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El 4 de octubre de 1985, fuerzas de la Guardia Republicana asaltaron el "Pabellón Británico" de la cárcel de Lurigancho en Lima, donde estaban internados los presos políticos y prisioneros de guerra actuando con una crueldad sin precedentes. La unidad especial Llapan Atiq (palabra quechua que significa "el que todo lo puede") utilizó dinamita para abrir boquetes en las paredes, disparando ráfagas de metralleta y tirando bombas lacrimógenas, granadas de guerra y bombas incendiarias al interior del edificio para finalmente ingresar y reducir a los prisioneros, asesinando a 30.
Algunos murieron en el ataque abaleados, otros fueron quemados vivos, mientras que a una parte los ultimaron ya heridos e indefensos. Los sobrevivientes, entre ellos 34 heridos graves, fueron masacrados brutalmente, los cadáveres fueron quemados con bombas de fósforo y al final incendiaron el pabellón para borrar las huellas de sus crímenes, negándose además a entregar los restos mortales de los prisioneros a sus familiares, enterrándolos en 28 tumbas sin nombres en el cementerio Presbítero Maestro.
Estos hechos entraron a los anales de revolución peruana como el Día de los Presos Políticos y Prisioneros de Guerra que además de ser un día de conmemoración del primer gran genocidio en las cárceles peruanas y homenaje a la resistencia heroica desplegada por los prisioneros es un llamado a continuar la lucha por los derechos de los presos políticos y prisioneros de guerra.
Desde que después del inicio de la guerra popular en 1980 hubo los primeros detenidos, el gobierno peruano aplicó el método creado por su amo el imperialismo yanqui para combatir la revolución destruyendo a los revolucionarios. Negó a los prisioneros todas las garantías legales haciendo tabla rasa de sus derechos fundamentales pese a que al comienzo sólo se les acusó de delitos menores como perturbación del orden público, vagabundeo o causar daños materiales. Se les torturó y maltrató y muchos desaparecieron para siempre. Aquellos que llegaron hasta los juzgados y fueron trasladados a las prisiones se vieron confrontados a permanentes amenazas, provocaciones, hostilizaciones abiertas y ataques directos resultando varios internos muertos por disparos de los guardias, veneno y falta de atención médica. A partir de 1982 el gobierno aplicó una política de concentración, aislamiento y aniquilamiento contra los presos políticos. Mientras de acuerdo a la ley vigente en los primeros años los detenidos fueron encarcelados en prisiones del lugar de su detención, después de la acción de liberación de los presos del penal de Ayacucho en marzo 1982 el Presidente Fernando Belaúnde Terry dispuso la concentración de todos los presos políticos en Lima. El traslado implicó golpizas, la pérdida de todas las pertenencias, la paralización de los procesos y la separación de familiares y amigos cuyo apoyo es una cuestión fundamental de subsistencia en el precario sistema carcelario peruano donde los internos no reciben nada más que una alimentación completamente deficiente. Las cárceles de Lima tenían el carácter de campos de concentración, especialmente la de la isla El Frontón a donde el agua potable y los alimentos tenían que llevarse en barco y por tanto fueron estrictamente racionados. Además se restringió el derecho a la visita y se negó la entrega de alimentos y otras productos de primera necesidad que enviaron los familiares. Los familiares y abogados fueron amenazados, perseguidos y maltratados. Siguiendo el método inventado por el imperialismo yanqui se justificó esta política calificando el movimiento social como "terrorismo" lo que se concretó en la "ley antiterrorista" D.L. 046 promulgada en marzo 1981 que impone penas severas a los que integran y apoyan una "organización terrorista" lo implicaba que los familiares, amigos y abogados de los prisioneros corrieran el constante riesgo de ser detenidos también por ser "apoyantes y cómplices". En julio de 1985 Alan García Pérez asumió el gobierno e intensificó la política de genocidio. La situación en las cárceles se agudizó, lo que finalmente desembocó en los genocidios del 4 de octubre de 1985 y del 19 de junio de 1986 en El Frontón, Lurigancho y el penal de mujeres de Callao en el cual murieron alrededor de 300 prisioneros, la mayoría de ellos cuando ya estaban reducidos, ambos ordenados directamente por García Pérez. A los sobrevivientes se les concentró en el nuevo "penal de máxima seguridad" Canto Grande cerca de Lima, donde se les aisló casi completamente del mundo exterior e internamente sometiéndoles a todo tipo de represalias hasta que después de una larga y persistente lucha de los presos y sus familiares se logró una cierta flexibilización de las condiciones de reclusión. Luego del cambio de gobierno en julio de 1990 el genocida y vendepatria de Fujimori dentro de una estrategia antisubversiva más amplia buscó crear condiciones para la aplicación de un plan sistemático de reducción de la personalidad y aniquilamiento de los presos políticos, el que consecuentemente llevó a la práctica después de su golpe de Estado del 5 abril. Del 6 al 9 de mayo de 1992 hubo otro genocidio en Canto Grande asesinado selectivamente a 50 supuestos dirigentes. A los sobrevivientes se les distribuyó en diferentes prisiones; una parte permaneció en Canto Grande, mientras que a los demás se les trasladó a los nuevos "penales de máxima seguridad" de Yanamayo, que está ubicado a más de 4000 m de altura en la puna del departamento de Puno y que tiene todas las características de un campo de exterminio, y a Chorrillos en Lima, donde se les sometió a un régimen de aislamiento absoluto.
El mismo año el gobierno de Fujimori como parte de la conculcación general de los derechos democráticos empezó a barrer todos los derechos fundamentales de los presos políticos y prisioneros de guerras y aumentar drásticamente las penas. Se creó el delito de "traición a la patria" que comprende todas las acciones contra el Estado peruano inclusive la llamada "apología del terrorismo" y puede ser penado con cadena perpetua y, en caso de guerra externa, con la pena de muerte; se recortó el derecho a un juicio ordinario y público introduciendo los "jueces sin rostro", la jurisdicción militar para civiles, los juicios sumarios con exclusión del público, el reconocimiento de declaraciones "secretas" a los cuales el acusado no tiene acceso y que muchas veces eran el resultado de chantaje sobre la base de la "ley de arrepentimiento" y la condena en ausencia; se negó a los acusados el derecho de defensa estableciendo la detención policial y el correspondiente aislamiento de los presuntos implicados por termino indefinido y la disposición que un abogado sólo puede defender a un sólo acusado por delitos de este tipo. Al mismo tiempo el gobierno adecuó el Código de Ejecución Penal apuntando a dar una cobertura "legal" a la política de aislamiento perpetuo y de aniquilamiento sistemático de los prisioneros. A base de esta legislación se condenó a miles de personas a penas draconianas y se les encerró en condiciones infrahumanas en los campos de concentración del Estado peruano.
Aunque por las luchas y protestas de los presos políticos después del derrumbe de Fujimori en noviembre del 2000 las condiciones de reclusión han mejorado en algo, este régimen de reclusión en lo esencial sigue existiendo. Un caso extremo es el Penal Militar de la Base de Naval del Callao donde en abierta violación de las leyes peruanas e internacionales que prohíben la detención de personas civiles en establecimientos militares, el jefe y la dirección central del Partido Comunista del Perú (PCP), el Presidente Gonzalo y la camarada Míriam, junto con un puñado de otros presos ya hace más de 10 años están sometidos a un régimen de aislamiento absoluto en las condiciones más inhumanas.
La legislación vigente y las condiciones penitenciarias existentes desconocen completamente los derechos fundamentales de los presos políticos, reconocidos en la constitución peruana y convenios internacionales, y convierten la sentencia judicial en un acto de venganza que apunta a la destrucción del detenido, una práctica criticada por conocidas organizaciones de derechos humanos y censurada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una serie de fallos en contra del Estado peruano. Después de los 10 años de la dictadura de Fujimori, el actual gobierno de Toledo trata de lograr nuevamente una cierta respetabilidad internacional cumpliendo con las exigencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, ha expresado categóricamente que impedirá la liberación de los presos políticos a como dé lugar. El proyecto de ley que presentó en julio al parlamento si bien corrige las violaciones más fragantes de la Constitución peruana y las normas jurídicas internacionales aboliendo los "jueces sin rostro", la jurisdicción militar para civiles y el recorte del derecho de defensa, mantiene las penas monstruosas, el ejército sigue teniendo el derecho a efectuar detenciones aunque limitado a zonas alejadas, la concesión de los beneficios penitenciarios que por ley corresponden al los presos queda dudosa y se introduce la inhabilitación de por vida a los presos reincidentes. El gobierno peruano tampoco muestra ninguna disposición de cerrar los penales de la Base Naval de Callao, Yanamayo y Challapalca. Más bien ha acordado el reglamento para la detención de personas civiles en prisiones militares y prepara una nueva concentración de los presos políticos en Yanamayo, una vez terminada su reestructuración; todo ello acompañado por una intensa campaña de prensa levantando un "rebrote del terrorismo" supuestamente dirigida desde la prisión y culpando al PCP de cualquier acto violento aunque es evidente que no tiene nada que ver.
Considerando esta situación exigimos del gobierno peruano:
el cierre del Penal Militar de la Base Naval del Callao y el traslado inmediato de los prisioneros a penales civiles;
el cierre de los penales de Yanamayo y Challapalca, no a una nueva concentración de los presos políticos en Yanamayo;
la derogatoria de la legislación antisubversiva anticonstitucional y la revisión de todas las sentencias que se basan en ella, especialmente los fallos de los tribunales militares y los "jueces sin rostro";
la garantía de los derechos fundamentales de los presos políticos ya que la pena de prisión únicamente implica la privación de la libertad y no toca todos los demás derechos fundamentales del interno como el derecho a la vida y la integridad física, el derecho al trabajo, a activadas intelectuales y culturales, a la libertad de opinión e información etc.;
el derecho de los presos políticos a la reincorporación a la sociedad garantizado por la constitución peruana que se obstaculiza e impide con el aislamiento de los presos lejos de sus lugares de origen y la inhabilitación perpetua que se pretende establecer.
el cumplimiento de los beneficios penitenciarios que incluso con las leyes actualmente vigentes corresponden a todos los prisioneros condenados a base de la "ley antiterrorista" D. L. 046.
Libertad de todos los presos políticos y prisioneros de guerra por amnistía política general lo que implica que se reconozca el hecho que en el Perú hubo una guerra interna a consecuencia de un conflicto social. La guerra popular ha sido el más grande movimiento social de la historia peruana con el cual cientos de miles se acogieron a su derecho a rebelarse contra la explotación y opresión y crear una sociedad nueva. Por tanto, aquellos que cayeron en manos del enemigo, entre ellos muchos "simpatizantes" que fueron detenidos arbitrariamente, son presos políticos y prisioneros de guerra. Luego que a fines de 1993 la dirección central del PCP propuso al gobierno un acuerdo de paz llamando a la suspensión de las acciones armadas y entrando a una ronda de conversaciones con el Estado peruano, la guerra interna ha llegado a su fin, y desde 1995 sólo existen unos pocos grupos armados aislados y prácticamente insignificantes que se separaron de PCP. Por consiguiente ya no existe ningún motivo para mantener en prisión a los presos políticos y prisioneros de guerra y perseguir a otros miles de requisitoriados. Más bien estos y otros problemas derivados de la guerra se han convertido en una carga para toda la sociedad peruana y requieren una solución política.
que se termine la impunidad de los genocidios en las cárceles y contra el pueblo en general. El Estado peruano se niega hasta hoy a asumir su responsabilidad de los genocidios en las prisiones y sancionar a los culpables y tampoco ha condenado y corregido la línea y política sistemática de genocidio que se aplicó desde 1980 para combatir la guerra popular. Todo indica que las investigaciones de la Comisión de la Verdad, establecida el año 2000 como en oportunidades anteriores servirán a tapar las responsabilidades y no llevarán a ningún castigo de los culpables.
Con motivo del 4 de octubre, Día del Preso Político y Prisionero de Guerra, el Movimiento Popular Perú de Alemania expresa su disposición a luchar con firmeza para imponer estas demandas y hace un llamado a todas las fuerzas progresistas y democráticas a apoyar la campaña internacional por el cierre de los campos de exterminio de la Base Naval del Callao, Yanamayo y Challapalca y por la libertad de los presos políticos y prisioneros de guerra.
¡VIVA EL 4. DE OCTUBRE, DÍA DE LOS PRESOS POLÍTICOS Y PRISIONEROS DE GUERRA!
¡EXIGIMOS LA SOLUCIÓN POLITICA A LOS PROBLEMAS DERIVADOS DE LA GUERRA INTERNA!
¡DEROGATORIA DE LAS INCONSTITUCIONALES LEYES ANTISUBVERSIVAS!
¡CIERRE DEL PENAL MILITAR DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO Y DE LAS PRISIONES DE CHALLAPALCA Y YANAMAYO!
¡PRESOS POLÍTICOS LIBERTAD !
4 de octubre de 2002
Movimiento Popular Peru - Alemania