CORREPI – BOLETÍN INFORMATIVO
Número 462 - 13 de enero de 2008.

SUMARIO:

1.- Gatillo fácil, impunidad y continuidad en Mendoza.
2.- El casino flotante, de pie y en lucha.
3.- Cárceles: más motines y muertos.
4.- Presos 4F de Barcelona.
5.-Emanuel, nueva víctima del gatillo fácil
7.- Próximas Actividades

GATILLO FÁCIL, IMPUNIDAD Y CONTINUIDAD EN MENDOZA
El 7 de enero de 2007 Jonathan Oros (19) fue asesinado a balazos en
la comisaría 33ª del barrio San Martín, por el efectivo Claudio
Bacca. La versión de la policía (que siempre es la misma) dice
que "fue en defensa propia porque Jonathan entró a la dependencia
policial armado y disparando". Pero un testigo dijo que lo mataron a
tiros y que Jonathan no tenía ningún arma. Uno de los policías está
procesado por "exceso en la legítima defensa y abuso de autoridad" y
otros dos fueron únicamente pasados a disponibilidad. Como vemos,
sólo jueces y fiscales pueden "creer" que un pibe adolescente entre
a una comisaría a los tiros. Cada cual cumple su parte de la tarea...

Gracias al amparo político y judicial, la historia no termina allí.
El pasado sábado 5, Raúl Oros, padre de Jonathan, fue atacado por
tres policías cuando volvía de trabajar. Le pidieron documentos y
cuando vieron quién era lo insultaron y le pegaron. Luego, gracias a
que la policía tiene la facultad de detener a quien quiera por lo
que quiera (se producen cientos de miles de detenciones arbitrarias
por año) lo llevaron detenido hasta la seccional 3ª y allí, le
siguieron pegando, le rompieron una foto de su hijo muerto, lo
encerraron durante varias horas sin agua y, por último, por si fuera
poco, lo denunciaron por amenazas.

Raúl ya había recibido dos cartas amenazándolo de muerte, también se
han llevado detenido al otro hijo varias veces y le han tiroteado la
casa. El gobierno, por intermedio del coordinador de derechos
humanos, Pablo Salinas y del subsecretario de justicia y derechos
humanos, Diego Lavado, intentó despegarse de su responsabilidad con
frases típicas como "no se tolerará ese tipo de actos y atropellos
contra la ciudadanía", o "nosotros entendemos que la fuerza policial
debe cumplir otro rol" y como siempre "habrá dureza con los que
trabajen fuera de la ley" presentan a la policía, o mejor dicho, a
algunas "manzanas podridas" como grupos autónomos, fuera de control
y que el estado "lucha" por "limpiar" a la fuerza.

Pero por más bonito que hablen los funcionarios, es el estado, (con
sus funcionales organismos de derechos humanos incluidos, que además
les proveen empleados a sueldo con currículum derechohumanista), el
único responsable y artífice del accionar policial. La política
represiva es política de estado, ejecutada por sus fuerzas de
seguridad, y por eso no hay "abusos", ni "errores", ni "excesos".

Por eso, el mismo estado, mientras "defiende" los derechos humanos,
suma nuevamente a la fuerza a comisarios echados en 1998 por la
desaparición de personas en "democracia". Es el mismo estado quien
nombra subsecretario de seguridad al comisario mayor retirado,
Carlos Rico, quién formó parte de un grupo policial que operó antes
y durante la dictadura. Ejecutivo, legislativo y judicial, todos
unidos a la hora de planificar la represión, de premiar y proteger a
sus ejecutores del pasado y a los de ahora.

EL CASINO FLOTANTE DE PIE Y EN LUCHA
Una vez más, los ricos y poderosos salen beneficiados por las
decisiones de los magistrados, y los trabajadores terminan siendo
los represaliados. Sin lugar a dudas el dueño del casino, Cristóbal
López, modelo de "empresario K" según titulara hace un tiempo La
Nación, fue el único beneficiado por el levantamiento de la clausura
que ordenó el juez Oyarbide junto con la restricción impuesta a los
trabajadores en conflicto, que no pueden estar a menos de 300 metros
de la sede del Casino Flotante, o sea, su lugar de trabajo.

Los trabajadores, asimismo, presentaron una denuncia contra la
prefectura por los hechos represivos y las privaciones ilegítimas de
la libertad de diciembre pasado, denuncia que recayó en el juzgado
de Canicoba Corral. Ese mismo viernes, por un operativo dispuesto
por el
gobierno, los trabajadores fueron nuevamente reprimidos, resultando
heridos varios compañeros por la mismísima prefectura.

La vergüenza continúa, el gobierno de los derechos humanos utiliza
la represión como mecanismo de control social contra el los
trabajadores y el pueblo, mientras se hacen los humanitarios
mandando a Néstor como garante de una misión de paz.

CÁRCELES: MÁS MOTINES Y MUERTOS
El 4 de noviembre de 2007 se desataba un motín en la Unidad
Penitenciaria N° 1 de Santiago del Estero, cárcel con capacidad para
200 reclusos donde convivían, en condiciones extremas de
hacinamiento, más de 460 presos, la mayoría de ellos sin condena
firme. La protesta tenía como ejes la aceleración de las causas de
los detenidos, mejoras en la alimentación y en el trato a las
visitas, y derivó en una quema de colchones en el pabellón 2. Como
en Magdalena, mientras los agentes del servicio penitenciario
provincial reprimían y dejaban encerrados a los presos, 34 de ellos
murieron por inhalación de los gases que se desprendían de los
colchones. En las inmediaciones del penal, los familiares que se
acercaban en busca de información fueron reprimidos con gases, palos
y balas de goma por el Grupo Especial para Tareas y Operaciones de
Alto Riesgo (GETOAR), de Infantería, de la División Canes y de
distintas comisarías apostados allí para que no se altere el
sacrosanto "orden".

Desde el gobierno provincial se argumentó que el motín se originó
tras un intento de fuga alertado por los penitenciarios y que los
presos, enfurecidos, "prendieron fuego todo a su paso, cayendo ellos
mismos en una trampa mortal", según las declaraciones del juez
Ramón Tarchini. Los familiares de las víctimas denunciaron que fue
el propio SPP quién tras una violenta requisa mandó a los presos del
pabellón 2 a los baños e iniciaron el fuego que ocasionó las muertes.

Desde entonces, se produjeron en la Unidad Penitenciaria N° 1
distintos motines menores provocados por el incumplimiento de las
mejoras en las condiciones de detención. El 5 de diciembre, un
recluso prendió fuego su colchón (que no han sido cambiados por
ignífugos, pese a la reciente masacre) y diez de sus compañeros de
pabellón debieron ser hospitalizados por principio de asfixia. El 12
de diciembre dos reclusos con prisión preventiva amenazaron con
arrojarse al vacío desde el techo del penal si sus causas no eran
debidamente analizadas por las autoridades judiciales.

El pasado 4 de enero, al cumplirse dos meses de la masacre, los
familiares de las 34 víctimas realizaron una marcha exigiendo
justicia y fueron provocados por policías que se desplazaban en un
móvil. Los entredichos terminaron en represión, con mujeres heridas
por golpes de culata en el pecho, palos y balas de goma.

Más recientemente, el 8 de enero, otro motín terminó con doce presos
heridos, dos de ellos en muy grave estado por la inhalación (otra
vez) de los gases que se desprendieron de los colchones. El
subsecretario de Justicia de la provincia, Ramiro Santillán,
desfachatadamente, declaró ante los medios de comunicación que "se
trató de un hecho aislado".

A dos meses de la masacre de la UP N°1 de Santiago del Estero, la
justicia provincial procesó a cuatro directivos del penal y a 12
guardiacárceles por "homicidio culposo", es decir por negligencia, a
pesar de que se comprobó que los candados del pabellón 2 no fueron
abiertos para evitar las muertes, y por "abandono de persona seguido
de muerte". Los imputados, como suele suceder cuando se trata de
funcionarios políticos o policiales, se encuentran en libertad.

Por otra parte, el 7 de enero en el penal de la localidad
santafecina de Las Flores, Claudio Díaz, de 22 años, confinado en
un "buzón", murió como consecuencia de las quemaduras que le
afectaron el 90% del cuerpo tras una quema de colchones para
protestar por las condiciones de detención que sufren cotidianamente
los privados de la libertad. En el mismo penal, también en celdas de
castigo, Gustavo Vallejo, de 20 años, sufrió quemaduras y un
cuadro de intoxicación por monóxido de carbono, y se encuentra
internado en un hospital de la capital provincial. Desde el penal,
la versión oficial sostiene que Díaz se envolvió con su colchón, se
prendió fuego, que los penitenciarios no pudieron hacer nada para
evitar las graves quemaduras y que la investigación -que
seguramente determinará que se trató de un suicidio- estará a cargo
de la sección Homicidios de la policía provincial.

Once días después de la masacre de Santiago del Estero, Néstor
Kirchner dijo, durante el último tramo de la demolición de la cárcel
de Caseros –inaugurada en 1979 por Videla-, que "el mejoramiento
profundo del sistema penitenciario argentino" es una de las
asignaturas pendientes que le legará al gobierno de su esposa
Cristina Fernández. Seguramente, al finalizar el mandato de
Kristina, la situación en las cárceles de todo el país seguirá
siendo una "asignatura pendiente" que deberá resolver, como siempre,
el próximo gobierno.

PRESOS 4F DE BARCELONA
A casi dos años de su detención, comenzó en Barcelona el juicio
contra tres jóvenes sudamericanos, Juan Daniel Pintos Garrido
(argentino), Rodrigo Lanza y Alex Cisternas (chilenos), acusados
de "atentar contra la autoridad con uso de arma peligrosa" y
de "lesiones graves" a un policía. Son 9 los acusados, pero sólo
ellos se encuentran con prisión preventiva porque "su condición de
sudamericanos daría cuenta de un presunto peligro de fuga".

La detención se produjo el 4 de febrero de 2006, en el marco de una
fiesta en la que asistieron más de mil personas (según fuentes) y en
la que un guardia urbano, que se encontraba enfrente, resultó
herido. La familia de Pintos Garrido considera que la causa
fue "armada" por la Justicia española por su condición
de "sudamericano".

Durante la primera jornada del juicio, los acusados se declararon
inocentes. La justicia catalana, de la mano del "socialista"
Zapatero, ejerce una fuerte persecución y represión hacia los
sectores organizados, a los pobres y a los jóvenes, sobre todo si de
árabes, africanos o sudamericanos se trata.

EMANUEL: UNA NUEVA VÍCTIMA DEL GATILLO FÁCIL.
El pasado miércoles 9 de enero en la localidad de Billinghurst Partido de San Martín, nuevamente un  joven fue víctima de las balas asesinas del estado.
Emanuel Montero (25) y fue acribillado a balazos por parte de un miembro de la POLICIA BONAERENSE 2.

Rápidamente voceros de la secretaría de seguridad de la provincia instalan en los medios la “versión oficial” de la que inmediatamente se hace cargo el Fiscal de la causa.

Mientras que la versión oficial-policial sostenía que Emmanuel, fue asesinado por un grupo de asaltantes que quiso robarle su moto, su familia en cambio supo que esa versión no se correspondía con lo que
verdaderamente pasó.

El hecho ocurrió , en Maipú y Urquiza, donde efectivamente Emanuel se resistió a un asalto, con dos amigos salieron en persecución de quienes  le habían robado su moto, logrando a las pocas cuadras, interceptarlos y recuperar el rodado. Fue entonces, cuando arriba un patrullero de la Bonaerense 2 que, indiscriminadamente, abre fuego impactando ese disparo en el pecho de Emanuel.

La Familia se encuentra ya presentada en el expediente para no permitir, resquicio alguno que le sirva al estado, para que una vez más encubra los asesinatos perpetrados por sus fuerzas de seguridad.

CORREPI, cree en la versión de la familia Montero que resulta ser la mas precisa acerca de cómo se produjeron los hechos. Lo que pasó con Emanuel, hace semanas con Sonia Colman demuestra que el gatillo fácil es una política de estado y es el estado el aparato represivo.