Antecedentes

El 3 de enero de 2003, el Tribunal Constitucional expidió sentencia sobre una acción de inconstitucionalidad interpuesta contra la legislación antiterrorista del Estado peruano, declarando anticonstitucional parte de las leyes antiterroristas, en especial los decretos referente a los juicios ante tribunales militares y "jueces sin rostro", y disponiendo nuevos juicios en base de nuevas leyes antiterroristas. Poco después, el gobierno decretó una nueva legislación antiterrorista que mantiene una parte sustantiva de las leyes anteriores.

En los meses siguientes, el poder judicial anuló los procesos de los sentenciados en base de las leyes anticonstitucionales, entre ellos los del Dr. Abimael Guzmán y los miembros de la dirección del PCP, y se abrió nuevos juicios ante un fuero antiterrorista creado en aplicación de la nueva legislación.

Ante la necesidad de realizar un juicio público a la dirección del PCP, el Estado peruano empezó a preparar un "megajuicio" con la clara intención de convertirlo en una campaña propagandística condenando a la acción revolucionaria como "terrorismo" e incluso como "acción genocida", con el fin de culpar a los insurrectos de la política de genocidio aplicada sistemáticamente por el Estado peruano en su guerra antisubversiva. A este propósito sirve el informe final de la llamada "Comisión de la Verdad y Reconciliación" publicado en agosto del 2003 que, con métodos sumamente cuestionables, imputa a los insurrectos la principal responsabilidad de las víctimas de la guerra interna, inflando el número de las víctimas a un número total de 69000, cifra que entre otras manipulaciones se basa en proyecciones que parten de la hipótesis que aparte de los cerca de 24.000 casos investigados, de las cuales la gran mayoría son el resultado de la política genocida del Estado, tiene que existir un número de casos no declarados y que éstas deben ser mayoritariamente imputables al PCP.

El llamado "megajuicio" programado para el 22 de marzo de 2004, para lo cual se ha acumulado en un sólo expediente la mayoría de los casos contra el Dr. Abimael Guzmán y otros dirigentes del PCP se frustró por un recurso legal contra ese procedimiento que señala que eso afecta los derechos fundamentales y, en especial, la defensa de los acusados. El recurso pasó a la Corte Suprema de Justicia que ha ido postergando su decisión.

En junio del 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó a la Corte Interamericana una demanda contra el Estado peruano que cuestiona la nueva legislación antiterrorista. Este hecho llevó en el Perú a un debate público sobre la constitucionalidad de los nuevos procesos y obviamente motivó la postergación del llamado "megajuicio".

El 14 de setiembre de 2004, el abogado Dr. Manuel Fajardo presentó una acción de hábeas corpus ante la autoridad judicial pidiendo la libertad inmediata para su patrocinado Dr. Abimael Guzmán y otras ocho personas detenidas junto a él 12 años atrás. La demanda se basa en el hecho que los peticionarios están presos sin sentencia válida por más de 12 años, lo que constituye una violación de los tratados internacionales y las leyes peruanas que establecen el derecho a un juicio justo con mandato de detención, librado en un plazo razonable desde la captura, o en su defecto con libertad del imputado, asegurando su concurrencia al juzgamiento. El 24 de setiembre, este recurso fue admitido por el juez penal Wilbert Sánchez.

Como el expediente del llamado "megajuicio" seguía sin resolver en la Corte Suprema, el 18 de octubre, la Sala Nacional contra el Terrorismo programó para el 5 de diciembre el inicio del juicio contra el Dr. Abimael Guzmán y otros 17 acusados por haber utilizado la academia preuniversitaria César Vallejo como fuente de financiamiento y centro de formación de nuevos militantes que constituyeron un aparato logístico para garantizar la clandestinidad y manutención del Comité Central instalado en Lima, según la acusación del fiscal superior Édgar Chirinos Manrique. El fiscal ha solicitado cadena perpetua (lo que implica, según la nueva legislación, una pena mínima de 35 años de prisión) para la dirección del PCP y penas entre 22 y 25 años de prisión para los empleados de la academia.

Posición de los acusados y su defensa legal

Los acusados y su defensa consideran que la nueva legislación antiterrorista sigue siendo violatoria a sus derechos fundamentales consagradas en tratados internacionales y la Constitución peruana y que los juicios realizados en base de ella no ofrecen las garantías judiciales para un proceso justo e imparcial. Por lo tanto, rechazan los nuevos juicios, y si se someten a ellos es porque el agotamiento de los recursos internos es uno de los requisitos necesarios para presentar una denuncia ante cortes internacionales. Por otro lado, se oponen al tratamiento jurídico de la guerra interna en el Perú, exigiendo que sea reconocido como conflicto armado interno de acuerdo a la Convención de Ginebra y resuelto con "la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado", como prevé el protocolo II adicional de ese pacto internacional.

Dentro de ello se enmarcan las expectativas de los acusados y su defensa respecto de ese proceso. Según el Dr. Manuel Fajardo, abogado del Dr. Abimael Guzmán y Elena Iparraguire, sus patrocinados hasta el último momento evaluaron si asisten a la audiencia, porque se ha hecho lo posible para que acudan al juicio en las peores condiciones, notificándoles a última hora y desatando una campaña sucia con imputaciones repulsivas. Al comunicar la decisión de no impugnar el juicio, el Dr. Manuel Fajardo manifestó que "este juicio corresponde a una estrategia nefasta", pero que espera de los jueces un comportamiento adecuado y "que hagan lo que saben hacer".


Campaña reaccionaria antes del juicio

Después de la programación del primer juicio público contra el Dr. Abimael Guzmán, los sectores más recalcitrantes de la reacción apoyado de un sector de la prensa peruana orquestaron una nueva campaña de difamación contra el Dr. Abimael Guzmán. Cogiéndose de los insultos vertidos del renegado Óscar Ramírez Durand, el camarada Feliciano, en una entrevista con la revista "Caretas", se habló de supuestos "privilegios" y una "una cárcel dorada con su pareja" de las cuales gozaría en la Prisión Militar de la Base Naval del Callao, exigiendo que se le quite las supuestas "gollerías" y que se le separe de Elena Iparraguire, la camarada Miriam. Se le imputó que no se quiere presentar al juicio por temor a enfrentarse a Óscar Ramírez Durand y se sacó una vez más las imputaciones del informe final de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Y como de costumbre los que tienen un directo interés en seguir medrando de los problemas derivados de la guerra interna como el ex-jefe de la policía antiterrorista DINCOTE, Benedicto Jiménez, y el "senderólogo" Carlos Tapia levantaron la "reagrupación de Sendero", mientras representantes del gobierno una vez más hablaron de la supuesta infiltración de "terroristas" en las luchas populares para minimizar y desprestigiar las protestas populares; y el presidente Alejandro Toledo, el día anterior de la audiencia, anunció que se intensificará la lucha contra el terrorismo y exigió justicia para los miles de peruanos que fueron víctimas del "terrorismo" sin mencionar la impunidad de la mayor parte de los crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas del Estado peruano.

Movilización de los familiares de los procesados

El día de la audiencia, familiares de procesados por terrorismo llegaron hasta los exteriores de la Base Naval, exigiendo que el juicio sea justo e imparcial. Se registraron enfrentamientos verbales entre familiares de los procesados y miembros de la llamada "Coordinadora Nacional de Víctimas por el Terrorismo", encabezada por la congresista Martha Moyano, hermana de la agente del el siniestro Servicio de Inteligencia Nacional Elena Moyano, presuntamente aniquilada por los insurrectos en 1992, que exigió que se vuelva a la legislación anticonstitucional del dictador Fujimori, dejando sin efecto el nuevo juicio contra el Dr. Abimael Guzmán, y sus coacusados y restituyendo la sentencia de cadena perpetua que le fue impuesta hace doce años por un tribunal militar.

El desenvolvimiento de la audiencia pública

El juicio al Dr. Guzmán generó una gran expectativa en diversas partes del mundo. 38 medios extranjeros se acreditaron para observar la audiencia pública, entre ellos la BBC de Londres, The New York Times, The Miami Herald, El País de España, RCN de Colombia y las agencias de noticias Reuter, EFE, AP, entre otros. Además de 34 medios del país, lo que hizo un total de 254 periodistas presentes en la audiencia.

El día del juicio, la prensa nacional y extranjera llegó desde las seis de la mañana a la Base Naval del Callao y tuvo que pasar por tres controles de seguridad antes de ingresar al tribunal en medio de gran desorden. Cuando faltaban 10 minutos para las 9.00 de la mañana, se permitió el ingreso de los periodistas y de los familiares de los reos, entre ellos la anciana madre de Elena Iparraguirre. Todos debieron someterse a un minucioso control con detectores de metales, y a la mayoría de ellos se les retuvo sus celulares.

Los procesados junto al Dr. Guzmán fueron trasladados desde el penal Miguel Castro, el de mujeres de Chorrillos y de Huaral en medio de estrictas medidas de seguridad. Todos estuvieron presentes en la sede judicial alrededor de la 9.15 de mañana. Sin embargo, de manera inexplicable, el Dr. Guzmán, Elena Iparraguirre y Óscar Ramírez Durand, presos en la cercana prisión de máxima seguridad de la Base Naval del Callao, fueron los últimos en llegar, lo que retrasó el inicio de la audiencia.

A las 10.08 de la mañana, entró junto con Elena Iparraguirre y Óscar Ramírez Durand, el Dr. Abimael Guzmán, sonriente y sereno, de buen semblante, con el cabello cano, con sus clásicos anteojos marrones y vistiendo ropa informal. Se saludó con abrazos con algunos de sus compañeros para después tomar asiento. Sin embargo, al hacer caso al llamado de los periodistas para tomarle fotos, se levantó y sonriendo con el puño en alto posó para las cámaras.

A pedido de la prensa, la Sala decidió dejar de lado el Decreto Legislativo que prohibe el acceso de cámaras de televisión y fotográficas a los juicios por "terrorismo", y prefirió el texto constitucional que garantiza la amplia publicidad de los procesos judiciales poniendo algunas condiciones.

Al iniciarse la sesión, Martha Huatay solicitó ejercer su propia defensa, señalando que era abogada y se encontraba habilitada como tal en el Colegio de Abogados de Lima. El tribunal aceptó su pedido, pero señaló que compartirá esa defensa con Manuel Fajardo, el defensor del Dr. Abimael Guzmán. En tanto, se rechazó el pedido de Angélica Salas para autodefenderse, porque no es abogada. Con excepción de Óscar Ramírez Durand, quien aceptó un abogado de oficio, los demás acusados pidieron ser defendidos por el Dr. Manuel Fajardo. Margie Clavo Peralta y Victor Zavala Cataño retiraron sus escritos de oposición al juicio, diciendo que confían en el criterio de los magistrados.

Poco después, el presidente del tribunal, Dante Terrel ordenó a los camarógrafos y reporteros gráficos a salir de la sala, ya que estaba prohibido que los hombres de prensa utilicen estos equipos durante la audiencia. Para realizar el desalojo, Terrel ordenó cinco minutos de receso. Los periodistas, al saber que serían desalojados, quisieron tomar las últimas placas a los subversivos, para lo cual les avisaron tocando el vidrio que dividía su ambiente con el de ellos. En esas circunstancias, el Dr. Abimael Guzmán se paró con el puño derecho en alto e inmediatamente le siguieron Elena Iparraguirre, Martha Huatay, Victor Zavala, Angélica Salas y Margie Clavo, vociferando "¡Viva el Partido Comunista del Perú!", "¡Viva el marxismo, leninismo, maoísmo!", "¡Gloria a los héroes del pueblo!" y "¡Gloria al pueblo peruano!". El presidente del tribunal pidió orden, pero nadie hizo caso. Llamó a la policía, pero no apareció, y uno de los jueces tuvo que salir a buscarla.

En medio del desorden, el tribunal ordenó el desalojo y la suspensión de la audiencia, hasta el viernes 12, mientras que los acusados comenzaron a abrazarse y se retiraron.

Declaraciones del abogado del Dr. Abimael Guzmán

Después de la suspensión de la audiencia pública, el abogado Dr. Manuel Fajardo sostuvo que en todo momento trataron de colaborar con el juzgamiento y rechazó que su patrocinado le haya faltado el respeto a los jueces. Afirmó además, que el juicio que se le sigue a su defendido atenta contra su libertad de expresión y justificó, por el respeto a este derecho, las arengas lanzadas por los procesados. "La libertad de expresión está totalmente recortada en estos procesos y Ustedes se quejan de que ellos hayan gritado cuatro consignas. (...) ¿A quién se le falta el respeto expresando una opinión?", dijo el abogado, en declaraciones públicas. Asimismo, se dirigió a la prensa para recordarle que el juez ordenó la salida de los periodistas antes del suceso y no como consecuencia de este, "sino porque dijeron que los periodistas estaban haciendo desorden".

La respuesta de la reacción

Al ver frustrados sus expectativas de convertir la primera audiencia pública contra el Dr. Abimael Guzmán en un golpe propagandístico contra el llamado "terrorismo", los voceros de los partidos e instituciones reaccionarios al unísono expresaron su indignación sobre el comportamiento de los acusados, pidiendo a voz en cuello que se cambie los jueces y que se aplique sanciones a los acusados y a los presos políticos en general.

El día siguiente, el Presidente Toledo dio un mensaje a la nación, criticando el desorden que ocurrió en el inicio del juicio oral al fundador del PCP, Dr, Abimael Guzmán Reynoso, y anunciando que ha dispuesto "la inmediata reorganización de la Procuraduría Especializada para casos de Terrorismo" que recusará los jueces. En una clara intromisión en facultades del poder judicial añadió que el procurador tendrá instrucciones para solicitar la cadena perpetua para estos terroristas, cosa que corresponde únicamente al fiscal, y pidió juicios sumarios. Tras indicar que no permanecerá impasible ante el desafío de la "banda maoísta" anunció que dispondrá el aislamiento total de los "cabecillas terroristas", la reposición de los locutorios, el refuerzo de la seguridad en las prisiones donde se encuentran los acusados de "terrorismo" y los traslados de penal que sean necesarios y repitió su amenaza que en su gobierno "no se abrirán las cárceles para ningún terrorista".

Además trascendió que el gobierno habría decidido que Elena Iparraguirre o la camarada Miriam sea trasladada de la Base Naval del Callao a otro penal de máxima seguridad, de tal forma que no tenga más contacto con el Dr. Abimael Guzmán.

Paralelamente siguió la campaña de difamación que se extendió a los presos políticos en general a quienes se acusó usar las visitas para el adoctrinamiento y haber tomado el control de los pabellones donde están recluidos, versión desmentida del presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Wilfredo Pedraza. A consecuencia se pidió la renuncia del Pedraza a quien se acusó de que "siempre abogó por los subversivos" y que "se opuso en varias ocasiones a sancionar ejemplarmente por faltas disciplinarias a Abimael Guzmán y otros cabecillas senderistas".

Extendiendo la campaña a los abogados y el poder judicial se exigió investigar la infiltración del PCP en el Poder Judicial, ataque que se centró en Dante Terrel Crispín, vocal del tribunal a cargo del primer proceso contra el Dr. Abimael Guzmán, a quien se acusó de "vínculos con la subversión" por haber defendido acusados de terrorismo durante su anterior actividad profesional como abogado.

El decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL) solicitó formalmente al Consejo de Ética de su gremio, abrirle proceso disciplinario a Martha Huatay Ruiz por la conducta provocadora durante la audiencia del 5 de noviembre.

Con la clara intención de atacar a los organismos que exigen el juzgamiento del ex-presidente aprista Alan García y su gobierno por el genocidio de 250 prisioneros políticos en los penales El Frontón, Lurigancho y Callao de 1986, el secretario general del Apra, congresista Jorge del Castillo, denunció que "Sendero Luminoso" controla 70 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), entre ellos la Asociación Americana de Juristas - Rama del Perú, que supuestamente estaría promovida, entre otros abogados, por el Dr. Manuel Fajardo. La Asociación Americana de Juristas presentó el año 2003 en nombre de la madre de Peter Cruz Chavez, prisionero político desaparecido en el penal de Lurigancho durante el genocidio en los penales el 19 de junio de 1986, una acción de amparo al tribunal constitucional que ordenó la investigación del caso. El Dr. Fajardo aclaró despúes que no es miembro de la Asociación Americana de Juristas ni de ninguna otra ONG.

En el intento de criminalizar y condenar la lucha por los derechos de los presos políticos y contra la impunidad, se usó la detención de un activista a quien se acusa de dirigir las marchas y manifestaciones de AFADEVIG, de realizar pintas subversivas y de haber tenido contacto con el Dr. Manuel Fajardo con motivo de la recolección de firmas y posterior protesta por la invasión de Estados Unidos a Iraq, para atacar directamente a los familiares organizados en la Asociación de Familiares de Presos Políticos, Desaparecidos y Víctimas de Genocidio (AFADEVIG), calificándose las acusaciones contra el detenido como actos subversivos.

Amenazas y represalias

Tal como lo anunciara el Presidente Alejandro Toledo, en su mensaje a la Nación, el 7 de octubre, se oficializó en el diario El Peruano el Decreto Supremo que vuelven a imponer la visita por locutorios para los presos en la Base Naval del Callao.

El lunes, 8 de noviembre, el abogado del Dr. Abimael Guzmán, Manuel Fajardo, fue impedido de visitar a su patrocinado, recluido en la Base Naval del Callao, como parte de las represalias del Gobierno tras la frustrada audiencia del 5 de noviembre. Según Fajardo, las autoridades de dicho centro penitenciario militar lo hicieron esperar por una hora y media, bajo el argumento de que las visitas debían ser ordenadas por la más alta autoridad de la Base Naval del Callao. Ante esta situación, el defensor del Dr. Guzmán expresó su "extrañeza" porque, en anteriores oportunidades, "el ingreso era totalmente libre y sin restricciones". Refirió que, tras pedir "explicaciones" a los militares asignados a la puerta de ingreso de la Base Militar, éstos le solicitaron que se retirase del lugar, en vista de que no se había recibido la orden que autorizase su ingreso a este recinto militar.

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario anunció requisas en el penal Miguel Castro Castro para buscar e incautar los celulares y armas que los presos supuestamente tienen en su poder. Además informó que se había prohibido actividades como polladas para juntar fondos económicos y que se estaba preparando algunos traslados de internos por "terrorismo" del penal Castro Castro a otros centros de reclusión del país. Al mismo tiempo, se ordenó la intensificación de medidas de seguridad en los principales centros penitenciarios, donde están recluidos los presos políticos.

El segundo día del juicio oral

A consecuencia del llamado "escándalo" ocurrido en la primera audiencia pública, para el segundo día del juicio oral, programado para el 12 de noviembre, se prohibió el ingreso de cámaras de televisión, grabadoras y cámaras fotográficas. Además se limitó el número de los periodistas y se dispuso una estricta vigilancia tanto de los periodistas como del público que estaban separados por una luna del área donde se encontraban los abogados, el fiscal, el procurador, los jueces y los acusados. Los procesados fueron ubicados en tres grupos de seis asientos cada uno, a fin de evitar todo contacto entre ellos, y se emplazó en la Sala a doce policías, fuertemente armados, para vigilar el orden.

La audiencia se inició con una hora de retraso, aparentemente por problemas de salud del vocal Carlos Manrique. Al iniciar la sesión, el presidente del tribunal, Dante Terrel Crispín, dejó la dirección del proceso al vocal José de Vinatea Vara Cadillo. A continuación se leyó el acta de la sesión anterior, en la que se culpó a la prensa de los incidentes de la semana anterior. Entonces, Manrique sorprendió a la audiencia al anunciar que por decoro se abstiene de ver este caso, pues considera que no es imparcial, ya que, en 1999 y el 2000, condenó en otro caso a Zavala Cataño y se pronunció en contra del Dr. Guzmán Reinoso al condenar a los que participaron en el atentado de Tarata en Miraflores. El fiscal Chirinos respondió pidiendo un receso, para después apoyar la posición de Manrique y agregar que por el mismo motivo debía inhibirse Vinatea quien participó en una de las sentencias comentadas por Manrique, y con mayor razón Terrel por los incidentes de la primera audiencia y por haber ejercido la defensa en dos casos de terrorismo. El procurador del Estado, Guillermo Cabala apoyó al fiscal y subrayó que Terrel debe irse por defender a acusados de terrorismo.

Mientras se enfrascaron en una agria discusión, nadie parecía acordarse de los acusados que se convirtieron en meras espectadores. La acusación de la fiscalía, en la que se pide cadena perpetua para el Dr. Guzmán y los demás dirigentes del PCP, que marca el inicio del juzgamiento, ni siquiera se llegó a leer.

Andrés Calderón y Miguel Yaganqui, abogados de un profesor y un empleado de la academia César Vallejo, tomaron la palabra y rechazaron la posición de la fiscalía y de la procuraduría. Calderón alegó: "El mensaje que aquí se quiere dar es que nadie defienda a un acusado por terrorismo. Por ejemplo, yo que hoy defiendo a uno de ellos ya nunca podré ser magistrado". Por su parte, Yaganqui señaló: "Parece que ya se dictó sentencia contra nuestros defendidos, ni siquiera conocen los cargos y no han sido escuchados".
Finalmente Vinatea suspendió la audiencia para el lunes, 15 de noviembre, a las 10.00 am.

Comentarios del abogado Dr. Manuel Fajardo

El abogado defensor del Dr. Abimael Guzmán, Manuel Fajardo, afirmó que con el juicio seguido a los líderes del PCP, "el fuero antiterrorista se está desmoronado". Dijo que "esto no cura el vicio de origen de ser una Sala designada de acuerdo al organigrama del Poder Judicial y no por una resolución administrativa".

El tercer día del juicio oral

La audiencia del 15 de noviembre duró sólo 25 minutos y se inició a las 11 de la mañana con una hora de retraso. Los miembros del tribunal, presidido por Dante Terrel, ingresaron con el rostro adusto a la Sala de Audiencias, donde ya los esperaban los procesados.

De inmediato se dispuso la lectura del informe presentado por el vocal José de Vinatea, en el cual aceptaba apartarse del caso por haber adelantado opinión sobre Guzmán. "Por mis principios éticos, me veo en la obligación de abstenerme porque, en efecto, he adelantado opinión en el expediente 073-95 (donde se menciona al Dr. Abimael Guzmán)", decía la resolución escrita por De Vinatea y leída por la relatora del tribunal antiterrorismo. En lo seguido, la resolución arremetía contra el juez Manrique. "El doctor Carlos Manrique atentó contra el deber de lealtad que le debe al tribunal, ya que nos cuestionó como magistrados (a Terrel y a De Vinatea). No me explico por qué no dio a conocer su abstención antes. Acaso fue la iluminación divina la que le advirtió (recién el viernes pasado que debía apartarse del caso)", continuó la relatora. La resolución decía, además, que Manrique dejó entrever que De Vinatea, el más antiguo de los 178 jueces de Lima, había tratado de ocultar algo y que por ello no había mencionado nada sobre el concepto que tenía de Guzmán. "Puso en duda mi imparcialidad. ¿Qué buscaba? ¿Acaso publicitarse como un magistrado honesto ante la opinión pública? Con sus declaraciones solo empañó la imagen del Poder Judicial", remató el escrito.

Luego de la lectura, Manrique prendió su micrófono y pidió defenderse. "No hay nada que discutir", replicó De Vinatea, nombrado director de debates, y apagó el micrófono con presteza. Su colega insistió y lo prendió otra vez. El veterano juez volvió a apagarlo. Manrique empezó a hablar en voz alta sin micrófono, pero ninguno de los presentes fuera de la sala lo escuchó.

Con el escrito de José de Vinatea quedó en claro que se abstenía, al igual que Manrique, de seguir integrando el colegiado. En consecuencia, ambos dejaban solo a Dante Terrel en este proceso. Ante esto, Terrel no tuvo más remedio que declarar de inmediato -como manda la ley- 'quebrado' el tribunal y disponer que la audiencia quede anulada y que se convoque a otros magistrados que conformarán un nuevo tribunal.

Comentarios del Dr. Manuel Fajardo después de la anulación de la audiencia

Después de la audiencia, el Dr. Manuel Fajardo afirmó que el Estado es el responsable de que se haya anulado el juicio a su defendido, porque "ha caído en sus propias contradicciones". "La sala, por sus propias contradicciones, se ha desintegrado. De eso se deriva que la audiencia se ha quebrado. Esto fue impulsado por el Estado, que lo ha tenido planificado hace bastante tiempo. Lo está haciendo a través del procurador y el fiscal", declaró. Fajardo indicó que de la disolución del colegiado que encabezaba el cuestionado vocal Dante Terrel, tras la inhibición de dos de sus integrantes, se trata de un "retiro táctico" del Estado. Tras reiterar que todos los vocales han adelantado opinión sobre su defendido, Fajardo aseguró que el fuero antiterrorista está "baldado" desde el inicio porque es un fuero de excepción.

"Nosotros no hemos pedido nada ni vamos a pedir nada. Simplemente estamos constatando hechos. Es el propio Estado el que asumió su propio fracaso con este juicio, (el cual) lo ha frustrado, (y) lo ha quebrado", declaró el letrado al finalizar la audiencia. En declaraciones a la radioemisora CPN, Fajardo descartó también que los juzgamientos a los acusados de terrorismo "vayan a mejorar" con el cambio de magistrados, porque -a su juicio- se aplicarán leyes que están contra el derecho. "Pueden formular la estrategia que más convenga al Estado para procesar al doctor (Abimael Guzmán), pero mientras se siga aplicando una ley anticonstitucional de fondo antiterrorista, una ley procesal y un tribunal de excepción, así como aplicanado penas fuera de la ejecución penal, me parece que todo esto va ir al fracaso, como está yendo al fracaso este juicio", subrayó.

El nuevo tribunal

El mismo día 15 de noviembre, la Sala Nacional para Casos de Terrorismo designó al nuevo colegiado integrado por el mismo presidente del Fuero Antiterrorista, Pablo Talavera, y las magistradas Victoria Sánchez y Jimena Cayo. Talavera anunció que las audiencias podrían reanudarse en unos 30 días. Además declaró que se está evaluando la posibilidad de acumular los casos contra el Dr. Abimael Guzmán, pero que recién en unas tres semanas se podría decidir si procede la acumulación de juicios. En este caso, la próxima audiencia contra el Dr. Abimael Guzmán vendría a ser el llamado "megajuicio".


Más represalias contra los presos políticos

Después de la audiencia, Elena Iparraguirre no retornó a su celda en el Penal Militar de la Base Naval del Callao, sino fue trasladada al penal de mujeres Santa Mónica en Chorrillos. Según informes de la prensa, Martha Huatay, abogada y dirigente del PCP, también fue recluida en el mismo establecimiento penitenciario a donde llegó trasladada desde el penal de Huaral. Iparraguirre y Huatay fueron incomunicadas en el penal de Chorrillos, y son sometidas a un régimen de seguridad especial lo que, según las experiencias de los presos políticos, implica el recorte de las visitas y otros derechos fundamentales.