REPRESIÓN Y DESALOJO A LOS
TRABAJADORES DE LA TEXTIL MAFISSA
Desde hace más de 140 días los trabajadores de la textil
Mafissa de Olmos vienen sosteniendo la lucha, con toma de fábrica
incluida, por la reincorporación de 103 trabajadores despedidos
arbitrariamente y 450 suspendidos sin goce de sueldo. La planta se
encuentra con su producción paralizada por decisión de la empresa y
el gobierno de Scioli siempre se negó a reconocer que en Mafissa hay
lock out patronal.
Esta semana pudimos ver cómo desde todos los ámbitos de gobierno
-que dice arbitrar entre los intereses de empresarios y
trabajadores- se garantizan las ganancias de las empresas, dilatando
el conflicto con el objetivo de quebrar la lucha de los trabajadores
y reprimiendo a quienes exigen mejores condiciones de trabajo y
sueldos acordes a la escalada inflacionaria. El jueves 17, el juez
Arias, a cargo del juzgado en lo contencioso administrativo Nº 1,
ordenó acatar la conciliación obligatoria dictada por el ministerio
de trabajo que “obliga” a la empresa a reincorporar a todos los
despedidos y suspendidos, y a pagar los sueldos adeudados desde hace
más de cuatro meses. Minutos después, el juez de garantías (de los
explotadores) César Melazo, que en febrero último les aseguró a los
trabajadores que no constituía delito la toma de la planta, ordenó
el desalojo de la textil.
A pesar de la resolución de Arias, a media tarde más de 500
efectivos de caballería, infantería, policía federal, de la división
motos y hasta el grupo Halcón apoyados por carros de asalto,
bomberos, helicópteros y policía científica intentaron desalojar el
predio. Infantería reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos,
pero los trabajadores lograron permanecer dentro de la planta
negándose a abandonarla. A medida que pasaban los minutos se hacía
más nutrido el número de policías en el predio de Mafissa. El
operativo incluyó el corte de la avenida 44 a más de 30 cuadras de
la planta con el fin de impedir la solidaridad de vecinos,
organizaciones sociales, estudiantiles y partidos políticos que
tuvieron que sortear el cordón policial para llegar a la fábrica.
Con el mismo objetivo, en las paradas de colectivos de la línea que
cubre el recorrido La Plata–Olmos, la policía interrogaba cuál era
el destino de los pasajeros.
Diez horas después, los 18 trabajadores que permanecían en la planta
fueron detenidos por las fuerzas de seguridad y trasladados a
Quilmes, Berazategui, Cañuelas, Pipinas y otras comisarías
bonaerenses, rodeados de un enorme despliegue de seguridad,
imputándoseles el delito de coacción agravada en concurso real con
daño calificado que se puede penar –si de trabajadores o piqueteros
se trata, por supuesto- hasta con diez años de prisión. Los
detenidos de Mafissa recuperaron la libertad en la tarde del domingo
gracias a la movilización y el acampe de distintas organizaciones en
los tribunales de las calles 7 y 56.
Los medios de comunicación, que desde el inicio del conflicto han
dedicado sus esfuerzos a tergiversar, o directamente silenciar la
lucha de los trabajadores de Mafissa, se encargaron de informar que
el desalojo se llevó a cabo sin represión. No cuenta como represión
para estos manipuladores de la información el hecho de que 500
policías, con sus respectivas armas, rodeen a 18 trabajadores y a
quienes se acercan a expresar su solidaridad, esperando
obedientemente la orden para apalear y disparar.
SCIOLI Y LA FLAGRANCIA: SIGUEN
LOS ÉXITOS...
Según un informe "al que tuvo acceso Telam", es decir, que
las autoridades gubernamentales entregaron a la agencia oficial de
noticias para que se difundiera, la mitad de los procesos judiciales
con detenidos, iniciados con posterioridad a la reciente reforma del
código procesal bonaerense, se resolvieron mediante el sistema de "flagrancia".
Para comprender la magnitud de la cifra hay que tener en cuenta que
la modalidad sólo se está aplicando en 11 de los 18 departamentos
judiciales de la provincia, de manera que cuando se utilice en todos,
la proporción será todavía mayor. El gobernador Scioli no ahorró
elogios para el mecanismo de velocísima "justicia", que convierte en
sentencia firme, en cuestión de días, la acusación formulada por el
personal policial que realizó la detención. Tampoco fue corto en sus
declaraciones el ministro de justicia provincial, Ricardo Casal.
Ambos están felices porque en lo que va del año 2008, más de 900
personas ya han sido condenadas con este sistema, lo que consideran un
gran éxito para "descomprimir las fiscalías, comisarías y
alcaidías", con el objetivo, como dijo el jefe de gabinete
bonaerense, Alberto Pérez, "de tener una justicia más ágil, una
justicia más rápida y una justicia más efectiva". Ágil, rápida
y efectiva para condenar pobres diablos sin defensa.
Recordemos que el procedimiento de
flagrancia permite la resolución directa, en un plazo que no puede
ser mayor a los 90 días, de casos vinculados con delitos que tienen
penas de hasta 15 años, cuando una persona es apresada por la
policía o por el propio damnificado "con las manos en la masa".
En 24 horas se resuelve la imputación del hecho, y en 5 días se hace
una audiencia en la que el juez resuelve la excarcelación, el
sobreseimiento, la prisión preventiva o acepta que las partes
acuerden la suspensión del juicio a prueba (probation) o el juicio
abreviado. Desde luego que esto significa que las únicas pruebas
disponibles son las aportadas por los policías que hicieron la
detención, pues en ese brevísimo plazo el imputado ni siquiera ha
podido ver a su familia ni saber si podrá contar con un defensor
particular, mucho menos organizar su defensa. Si no se dicta el
sobreseimiento ni hay acuerdo sobre probation o juicio abreviado, el
juez resuelve si mantiene detenida a la persona y convoca a una
segunda audiencia dentro de los 20 días siguientes, en la que si
sigue sin haber acuerdo, se eleva la causa a juicio, el que se
realiza en menos de dos meses.
Otro que se explayó sobre el "triunfo"
procesal de la reforma fue el fiscal marplatense Guillermo Nicora,
coordinador de la puesta en marcha del sistema a partir de que
General Pueyrredón fue uno de los primeros departamentos donde se
implementó. Sin querer, explicó los alcances casi extorsivos de la
modalidad, cuando dijo "Lo más importante es que el imputado
tiene asegurado un juicio rápido; inclusive puede aceptar un
juicio abreviado cuando las pruebas son casi irrefutables,
entonces no quedan muchas alternativas para el detenido". Es
tristemente frecuente, en efecto, que "no le queden muchas
alternativas" al preso pobre, defendido de oficio. El defensor
oficial suele plantearle que olvide toda intención de demostrar
que la acusación es falsa o excesiva, y "firme un abreviado", con
la aparente ventaja de que así se asegura una pena menor que la
que le tocaría en caso de ser juzgado. Y ahora, con este mecanismo
ultra rápido, más arreglos en los que el único que no suele tener
opinión, es el acusado.
Es normalmente elevado el número de casos
en que se demuestra, en un debate normal, el plantado de pruebas o
directamente el fraguado completo por la policía, situaciones que
generalmente son soslayadas por los fiscales y jueces de
instrucción y sólo se comprueban en el juicio oral, como aquellos
73 casos denunciados en el ámbito federal en 2001 por el entonces
fiscal Rafecas. Ninguno hubiera sido detectado de haberse aplicado
el proceso de flagrancia. Por algo están contentos el gobernador
kirchnerista, sus ministros y fiscales. Han logrado que para los
pobres, la justicia no exista, ni siquiera como espejismo o
ilusión.
OPERATIVOS PARA REPRIMIR MEJOR
EN CÓRDOBA
A través de un periódico local, se dio
a conocer que fue puesto en marcha un operativo “multifacético” de
“prevención de accidentes viales y frenar la escalada de violencia”.
Este novedoso operativo, cuenta con la participación de diversos
componentes tradicionales en la tarea de delación, como taxistas y
remiseros, que se encargarán de dar la voz de alerta en las zonas
denominadas "rojas" de la ciudad. Pero como el presupuesto es
amplio, también cuenta con médicos, psicólogos y padres “por la
diversión segura” que constituirán un grupo de apoyo.
Así, quien sea víctima de una razzia, recibirá atención
profesional, pero se lo seguirá deteniendo arbitrariamente bajo
figuras inconstitucionales y violatorias de derechos humanos
como la doble A, la embriaguez escandalosa o la resistencia a
identificarse, que figuran en el ranking de las más aranceladas
por la policía cordobesa. Las zonas donde se asentará el
operativo, comprenden las inmediaciones del Chateau y sus
boliches, Nueva Córdoba, donde asisten jóvenes cuyos padres son
capaces de pagar hasta cinco mil pesos para la caja policial,
y la zona del Abasto, considerada por la policía como una de las
“zonas rojas” donde precisamente asisten jóvenes trabajadores.
“Este es un operativo multifacético en el que se pretende
cubrir todos los aspectos que funcionan como generadores de
hechos de violencia y siniestros viales. Y lo importante es que,
en esta primera etapa, vamos a trabajar en una campaña de
educación y concientización de los más jóvenes. La idea no es
actuar aplicándoles sanciones sino capacitarlos en la prevención”,
explicó al diario La Mañana, el director general de Tácticas de
la Policía de la Provincia, comisario mayor Juan Carlos
Santillán.
Dice el comisario que no es para aplicar sanciones, sino
capacitarlos en la prevención: en la práctica represiva que
tiene a las detenciones arbitrarias por contravenciones como
herramienta para el accionar policial, que permite la práctica
de torturas, de represión ejemplificadora y de naturalización de
la represión entre los jóvenes. La realidad indica que este
novedoso operativo, en tan solo una jornada de actuación de sus
funcionarios del estado provincial, según las denuncias
efectuadas por varios jóvenes en la capital cordobesa, logró más
de setenta detenidos, entre los que se encontraban menores y
mujeres.
El procedimiento del que tomó cuenta CORREPI, se llevó a cabo en
un solo boliche de la zona del Abasto. Los jóvenes fueron
detenidos en su interior y subidos a los numerosos móviles del
CAP, sin mediar identificación. Para demostrar a todos la
inconveniencia de contrariar la autoridad policial, un joven fue
golpeado entre cinco policías en la puerta del local. Fueron
todos alojados en el patio de la comisaría seccional 7ª, que
ante tanto desborde, evocando al comisario Espósito, de la
federal, con el famoso “cuarenta tenían que ser”
referido a la razzia del Estadio Obras, que derivo en la tortura
y muerte de Walter Bulacio hace 17 años, la policía cordobesa
separó a los detenidos en tres filas, para agilizar la tarea. En
el primer grupo, se les requisaban las pertenencias; la segunda
mesa les pintaba los dedos y les hacía firmar la acusación a la
que ni siquiera se les permitió leer, bajo la presión de que al
ser tantos, mientras mas rápido firmaran, mas rápido saldrían.
La tercera mesa era la de revisión médica, donde se los
desnudaba por completo. Un pibe que osó filmar con su celular,
sufrió la amenaza de parte de un policía que le dijo “o borras
eso, o te reviento el teléfono contra el piso” .
Los detenidos ingresaron a la comisaria 7ª a las 7:00, a las
13:00 comenzaron a ser trasladados en grupos de 15 a las
comisarías 19ª y 6ª y recuperaron su libertad a las 23:00 del
día domingo. Sirva el operativo multifacético y la constante
insistencia de mediatizar al extremo los accidentes de tránsito
como forma de “inseguridad” para entender que las razzias y las
torturas en comisarías se usan ahora bajo el argumento de evitar
autos chocados y gente embestida para “concienciar” a cientos de
jóvenes, garrote en mano.
OTRO CASO DE TORTURA EN
CÁRCELES
Alfredo Emiliano Fleitas se encontraba detenido en el
pabellón de buena conducta nº 45 de la Unidad Penal 2 de Devoto,
gozando de salidas transitorias. El 26 de febrero, mientras
estaba en uno de los pasillos de la unidad, los guardiacárceles de
la unidad golpearon a Fleitas y a otros dos internos, Mario
Alincastro y José Medina.
El argumento del superior responsable de los guardiacárceles y
director de la Unidad 2, prefecto Héctor Antonio Rojas, fue que
en realidad a Fleitas le habían pegado los mismos presos, el
mismo argumento que usaron los policías de la comisaría 3ª de
Dock Sud para inculpar a los detenidos del asesinato en la
tortura de Diego Gallardo, y que es habitual en las prisiones.
También la muerte a golpes de Rodolfo "Fito" Ríos, con el cráneo
destrozado por el cuerpo de requisa en 1992, fue por años
imputada a otro preso.
Por suerte Fleitas no murió, pero fue severamente golpeado en
piernas, brazos, cuerpo, cráneo, rostro, y especialmente en el
ojo izquierdo. Cuando el servicio de requisa lo trasladaba a la
unidad médica del penal, también fue golpeado durante el
trayecto. Pasó un mes entre hospitales y terminó internado en el
Hospital Ramos Mejía en el área de cirugía plástica. El médico
de guardia determinó que Fleitas tenía fracturado el maxilar y
la órbita del ojo, razón por la cual luego de 22 días en el
Ramos Mejía fue trasladado al Hospital Santa Lucía para que le
operaran el ojo que estuvo a punto de perder. Lo curioso, o no
tanto, es que luego de la golpiza que le dieron, sólo a través
de un habeas corpus consiguió Fleitas consiguió que se le diera
atención médica.
El caso Fleitas es, como vemos semanalmente, uno entre cientos
que son sometidos cotidianamente a golpizas y tratos salvajes en
las unidades de detención de nuestro país. Por suerte y gracias
a la corte suprema de la nación, no nos tenemos que preocupar
de que la tortura sea una práctica cotidiana en la Argentina, ya
que, según los cortesanos, al ser cometida en democracia
simplemente se anula y pasa a ser un accionar lamentable de
vigilantes mal aprendidos...
NO ES EL SERVICIO PENITENCIARIO
BONAERENSE, ES UNA POLÍTICA DE ESTADO
La noticia de que del teniente de la bonaerense, David
Maximiliano Mansilla, fue encontrado ahorcado en la unidad penal 43
de González Catán el lunes 14 de abril, tuvo relevancia por ser uno
de los cinco imputados en el caso de Gastón Duffau, hijo del
fallecido comisario que encabezó la Departamental de La Matanza, de
San Martín y estuvo una década al mando de la comisaría 2ª de Ramos
Mejía cuyos integrantes, el 23 de febrero pasado, torturaron a su
hijo hasta matarlo.
La cobertura mediática, redundante en el hincapié puesto para resaltar
al muchacho de 34 años como estudiante universitario con idiomas y
en reproducir hasta el infinito sus imágenes disfrutando de lugares
vacacionales, resulta útil para hacer visible en tan breve lapso la
cadena de impunidad del estado puesta en marcha para que la tortura
no se note.
El primer paso fue afirmar que Duffau “estaba totalmente
alterado, exclamaba palabras vinculadas con delirio místico”,
como declaró el jefe de la departamental Carreiro. Seis testigos
aseguran que Duffau fue subido al patrullero con vida, le colocaron
un juego de esposas doble y gritaba para no ser llevado preso. Segundo
paso, una autopsia hecha a la medida y avalada por el poder judicial:
Duffau había muerto por golpes recibidos de un vehículo una semana
atrás. Tercer paso, las “manitos” del poder judicial: quince días
después seis policías se presentaron voluntariamente a la citación
hecha por el fiscal -lo que les facilita como en tantos casos hemos
denunciado que les avisen por si se quieren fugar- y comenzó el
“accionar de la chicanología” de los letrados de los torturadores
con altos honorarios -que siempre preguntamos quién pagará- para
extender al infinito los tiempos procesales sosteniendo que el
fiscal tiene “enemistad manifiesta” en su contra y el juez
“animosidad” con los policías. Cuarto paso, el espíritu de cuerpo: seis
bonaerenses fueron alojados todos juntos en la Unidad Penal 43 de
González Catán, dependiente del servicio penitenciario bonaerense.
Una vez confirmada la prisión preventiva, el teniente David Mansilla
le pidió a su defensor dos cosas: que quería hablar con el juez de
la causa y que lo alejaran de sus camaradas. Su letrado afirmó que
presentaba trastornos psiquiátricos, y finalmente el lunes por la
mañana recibió asistencia y lo alojaron en un solitario o “buzón”,
requisándole todo objeto que pudiera poner en riesgo su vida, pero
dejándole una sábana. Así fue que por la tarde, dos días antes de la
audiencia que Mansilla iba a tener con el juez, lo retiraron aún
vivo después de encontrarlo colgado de la sábana. La guardia destacó
que “el estricto control deja de verlo justo cuando se suicida”,
pero lo cierto es que 20 minutos más tarde, cuando llegó la
ambulancia, estaba muerto. ¿Qué querría contarle al juez de la
causa?.
TORTURAS A PRESOS DE LAS HERAS
Los familiares de los detenidos Darío Catrihuala y Alexis Peres,
quienes se encuentran detenidos en la comisaría 1ª de Caleta Olivia acusados
por la muerte del policía Sayago en oportunidad de la feroz
represión del gobierno a los trabajadores petroleros en huelga, denunciaron
que ambos fueron golpeados por la policía.
El oficial a cargo, de apellido Salicas, reconoció telefónicamente
la existencia de “incidentes” en la dependencia, pero no quiso
brindar explicaciones. Esta golpiza se suma a la que ya habían
sufrido hace dos meses Juan Pablo Bilbao y Ramón Cortés, detenidos
por la misma causa, en la Alcaidía de Caleta Olivia. Hay que
recordar que Sayago había trabajado en Caleta Olivia, por lo que los
policías se toman constantemente represalias con los detenidos.
Este caso viene a sumarse a una larga lista en que la tortura
aparece como una práctica frecuente dentro de las dependencias
policiales, llegando a constituirse junto al gatillo fácil, con una
de las principales causas de muerte a manos de las fuerzas de
seguridad del estado.
Esta semana se cumplieron 17 años de la
noche en que Walter Bulacio (17) fue detenido, junto a un centenar
de otros jóvenes, antes de ingresar al estadio Obras donde tocaba un
grupo de rock. Después de permanecer ilegalmente detenido durante
once horas, fue trasladado a un hospital, donde moriría seis días
después.
Diecisiete años después, sus asesinos
siguen matándonos un pibe día por medio con el gatillo fácil y la
tortura. A pesar que en 2003 el estado argentino fue condenado por
un tribunal internacional, el gobierno argentino se niega a cumplir
esa sentencia, porque no quiere reconocer que el crimen
policial es un crimen de estado y que
también en democracia la tortura es un delito de lesa
humanidad, ni está dispuesto a cumplir la orden de
eliminar la averiguación de antecedentes, los códigos
contravencionales y las razzias.
El viernes 25 de abril, a las
13:00, nos concentramos en la Plaza de la República (Obelisco), para
decir Basta de Represión. Los esperamos.
En La Plata, escuche Atando Cabos, el
programa de radio de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura,
FM 90.5.
Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen
Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por
Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar, tel.
5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.
Los jueves, a las 12:30, columna de
opinión de María del Carmen Verdú en el programa Ecos del Día, por
Radio Cooperativa, AM 740, www.am740.com.ar.
CORREPI
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional
Ciudad de Buenos Aires • Argentina
correpi@fibertel.com.ar
http://correpi.lahaine.org/