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	Protestas sociales en Perú ABRIL DE 2008 Huelga de mineros por la modificación de la Ley de Utilidades Los trabajadores de varias empresas mineras acataron una huelga indefinida, exigiendo la modificación de la Ley de Utilidades y el cumplimiento de otras demandas como la mejora de las condiciones laborales, estabilidad laboral y el derecho a la sindicalización. La Federación de los Trabajadores Mineros del Perú advirtió que está preparando una huelga a nivel nacional para el mes de mayo, porque el gobierno no cumplió los compromisos asumidos luego de la huelga de mayo del 2007. Ya el 24 de marzo, los trabajadores contratistas de las minas Raura, Huaura, Huarón y Vinchos de la empresa administrativa Shungar SAC Animon, unidad de la Cía. Minera Volcán S.A., iniciaron una huelga indefinida, exigiendo el cumplimiento de su pliego de reclamos como el pago de utilidades, el reconocimiento oficial del sindicato, el cese de los despidos arbitrarios y la derogatoria de la Ley de Tercerización que recorta los derechos laborales de los obreros de las empresas contratistas. Al respecto, Robert Quispe Toribio, Secretario Adjunto Regional del sindicato, indicó que son más de 30 empresas de contrata que sirven a Volcán y que producen el 90% de la producción minera; sin embargo, los trabajadores de estas empresas no perciben de las utilidades como sí las reciben los trabajadores en planilla. Además, reveló que tampoco gozan de las bonificaciones correspondientes por horas nocturnas, entre otras. Yonel Andrés, Secretario de Defensa del Sindicato de Contratas de la Minera Raura, informó que los mineros laboran más de 14 horas sin reconocimiento de horas extras y con descansos de solo 5 horas. El 4 de abril, los trabajadores de la empresa Doe Run Perú, minera vinculada a la estadounidense Doe Run, iniciaron una huelga en el complejo metalúrgico La Oroya, principal operación de la firma, en demanda de mayores utilidades y mejoras laborales, según declaraciones de un dirigente sindical. El complejo metalúrgico La Oroya, a unos 174 kilómetros al este de Lima, produce principalmente concentrados de plomo, zinc, cobre, plata y oro. Aníbal Carhuapoma, secretario general del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos La Oroya de Doe Run Perú, informó que "un 90 por ciento" de los trabajadores de La Oroya estaría acatando la huelga. Los huelguistas exigieron el pago de utilidades, información "transparente" sobre la empresa y reposición de trabajadores despedidos, entre otros puntos. El secretario de defensa del sindicato, Carlos Mandujano Vásquez, informó que la huelga general se basa en que la ex Centromín Perú incumple compromisos suscritos con el sindicato. La minera crea "sindicatos fantasmas" para negociar, a pesar de que los huelguistas representan el 76% de la fuerza laboral. Del mismo modo, no entrega la documentación económica-financiera de las utilidades de la empresa, de forma transparente. "Deben dar la entrega trimestral acerca de las ganancias de la empresa. La última vez, a tanta insistencia, sólo nos dieron un informe económico preliminar que no es oficial", afirmó, agregando que en la minera trabajan aproximadamente 1,700 trabajadores en planilla y 300 por subcontratos que en algunas casos trabajan 15 y 20 años en estas condiciones. Señaló que en la mina Cobriza, unidad de Doe Run, la empresa firmó un acta, comprometiéndose a pasar a planillas a la mayoría de trabajadores por contrata. Por ello instó a que dicha política sea aplicada también en La Oroya, pues ambas pertenecen a la misma transnacional. El 14 de abril, el sindicato de trabajadores de la minera IMI SAC, en Talara, realizó un paro de protesta en demanda de mayores utilidades y mejoras laborales. El secretario general del sindicato, César Reyes, señaló que la paralización obedece a la intransigencia de la empresa para solucionar el pliego de reclamos correspondientes a los años 2006, 2007 y 2008. Entre las demandas se encuentra también el respeto a la jornada laboral. IMI SAC, que opera bajo las órdenes de la empresa Petrotech, apoya en la exploración y producción de los pozos petroleros. En la primera quincena de abril, miles de mineros en huelga de Volcán y Doe Run se concentraron en Lima para llevar su protesta a la capital y realizar acciones de protesta conjuntas. El 2 de abril, más de 700 trabajadores mineros de Shungar, acompañados de sus esposas e hijos, llegaron a Lima en marcha de sacrificio. Su demanda principal era que el Congreso modifique la norma que legisla el pago de utilidades, a fin de que los servidores de las empresas contratistas, como es su caso, también obtengan este beneficio. Como informó el dirigente sindical Jhonattan Gonzales, para la empresa Shungar, que en 2007 tuvo una utilidad neta de 300 millones de soles, trabajan 16 empresas contratistas con casi 1.800 trabajadores que no gozan de utilidades ni de otros beneficios laborales, a pesar de que esos trabajadores realizan una función igual a los servidores de planillas. Las demandas de los miernos fueron respaldados de la Federación de Trabajadores Mineros. El secretario de Defensa de dicho gremio, Fidel Reginaldo, informó que en esta condición se encuentra el 80% de los trabajadores mineros. Por esta razón, dijo Reginaldo, es prioritario que el Congreso apruebe la modificación del Decreto Legislativo 892, a fin de que las utilidades sean repartidas entre todos los trabajadores de la minera, incluidos los que laboran para empresas contratistas pero que realizan igual función. El 10 de abril, alrededor de dos mil trabajadores de la empresa minera Doe Run, acompañados por sus esposas e hijos, llegaron a Lima procedentes de La Oroya, tras realizar una marcha de sacrificio, demandando respeto a sus derechos laborales. Luego de conversaciones con la minera, en el Ministerio de Trabajo, que quedaron sin resultados, el 13 de abril, el secretario general del Sindicato de Doe Run, Aníbal Carhuapoma, anunció que permanecerán en Lima y radicalizarán sus medidas. Alejandro Encarnación Puris, delegado seccional del sindicato, denunció que sus compañeros huelguistas que se quedaron resguardando la entrada a la minera, eran amenazados por la Policía Nacional. El dirigente informó que la Policía ha intervenido ilegalmente al campamento minero. A pesar de que el sindicato ya envió 50 obreros a la empresa, como corresponde en una huelga, Doe Run ha contratado ilegalmente a 400 trabajadores jóvenes para compensar la falta de personal. Mientras tanto, la Federación de los Trabajadores Mineros del Perú preparó una huelga indefinida para el mes de mayo para exigir el cumplimiento de sus demandas pendientes. El 8 de abril, dirigentes sindicales informaron que los mineros del Perú acatarán una huelga nacional indefinida a partir del próximo 12 de mayo, si hasta esta fecha el gobierno no soluciona los problemas. El secretario general de la Federación Minera, Luis Castillo, recalcó que el paro responde a la falta de voluntad del Gobierno para solucionar los problemas del sector, a pesar de que firmó varios documentos tras las huelgas nacionales de abril y noviembre de 2007. El dirigente sindical criticó la "indiferencia" del Gobierno y la "repentina pérdida de memoria" del Presidente del Consejo de Ministros respecto al acta firmada el cuatro de mayo del 2007, en la que se comprometió a resolver los problemas del sector y enfatizó que las demandas son las mismas de hace un año. El gremio minero pide se apruebe los proyectos de ley sobre la repartición de utilidades de manera equitativa entre todos los trabajadores, la tercerización laboral -para acabar con la marginación de empleados y salarial- que hace más de un año fue presentado al Congreso, demandan la desafiliación de las fondos de pensiones privadas (AFP) y poner fin a la campaña de "amedrentamiento" que buscan desaparecer los sindicatos. De otro lado, la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT Perú) rechazó las declaraciones del ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, en torno a que el anunciado paro minero carece de justificación y que sus motivaciones son eminentemente políticas. Los dirigentes de la CUT censuraron la política de satanización y penalización en contra de las justas protestas de los trabajadores. El 22 de abril, el sindicato de la Compañía Minera Casapalca se sumó a la las protestas, iniciando una huelga indefinida para exigir se solucionen siete puntos pendientes de su pliego de reclamos. En respuesta, Alberto Alta Cateriano, vocero de la mencionada minera, señaló que son exactamente los mismos pedidos presentados ante la Dirección Regional del Ministerio de Trabajo, en las reuniones "extraproceso", los cuales ya fueron solucionados el 25 de marzo del 2008. Sin embargo, los trabajadores de Casapalca insistieron que no se dieron reales soluciones. El 25 de abril, los representantes del sindicato cortaron el diálogo con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), indicando que los montos que se ofrecer pagar a sus agremiados por utilidades, de acuerdo a ley, sólo favorece a los trabajadores estables. El día siguiente, unos 300 mineros de Casapalca bloquearon la Carretera Central a la altura del kilómetro 116. Según Guillermo Arteta, jefe de la Dirección de Protección de Carreteras de la Policía Nacional (PNP), no se presentaron actos violentos pues los mineros y los policías llegaron a un diálogo para que la protesta se realice pacíficamente, sin causar daños a la integridad de los transportistas ni a los vehículos. Sin embargo, los efectivos se mantuvieron alertas para evitar cualquier incidente. En la noche, el Ministerio de Trabajo decidió conformar una comisión que busque un acercamiento con la dirigencia de los trabajadores de la minera Casapalca. Este grupo estaba presidido por el viceministro de Trabajo, Jorge Villasante, quien junto a la directora nacional de Relaciones de Trabajo, Manuela García Cochagne, y un grupo de expertos en conciliación laboral, partió a la zona para establecer el diálogo. Fuentes de dicho portafolio indicaron que enterados de esta noticia, los trabajadores de la minera habrían decidido desbloquear la Carretera Central. El 27 de abril, el viceministro de Trabajo, Jorge Villasante, informó que los trabajadores de la minera Casapalca accedieron a retomar, desde las tres de la tarde del día siguiente, la mesa de diálogo a fin de dar solución al conflicto entre las empresas contratistas y la compañía minera. Protestas contra el alza del costo de vida Diferentes sectores de la población levantaron su voz de protesta en rechazo del alza de costo de vida y de la política neoliberal del gobierno central. En Arequipa, Puno y Huancavelica se realizaron paros regionales, donde los pobladores también expresaron su protesta contra la mala gestión de las autoridades regionales. La población del Cono Norte de Arequipa, el 17 de abril, acató un paro de 48 horas, convocado por la Asamblea Popular de los Pueblos de Arequipa (APPA) en protesta por el alza precios de alimentos y pasajes. Otra demanda era reestructurar la empresa de agua SEDAPAR. La jornada de protesta se desarrolló con movilizaciones y bloqueos de carretera, entre ellos de la carretera Arequipa-Puno, en el cono norte, que generaron malestar entre viajeros y usuarios de la vía. No hubo detenidos ni heridos durante la jornada que terminó con un mitin que congregó a unas 2 mil personas. Una jornada de protesta mucho más contundente se realizó el 24 de abril, en la región de Puno, donde la población con un paro regional de 24 horas, convocado por distintas organizaciones, espresó su rechazo al alza del costo de vida y las políticas neoliberales del gobierno. El paro fue acatado en cada una de las 13 provincias de manera contundente con el bloqueo de carreteras y el cierre de todos los negocios, colegios e instituciones públicas. En la ciudad de Puno, más de 500 personas se concentraron en la avenida Huancané, cerca al mercado Pedro Vilcapaza, para protestar y lanzar arengas contra el gobierno y el sistema político neoliberal. Al lugar llegaron el jefe policial del distrito de San Román y el fiscal de turno para tratar de dispersar a los manifestantes y despejar así la carretera. Sin embargo, la enardecida población se negó a retirarse y aseguraron que "sin bloqueos no hay paros". Buena parte de las protestas se dirigieron contra el presidente regional de Puno, Hernán Fuentes. En Juliaca, miles de personas -en su mayoría comerciantes y amas de casa- marcharon por las calles coreando frases contra la subida del costo de vida, la mala gestión del presidente regional y la administración del alcalde David Mamani Paricahua, así como el rechazo a los congresistas puneños. Poco después de iniciada la movilización, unos 100 jóvenes, entre 15 a 25 años de edad, apedrearon la vivienda del presidente regional Hernán Fuentes Guzmán, del alcalde de Juliaca David Mamani Paricahua y los locales de Telefónica, Electro Sur y de otras instituciones privadas. En la localidad de Ayaviri, decenas de vehículos procedentes del Cusco quedaron varados durante el día. Los más perjudicados fueron los turistas que no sabían de esta medida de fuerza. Algo similar ocurrió en Azángaro y Huancané en las rutas de acceso a Bolivia. En oposición a la gestión del presidente regional Federico Salas Guevara y protestando por el incremento del costo de vida y la política económica del Gobierno Central, el 27 de abril, la población de Huancavelica acató un paro regional, convocado por diferentes gremios de trabajadores y organizaciones sociales. Sobre los motivos de la medida de protesta, José Luis Crispín, secretario general del Frente de Defensa de Huancavelica, puntualizó que el descontento en la región es generalizado pues perciben escaso interés en sus carencias. Asimismo, manifestó que en la gestión de Salas existe derroche de presupuesto, incapacidad administrativa y poco impulso de proyectos. Según Crispín, el detonante para la convocatoria al paro fue la denuncia de algunos pobladores acerca del destino de los recursos asignados para los damnificados por el terremoto del pasado 15 de agosto. Indicó que el Gobierno Regional y la Municipalidad de Huancavelica designarían algunas donaciones hacia otros rubros. El 30 de abril, más de tres mil mujeres de los comedores populares de Lima marcharon hacia el Congreso de la República en protesta por el alza del costo de vida y en demanda de un mayor presupuesto para los programas sociales de complementación alimentaria. Las mujeres, muchas de las cuales estaban acompañadas de sus hijos, pertenecían a la Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la vida y el Desarollo Integral (Conamovidi). Relinda Sosa, presidenta de Conamovidi, señaló que el presupuesto que destina el gobierno para los programas de complementación alimenticia ha sido congelado en 48 millones de soles desde el año 2005, por lo que los comedores tienen que agenciarse de ingresos para poder completar los alimentos y raciones que entregan a diario a sus comensales, en su mayoría niños y ancianos. Al final de la movilización, la dirigente informó que la viceministra de la Mujer, Dolores Tasayco Arana, y el presidente ejecutivo del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria, Freddy Hinostroza, se comprometieron a crear una mesa de trabajo multisectorial. Protestas de los cocaleros de Cusco y Puno El 7 de abril, miles de cocaleros de las provincias La Convención, Calca y Paucartambo (Cusco) abandonaron sus labores en el campo e iniciaron un paro regional indefinido demandando a la Empresa Nacional de la Coca (Enaco) les incremente el precio que les pagan por la hoja de coca. En la región Puno, el 11 de abril, los cocaleros se movilizaron en defensa de una controvertida ordenanza regional que legaliza el cultivo de coca. El 7 de abril, cerca de 800 campesinos cocaleros cusqueños de las comunidades de Kosñipata y Yanatile llegaron a la ciudad de Cusco, donde se concentraron en el coliseo Uriel García, preparando ollas comunes y aguardando la llegada de otra delegación proveniente de La Convención, que se retrasó debido a un derrumbe en la carretera. Tras agruparse desde tempranas horas de la mañana, los cientos de campesinos expresaron que solicitarán al titular regional, Hugo Gonzales Sayán, que se comprometa a servir de mediador entre ellos y el premier Jorge Del Castillo, con quien desean dialogar directamente, puesto que las relaciones con las autoridades de la Empresa Nacional de la Coca (Enaco) se rompieron definitivamente. El día siguiente, luego de la llegada de los cocaleros de La Convención, miles de cocaleros realizaron una masiva movilización en las principales calles de la ciudad. La marcha partió del coliseo del colegio Uriel García, frente al aeropuerto Alejandro Velasco Astete. Posteriormente, las delegaciones recorrieron la Plaza de Armas y los exteriores de la sede del gobierno regional. Durante la protesta, los dirigentes precisaron que no darán marcha atrás en la medida de fuerza hasta que consigan el aumento de 53 a 80 soles en los precios que la Empresa Nacional de la Coca (Enaco) les paga por la arroba de hoja de coca. Agregaron que están dispuestos a dialogar, pero bajo el compromiso de soluciones concretas; de lo contrario, la huelga se radicalizará y no se descarta enviar una delegación a Lima. Richard Quispe Choque, secretario general de la Federación de Campesinos del distrito de Kosñipata, señaló que están esperando la presencia de representantes del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), descartando cualquier negociación con Julio Jara Ladrón de Guevara, presidente de Enaco, quien en la víspera adelantó que no será posible acceder al incremento solicitado. El 9 de abril, se realizó una reunión entre los dirigentes cocaleros de las comunidades cusqueñas de La Convención, Yanatile y Kosñipata y el presidente de la Empresa Nacional de la Coca (Enaco), Julio Jara Ladrón de Guevara, que terminó sin ningún resultado concreto. Los principales representantes de los gremios en huelga señalaron que el funcionario se mantuvo en su "terca negativa" de no acceder al incremento de 53 a 80 soles en el precio de la arroba de hoja de coca -argumentando limitaciones presupuestales- por lo que anunciaron que tras una asamblea de bases definirán desde cuándo se radicalizará la medida de fuerza. Asimismo los cocaleros de la región de Puno se movilizaron en defensa de una ordenanza regional que declara a la hoja de coca como patrimonio cultural e inmaterial de la jurisdicción regional, legalizando así el cultivo de coca. Los campesinos exigieron del gobierno central que reconozca la ordenanza regional y que cese su política de erradición de la coca. Además, rechazaron el alza de los precios de los productos básicos. El 11 de abril, miles de pobladores de las zonas rurales se trasladaron hacia la ciudad de Puno, acatando un paro de 24 horas convocado por el movimiento Frente Amplio Nacionalista (FAN) con respaldo del presidente regional Hernán Fuentes. La Plaza de Armas de la ciudad albergó a los miles de manifestantes y los comercios paralizaron en apoyo a las demandas del pueblo puneño. La medida tuvo más fuerza en el distrito de Asillo, donde las clases fueron suspendidas. Mientras tanto, los campesinos de otras zonas cocaleras empezaron con las coordinaciones para reindicar sus protestas. El 3 de abril, el subsecretario de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (Conpaccp), Walter Acha, informó que en días recientes sostendrá reuniones con dirigentes de su organización para iniciar acciones de protesta contra "la militarización de las zonas cocaleras". La Conpaccp se opone a la instalación de nuevas bases militares en los valles del río Apurímac y Ene (VRAE) y de las oficinas del CORAH en Aucayacu para la erradicación de cultivos de hoja de coca. Y además… Algodoneros acatan huelga indefinida El 4 de abril, alrededor de 12 mil productores de algodón Tangüis de los valles de Ica, Chincha, Pisco y Cañete iniciaron un paro regional indefinido exigiendo a las desmotadoras el incremento del precio por quintal de esta preciada fibra. Próspero Meza y Elvy Palma, presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Asociación Nacional de Productores de Algodón (Anpal), denunciaron que las empresas desmotadoras han concertado precios para ofrecer solamente S/. 125 por quintal, cuando el precio que se pagaba anteriormente era de 140 nuevos soles. El titular de la ANPAL consideró injustificada la disminución del pago teniendo en cuenta el aumento del precio del algodón en el mercado internacional, y de los fertilizantes y úreas. Los productores del Valle de Pisco emitieron un comunicado en el que advertían a "que no recojan algodón en estos días, pues se han conformado piquetes para impedir el recojo y el ingreso" de la preciada fibra. En el primer día de la huelga, los algodoneros bloquearon diversos tramos de la carretera Panamericana Sur en el departamento de Ica. Los bloqueos se produjeron a la altura del puente Cañapay, al igual que en el puente Huamaní en la provincia de Pisco, sin que se reportaran enfrentamientos violentos con la Policía. Trabajadores portuarios realizan paros escalonados e intempestivos en defensa de puertos regionales El 9 de abril, los trabajadores portuarios constituidos en ocho sindicatos, incluidos los estibadores, realizaron una serie de paros escalonados en protesta por la concesión de ocho puertos regionales, que tendrá como primera etapa la entrega al capital privado de los puertos de Paita (Piura) y San Martín (Pisco). Las protestas empezaron a las siete de la mañana en todos los puertos del país. En el puerto del Callao, el más importante del país, el paro de dos horas se desarrolló en absoluta calma con la presencia de un amplio contingente policial en la parte frontal del puerto. Durante el paro los trabajadores fueron a protestar frente a las instalaciones de la Autoridad Portuaria Nacional (APN). Mientras tanto en los puertos de Salaverry (La Libertad) y Chimbote (Ancash) las autoridades locales también participaron del paro. En el puerto de Paita la paralización se prolongó hasta las 10 de la mañana. Adolfo Granadino Farias, secretario general del sindicato Fentenapu, informo que, a pesar de que han solicitado insistentemente reunirse para dialogar, los funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no se habían comunicado con ellos. Granadino Farías insistió en que su gremio luchará para que no se realice la concesión de ningún puerto peruano y que se establezcan en el corto plazo las Autoridades Portuarias Regionales (APR) para que puedan elaborarse los Planes Maestros de Ejecución e Inversiones para los puertos regionales, tal como lo manda la Ley de Puertos. Jornada de protesta en Loreto por liberación de nativos achuares De forma parcial y con algunos incidentes de violencia, el 10 de abril, la población de Loreto acató un paro de 24 horas, convocado por el Comité de Apoyo a los indígenas Achuar detenidos tras la toma de un lote de la empresa petrolera argentina Pluspetrol, en el poblado de Andoas (Datem del Marañón), en marzo pasado. Durante el inicio de la jornada de protestas, una combi -propiedad de una panadería- fue apedreada por los manifestantes, quienes reclaman la liberación de los once nativos que permanecen detenidos en el penal de Guayabamba. Así mismo, una camioneta particular fue atacada en el céntrico Jirón Próspero, aledaño a la Plaza de Armas. Según trascendió, dos reporteros fueron agredidos cuando intentaban sacar fotografías de la protesta. Los mercados atendieron a puertas semiabiertas y muchos transportistas públicos prefirieron no salir a trabajar. El servicio de mototaxis se desarrolló de forma restringida. Por su parte, el secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) base Loreto, Gildler Torres, denunció que la convocatoria a esta paralización ha sido iniciativa de Manuel Coronado Lino, dirigente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) en Maynas, con quien su gremio mantiene serias discrepancias. De igual modo, los delegados de agrupaciones políticas que guardan relación con los gobiernos locales y regionales -como Fuerza Loretana y el Partido Aprista- también han mostrado su oposición a esta paralización. Población de Yarabamba (Arequipa) protesta contra minera Cerro Verde El 13 de abril, los pobladores del distrito de Yarabamba (Arequipa) realizaron una jornada de protesta, expresando su rechazo a las operaciones que desarrolla la minera Cerro Verde y exigiendo que la empresa asuma sus compromisos sociales. "Yarabamba era el granero de Arequipa (...) en Cerro Negro se producen explosiones las 24 horas. Y ese polvo, esos gases, esas canchas de relaves, están afectando a la agricultura, está afectando al pueblo", comentó Luis Huanca Mamani, presidente del Comité de Cefensa de esta localidad. El dirigente detalló que la falta de un canal de regadío para las zonas de cultivo, así como también la carencia de agua y desagüe, constituyen los principales problemas que afectan al distrito. Anunció que en el transcurso de la semana sostendría una reunión con las autoridades de Arequipa y funcionarios de la compañía minera, y en caso que no se resuelva sus demandas, tomarán medidas más radicales. Por su parte, la alcaldesa distrital Celia Torres Valdivia, recordó que existe un estudio de agua y desagüe para este sector; no obstante, Cerro Verde ha incumplido con desembolsar los cuatro millones de nuevos soles para su culminación. Los trabajadores de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos-SUNARP se fueron a huelga Cansados de exigir solución a su pliego de reclamos y del reparto de puestos de trabajo a los miembros del partido del gobierno APRA, el 15 de abril, los trabajadores de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos-Sunarp iniciaron una paralización de tres días. Según los dirigentes, la actual administración SUNARP que encabeza María Delia Cambursano al igual que el jefe de la zona registral de Lima, Armando Subauste, exhiben un comportamiento antisindical y se niegan a resolver los puntos pendientes del pliego de reclamos del 2007. "Desde mayo del 2007 estamos solicitando que la negociación colectiva sea sometida a arbitraje, pues la representación de la SUNARP alega que no tiene facultades para negociar aspectos de contenido económico, y el arbitraje es una salida legal que incluso el proyecto de la Ley del Empleo Público y de la Ley General de Trabajo contemplan", expresó María Zaplana, dirigente del sindicato. Trabajadores de salud paralizan labores El 24 de abril, más de 27 mil trabajadores técnicos y administrativos de los hospitales públicos de Lima y Callao paralizaron sus actividades, en protesta ante los incumplimientos de pago por concepto de vida, incentivos y mejoras salariales. Así lo afirmó el secretario general de la Federación Regional de Salud (Fersalud), Domingo Cabrera, tras precisar que de no atenderse sus reclamos, su sector recurrirá a la huelga nacional indefinida. "No puede ser que cerca de 17 mil empleados contratados por 10 y 15 años no reciban los beneficios económicos que les corresponden por ley, ni que hayamos sido excluidos del aumento de cien soles a los trabajadores del sector público", reclamaba Cabrera, al encabezar una marcha con 300 de sus compañeros rumbo al Congreso. Protestas contra el gobierno regional de Puno El 29 de abril, campesinos de las provincias de Huancané y Moho, (Puno), que llegaron en marcha de protesta a la ciudad de Puno en demanda de la conclusión de una carretera, lanzaron piedras y otros objetos contundentes al presidente regional Hernán Fuentes. Los manifestantes, unos cinco mil, calificaron de corrupto y hasta antipatriota a Fuentes, a quien obligaron a rendirle una explicación pública sobre el incumplimiento del asfaltado de la vía Huancané- Moho -Conima, Tilali y Hannco Hannco a la frontera con Bolivia. Entre insultos, silbatinas y una lluvia de piedras, cáscaras y botellas, Fuentes llegó a la Plaza de Armas con la protección de su seguridad. Ahí se comprometió a entregar en 7 días el terreno de la primera etapa de la obra al consorcio ganador de la licitación, pero el anuncio no calmó los ánimos de los campesinos.