidos políticos, eran: Rechazar el alza del costo de vida y de los combustibles. Aumento de sueldos y pensiones. Mayor presupuesto para salud y educación. Defender la soberanía nacional, los recursos naturales, el medio ambiente, la integridad territorial y el patrimonio cultural. Rechazo a la privatización de los puertos. Derogatoria de las normas que afectan a las comunidades campesinas y nativas, y a las que criminalizan la protesta social. Solución a las demandas laborales y sociales. Empleo digno con derecho a la sindicalización. Impuesto a las sobreganancias mineras no menor al 50% de las utilidades. Alto a la contaminación derivada de dichas operaciones. Saneamiento físico-legal, servicios básicos y programas de vivienda para los asentamientos humanos y los sectores populares. Además el paro sirvió para expresar inquietudes sobre múltiples temas sectoriales y regionales.

Paro agrario - dirigentes CNA Paro agrario - quema de llantas Coincidiendo con el Paro Nacional del 9 de julio, en la víspera las comunidades de agricultores del país agrupadas en la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación Campesina del Perú (CCP) y la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami) iniciaron una huelga nacional de 48 horas contra decretos como el Nº 994, que establece que las tierras eriazas no registradas son de dominio del Estado o el decreto ley 1015 que facilita la venta de tierras campesinas y nativas, el constante incremento en el precio de los fertilizantes, el alza de los productos de primera necesidad, la falta de incentivo para la producción nacional, el incremento del costo de vida y la criminalización de la protesta social, entre otras demandas. El paro fue respaldado por agricultores de Cusco, Apurímac, Puno, Ayacucho, Áncash, Junín, Huánuco, San Martín, Yurimaguas, Chiclayo, Tacna, Tumbes y Piura que con bloqueos de carreteras, movilizaciones y plantones manifestaron su rechazo a la política agrarioa del gobierno. Una de las zonas más afectadas de la protesta era la región de Cuzco, referente turístico de Perú, donde los campesinos bloquearon con piedras y palos las carreteras que conectan a las ciudades de Cuzco con Puno y Abancay. El punto más crítico de la protesta se registró en la provincia de Anta, al norte de la ciudad del Cusco, debido a la restricción total de la vía a la altura de las localidades de Pucyura, Huanchay, Limatambo y Yungaqui. Los manifestantes también abrieron zanjas en la vía que lleva a la reserva de gas de Camisea, la más importante del país, para evitar el tránsito. Por precaución, la empresa PerúRail suspendió el servicio de trenes a Machu Picchu, la mayor atracción turística del país, al tomar nota del corte de la vía en dos tramos. También hubo movilizaciones de campesinos y bloqueos de carreteras en Puno, Ancash, Huancavelica, Junín, Pasco, Loreto, Huánuco, Ayacucho y Madre de Dios.

Paro regional en Ancash Además ya en días anteriores al paro nacional convocado para el 9 de julio por la CGTP, diferentes regiones acataron masivas jornadas de protesta contra el gobierno luchando por su agenda propia. El 7 de julio, la población de Ancash inició un paro de 72 horas en protesta por la gestión del presidente regional César Álvarez. El paro fue acatado por gran parte de la población, los comercios, colegios y locales públicos estuvieron cerrados y el transporte público no ofreció sus servicios. En el primer día del paro, más de veinte mil personas, entre quienes se encontraban alcaldes de diversas localidades y dirigentes locales, se dirigieron hasta la sede del gobierno regional en la capital regional Huaraz, exigiendo la renuncia de Álvarez. La mayoría de delegaciones provenían de las provincias de Aija, Recuay, Huari, Bolognesi y Sihuas. Los manifestantes acusaron al presidente regional de incumplir con las obras programadas en el Presupuesto Participativo 2007, especialmente por el retraso en la construcción de la carretera Casma - Huaraz.

También en Huancavelica, la población acató un paro regional convocado por el Frente de Defensa, sindicatos y otras organizaciones de base. Según informes policiales, manifestantes arrojaron piedras contra las instalaciones del Poder Judicial, Instituto de Medicina Legal y el gobierno regional ocasionando la rotura de los vidrios de las ventanas de dichas entidades. En horas de la mañana se produjo el bloqueo de las vías de comunicación que conducen hacia la provincia de Huancayo (Junín), pero luego logró ser recuperada por la Policía.

Además los armadores pesqueros de la provincia de Sechura en la región Piura se unieron por adelantado al paro y tomaron las principales vías que conducen a la provincia de Sechura, distrito de Becará y varios caseríos, así como los puentes Miraflores y Meloso, demandando la derogatoria de la ley de "cuotas individuales de pesca".

Paro regional en Ayacucho El 8 de julio, otras regiones se sumaron a la huelga, como la región Ayacucho, donde la población acató un paro de 48 horas demandando el retiro de las tropas norteamericanas que cumplen acciones cívico-humanitarias en esa región. Durante la jornada se realizó la quema de muñecos y de la bandera de los Estado Unidos en la Plaza de Armas. Si bien no hubo bloqueo de vías, los servicios de transporte, los mercados de los centros de abasto, los restaurantes, las instituciones de los sectores públicos y privados, y los colegios paralizaron sus actividades cotidianas. Organizaciones gremiales, sindicales, estudiantiles y del sector agrario manifestaron también su descontento por el incumplimiento de los acuerdos suscritos con el gobierno tras la marcha de los Wari, en julio del año 2007. A esta medida de fuerza se sumaron los productores cocaleros del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE) y la Federación Agraria departamental de Ayacucho (FADA).

Paro nacional en Ucayali Por otro lado, las regiones amazónicas, el 8 de julio iniciaron un paro macroregional de 48 horas para exigir al Ejecutivo que archive la denominada "Ley de la Selva", que promueve la inversión privada en agroforestación y que no se otorgue más concesiones a transnacionales extractivas en territorios de comunidades campesinas y nativas. El paro se manifestó en toda la Amazonía de forma contundente con movilizaciones multitudinarias y bloqueos de carreteras y puertos. En la región de Loreto, fronteriza con Colombia y Brasil, cientos de pobladores bloquearon los principales puertos fluviales Yurimaguas, capital de la provinica Alto Amazonas, como La Loretana, La Ramada y la salida hacia Tarapoto y otras vías de la ciudad. En la región de Ucayali, fronteriza con Brasil, todo tipo de actividad comercial quedó suspendida. Federaciones y Comunidades rurales, estudiantes indígenas y pobladores de diversos asentamientos urbanos, se movilizaron en toda la región. Las principales manifestaciones se concentraron en la ciudad de Pucallpa, capital de la región. También protestaron los cultivadores de hoja de coca, las comunidades campesinas afectadas por la minería, entre otros gremios y frentes de todo el país.

Paro en Madre de Díos La región Madre de Dios, en la selva suroriental peruana, adelantándose un día, pues era su aniversario, ya el lunes 7 de julio inició una paralización de 72 horas, programada hasta el 9 de julio, coincidiendo así con el paro nacional convocado por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP). Diversos gremios de la región, entre los que eran los agricultores, mineros, transportistas, comerciantes, mototaxistas, entre otros, se plegaron al paro, participando en las marchas y manifestaciones que se desarrollaron desde las primeras horas de la madrugada. Mientras el primer día la protesta se desarrolló de manera pacífica, el 8 de julio, se produjeron algunos actos de violencia. El alcalde de Tambopata, Luis Bocángel Ramírez, fue tomado como rehén por un grupo de manifestantes luego de que pidiera la palabra durante un mitin en la Plaza de Armas de Puerto Maldonado. Manifestantes también atacaron el local de la radioemisora RPP Noticias en esta jurisdicción. Tras lo ocurrido, Luis Zegarra Kajat, titular del Frente de Defensa de Madre de Dios, ofreció las disculpas del caso y expresó su compromiso de identificar a quienes incurrieron en dichos actos.

El 9 de julio, el paro nacional convocado por la CGTP se hizo sentir fuerte en todo el país, especialmente en el interior del país, donde se realizaron multitudinarias marchas, mítines y bloqueos de carreteras.

Paro general 9 de julio Paro general 9 de julio En el sur del país, en las regiones Arequipa, Tacna, Moquegua, Puno y Cusco hubo bloqueos de carreteras, restricción del tránsito, y cierrapuertas de centros comerciales, mercados y colegios. En Puno, a diferencia de anteriores paros, esta vez no hubo mayores incidentes. En Juliaca, las puertas de los mercados lucieron cerradas y no hubo servicio de transporte urbano. Únicamente un reducido número de triciclistas y mototaxistas salieron a laborar, pero debieron sortear una serie de obstáculos en las calles. Portando pancartas y arengando contra las autoridades, a las 10 en la mañana miles de manifestantes iniciaron un recorrido por las principales arterias de la ciudad. En Cusco, la participación ciudadana en el paro fue mayoritaria. Más del 90% de cusqueños no asistió a trabajar, y los centros de abasto, tiendas y centros comerciales cerraron sus puertas. Tampoco hubo actividad escolar, PeruRail suspendió sus operaciones y no llegaron a Machu Picchu más de 1,500 turistas. Además, los transportistas acataron el paro, y la población protestó y marchó de manera pacífica. Estimaciones hechas por dirigentes de la Asamblea Regional refieren que unos 100 mil cusqueños se movilizaron solo en la provincia del Cusco. En Arequipa el paro también fue total. Se apreciaron los centros comerciales cerrados y cero transporte público. Jerónimo López, dirigente del Frente Amplio Cívico de Arequipa (FACA), señaló que más de 50 mil personas se movilizaron a la Plaza de Armas en rechazo a las políticas hambreadoras del gobierno. En otros lugares, como Huánuco, Huaraz, Huancavelica y Apurímac, también se vivieron fuertes jornadas de protesta. En todas ellas el comercio se paralizó plenamente. En Huaraz, más de 40 mil personas recorrieron las principales calles de la ciudad. Se insistió en la renuncia del presidente regional de Ancash, César Álvarez. En Huánuco, donde se llevó a cabo el segundo día de protesta, el ambiente era de tensión. Las actividades también se detuvieron en su totalidad, y se realizó el bloqueo de las principales carreteras de la región. Lo mismo sucedió en Chiclayo, donde los más de diez mil manifestantes, entre los que había diversos gremios y sindicatos, acataron de forma pacífica el paro convocado por la CGTP. En Iquitos, capital de la región Loreto, miles de personas se volcaron a las calles para protestar contra la política que viene implementando el gobierno, el alza de los precios de los productos de primera necesidad y contra la venta de la Amazonía. La movilización abarcaba más de 20 cuadras y participaron las comunidades indígenas, los diferentes gremios sindicales, así como movimientos, agrupaciones y partidos políticos.

En Jaén (Cajamarca), centenares de personas interrumpieron el tránsito en el Puente Pakamuros, uno de los cuatro que une la parte baja de esta ciudad de Cajamarca. Asimismo, la carretera Fernando Belaunde Terry -vía que une Jaén y Chiclayo- se vio bloqueada por piquetes de manifestantes. En esta ciudad, las manifestaciones empezaron a las 0:00 horas, con una vigilia en el sector de Puerto Chiple (la cual continuó hasta la medianoche) a cargo de maestros, ronderos y organizaciones sociales. De otro lado, en la ciudad de Tarapoto el Frente Cívico de Desarrollo y Defensa de San Martín movilizó a numerosos contingentes que respaldaron mayoritariamente la medida de rechazo, al igual que sucedió en la ciudad de Tumbes y Huancayo donde los respectivos frentes dejaron en claro su malestar por las políticas del gobierno.

Un ambiente de tensión se vivió en la ciudad de Trujillo, ya que en la madrugada numerosos manifestantes trataron de tomar el control del puente en la zona de Virú, por lo que la Policía debió intervenir y detuvo a nueve personas, quienes fueron trasladadas a la comisaría del lugar. Entretanto, docentes y trabajadores y estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo quemaron llantas en la ciudad universitaria. Posteriormente, unas 12 mil personas marcharon por la ciudad y terminaron reuniéndose para realizar un concurrido mitin. Ica también vivió una jornada violenta. Temprano, un grupo de pobladores tomó la Panamericana Sur, a la altura de los km 290 y 295, durante aproximadamente 6 horas. Se produjo un enfrentamiento entre policías y manifestantes que dejó un saldo de cinco efectivos del orden heridos y 12 detenidos. Pasado el mediodía, los manifestantes marcharon a la plaza de armas de la ciudad. En Chincha y Pisco el tránsito vehicular también estuvo restringido. Otra región donde se vivió actos violentos fue Tumbes, donde, pasado el mediodía, un grupo de trabajadores de Construcción Civil que intentó tomar el puente Tumbes protagonizó un fuerte enfrentamiento con agentes policiales.

Paro general 9 de julio en Lima En Lima, el impacto del paro era menor y se hizo sentir principalmente en los conos. El Terminal Pesquero de Villa María del Triunfo parecía un mercado fantasma. En todo el Cono Sur de la capital, los mercados amanecieron cerrados, los colegios sin maestros ni alumnos. El panorama fue el mismo en Comas y Canto Grande. La Comunidad Autogestionaria de Huaycán, en Ate, amaneció en silencio. El transporte público fue escaso y las pocas unidades que circularon en la mañana sólo lo hicieron hasta la entrada a Huachipa. El Mercado Central de Huaycán paró también, así como sus colegios. A partir de las 10 de mañana, desde Canto Grande, por las avenidas Próceres de la Independencia y Gran Chimú; desde Comas, por la Túpac Amaru; desde Chosica, Chaclacayo, Huaycán, Santa Anita, por la Carretera Central; desde Villa El Salvador y Villa María, por la avenida Aviación; por diversas rutas, miles de manifestantes llegaron a la Plaza 2 de Mayo para alzar su voz y hacer sentir el descontento popular. Hubo representantes de muchos gremios, desde sindicatos de empresas hasta grupos como la Confederación de Mototaxistas, el Gremio de Pescadores, la Asociación de Fonavistas, la Asociación Nacional de Pensionistas, Portuarios, Construcción Civil. Trabajadores de la empresa textil Topy Top denunciaron que la administración de los hermanos Flores Conilla retuvo bajo amenaza de despido a más de 350 obreros que, después de acabarse su turno a las 8 de la mañana, se aprestaban a salir de su centro de labores para participar en la movilización en la Plaza Dos de Mayo. Pese a que la plataforma de lucha era variada, todos coincidieron en rechazar el modelo económico del gobierno de Alan García y en exigir un cambio drástico de las actuales políticas de gobierno.

Al ofrecer un balance del paro convocado por varias organizaciones encabezadas por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), el ministro del Interior, Luis Alva Castro indicó que 216 personas fueron detenidas producto de los enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía Nacional en medio de los disturbios y la toma de locales públicos, así como bloqueo de carreteras. Según el reporte oficial del Ministerio del Interior, dado al promediar las cuatro de la tarde por el director de la Policía Nacional, Octavio Salazar, los actos más graves se registraron en localidades de las regiones de Lima, Arequipa, Ica, Trujillo, Cusco, Huancavelica y Madre de Dios. En este último lugar resultaron heridos 61 policías, quienes intentaron detener a los manifestantes que incendiaron la sede del gobierno regional. En la ciudad andina de Huancavelica un grupo de manifestantes atacó la oficina regional del programa social Juntos, destruyó los archivos y retuvo a tres personas, que luego fueron liberadas cuando un vigilante hizo disparos al aire. Otro grupo de manifestantes tomó la central hidroeléctrica de la región fue repelido por soldados que efectuaron disparos al aire. En algunos lugares, la lucha y represión continuaron al día siguiente del paro nacional. En Piura la Asociación Peruana de Armadores Pesqueros acató el tercer día de paro en rechazo a la ley de "cuotas individuales de pesca", aprobada por el ministro Rafael Rey. Dicha medida de fuerza fue convocada por las cinco bases de pesca industrial piuranas, que dan trabajo a más de 11 mil personas. David Eca, presidente del gremio, informó que miembros de su gremio, que salieron a protestar por las calles de Sechura fueron reprimidos por la Policía Nacional, que desde un helicóptero les lanzó bombas lacrimógenas y por tierra trató de apalear a quienes se negaban a dispersarse. Luego de la represión se informó que la policía detuvo a más de 15 personas, quienes fueron trasladadas hasta una de las comisarías del distrito de Vice, en la provincia de Sechura. En ambas partes se reportaron heridos por la gresca, pero ninguno de gravedad.

En la región Madre de Díos, dirigentes populares denunciaron que un fuerte contingente policial proveniente de Lima, ingresó a la oficina de la Federación Nativa de Madre de Dios, donde se encontraban reunidos los dirigentes para evaluar levantar la lucha y dialogar, y detuvo aproximadamente a cincuenta nativos, luego de agredirlos físicamente y lanzarles bombas lacrimógenas. En la tarde, el paro en Madre de Dios se levantó para dar paso a la instalación de la Comisión de Alto Nivel, que el jefe del Gabinete, Jorge del Castillo anunció llegará a dicha ciudad con la finalidad de atender las demandas de los lugareños, informó el congresista de dicha región, Juan Perry Cruz (RN).

El mismo día, desde el Ejecutivo, el Legislativo y la central de trabajadores del Partido de gobierno APRA, se escucharon voces que exigieron responsabilizar policial y judicialmente a los dirigentes de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y de la Coordinadora Político Social por el incendio del local del gobierno regional de Madre de Dios y por la muerte de Lucy De la Cruz Otiniano, una joven embarazada que murió el 9 de julio en La Libertad, supuestamente porque el bloqueo de carretera impidió que fuera llevado al hospital a tiempo. El presidente Alan García también se unió a este coro que pidió judicializar la protesta del 9 de julio y llamó al Ministerio Público para que actúe de oficio e instruir las denuncias y procesos "a quienes, para ocultar que el paro laboral fue pequeño, no tuvieron otro camino que bloquear algunos puentes, algunas carreteras, incluso provocaron la muerte de una señora". Frente a estas acusaciones, la presidenta de la CGTP, Carmela Sifuentes, señaló enfáticamente que la central organizó un paro pacífico, "masivo, contundente, con fuerza, sin necesidad de utilizar la violencia". Abogados de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana, AIDESEP, denunciaron que los 23 nativos detenidos en Madre de Dios se encuentran en situación de desaparecidos, pues ninguna autoridad da razón de su paradero. La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) condenó las detenciones indiscriminadas de indígenas a quienes la Policía sin prueba alguna pretende responsabilizar del incendio del local del gobierno regional de Madre de Dios. La secretaria de Asuntos Femeninos del Centro Único Regional de Rondas Campesinas de La Libertad, Victoria Fernández, declaró que los campesinos de ninguna manera obstruyeron el paso de la ambulancia que llevaba a Lucy De la Cruz, la gestante que falleció el día del paro nacional. Fernández aseguró que cuando constataron el grave estado de la mujer embarazada sus compañeros levantaron el bloqueo y permitieron el paso inmediato del vehículo. También el vicepresidente del Frente Regional de Defensa y Desarrollo de La Libertad, José Rojas, descartó que su deceso se haya producido porque alguien prohibió el paso a la ambulancia. El estado de la mujer era muy grave y el traslado, desde Angasmarca hasta Santiago de Chuco (4 horas), podría haber sido el factor que desencadenó su muerte, manifestó.


Huelga de mineros Mineros siguen en pie de lucha
La Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos empezó el mes de julio con una huelga indefinida exigiendo que el Congreso apruebe la ley que elimina el tope de ganancias que las empresas pueden repartir entre sus empleados. Otra demanda era la aprobación de la nueva ley de jubilación minera que permite la jubilación temprana para el sector minero.

Los sindicatos que se plegaron a la medida de fuerza iniciada el lunes 30 de junio, eran los de las mineras Brocal, Minsur, Huaraucaca, Aesa y Raura-Planillas. El 1° de julio otros cinco sindicatos mineros se sumaron a la huelga nacional. "Ya son 37 los sindicatos (de los 67 existentes) que acatan la huelga. Mañana se sumarán La Oroya, Cerro de Pasco y otros", informó Luis Castillo, presidente de la FNTMMSP. "No cesaremos en nuestra protesta", agregó el dirigente tras indicar que no aceptarán que las leyes que demandan sean evaluadas recién en la próxima legislatura. Al mediodía los huelguistas marcharon hasta la sede del Parlamento, donde entregaron un memorial al presidente de este poder del Estado, Luis Gonzales Posada, quien se comprometió a persuadir a sus colegas para que la Comisión Permanente debata los dos proyectos de ley que demandan los mineros.

Huelga de mineros El 2 de julio, la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, en huelga desde el 30 de junio, marchó por las calles del centro de Lima rumbo al ministerio de Trabajo para expresar su pedido de que se apruebe la ley de utilidades, así como la de jubilaciones. Esta norma permitiría que los obreros mineros que trabajen en socavones se puedan jubilar a partir de los 45 de edad, y a los que laboran en tajo abierto desde los 50 años, además quienes se desempeñen en las fundiciones a partir de los 55. Más de 30 delegaciones nacionales llegaron hasta la capital para plegarse a la protesta minera y hacer sentir su voz. Diversas representaciones de mineras ubicadas en Huancavelica, Huaraz y Junín también denunciaron que las empresas en que laboran los someten a condiciones de trabajo extremas. "Quieren que laboremos en los socavones por más de 12 horas seguidas. A veces ni permiten que almorcemos. Nosotros mismos tenemos que solventar los gastos de vivienda, cuando deberían habilitar campamentos para poder permanecer ahí mientras duren las jornadas", señalaron.

Ese mismo día, el ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) declaró ilegal la huelga promovida por la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP), pues esta no cumplió con los requisitos establecidos en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y su reglamento, al no haber comunicado sobre su decisión de realizar una huelga indefinida a 14 mineras. La declaratoria se dio también porque la (FNTMMSP) no ha demostrado que el empleador incumpla con una resolución judicial consentida o ejecutoriada por el incumplimiento de disposiciones legales o convencionales de trabajo, es decir que haya atentado contra los intereses de sus empleados. La norma que declaró ilegal la paralización minera señaló que los agremiados en la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú tienen un plazo de 24 horas para volver a sus centros de labores, o podrían ser despedidos por ausencia injustificada.

En la noche del 6 de julio, la Federación Minera decidió levantar su huelga indefinida ante el temor de ser despedidos por las empresas mineras luego de que el Ministerio de Trabajo declarara ilegal la protesta. Así lo confirmó el secretario general de dicho gremio, Luis Castillo, quien sostuvo que a este acuerdo se llegó tras una reunión con los funcionarios de la cartera. El dirigente también informó que la Federación Minera decidió no acatar el paro general del 9 de julio, convocado por la CGTP, organización a la que está adscrita, aunque aseveró que cada sindicato minero tendrá la libertad de plegarse a la movilización.

Huelga minera de Retama Sin embargo, los trabajadores de la Minera Aurífera Retama S.A. (MARSA), ubicada en el distrito Parcoy, provincia de Pataz, departamento de La Libertad, decidieron no levantar la huelga, con la cual exigieron que los representantes de la empresa cumplan los compromisos asumidos referentes al pago de las utilidades de los años 2006 y 2007 para 3 mil 900 trabajadores. Los obreros trabajan formalmente para nueve empresas contratistas, las cuales sirven de "fachada" a la empresa Marsa, que no reconoce su derecho a recibir utilidades, aduciendo que acumularon pérdidas, lo que fue desmentido por la Federación Minera, ya que se trata de uno de los principales extractores de oro del Perú. El 12 de julio, la situación se agudizó cuando los mineros, que se encontraban concentrados en la principal entrada de la mina, sufrieron una violenta represión de parte de 200 policías de la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES) de la Policía, dejando el saldo de un trabajador muerto y otros cinco heridos de bala. El 14 de julio, la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, afirmó que -según los informes que recibió de representantes del Ministerio Público en La Libertad- los efectivos policiales fueron agredidos por los manifestantes, lo que habría iniciado el brutal enfrentamiento que acabó con la vida de un minero y dejó a varios heridos. Sin embargo, esta versión fue desmentida categóricamente y desestimada por el secretario general de la Federación Minera, Luis Castillo, quien aseguró que los mineros de Marsa se encontraban fuera de la mina, en una asamblea, cuando fueron provocados por la llegada de dos buses llenos de policías, por lo cual consideró que los representantes del Ministerio Público están parcializados. Exigió una exhaustiva investigación y una sanción para los responsables de la muerte del minero.

El 13 de julio, Luis Castillo Carlos, Secretario General de la Federación Minera del Perú, denunció que las empresas mineras en complicidad con el Gobierno vienen hostilizando a los trabajadores y que incluso en Ilo y Cuajone despidieron de manera arbitraria a trabajadores sindicalizados que acataron la huelga minera. Castillo Carlos hizo recordar que el ministro de Trabajo, Marco Pasco, en el acuerdo firmado para el levantamiento de la huelga minera se comprometió a que no habría despidos a trabajadores que acataron la huelga, sin embargo, "sus palabras se las llevó el viento", acusó. Por su parte, el 14 de julio, los trabajadores de la minera Shougang Hierro Perú, la mayor productora de ese metal del país, iniciaron una huelga en demanda de mejoras laborales. Según aseguraron los voceros del sindicato, más de mil 200 acataron la paralización, quienes exigen un aumento salarial, entre los principales puntos de su pliego de reclamos.

El 24 de julio, el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP), Luis Castillo, y otros representantes de dicho gremio, denunciaron en el Congreso la actitud prepotente demostrada por los funcionarios de las mineras Los Quenuales y Southern Perú.

"Los empresarios no respetan el derecho a huelga y han despedido 22 obreros en ambas mineras por protestar. Pedimos al ministerio de Trabajo que tome nota para que insten a las compañías a dejar este tipo de medidas", indicó Castillo, quien reveló que 480 trabajadores fueron amonestados por su participación en las protestas. El 29 de julio, el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, Luis Castillo, declaró que en un plazo de 15 días el gremio evaluará las nuevas medidas a tomar frente a los despidos arbitrarios de trabajadores de Los Quenuales y Southern, que se repetirían en otros puntos.


Huelga de trabajadores de Educación Continuaba huelga de los trabajadores administrativos de Educación
Los miembros de la Federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación (Fentase), que representa a secretarias, oficinistas, personal de servicios y seguridad de los colegios estatales, continuaron la huelga indefinida iniciada el 17 de junio para exigir el cumplimiento del aumento de sueldo en 100 soles, que el 2 de enero de este año el premier Jorge del Castillo les ofreciera en una reunión que sostuvo con sus dirigentes.

La medida de lucha fue acompañada de constante acciones de protesta en todo el país que iban aumentando ante la desidia del gobierno. El 2 de julio, miembros de la Fentase marcharon por las calles de Lima. La marcha acabó en choque frontal con la Policía, que les reprimió, cuando alrededor de 300 trabajadores echaron pintura en las pistas. Hubo tres heridos y cuatro detenidos. El 11 de julio, un grupo de trabajadores de Fentase tomó la iglesia mayor de Trujillo por algunas horas y abandonó el local tras la intervención del obispo de la localidad. Ese mismo día, en la capital un grupo de huelguistas irrumpió en la iglesia San Pedro, en el centro de Lima. En aquella oportunidad, el padre Enrique Iglesias se ofreció a interceder ante el gobierno para que atiendan sus demandas, tras lo cual los manifestantes abandonaron el local.

Huelga de los trabajadores de Educación Luego de 29 días de huelga indefinida sin ser escuchados, el 14 de julio el secretario general de la Fentase, José Delgado Bautista, anunció que en los próximos días su protesta se radicalizará, incluyendo -además de manifestaciones y plantones- el pedido de intermediación de autoridades locales, regionales y eclesiásticas. Asimismo, Delgado denunció que hace tres semanas los funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros rompieron el diálogo con la federación, luego de ofrecerles que se haría efectivo el aumento, aunque sin precisar fechas, cerrándoles luego todas las puertas. El dirigente agregó que se trata de 33 mil trabajadores a nivel nacional -de los 42 mil 500 que conforman la Fentase- que han suspendido indefinidamente sus labores y enfrentan amenazas de despidos y descuentos, aunque recalcó que no cederán hasta conseguir que se ejecuten las mejoras salariales ofrecidas. Mientras los dirigentes del gremio alzaron la voz de Protesta en Lima, en Cusco miembros de la Fentase tomaron la Catedral para hacerse escuchar. De otro lado, los trabajadores de Canchis en Cusco, realizaron un plantón y una olla común en la puerta de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL).

En los siguientes días los miembros de la Fentase siguieron con la toma de iglesias, solicitando a representantes de la Iglesia Católica que medien ante el Ejecutivo. El 16 de julio, tomaron la iglesia San Francisco en el centro de Lima, pidiendo al párroco encargado que emita un pedido a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a fin de que se resuelva la huelga. Durante la toma hubo choques violentos con algunos vendedores que no pudieron salir y entrar al recinto religioso. Los manifestantes permanecieron hasta la noche en la iglesia. Acciones similares se produjeron en las catedrales de Andahuaylas y Moyabamba. José Delgado Bautista, secretario general de la Fentase, cuestionó que desde distintas UGEL del país se hayan iniciado amenazas de despido contra los trabajadores que acataron la huelga.

En la segunda mitad del mes de julio, la Fentase disminuyó el nivel de sus protestas a pedido del presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, a cambio de la apertura a los diálogos y negociaciones.


Y además…

Protesta de trabajadores estatales despedidos Protestas de trabajadores estatales ilegalmente despedidos
El 2 de julio, la Coordinadora de Despedidos (Cordes) de la CGTP, la Cite, la Central Unitaria de Trabajadores, la Finatrase y la CTP marcharon hasta el Congreso para exigir reunirse con la Comisión de Trabajo y plantear el atropello a sus derechos que plasma el decreto 025-08, dado en la última semana de junio por el ministro Pasco Cosmópolis, que deja sin opción a la reincorporación a los más de 10 mil empleados despedidos durante la época del gobierno de Fujimori. Ramón Guerrero, secretario de la Cordes, refirió que ellos esperaban que se publique la cuarta lista de reposiciones, pero el decreto 025-08 los ha dejado sin más opciones que acceder a la compensación. "Los despedidos por los ceses colectivos de la época de Fujimori íbamos a optar por la compensación económica, reincorporación o la jubilación. Cada uno debía escoger, pero ahora este decreto nos deja la única vía de la compensación, violando nuestros derechos". El 23 de julio, los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores Despedidos (Coordes), injustamente despedidos durante la dictadura del fujimorismo, nuevamente salieron a las calles, protagonizando un plantón frente al Ministerio de Trabajo, pidiendo al titular de dicha cartera, Mario Pasco Cosmópolis, que cumpla con su promesa de publicar la cuarta lista de ceses colectivos. Sin embargo, la publicación de la última lista no fue la única demanda de quienes protestaron. Según Manuel Cortez, secretario general de la Coordes, el Ministro de Trabajo Mario Pasco pretende publicar una lista "ilegal y arbitraria" conformada en su totalidad por personas ligadas al gobierno aprista, lo cual deslegitimaría el proceso. Asimismo, el dirigente del gremio de despedidos denunció que el decreto de urgencia 025-2008, dado en fines de junio y que ordena la disminución de vacantes para reincorporación y reubicación laboral de los trabajadores cesados, "atenta contra la Ley 29059", obligándolos a cobrar una "miseria" de compensación económica sin la posibilidad de recuperar sus puestos de trabajo.

Protesta de pescadores Pescadores protestan contra ley de "cuota individual" de pesca
La mayoría de caletas del país eran escenarios de protestas y movilizaciones en contra del decreto 1084 de la llamada "cuota individual" para la pesca de anchoveta, pues los pescadores artesanales y los pequeños armadores pesqueros consideraron que dicha norma solo busca beneficiar a los grandes industriales y dejaría en el desempleo a más de 20 mil personas que dependen de los frutos que obtienen del mar. Los pescadores denunciaron que el decreto 1084, ha sido concebido para favorecer a siete empresas privadas, que integran la Sociedad Nacional de Pesquería, las mismas que serían las promotoras del estudio de Apoyo Consultores que le ha servido de fundamento. Entre estas siete hermanas destaca el grupo Tasa (Brescia), Austral (se le imputa intereses chilenos), Hayduck, Galski, Santa Catalina (del grupo Romero), etc. porque reduce el volumen del captura de los pequeños y medianos pescadores al establecerse una cuota en relación al 60% de capacidad de bodega y el 40% de la pesca consignada en el mejor año de producción, favoreciendo a los grandes grupos que tienen el mayor volumen ocioso de bodega. Por otro lado, la polémica norma sí cuenta con el respaldo de los cerca de 40 mil pescadores artesanales que producen para el consumo humano directo, porque consideran que las cuotas mitigarán el prolongado perjuicio sufrido con la pesca artesanal pues se reducirá la cuota global.

Los armadores pesqueros de la provincia de Sechura en la región Piura, adelantándose a la jornada de protesta nacional convocada por la CGTP, el 7 de julio, iniciaron un paro indefinido demandando la derogatoria de la controvertida ley de "cuotas individuales de pesca". La medida fue suspendida el 11 de julio para iniciar nuevamente el diálogo con las autoridades a fin de evaluar la derogatoria de la ley de las cuotas individuales de pesca. El 22 de julio, los pescadores llevaron sus protestas a la capital. Cientos de pescadores artesanales de distintas provincias realizaron una marcha de protesta rumbo al Congreso, exigiendo la derogatoria del decreto legislativo 1084, que emitió el Ministerio de la Producción. En el Congreso de la República, representantes de los distintos sindicatos de pescadores artesanales y armadores pesqueros se reunieron con el congresista Isaac Mekler (PNP) quien se comprometió presentar ante la Comisión de Producción y Mypes del Legislativo un proyecto donde se exija la derogatoria de la norma, para lo cual también contarán con el apoyo de la congresista Fabiola Morales. El día siguiente, las acciones de protesta continuaron en el frontis de la sede del Ministerio de la Producción, donde cientos de pescadores expresaron su rechazo, lanzando pescados podridos.

A las protestas que el gremio de armadores realizó en contra del ministro de la Producción y Pesquería, Rafael Rey Rey, se sumaron los pescadores jubilados y discapacitados. Según denunció Humberto Benites, presidente de la Asociación de Pescadores Discapacitados del Callao, los trabajadores cesados no recibirán su pensión de julio, ni su gratificación de Fiestas Patrias, debido a la "desconsideración del ministro". "La Comisión de Presupuesto del Congreso estaba viendo el tema de la Caja del Pescador, para lo cual necesitaban la presencia del ministro Rey. Recién el 15 de julio -un día antes que acabe la pasada lesgislatura- el ministro fue ante dicha comisión, y es por su demora y desconsideración que los jubilados y discapacitados no recibiremos nuestras pensiones de julio, pues el pleno no discutió nuestro caso", dijo Benites.

Comuneros protestan contra hidroeléctrica por abuso en manejo del agua
El 30 de julio, alrededor de 800 pobladores de la comunidad campesina de Cruz de Mayo, cercana a la laguna de Parón, tomaron las instalaciones de la empresa eléctrica Duke Energy, en protesta por el supuesto abuso de ésta en el manejo del agua de la mencionada laguna ubicada en la Cordillera Blanca, en la provincia de Huaylas, Áncash. Provistos de palos, herramientas de trabajo y hondas, los comuneros se apostaron en el lugar para impedir que la empresa eléctrica siga haciendo más descarga de agua, hecho que viene afectando la agricultura, ganadería y consumo humano. Los manifestantes también bloquearon la carretera hacia la laguna de Parón y se suspendió el suministro de agua potable a la ciudad de Caraz. Asimismo, todas las actividades programadas por el aniversario de la provincia de Huaylas quedaron canceladas. Numerosos turistas andinistas del extranjero que tenían planeado escalar los nevados Alpamayo, Garcilaso y otros atractivos característicos de la zona, tenían que retornar, mochilas en mano, a su lugar de origen. El alcalde Fidel Broncazo señaló que la reserva de agua se ha reducido a 25 millones, la mitad desde 1992, y que los recursos naturales del Parque Nacional Huascarán son intangibles.