CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO
Número 445 - 16 de septiembre de 2007 SUMARIO 1. A un año de la desaparición de
Jorge Julio López
2. La "pedagogía" de la Falcón,
sobreseida
3. Corrupción policial: el que no roba,
es manzana podrida
4. La patoteada de UTPBA a los
trabajadores de Perfil
5. Otra vez Santa Cruz, otra vez
reprime el "gobierno de los
DDHH"
6. 20 de diciembre, maniobra
para anular la causa y evitar el
juicio
7. Próximas
actividades
A UN AÑO DE LA DESAPARICIÓN
DE JORGE JULIO LÓPEZ
Este martes 18 se cumple un año de la
desaparición de Jorge Julio López, planteada desde un principio como la
"respuesta" de cierto sector (los resabios de la dictadura) hacia la
decisión política del gobierno de Kirchner en materia de derechos humanos, y
postulándose así el gobierno como víctima de la desaparición, lo cierto es
que los "esfuerzos" del gobierno de turno por encontrar "al amigo López" no se
materializan en la realidad.
A un año de su desaparición, todavía se
desconoce la identidad del cuerpo carbonizado hallado el 20 de septiembre camino
a Punta Lara. Los investigadores, rápidos y eficientes para
consultar videntes y dirigir decenas de rastrillajes y
operativos infructuosos en baldíos y descampados, dilatan durante meses y
cometen todo tipo de irregularidades a la hora de llevar a cabo allanamientos en
casas de policías y ex policías que podrían estar involucrados en la
desaparición de López.
Muchos que levantan como consigna
el "desmantelamiento del aparato represivo" refiriéndose a los policías de la
dictadura que integran aún la fuerza, son los mismos que hoy exigen apartar a
las fuerzas de seguridad "democráticas" de la investigación. Lo dijimos hace un
año y lo repetimos hoy: el aparato represivo ES el estado, el mismo
que crea consenso para reprimir con el menor costo
político posible presentándose como el gobierno de los derechos humanos,
encarcelando de vez en cuando algún que otro dinosaurio de los 70, que bien
cumplió en su momento con su misión de reprimir a los oprimidos, y ahora es un
lastre innecesario.
El "aparato repreisivo" es el mismo
estado que sigue asesinando a razón de una persona día por medio con el gatillo
fácil o con las torturas en cárceles y comisarías, que amplía las facultades
policiales para detener arbitrariamente, que aprueba la ley antiterrorista para
criminalizar aún más la protesta a pedido del Departamento de Estado
norteamericano, que responde con represión, procesamientos y cárcel cualquier
indicio de organización que cuestione los intereses de clase que sus gobiernos
defienden.
Lejos de haber sido desterrado con el
regreso de la democracia, el terrorismo de estado de hoy se
manifiesta con la desaparición de López y de decenas de
personas a manos de las fuerzas de seguridad (Hugo Álvarez, Iván Torres, Miguel
Linares, Raúl Baigorria, Martín Basualdo, Miguel Bru, por nombrar sólo algunos
casos); los más de 200 asesinados en lo que va del año por el
gatillo fácil y las torturas; la militarizació n de ciudades y hasta hospitales;
los presos políticos y los miles de procesados por luchar.
A un año de la desaparición de
Jorge Julio López, seguimos responsabilizando por su vida al gobierno de
Néstor Kirchner que nos quiere hacer creer que lo busca con la bonaerense, la
SIDE y demás fuerzas de seguridad federales, las mismas con las que se encarga
de ejecutar la política represiva que
descarga sobre los oprimidos y los luchadores populares de
hoy. LA
"PEDAGOGIA" DE LA FALCON,
SOBRESEIDA
El jueves pasado los medios masivos de comunicación informaron que fueron sobreseidos los suboficiales Alejandro Adrián Ambrosio, Luciano Darío Rugnia y Francisco Javier Renauld, que fueron acusados en febrero de este año por lesiones y abuso de autoridad después de propinar un “baile” durante la instrucción a una veintena de cadetes ingresantes a la fuerza. Cuando el hecho fue conocido, el ministro del interior Aníbal Fernández tuvo que calificarlo públicamente como “aberración”. Recordemos que diecisiete cadetes terminaron internados de urgencia en el Hospital Churruca con deshidratación, lesiones neurológicas y musculares por el aberrante trato padecido. Sostuvimos entonces desde CORREPI que no se trataba de "lesiones culposas" ni "abuso de autoridad", sino que la calificación legal que hubiera correspondido es la de tortura, que contrariamente a lo que dice la Corte Suprema, no forma parte del pasado de la fuerzas de seguridad, sino de su presente. Decíamos a principios de años que esos instructores que torturaron para enseñar a torturar no son "resabios de la dictadura", como Aníbal Fernández nos quiere hacer creer, sino que la tortura es una práctica sistemática y habitual en comisarías y cárceles de todo el territorio nacional. Ahora, como “frutillita del postre”, aparece el sobreseimiento fácil que otorgó en esta oportunidad el juez Pigni, que sobreseyó a los tres instructores de la escuela Ramón Falcón a pedido de la fiscal correccional Andrea Giudice. La fiscal sostuvo en su dictamen que no podía "afirmar en modo alguno que el daño en el cuerpo de los damnificados fuere el producto de un exceso en el entrenamiento que se les ordenara seguir, o simplemente de un agotamiento propio de un fuerte entrenamiento en personas que se encontraban fuera de estado físico". Una muestra más de la política represiva del estado, que refleja toda una política de clase, aun cuando esta vez sus víctimas fueran los aspirantes a ser sus perros guardianes. Ni a Kirchner ni a Fernández les va a temblar la mano para firmar la reincorporación a la fuerza de estos suboficiales, con la excusa de que la justicia los investigó y los sobreseyó. ¿Punto final u obediencia debida?. CORRUPCIÓN POLICIAL: EL QUE NO ROBA ES MANZANA PODRIDA Daniel Nicolás Lencina fue acusado en 1990 de robar en un frigorífico donde trabajaba, razón por la cual se lo citó a indagatoria. Lencina no se presentó. Acto seguido se lo consideró prófugo y se pidió su captura. Lo encontraron 17 años después, trabajando en la Comisaría 7ª de Castelar, después de recibir tres ascensos hasta obtener el rango de sargento. Además, lo detuvieron cuando lo pescaron coimeando a una pareja a cambio de permitirles vender CDs truchos, tarea a la que se suelen dedicar los uniformados que controlan la "venta informal". Estando prófugo por el robo, Lencina ingresó a la Bonaerense en 1993. Ahora el Ministerio de Seguridad "tomó serias medidas": lo puso en disponibilidad, con lo que dejó la tarea activa y sólo cobra la mitad del sueldo. Bastante más, hay que admitirlo, que las medidas que toman con los que no roban para la policía, sino que fusilan o torturan. Mientras tanto, en La Plata se descubrió una banda de diez policías, un ex policía y algunos civiles, que se dedicaban a compensar sus magros sueldos con asaltos comando, en este caso al hipermercado Nine. De los diez, dos han sido detenidos y el resto está prófugo. Los únicos detenidos son el teniente Eduardo Alcides Sánchez y el sargento Julio Omar Córdoba Entre los poli-ladrones prófugos está el comisionado (rango máximo de la Bs. As. 2) Carlos Luis Martínez, que mientras robaba supermercados también era jefe de la División de Delitos contra la Propiedad Automotor del Ministerio de Seguridad, uno que seguro recibía un sueldito de varios miles de pesos. Los otros policías son el subteniente Daniel Alberto Heindl, el capitán César Damián Hidalgo, el teniente primero Juan José Martínez, el capitán Edgardo Claudio Robledo, el sargento Sergio Ricardo Márquez, el oficial Luis Horacio Bramuel y el teniente primero Luis González Gramajo. Los únicos detenidos son el teniente Eduardo Alcides Sánchez y el sargento Julio Omar Córdoba. El Ministerio de Seguridad dice estar buscándolos, como siempre. Seguramente los encontraremos dentro de 12 o más años como comisarios dispersos en la provincia de Buenos Aires, sirviendo a la comunidad. LA PATOTEADA DE UTPBA A LOS TRABAJADORES DE PERFIL En otro caso más de "solución" de conflictos gremiales a través de la burocracia sindical, la semana pasada se produjo un episodio más de patotas conteniendo el conflicto social, la "progresista" UTPBA (Union de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires) atacó a un trabajador de la Editorial Perfil. El origen del conflicto está enmarcado en las elecciones del próximo 27 y 28 de septiembre a realizarse en ese gremio. Con los típicos métodos de la burocracia, al estilo de Lorenzo Miguel y su UOM, la UTPBA proscribió la lista opositora Naranja-Violeta encabezada por Ruben Schofrin, trabajador de Perfil, alegando falta de avales de la lista. Por otro lado, esta editorial despidió al editor Alejandro Wall, como represalia por su participación en las medidas de fuerza realizadas hace meses por reclamos salariales. Al enterarse del despido de Wall, sus compañeros se declararon en asamblea, lo que en la práctica implicó un quite de colaboración. Una asamblea de trabajadores, realizada más tarde, decidió realizar paro hasta tanto no se reincorpore al trabajador despedido. Los delegados llamaron a los funcionarios de la cartera laboral y a la UTPBA, el ministerio convocó a una audiencia para el día siguiente y la reunión no se pudo hacer por la ausencia de los representantes del sindicato. La UTPBA se borró. A raíz de esto, un trabajador de Perfil, Tomás Eliaschev (al que CORREPI patrocinó cuando fue agredido con gas pimienta por un subcomisario en una movilización que estaba cubriendo como periodista), se acercó a la sede del gremio a pedir explicaciones. Como respuesta "solidaria", recibió una golpiza tremenda por parte de dos integrantes del sindicato, que lo mandó al hospital con heridas en la cabeza y fractura de tabique nasal con compromiso serio de un ojo. Y pudo ser peor aún, porque lo salvó el guardia que se encuentra en la puerta del edificio. Eliaschev fue solo, y en actitud de pedir explicaciones. Mal podía tener una actitud violenta como alega el sindicato, que publicó un comunicado donde hace pública la adhesión de no se sabe qué periodistas ante un supuesto “ataque al local que no es de la UTPBA, sino de todos los trabajadores” que le adjudica a la lista opositora. Pero Eliaschev no pertenece a la lista Naranja. Es militante del Frente Popular Dario Santillán y asumió con el conjunto de sus compañeros de Perfil la lucha por sus reivindicaciones y por el repudio al despido de Wall. En estos años K nos hemos cansado ya de publicar noticias sobre
las patoteadas que distintas conducciones oficialistas y burócratas ponen al
servicio del gobierno y la patronal para garantizar la explotación sin chistar.
La golpiza recibida por un trabajador de Perfil es un ejemplo más. Los
compañeros pueden contar con toda nuestra solidaridad.
OTRA VEZ SANTA CRUZ, OTRA VEZ REPRIME EL "GOBIERNO
DE LOS DDHH"
Menos de un mes después de que el funcionario provincial-nacional-provincial Daniel Varizat arrollara deliberadamente a casi dos docenas de trabajadores estatales con su camioneta de lujo a metros del escenario del primer acto proselitista en Santa Cruz de Néstor y Cristina Kirchner, nuevamente se descargó la represión en la provincia que funciona como uno de los "laboratorios" represivos de este gobierno. Esta vez fue la gendarmería, que arremetió a los balazos contra los trabajadores de la empresa Empasa en Caleta Olivia. El hecho fortuito de que una de las heridas, con dos balazos en un pie, fuera la periodista radial Adela Gómez hizo que el episodio hiciera un poco más de ruido que si los heridos hubiera sido "sólo manifestantes"... Hace mucho que los trabajadores de la empresa de
capitales españoles Empasa piden su encuadramiento dentro del convenio del
gremio petrolero, porque están afiliados al sindicato de peones rurales
(UATRE), cuando en realidad trabajan para una petrolera. Después de mucho
reclamo, finalmente salieron a la ruta 3 y la cortaron, lo que obviamente detuvo
el paso de algunos vehículos. Entre ellos estaban los colectivos que llevaban
militantes peronistas al lanzamiento de la campaña por la
gobernación de Daniel Peralta, actual mandatario por obra y gracia del dedo
presidencial. Gendarmería no dudó: que los colectivos llegaran al acto era una
cuestión de estado, frente a la cual podían intervenir
violentamente.
Después de los tiros, cuando la periodista herida puso el
tema en la prensa nacional, el comandante de los gendarmes, Roberto
Caserotto, y el gobierno santacruceño, afirmaron en un comunicado que el fiscal
federal con asiento en Comodoro Rivadavia ordenó el procedimiento de
desalojo. Fuentes judiciales locales dijeron al diario La Nación que el fiscal
federal Norberto Bellver no recibió ningún pedido formal para ordenar el
desalojo, y la jueza federal de esa misma ciudad, Eva Parcio, negó haberlo
ordenado.
Después dijeron las "fuentes reservadas" que "Gendarmería actuó en el marco de sus funciones como lo haría la policía ante un hecho delictivo", de donde no queda claro si lo delictivo es cortar la ruta, reclamar el reencuadramiento sindical, o dificultar el traslado de la tropa que debía engrosar el acto oficialista. O las tres cosas. El ministro del interior Aníbal Fernández, de quien
dependen los gendarmes, dijo que ordenó a sus subordinados que hagan
un sumario para sancionar a los autores de los disparos que hirieron a la
periodista. Ni una palabra sobre las responsabilidades políticas, sobre la
responsabilidad de los que ordenaron,… ni de los que apretaron el gatillo contra
los manifestantes aunque tuvieran mala puntería. Apenas unas horas antes de encabezar el acto al que iban
los colectivos defendidos a los que la gendarmería liberó el paso, el presidente
Kirchner había declarado muy rimbombante: "No trabajo para la Santa Cruz de
las patotas, sino para la Santa Cruz de la honestidad".
20 DE DICIEMBRE: MANIOBRA
PARA ANULAR LA CAUSA Y EVITAR EL JUICIO
Muy pocas de las causas originadas en la represión de diciembre de 2001, que se cobró 37 muertes en todo el país, llegaron a una sentencia. Ninguna fue más allá de los autores materiales, mostrando una vez más que, aun tratándose de un gobierno caido, la lealtad de clase protegió a los funcionarios políticos que dirigían al aparato represivo estatal en aquel momento. Sólo en la causa iniciada en la ciudad de Buenos Aires por los cinco asesinatos cerca de Plaza de Mayo se avanzó parcialmente en ese sentido, con el procesamiento del ex secretario de seguridad interior, Enrique Mathov, y del ex jefe de la policía federal, Rubén Santos, y de los comisarios Norberto Gaudiero y Raúl Andreozzi. Durante más de cinco años
advertimos que la jueza María Romilda Servini de Cubría trabajaba "para los
titulares de los diarios", dictando medidas impactantes, como la prisión
preventiva de Santos y Mathov allá por los primeros meses de 2002, con
argumentos deliberadamente tan absurdos que se aseguraba que la cámara de
apelaciones tuviera obligadamente que liberarlos, mientras ella quedaba como la
"dura justiciera". Esa costumbre, frecuente en causas en las que se
investiga personal del aparato represivo del estado, se complementa con la
actividad dilatoria de las defensas de los funcionarios, especialistas en ganar
tiempo.
Formalmente, desde fines del año
pasado que la causa está en condiciones de ser elevada a juicio respecto de los
cuatro procesados, Mathov, Santos, Gaudiero y Andreozzi. Pero las defensas
plantearon a la jueza que la instrucción no estaba completa, y le exigieron que
produjera nueva prueba, dirigida a la actuación de la propia Servini de Cubría
como jueza de turno en aquellas jornadas de rebelión popular. Servini,
argumentando que eso le causaba "violencia moral", se excusó de seguir a
cargo de la causa, que fue a parar a su colega, el juez federal Claudio Bonadío.
Bonadío aceptó la competencia, y empezó a dar señales de que haría lugar a las
pruebas pedidas por los defensores.
Fue entonces que CORREPI, el CELS y la Fundación Liga Argentina por los Derechos
Humanos, querellantes en la causa, presentamos primero un pedido de
"pronto despacho" a Bonadío y luego una queja por “retardo de justicia”
ante la Cámara Federal, reclamando que se eleve la causa a juicio
oral. En la tardía contestación al primero de los escritos, Bonadío dejó
bien clara su decisión ya tomada de producir nueva prueba, con la consiguiente
demora y riesgo cierto de
prescripción.
El lunes por la tarde daremos una
conferencia de prensa para dar más detalles de la seria situación, que amenaza
con la nulidad y cierre de la
causa.
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Lunes 17 de septiembre, 14:30, conferencia de prensa en Piedras 547, en la
que familiares de Carlos "Petete" Almirón, Diego Lamagna y Gastón Riva, junto a
CORREPI, CELS y Fundación Liga Arg. por los DDHH, denunciarán la
maniobra que intenta evitar que la causa por la represión del 20 de
diciembre llegue a juicio oral.
Martes 18 de septiembre, 18:30, desde Congreso a Plaza de Mayo, marcha a un
año de la desaparición de Jorge Julio López.
Domingo de 7 de octubre, desde las 15:00, Festival Antirrepresivo con radio
abierta en el barrio “El Satélite” de Moreno. Recordamos en esta actividad a
Miguel Da Silva, víctima del gatillo fácil e invitamos al barrio a compartir una
jornada de música e información sobre la represión en los barrios.
En La Plata, escuchá Atando
Cabos, el programa de CORREPI, los lunes a las
20:00 por Radio Futura, FM 90.5.
Los sábados, a las 18:00, columna de
opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del
periodista H. Schiller, por Radio Porteña, ex Radio Ciudad, AM
1110, www.radiodelaciudad.gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso.
Entrada libre y gratuita.
CORREPI
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional Ciudad de Buenos Aires • Argentina correpi@fibertel.com.ar www.correpi.lahaine.org |