SUMARIO:

1. Los chacales de Luján de Cuyo.

2. La moral de las fuerzas de seguridad.

3. Lavando la cara a la Doble A.

4. Libertad a los presos políticos.

5. Las contravenciones no existen, pero...

6. Sargento capacitado como violador.

7. Próximas actividades.

LOS CHACALES DE LUJÁN DE CUYO

Era de esperarse, nomás: el pasado martes 1º de julio, los jueces Urciolo, Chacón y Carrizo de la 7ª cámara del crimen de Mendoza, absolvieron de culpa y cargo al oficial ayudante Cristián Gustavo Bressant Barrera, quien fusilara impunemente el 5 de mayo de 2006 a tres criaturas: Mauricio Morán, de 14 años, muerto de un tiro en el pecho; Angel Maximiliano Sosa, 13 años, herido de bala en el glúteo izquierdo; y Raúl Alexander Frías Morán, de tan sólo 18 meses, en el marco de la represión contra los pobladores de Luján de Cuyo que intentaban sacar algo de carbón de un tren para calentar sus congelados hogares.

Esta absolución corona los esfuerzos desplegados durante dos largos años por la policía, la justicia y el poder ejecutivo. Durante la instrucción del proceso, la jueza de garantías María Alejandra Mauricio se las había ingeniado para introducir en el expediente judicial –y por la puerta trasera-, un “cartucho misterioso”, con vaina exterior color verde de posta de goma, pero cargado con munición de plomo. Este era el plan “A”: el policía, en su inocencia, habría disparado plomo creyendo que tiraba “inofensivas” salvas de goma.

El plan “B” (el cual finalmente se utilizó para liberar a Bressant) consistió en la vaguedad de las pericias balísticas efectuadas por la policía científica de Mendoza y por gendarmería nacional, las cuales no precisaron que la única escopeta que pudo matar a Mauricio Morán era la de Bressant, por ubicación y distancia. Los restantes policías participantes de esta Operación Masacre, estaban demasiado lejos de las víctimas como para descerrajarles un disparo mortal.

El fallo provocó sorpresa y dolor en las personas interesadas en que se juzgara con equidad. Es que aún persiste la ilusión de que de vez en cuando actúe efectivamente con imparcialidad. Pero esto es sólo una ilusión, un espejismo en el desierto: no se debe confundir a la justicia con el poder judicial, ya que este último es parte de la injusticia social, por ser parte –como la policía- del estado. Tampoco debe creerse que esta red de complicidad antisocial existe únicamente en Mendoza: también en los tribunales nacionales se practican los mismos procedimientos, como el que el pasado 5 de junio dejó libre al federal Justo José Luquet, fusilador del pibe Marcelo Báez.

A Mauricio Morán, los chacales lo fusilaron dos veces. La primera hace dos años, y la segunda ahora. Hoy, el chacal de Luján de Cuyo está nuevamente en funciones. Habrá que ver cuándo volverá a ocupar espacio en los medios de prensa, es decir, cuándo volverá a “faenar” otros chicos pobres como Mauricio, Angel y el bebé Raúl.

Claro es que sus camaradas se han estado ocupando del “trabajo” que él no pudo realizar mientras estaba entre rejas: así es cómo la tierra de Mendoza se siguió regando con la sangre de Jonathan Oros (18), Javier Emanuel Roldán (28), Cristian Ricardo Reyes (28), Jonathan Candía (19), Alexis Leguizamón (20) y Hugo Estrella (25), siendo el último en morir Gustavo Silva (18),  ahorcado el pasado 20 de junio en un calabozo de la comisaría 41ª de San Carlos, con su rostro marcado por los golpes, algunos dientes de menos, y el cuerpo signado por quemaduras de cigarrillo, tal como denunció oportunamente el periódico Quien Calla Otorga de esa localidad.

LA MORAL DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

Transcribimos a continuación, en forma textual, (errores ortográficos incluidos), un correo electrónico que recibimos esta semana, cuyo autor consignó su nombre, mail y teléfono. Aclaramos, por si hiciera falta, que no hemos tomado ni tomaremos contacto con esta persona, cuyo correo publicamos sólo porque resulta bien ilustrativo:

hola mi nombre es dario soy personal policial, se que ustedes son una organizacion contra la reprecion policial, yo actualmente estoy sufriendo una persecucion dentro de la fuerza, y la verdad no tengo a nadie quien pueda ayudarme, por eso recurro a ustedes, el domingo llame al celular que aparece en su pagina pero me atendio una señora se corto y luego dio apagado, yo al igual que varios chicos que recien comienza su carrera policial con otra mentalidad y buenos principios nos encontramos con un jefe de distrito de nombre luis enrrique sarandeses que es un homoxosual acosador quien nos preciona para que tengamos sexo con el, y a los que nos negamos nos traslandan nos viven exponiendo y sino como en algunos casos lo ponen presos, mi intencion es sincera ya le hice una denuncia el la fiscalia pero este señor tambien tiene amigos alli al igual que de asuntos interno, un canal de televicion, el nueve in tento hacerlo publico pero con sobornos paro todo, lo unico que busco es la justicia que de mi esta muy lejos conseguirla, les agredesco cualquier clase de ayuda dejo mi celular ... y muchas gracias.

LAVANDO LA CARA A LA DOBLE A

Esta semana se difundió que un juez de Mar del Plata declaró inconstitucional un inciso de la ley que permite a la policía bonaerense detener personas en averiguación de antecedentes. Sin perjuicio de que algunos medios presentaron el asunto como si se hubiera puesto algún límite significativo a la represión estatal, no deja de ser interesante leer, por ejemplo, el diálogo entre el juez y la capitana María Alejandra Amaya, titular de la comisaría en cuestión, durante el juicio.

Página 12 lo transcribe así: El juez Tapia “primero determinó que el policía que detuvo a Lucas O. en su camioneta no tenía orden de detención sino de identificarlo. El juez preguntó qué pasaba cuando alguien tenía documento y cuando no lo tenía. “Si lo tiene, se controla en el sistema y si no tiene impedimentos se va de inmediato.” “¿Cuánto lleva el trámite?” “Dos o tres minutos.” “¿El accionante tenía DNI?”, preguntó el juez. “Sí, pero ese día se cayó el sistema”, respondió Amaya. “¿Qué pasa cuando se cae el sistema?” “Se lo lleva a la comisaría donde se averigua por vía informática.” “¿Por qué salió a las nueve de la noche?” “Porque se cayó el sistema informático del Ministerio”, aseguró Amaya. Tapia buscó respuestas en el propio Ministerio de Seguridad bonaerense y determinó que si se cae el sistema informático se arregla casi de inmediato; determinó que la averiguación de identidad y de antecedentes demora entre cinco y veinte minutos y comprobó que ese día el sistema no se había caído”.

La decisión judicial que se muestra periodísticamente como beneficiosa para la salud institucional, declarar la inconstitucionalidad de un inciso, es una aspirina para el cáncer cuando la detención por averiguación de antecedentes es una de las herramientas más efectivas para las detenciones de pibes pobres, y el vía libre para la tortura en todo el país, incluso ignorando, como lo hace la corte suprema, que desde la sentencia internacional en el caso Bulacio las contravenciones y AA deberían ser derogadas para que el estado argentino cumpla lo dispuesto por la Corte IDH.

Todos los días miles de jóvenes son víctimas de detenciones arbitrarias y alojados en celdas con presos comunes. Luego se decide si se los “blanquea” por AA o por una contravención que se inventa en la comisaría.

Como conclusión de todo este “despliegue judicial” marplatense, los policías están libres y simplemente investigados, por supuesto por sus propios compañeros de fuerza. Nada que no podamos esperar del poder judicial, una de cuyas tareas es limpiarle la cara, en mínima e inofensiva dosis, al estado represor del que forma parte. Toda una farsa para el pueblo que, a medida que toma conciencia de la realidad de un muerto cada 40 horas por el gatillo fácil y las torturas, debe organizarse y luchar contra la represión.

LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS

Reproducimos la parte central del comunicado de prensa conjunto de la Comisión de Familiares de los Trabajadores Presos de Las Heras y de la Comisión Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, cuyos integrantes (entre ellos un compañero de CORREPI) viajaron a Las Heras para tomar contacto directo con los detenidos:

Denuncia sobre las condiciones de detención

Queremos denunciar ante la opinión pública que los trabajadores desde hace ya dos años y 5 meses que vienen padeciendo tratos crueles y hostigamiento de parte del personal policial (de las tres Alcaldías, en las que durante este tiempo estuvieron detenidos, tanto en la de Caleta Olivia, la de Pico Truncado, como la de Puerto Deseado)  En más de una oportunidad han sido golpeados, sobre todo en todas las circunstancias de traslados, algunos trabajadores han tenido que sufrir crueldades indecibles como por ejemplo Juan Pablo Bilbao que estuvo durante 3 meses, en su detención en Caleta Olivia sin poder ver a su hijo de meses de edad.

Muy especialmente  queremos denunciar los hechos de tortura contra Darío Cuatrihuala por parte del personal policial de la Alcaldía de Pico Truncado ocurridos recientemente, en ocasión del traslado al hospital por control medico por la huelga de hambre que estaba realizando, en donde fue golpeado brutalmente estando esposado mientras el personal policial se reía y uno de ellos intentó ahorcarlo. Este hecho aberrante, como otros han sido debidamente denunciados sin que nadie haya tomado medida alguna.

Hechos como éste, que queremos remarcar con todo énfasis, son lisa y llanamente torturas y demuestran claramente la situación de peligro en la que se encuentran los obreros detenidos y la responsabilidad directa de la jueza que los expone a tales situaciones.

LAS CONTRAVENCIONES NO EXISTEN, PERO...

El 18 y el 25 de enero pasados hubo dos manifestaciones populares en la ciudad de Buenos Aires. En la primera ocasión, una docena de organizaciones sociales y de desocupados fueron desde Constitución al gobierno de la ciudad para reclamar por el cierre de una salita de salud en Soldati; en repudio del código contravencional y a exigir la reincorporación de trabajadores despedidos de la comuna. En la segunda oportunidad, ésas y otras organizaciones políticas, sindicales y de DDHH marcharon hacia el puerto, con una parada en Parque Lezama, para sumarse a los trabajadores del Casino, que dos días antes habían sido reprimidos por la prefectura.

En ambas fechas, la policía, siguiendo instrucciones de la fiscal de turno, labró actas contravencionales, informando que "algunos d elos manifestantes "portaban palos tipo bastón de madera, materializando dicha conducta los integrantes de la 1ª y última línea, quienes además de portar dichos palos cubrieron su rostro con capuchas y remeras de modo tal de impedir su identificación frente a la manifiesta infracción". Obviamente, se referían al cordón de seguridad que rodea el perímetro de las columnas, sanísima costumbre de las organizaciones para impedir el ingreso de infiltrados que con provocaciones suelen causar incidentes que habiliten la irrupción de personal uniformado. En ambos casos, se identificó a una misma persona, el vocero de prensa y referente nacional de la CUBa-MTR, Oscar Kuperman, a pesar de que no era ésta ni por lejos la única organización presente, y que, por cierto, el compañero no estaba integrando cordón alguno, sino marchando en la cabecera con los demás referentes y haciendo notas con los medios de prensa.

CORREPI asumió la defensa del compañero. Como siempre que intervenimos en cuestiones contravencionales, comenzamos por impugnar el sistema en su conjunto, planteando la imposibilidad que tienen juristas, doctrinarios, jueces y fiscales cuando se les pregunta qué es una contravención, y lo más "científico" que pueden responder, en palabras del Dr. Maier desde el Tribunal Supremo de la Ciudad, es que "una contravención es un verdadero pequeño delito común". Si esto fuera así, si las contravenciones fueran "delititos", no se entiende cómo es que la ciudad y las provincias pueden decidir que algo es un delito, si sólo el congreso nacional puede dictar el código penal. Si, como dicen otros, no son delitos, no se entiende, entonces, cómo es que una conducta no delictiva se castiga con una pena, si no hay pena sin delito. Y no es muy difícil entender que el arresto es una pena de prisión. Todo confirma que las contravenciones son un invento represivo, necesario para que los gobiernos puedan aplicar, según su creciente necesidad, el control y disciplinamiento social a sectores y conductas que el sistema penal formal no alcanza. 

Por supuesto que el planteo fue rechazado en varias instancias, incluido el juicio oral, que se celebró el miércoles pasado. Pero lo que la jueza se vio forzada a admitir fue la insuficiencia de la ridícula acusación contra el compañero, a quien se pretendía condenar por ser el "líder" o "dirigente" de una de las tantas organizaciones que participaron de dos marchas en las que, según la policía, una o más personas portaban "objetos contundentes inequívocamente destinados a agredir o ejercer violencia". Como señalamos en el alegato, la tesis de la autoría mediata por el dominio del hecho en función de un aparato de poder, que nos es muy familiar ya que es el fundamento técnico a través del cual reclamamos la condena a más de un represor, como los casos del comisario Espósito en la causa Bulacio o de De La Rúa en la masacre del Puente de Corrientes y del 19 y 20 de diciembre de 2001, no resultó suficiente a la Corte Suprema para ser aplicada a Videla en la causa 13, donde si bien la Cámara Federal la usó para la condena, la Corte la reemplazó y condenó a los comandantes como partícipes necesarios, no como autores de las despariciones, torturas y asesinatos cometidos por sus subordinados. Sin embargo, sí lo era, a juicio de la fiscal Verónica Andrade, para condenar a Kuperman a diez días de arresto, que luego de ver la gran cantidad de organizaciones y compañeros concetrados en la puerta del edificio, "bajó" a cinco. 

Recién el 10 de julio conoceremos los fundamentos de la absolución del compañero, pero podemos presumir que, buscando la salida más sencilla, la jueza habrá usado el argumento de que la fiscal no probó que los supuestos palos o bastones estuvieran "inequívocamente destinados a agredir", de manera de salir elegantemente del atolladero sin tener que rendirse a la posición irreductible que sostuvimos a lo largo del proceso. 

SARGENTO CAPACITADO COMO VIOLADOR

Dos chicas de 17 y 19 años denunciaron que un hombre armado las obligó a subir a un auto y las llevó a un descampado en Haedo, en el que ambas fueron atacadas sexualmente. El autor del crimen resultó ser un sargento de la policía bonaerense, de 36 años, que prestaba servicios... en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Isidro.

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