Las repercusiones de la llamada "guerra contra el terrorismo" en Latinoamérica
La "guerra contra el terrorismo" propagandizada por el gobierno estadounidense alienta a los regímenes reaccionarios de Latinoamérica a aplicar una política de mano dura contra las protestas sociales y las luchas políticas del pueblo. Especialmente en Colombia y Perú, ambos países donde en las últimas décadas se desarrolló una lucha armada, se manifiesta un endurecimiento que amenaza impedir la solución política del conflicto la que ya estaba en marcha.
El 5 de octubre de 2001, pocas semanas después de los ataques del 11 de setiembre, el Ministerio del Exterior des los EE. UU. publicó una nueva edición de su lista de grupos terroristas extranjeros considerados más peligrosos que contiene los nombres de 28 organizaciones, en su mayoría grupos islámicos radicales, pero también movimientos de liberación nacional como el ETA y el LTTE (Tigres de Liberación Tamil) y organizaciones que se basan en posiciones marxistas como el PKK (Partido de Trabajo Kurdo), el DHKP/C turco, el PFLP de Palestina, los grupos guerrilleros colombianos FARC y ELN y el PCP (Partido Comunista del Perú). En la coyuntura actual esta lista naturalmente tiene una trascendencia especial porque indica hacia donde apunta la lucha antisubversiva de los EE.UU. y sus aliados: Sus objetivos principales se encuentran en el Mediano y Cercano Oriente y en Latinoamérica. En una reunión del CICTE (Comité Interamericano contra el Terrorismo), uno de las organismos de la OEA, celebrada el 15 de octubre, el coordinador antiterrorista del Ministerio del Exterior de los EE.UU. Francis Taylor francamente planteó que en Colombia y otros Estados latinoamericanos ahora se tiene que perseguir la misma estrategia que en Afganistán. La embajadora de EE.UU. Anne Patterson declaró: "No cabe duda que ahora también nos dedicaremos más al terrorismo en Colombia", arguyendo que si bien es cierto que los grupos colombianos no tienen un campo de acción global, sin embargo también aplican el terror. Simultáneamente exigió la extradición de los líderes políticos de las dos organizaciones guerrilleras más grandes, el FARC y el ELN y anunció el aumento de la ayuda militar, una mayor cooperación en el entrenamiento de unidades especiales para la lucha antiterrorista y la ampliación de la campaņa contra el narcotráfico dentro del marco del llamado "Plan Colombia" en el cual los EE.UU. desde el aņo 2000 invierten anualmente 1300 millones de dólares. Aunque oficialmente el objetivo primordial de este plan es la lucha contra el narcotráfico el gobierno norteamericano jamás ocultó que apunta principalmente contra los grupos guerrilleros que según la versión yanqui financian sus actividades sobre todo de ingresos del tráfico ilícito de drogas, argumento que desde siempre ha servido de pretexto para ocultar la intervención norteamericana tras programas antidrogas. En marzo del 2002 el gobierno de Bush presentó un nuevo plan que prevé ampliar el "Plan Colombia" convirtiéndolo en la llamada "Iniciativa Regional Andina" con la cual se pretende incluir principalmente Perú y Bolivia y en menor medida Panamá, Brasil, Venezuela y Ecuador en la "lucha contra el narcotráfico y el terrorismo". Como en Colombia este plan apunta sobre todo a un fortalecimiento de las fuerzas represivas del Estado. Abarca entre cosas el mejoramiento del equipamiento de la policía y las fuerzas armadas, el entrenamiento de fuerzas especiales, el apoyo logístico y personal de vuelos de intercepción, el envío de agentes especializados y consejeros militares norteamericano, el establecimiento de bases militares en Perú, Ecuador y Bolivia y la destrucción de campos de cultivos de coca y amapola que sirven de la base para la producción de drogas. La inclusión de los países vecinos de Colombia en la "política de drogas" de los EE.UU. se fundamenta con la posibilidad que los narcotraficantes y "terroristas" usen la región fronteriza como camino de repliegue y transporte. Este argumento se subraya con una campaņa que afirma una supuesta "internacionalización" del terrorismo, como en Colombia, donde se aprovechó el ingreso de supuestos miembros de IRA y del ETA al país para fomentar especulaciones públicas sobre contactos entre estas organizaciones con el FARC y el ELN. Otro excusa de los EE.UU. para justificar su mayor intervención en Latinoamérica es el pretexto usado con frecuencia para encubrir la agresión imperialista contra otros países, la supuesta defensa de la democracia y los derechos humanos, ya que según la interpretación imperialista "los terroristas desprecian el respeto a los derechos individuales, rechazan la dignidad y los derechos humanos fundamentales, aborrecen la libertad de expresión y la libertad de culto y niegan a la mujer el mismo acceso a la educación y a la oportunidad económica", como declaro el secretario de Justicia de Estados Unidos John Ashcroft el 28 de enero 2002 en un discurso ante la CICTE. Considerando el hecho que los EE.UU. jamás han tenido reparos a apoyar regímenes corruptos y dictaduras militares mientras se subordinaron a sus intereses y en el pasado tampoco nunca vieron la necesidad de intervenir contra los abusos, masacres y genocidios de gobiernos criminales este planteamiento parece puro cinismo. El objetivo verdadero de los planes del imperialismo norteamericano no es otro que asegurar y consolidar su control sobre la región. Para ello se basa principalmente en una política represiva y una mayor presencia militar, pero también en gobiernos en los países latinoamericanos dispuestos a servir como sus fieles lacayos.
A los regímenes reaccionarios de los Estados latinoamericanos este curso les resulta muy conveniente para hacer frente a la creciente ola de protestas contra los efectos de la crisis económica asolador que actualmente estremece a Latinoamérica a consecuencia de la política de neoliberalismo y globalización. Por esta razón estuvieron especialmente empeņosos a unirse a la campaņa internacional del imperialismo norteamericano. En una primera reacción a los golpes del 11 de septiembre todos los gobiernos latinoamericanos con excepción de Cuba al unísono expresaron su solidaridad incondicional con los EE.UU. reafirmándola y concretándola con acuerdos específicos en las reuniones internacionales que en las siguientes semanas se realizaron en el marco de la OEA (Organización de Estados Americanos), de la ONU y otros organismos. Por primera vez se aplicó el Tratado de Río identificándose los ataques a los EE.UU. como un ataque contra el hemisferio entero. El 21 de setiembre los ministros del exterior de los países miembros de la OEA celebraron una reunión especial en Washington para definir medidas de apoyo a la agresión norteamericana contra Afganistán, sancionando una resolución sobre una mayor cooperación en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.
El gobierno peruano aprovechó la coyuntura para mejorar el prestigio internacional del Perú que ha sufrido por el autoritarismo en los aņos del gobierno de Fujimori, desprestigio debido no sólo a la violación sistemática de los derechos fundamentales y el socavamiento del Estado de derecho burgués después del golpe de Estado de Fujimori del 5 de abril 1992, sino también a diversas transgresiones de convenios internacionales con medidas como el restablecimiento de la pena de muerte. Desde fines de la década del ochenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ocupó frecuentemente con denuncias contra el Gobierno peruano y aprobó una serie de informes sobre casos individuales de graves violaciones de los derechos humanos de parte del Estado. A partir de 1990 levantó varios casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dictó una serie de sentencias contra el gobierno peruano. Sin embargo, éste se negó repetidamente reconocer los fallos y, en julio de 1999, finalmente se retiró de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana.
El gobierno de Toledo que asumió el poder el 28 de julio del 2001 prometió corregir algunas de las infracciones más graves del derecho burgués para corresponder a las exigencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; por lo demás aprovechaba el clima después del 11 de setiembre para ganar simpatías por los crímenes cometidos por el Estado peruano en su lucha antisubversiva. "Sabemos en carne propia el dolor, la impotencia y la indignación de la que se afecta una nación cuando es atacada de manera infame por un enemigo que no muestra la cara", así las palabras del representante del gobierno peruano ante la ONU en un discurso ante la Asamblea General de esta institución del 3 de octubre del 2001. Al comparar la guerra popular con los ataques del 11 de setiembre trata de justificar la política genocida sistemática aplicada del Estado peruano desde el comienzo y durante aņos como instrumento principal contra la guerra popular. Continuando con la costumbre de echar la responsabilidad de las atrocidades cometidos por el Estado a los grupos levantados en armas afirma que el "terrorismo" por "sus prácticas sanguinarias, sus víctimas indiscriminadas e inocentes y su desprecio por la vida humana" ..."es el principal violador de los derechos humanos"; y por esta razón según él "cualquier causa que pretenda justificar con un acto terrorista queda irremediablemente deslegitimada"; así niega una vez más el derecho político por excelencia, el derecho del pueblo a luchar contra explotación y opresión. Pero no se queda ahí. Encima presenta al gobierno peruano como avanzada de la lucha exitosa contra el terrorismo, aclama la política sistemática de genocidio como ejemplar y lamenta la falta de solidaridad internacional para esta línea diciendo: "La lucha que libró mi país contra el terrorismo en aņos pasados hubiera sido más leve y se hubieran cobrado mucho menos vidas humanas si en su momento la comunidad internacional hubiera entendido esta realidad. A pesar de ello, logramos vencer al terrorismo y estamos dispuestos a poner nuestra experiencia al servicio de la comunidad internacional." Este planteamiento es la continuación de una política exterior que el gobierno peruano ha proseguido desde la década del noventa y que apunta a ganar respaldo internacional para sus métodos de lucha antisubversiva y a hacer callar las voces críticas. No es casualidad que el gobierno peruano era una de las principales fuerzas impulsoras de la "Declaración de Lima para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo" de 1996 de la cual resultó la formación de la CICTE, y tampoco lo es su insistencia en que la OEA apruebe una convención conjunta contra el terrorismo. En el curso de la "guerra contra el terrorismo" proclamada por el gobierno norteamericano después del 11 de setiembre, los Estados miembros de la OEA aceptaron esta propuesta y encargaron al Ministro del Exterior peruano que elabore el proyecto correspondiente el cual se presentó en los primeros días de noviembre. Según esta propuesta los Estados miembros se comprometerán a la coordinación, la cooperación y el intercambio de informaciones en casos de "la amenaza, la tentativa, la complicidad, la participación directa e indirecta, la instigación, el encubrimiento y la contribución a la comisión de uno o más delitos terroristas" contra uno de los Estados miembros. El papel importante que el imperialismo norteamericano ha reservado al gobierno peruano se reafirmó con la visita de Bush del 23 de marzo, la primera visita oficial de un mandatario norteamericano en toda la historia de país, que se ligó con una reunión de los jefes de gobierno de los demás países miembros del Pacto Andino con excepción de Venezuela en Lima para "formalizar al más alto nivel la alianza estratégica contra la pobreza, el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo y otras amenazas", según las declaraciones del canciller peruano García Sayan.
En el interior la "guerra contra el terrorismo" sirve a los gobiernos de pretexto para calificar de "terrorismo" y reprimir no sólo toda crítica que se manifieste contra el imperialismo norteamericano, sino también cualquier oposición contra sus propios planes y más aún los movimientos sociales del pueblo. Como en otras partes, se trata de callar a los críticos de la agresión imperialista contra Afganistán reprochándoles la falta de respecto a las víctimas del 11 de setiembre y acusándoles de apoyar del terror, como ocurrió en El Salvador donde una portavoz de la embajada norteamericana imputó cercanía con los talibanes al FLMN, organización que ya hace tiempo está integrada al sistema parlamentario burgués, porque algunos de sus representantes se atrevieron a criticar el uso de violencia de parte los EE.UU. Al mismo tiempo, en nombre de la seguridad interna y de la unidad nacional se trata de imponer restricciones económicas y medidas para reforzar a las fuerzas armadas y policiales. Varios países, entre ellos Chile, Ecuador, Colombia y Perú decidieron a reactivar o ampliar sus unidades antiterroristas. En Colombia el gobierno de Pastrana, pese a mantener negociaciones de paz con la FARC y del ELN proclamó una política de mano dura y cuenta para ello con el pleno respaldo del gobierno estadounidense. Mientras tanto interrumpió unilateralmente las conversaciones de paz y ordenó el ingreso de las fuerzas armadas a la zona desmilitarizada que se mantuvo hasta entonces.
En el Perú, el gobierno busca aprovechar la coyuntura para imponer su concepto de "pacificación" del país. Después de algunos meses con una coyuntura favorable para lograr una solución política de los problemas derivados de la guerra interna ahora el gobierno peruano ha aprovechado el clima político posterior al 11 de setiembre para asumir una postura contraria. Este viraje no viene de sorpresa. Desde que la dirección del PCP a fines del 93 propuso negociaciones para resolver políticamente el conflicto interno, el gobierno peruano siempre ha jugado a dos manos, por un lado pregonando su disposición a buscar una solución política, por otro lado aplicando su llamada "pacificación", es decir su línea y política sistemática de genocidio y represión que desde el inicio de la guerra popular en mayo de 1980 era una constante de la guerra antisubversiva. Luego del derrumbe de Fujimori en diciembre del 2000 el gobierno transitorio del Presidente Paniagua prometió esclarecer los crímenes contra el pueblo, castigar a los culpables, corregir el socavamiento de los derechos fundamentales y servir a la reconciliación nacional. A finales del 2000 una comisión especial de la Defensoría del Pueblo presentó un informe detallado sobre los miles de desaparecidos en el periodo de la guerra interna llegando a la conclusión que la principal responsabilidad de las desapariciones forzosas corresponde a las fuerzas armadas. El gobierno planteó su disposición de sancionar a los culpables y el parlamento decretó la fundación de una Comisión de la Verdad para que investigue las prácticas y problemas derivados de la guerra sucia. Sin embargo, ya en los lineamientos para la conformación de esta comisión se percibe la clara intención de eximir al Estado peruano de su responsabilidad, reduciéndola a "violaciones por parte de algunos agentes del Estado" mientras las acciones de las organizaciones levantadas en armas se califica de "crímenes contra la humanidad" sin haber hecho ningún tipo de investigación.
La misma tendencia se presentó en los siguientes meses de campaņa electoral para las elecciones presidenciales. Si bien todos los candidatos se mostraron convencidos de la necesidad de una reconciliación nacional y expresaron su pleno apoyo a la Comisión de la Verdad, también proclamaron su firme decisión a "acabar con el terrorismo". Ante el hecho innegable que la mayoría del PCP, asumiendo el llamado de su Jefatura, el Presidente Gonzalo, ya desde fines de 1993 ha suspendido las acciones armadas para luchar por una solución política usaron de pretexto las acciones esporádicas de algunos unidades guerrilleras aislados para abogar por la continuación de la política reaccionaria de "pacificación" mediante el aniquilamiento físico de los revolucionarios. Durante la campaņa electoral los candidatos y la prensa agrandaron sistemáticamente la importancia de estos grupos aislados, aunque los hechos comprueban que su radio de operación se limita a unas pocas zonas del país, principalmente en la ceja de selva, y que sus actividades están disminuyendo constantemente.
El mismo Presidente electo Toledo desde el comienzo no ocultó su posición de enfrentar el terrorismo con firmeza, es decir con medios represivos, y advirtió que sería un error de abrir las puertas de las cárceles porque para que la subversión retome su camino. Después de asumir su cargo en julio del 2001 aumentaron las especulaciones de la prensa sobre rebrotes de la lucha armada. El Ministro de Defensa Waisman negó tal rebrote planteando que se trataba de rezagos que nunca han sido completamente barridos. La intención tras esta declaración es evidente: Si el gobierno de Fujimori no ha acabado con el llamado terrorismo, como siempre ha afirmado hay razones para continuar la lucha antisubversiva. El Ministro del Interior Rospigliosi pregonó la firme decisión del gobierno barrer con los rezagos del "terrorismo" aņadiendo que éste ya no es un movimiento ideológico sino que se trata de bandas armadas al servicio del narcotráfico. Poco después de que el General Eduardo Fournier públicamente lamentó el debilitamiento de las fuerzas antisubversivas porque se había disuelto el Servicio de Inteligencia a consecuencia de las acusaciones de corrupción contra el gobierno de Fujimori y porque el gobierno transitorio había cerrado las bases militares, el 30 de agosto Toledo anunció la reapertura de un número de bases militares en el campo.
Después del 11 de setiembre el gobierno peruano sintió reforzada a proseguir con esta línea. Contando con el apoyo de los medios de comunicación desde entones no deja pasar ninguna oportunidad para ligar al PCP con la actual campaņa internacional contra el "terrorismo". Así por ejemplo, sin fundamento alguno se especuló públicamente de posibles relaciones de un sospechoso árabe con el PCP y el MRTA. Al mismo tiempo, salieron nuevas noticias sobre el supuesto reclutamiento forzoso de niņos y la vinculación con el narcotráfico. Cuando el mismo mes se produjeron protestas en grandes partes del país porque el pueblo exigió del gobierno que cumpla sus promesas electorales, Toledo culpó al PCP que se había confabulado con los fujimoristas para fomentar las manifestaciones. En los siguientes meses esta imputación se convirtió en el pretexto común para justificar reprimir violentamente las protestas de pueblo. Así Toledo en un mensaje de televisión calificó un paro regional programado para el 14 de mayo del 2002 como "un intento de desestabilización de la democracia" y advirtió que "extremistas, terroristas y miembros izquierdistas de Sendero Luminoso podrían aprovecharlo para sus fines". El colmo de esta política fue una proyecto de ley presentado por el gobierno que pretende sancionar con penas hasta 6 aņos el estorbo del transporte público. La misma actitud intransigente Toledo mostró ante la huelga de hambre mantenida del 11 de febrero hasta el 14 de marzo del 2002 de 920 presos políticos y prisioneros de guerra de diferentes cárceles del país para reclamar la derogatoria de la anticonstitucional legislación antisubversiva de Fujimori y el mejoramiento de las condiciones de reclusión.
Al mismo tiempo el gobierno peruano fortaleció su aparato organizativo. El 1 de noviembre se fundó la Unidad de Manejo de Crisis para Casos de Terrorismo que entre otras cosas tendrá la responsabilidad de elaborar una lista de los miembros de organizaciones terrorista a nivel nacional e internacional. Algunos días después el gobierno anunció la fundación de "Comisionados por la Paz y el Desarrollo" destinados a coordinar las acciones de los ministerios del Interior y de Defensa y mantener una estrecha relación con la población para acabar con los restos de los grupos subversivos y consolidar la pacificación. El 3 de diciembre el Ministerio del Exterior de los EE.UU. advirtió de posibles atentados de Sendero Luminoso contra instituciones y ciudadanos norteamericanos refiriéndose al aumento de las acciones armadas y supuestas pruebas. En los últimos meses aumentaron las noticias de un supuesta "rebrote terrorista". Cuando pocas días antes de la visita de Bush estalló un cochebomba cerca de la embajada norteamericana, al gobierno peruano le sirvió de buena excusa para la formación de su "alianza estrategia" con el imperialismo yanqui. En vista de esta política la idea de la reconciliación nacional tan pregonada después de la caída de Fujimori cada vez pasa más a segundo plano o se la interpreta como concertación contra el llamado terrorismo.
Todo este desarrollo da motivo al temor que, como en anteriores oportunidades, el Estado peruano logre meter debajo de la alfombra su política sistemática de genocidio de los últimos 20 aņos impidiendo así la democratización que la sociedad peruana necesita con tanta urgencia. Lo que los gobernantes en todo el mundo no parecen entender y probablemente por su posición de clase nunca entenderán es que con su violencia estatal y su llamado Estado de Derecho, que no es otra cosa que la violencia organizada de las clases dominantes - así la definición de Lenin - no podrán resolver jamás el problema del llamado "terrorismo"; porque lo que ellos denominan terrorismo es expresión de la rebelión popular contra la opresión y la explotación. Tal vez se podrá controlarla temporalmente con la violencia, pero sólo se trata de una victoria aparente y transitoria, porque mientras siguen existiendo las causas de la rebelión ésta volverá a estallar siempre de nuevo, más aún en un país como el Perú donde el pueblo ha experimentado el poder que posee cuando en una acción organizada dirigido por un partido comunista que con un programa claro lo guía hacía un nuevo orden más justo lucha por su emancipación. Si el actual gobierno rechaza la solución política de los problemas derivadas de la guerra interna se pierde una oportunidad de eliminar parte del odio y la ira sobre los crímenes impunes de la dictadura de clase de la gran burguesía y de los terratenientes, pero la lucha de clase prosigue en todos los casos y los barrerá tarde o temprano.
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