El pasado 1º de marzo el presidente Néstor Kirchner habló varias horas
ante la asamblea legislativa, haciendo un autobombo insoportable de los
supuestos logros de su gobierno. Después de recitar algunas variables
macroeconómicas que harían pensar que los argentinos superamos con creces
el nivel de vida de suecos y noruegos, o que Argentina alcanzó su segunda
independencia respecto del capitalismo transnacional, le llegó el turno a
la cuestión de los derechos humanos.
Para este tema contaba con el coro de chupamedias integrado por madres,
abuelas y descendientes que lo miraban absortos, y a los que dedicó esta
parte del discurso. El presidente se refirió peyorativo a los "valientes
de ayer", a los que torturaban y mataban gente indefensa en la dictadura,
para los que pidió cárceles comunes y como el "diario de Yrigoyen" tituló
en su edición del viernes 2, apuró a los jueces para que les llegue el
castigo a los culpables.
Pero nada dijo Kirchner de los "valientes de hoy" que durante su "democrático"
gobierno han matado a más de 650 personas, que torturan a diario en
cárceles y comisarías, contando con el aporte incondicional de sus jefes
políticos, que casi siempre son miembros del partido justicialista. En su
nada sintética "síntesis de cuatro años de gestión", y exaltando la falsa
legitimación como "gobierno de los DDHH" que le aportan la participación
oficialista de Bonafini, Carlotto y tantos más que se acomodaron bajo el
sol kirchnerista, no hubo más que lo de siempre para el gatillo fácil, la
tortura y la represión cotidiana de las fuerzas de seguridad de la
democracia de hoy: silencio.
Kirchner reclamó celeridad a la justicia, como si los jueces fueran un
poder independiente, y no parte del aparato represivo del estado. Mientras
pide cárcel común para los genocidas, firmó el pliego de ascenso del
comisario Ernesto Weber, asesino del 20 de diciembre, y mientras declama
apoyo a los juicios a los genocidas, eligió y mantiene como jefe de la
policía federal al comisario Vallecca, que nos reprimió el 9 de septiembre
de 1998 durante el escrache a Etchecolatz. Mientras se autohalaga con el
verso de los derechos humanos, Las Heras sigue ocupada militarmente por
gendarmería.
El presidente irrumpió en el tema con una definición que arrancó aplausos:
“El respeto y la defensa de los derechos humanos en nuestro país
también guían nuestras acciones en el ámbito internacional”.
Legisladores y público aplaudieron una mentira. Lo que guía a Kirchner en
el ámbito internacional no es “el respeto y la defensa de los DDHH en
nuestro país”, sino la propaganda discursiva, herramienta central para
silenciar las cotidianas violaciones a los DDHH de las que es responsable
el gobierno argentino.
Para beneplácito de su coro de obsecuentes, lo primero que mencionó el
presidente fue la firma, en París y por mano de su dama ya coronada como
presidenciable, de la convención internacional contra las desapariciones
forzadas, y destacó que el instrumento
“reconoce ese delito como un
crimen de lesa humanidad”. Lo que no dijo Kirchner es que al mismo
tiempo, el estado argentino se niega a cumplir la sentencia internacional
en el Caso Bulacio, precisamente porque no quiere reconocer al crimen
policial como un crimen de estado, y por lo tanto perseguible en cualquier
lugar y tiempo. Es política de estado para este gobierno, según palabras
de su presidente, el respeto a las convenciones internacionales
humanitarias. Pero desde septiembre de 2003 este gobierno sistemáticamente
desconoce que los tratados se firman para cumplirlos, y frente a las
reiteradas intimaciones de la Corte IDH exigiendo el cumplimiento de la
condena, el estado argentino ni siquiera se molesta en contestarlas.
Cuando el tema ya no son los represores de hace 30 años -que en muchos
casos se morirán pacíficamente de viejos antes que la Cámara de Casación y
la Corte Suprema den vía libre a sus muy merecidos juicios-, sino los
represores de hoy, los que cada día matan con el gatillo fácil y torturan
en cárceles y comisarías, se advierte el verdadero rostro del
autodenominado “gobierno de los DDHH”. El gobierno argentino no cumple la
sentencia en el Caso Bulacio porque no está dispuesto a reconocer que cada
vez que un policía mata o tortura lo hace en nombre del estado, y que esos
crímenes cometidos por su propia mano son violaciones a los DDHH de igual
naturaleza que los perpetrados hace décadas por la Triple A o los grupos
de tareas de la ESMA. Sólo un mínimo porcentaje de las víctimas de la
represión estatal posterior a 1983 fueron asesinadas por razón de su
militancia, o en movilizaciones populares, apenas unos 50 en un total de
casi 2.200. No es la “calidad” de la víctima lo que define el crimen de
estado: es la calidad del victimario, el estado, que actúa a través de su
aparato represivo oficial u oficioso, a través del policía, el gendarme,
el guardiacárcel, o el escuadrón de la muerte.
Ahí quedan entonces las encendidas palabras del presidente en el congreso,
cuando enunciaba que es objetivo de este gobierno “el cumplimiento de
obligaciones internacionales de derechos humanos”. Mientras muere un preso
por día en una cárcel o una comisaría, mientras los responsables
materiales y políticos de las masacres de Magdalena, de Coronda, del penal
de San Martín, de la comisaría 7ª de Corrientes; de las muertes intramuros
de niños como Germán Medina (17) y Rosa Yamila Gauna (15) escuchaban el
discurso en sus casas y despachos, el presidente pidió que lo aplaudieran
porque dictó un decreto que permite a los procesados ejercer el derecho al
voto… Vaya avance. Los presos podrán votar, y elegir a los jefes de sus
torturadores.
Los que sólo se quejaron porque el presidente repitió varias veces su idea
de “reconciliación con justicia, verdad y memoria”, mostrando qué
significa para él “juicio y castigo”, no dijeron una palabra de los
muertos que contamos todos los días, de los 650 pibes entre 15 y 25 años
fusilados o muertos en la tortura desde el 25 de mayo de 2003, de los
policías que esperan tranquilamente en sus casas, excarcelados, juicios
por homicidio o por delitos más graves, que se profugan bajo el amparo del
estado o son condenados a penas menores cuando la movilización popular
arrincona a los jueces.
Ni el presidente ni sus propagandistas dijeron una palabra de su cotidiana
política represiva porque es la que necesitan hoy para disciplinarnos, es
la que necesitan que silenciosamente se descargue sobre los jóvenes y los
pobres, para que aprendan quién manda, y en beneficio de quién se gobierna.
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Sábado 24 de marzo, marcha de Congreso a Plaza de Mayo, a 31 años del
golpe genocida.
Lunes 26 y miércoles 28 de marzo, JUICIO A LA TORTURA en Lomas de Zamora.
Desde las 8:30, en Camino Negro y Larroque.