Los conflictos en Camiri comenzaron el 29 de enero con una huelga de hambre y bloqueos de ruta. La medida tomada por habitantes y organizaciones civiles locales fue resultado del fracaso de las conversaciones con el MAS, donde los camireños reclamaban la “verdadera nacionalización”, es decir, la refundación de YPFB, la industrialización y la expropiación a las empresas. Para ejercer una mayor presión, el Comité Cívico de Camiri decidió tomar pacíficamente la planta petrolera de Choreti, donde operan Transredes y la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB), y cerrar las válvulas de los ductos que envían hidrocarburos a la Argentina.

 

El sábado 3, a las 4:30 de la madrugada el grupo de élite del ejército boliviano “Satinadores” y la policía  comenzó el desalojo con balas de goma y bombas de gas. A las 5:30, las fuerzas combinadas lograron controlar la planta de la Compañía Logística de Hidrocarburos; sin embargo, la gente se reagrupó y cerca a las 7:30 destruyeron, con dinamita, el muro de la parte trasera de Transredes para ingresar a la instalación donde estaban empleados, militares y policías.

Los resultados de la represión fueron 12 heridos, entre los cuales  se encuentran José Luis López Saldías (17), a quien una bomba de gas le destrozó la nariz; Germán Huanca (19), quien recibió un balazo que le traspasó el antebrazo derecho; Rogelio López (60), con una bala en el muslo derecho; Oscar Paleque y Carlos Torres Extremadoiro (36), con leves contusiones e intoxicación por gas. Siguiendo el ejemplo de su par Kirchner, Morales decidió militarizar la zona para evitar que se retome la planta y cuidar otras que están repartidas en la zona. El vicepresidente del Comité de Huelga, Mirko Orgaz, dijo que unos mil efectivos del Ejército ocuparon Camiri durante el transcurso del día.

El gobierno recurrió a través de sus voceros y el propio presidente a las mismas herramientas de todo gobierno que precisa justificar la represión, con la negación y desacreditación de las víctimas. Así, el portavoz presidencial Alex Contreras dijo que, si bien había habido represión, no había heridos de bala. El jefe de turno del Hospital Municipal de Camiri no cuenta la misma historia. El vicepresidente García Linera dijo que “los pobladores de Camiri están perjudicando los intereses del país porque éste tiene compromisos suscritos con otros gobiernos”. Evo dijo que “la protesta tenía tintes políticos” y el ministro de Gobierno Alfredo Rada fue más explícito al defender la represión: "Esta acción es absolutamente justificada porque pretendieron derrumbar muros de Transredes, empezaron a quemar llantas y a lanzar piedras a los militares".  Por supuesto, después negaron la orden de represión con balas de plomo y prometieron empezar una investigación. Como cuando ocurre un robo a un banco o empresa, cuando casualmente el dinero robado estaba destinado al pago de sueldos, la agencia oficial de televisión afirmó que el cierre de válvulas y la toma de la planta por 15 horas provocaron una pérdida económica de medio millón de dólares afectando justo los presupuestos destinados a educación y salud.

UNA CANDIDATA EN PARIS

Una delegación de funcionarios argentinos encabezada por Cristina K se encuentra de visita oficial en París. Además de coquetear con su posible candidatura a la presidencia en 2007, la senadora y primera dama va a firmar junto con el estado francés la Convención Internacional por la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, texto que ya tiene el visto bueno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Asamblea de las Naciones Unidas.

Este tratado en el que la paquetísma señora K va a estampar su firma, le prohíbe a las Fuerzas de Seguridad del Estado argentino secuestrar, detener en centros clandestinos y desaparecer personas. Siguiendo al pie de la letra la política revisionista en materia de derechos humanos característica  de la actual gestión, la señora K se compromete ante el estado francés, pionero en esto de desapariciones forzadas tras su incursión por Argelia, a que nunca más sucedan estos aberrantes crímenes de estado en nuestro país.

Mientras tanto, las Fuerzas de Seguridad argentinas, cuyos cuadros son actualmente formados con tanto cursito de derechos humanos, siguen cometiendo crímenes cuya responsabilidad es del Estado. Ya de nada le sirve al sistema el funcionamiento de centros clandestinos de detención cuando la represión “legalizada” se materializa en las comisarías y en las cárceles, se justifica con el discurso de la inseguridad y le cuesta a los sectores reprimidos –remanentes sociales que el capitalismo genera- el asesinato de una persona día por medio.

El “gobierno de los derechos humanos” de Néstor Kirchner es el responsable político de 660 asesinatos perpetrados por sus Fuerzas de Seguridad y que por lo tanto deben ser considerados como crímenes de Estado. Ningún periodista o político francés va a echarle en cara a la señora K estas cifras mientras esté firmando el tratado. Así como tampoco el hecho de que la “democracia argentina” cuenta con más de quince desapariciones forzadas desde su institucionalización en 1983.

Como ejemplo para ilustrar la farsa implícita en torno a la firma de este tipo de convenciones, cabe recordar que a partir del Caso Bulacio la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó la averiguación de antecedentes  y las normas contravencionales como prácticas represivas preventiva y ordenó al estado argentino que tratara como crimen de estado al delito policial. A pesar de haber incorporado la Convención Americana de Derechos Humanos con jerarquía supraconstitucional, el gobierno de K no ha acatado el fallo, porque es contrario a los intereses de clase que la “democracia argentina” defendió y seguirá defendiendo.

 

LA NUEVA CORDOBESA: COMANDO DE PERSECUCIÓN INMEDIATA

El gobernador cordobés, el nunca bien ponderado José Manuel de la Sota, ha aplicado nuevas medidas para fortalecer las fuerzas represivas de su provincia. Ha comprado armas, motos y cámaras. También ofrece subsidios a la vigilancia civil, y ha creado el CPI, Comando de Persecución Inmediata, nuevo brotecito de una de las ramas de la represión cordobesa, el Comando de Acción Preventiva que fuera creado en 2003 con 600 agentes, de los cuales 222 eran oficiales recién egresados. “Los mejores hombres” de aquel experimento van a parar al CPI, y si recordamos que el oficial Solana, asesino de Rodrigo Corzo, era uno de los “mejores hombres” del comando de patrullas de Hurlingham según sus jefes, podemos concluir que lo que están lanzando a la calle en Córdoba es un escuadrón de entrenadísimos asesinos.

Pero no los lanzan solos, salen provistos de 500 armas y 300 chalecos, quizás sean 300 entonces los integrantes, con armamento especial, motos enduro, otros vehículos especiales y  helicópteros.

En el proyecto de convertir a la población civil en un gran nido de buchones, el gobierno provincial anunció también la creación de la Policía Comunitaria que, aparte de contar con la colaboración de policías de tránsito, inspectores de espectáculos públicos y otros funcionarios, intentará comprar para la represión a la mayor cantidad de civiles, con la apertura de una línea de créditos para taxistas y remiseros para que colaboren con la red de seguimiento policial, la extensión con subsidio especial del Banco de Córdoba de alarmas comunitarias a todos los barrios, y la entrega de recompensas para quienes brinden datos de delincuentes peligrosos a un nuevo “call center” policial. También serán premiados con dinero vecinos cuyas denuncias concluyan en prisión para los delincuentes. La privacidad de quienes botoneen estará debidamente resguardada. Eso sí, ya se anunció que las cámaras sólo se utilizarán para perseguir delincuentes en caso de robos, si llegan a pescar un gatillo no serán fuente de evidencia.
 

Nadie puede negar que en la provincia de Córdoba, el gobernador se ocupa de los pobres.

 

El juez de instrucción que recibió el sumario por la muerte de Germán Medina, el pibe que apareció ahorcado en el Instituto Roca dependiente del CONAF, se declaró incompetente hace dos semanas, porque a su criterio debe intervenir la justicia federal, ya que la internación fue ordenada por un juez federal de Morón, y el hecho ocurrió en un organismo dependiente del poder ejecutivo nacional, involucrando responsabilidades de funcionarios y empleados del estado nacional.

 

La jueza federal Romina Servini que Cubría tardó segundos en rechazar la competencia con el argumento de que lo planteado por el juez Eliseo Otero es "mera hipótesis", como si estuviera sujeto a debate si el juzgado federal de Morón es federal; si el Consejo Nacional de Adolescencia, Niñez y Familia es nacional, y si sus empleados y funcionarios dependen del poder ejecutivo o de alguna potencia extranjera.

 

Lo cierto es que a poco de cumplirse un mes de la muerte de Germán, no hay juez que quiera investigar por qué un chico con causa tutelar por razones de salud fue alojado en un instituto con régimen penal para menores en conflicto con la ley, y para más datos en celda de aislamiento, ni mucho menos cómo y por qué murió.

 

El juez Otero se quejó con sus íntimos de que recibió llamados del director del CONAF para presionarlo, al mejor estilo Corach. La jueza Servini no ha dicho esta boca es mía, aunque es evidente que obedeció, como siempre lo ha hecho, al poder de turno.

 

La sala VII de la Cámara Criminal debe decidir ahora qué juez tiene que intervenir. Mientras tanto, se diluyen las pruebas, se pierden las evidencias, y hasta ha sido pintada la celda donde murió Germán, como lo pudo comprobar personalmente su padre.

 

Vamos con el "gobierno de los DDHH".

 

A TITO SALDAÑA LO MATÓ LA POLICÍA

Como este año, 1999 era un año electoral, y ya sabemos que todo vale con tal de hacer campaña. El publicista brasileño del gobernador Duhalde, que iba por la presidencia, estaba listo en un helicóptero sobrevolando el Banco Nación de Ramallo. Es que la policía bonaerense iba a desbaratar el robo del siglo, y ese material fílmico serviría para un spot de propaganda en el tema de la "seguridad ciudadana". Todo había sido arreglado en reuniones con comisarios, ministros y punteros: una banda de impresentables ladrones rosarinos y nicoleños iba a asaltar el banco, pero serían detenidos en un espectacular operativo.

 

Pero los ladrones se dieron cuenta que les habían vendido "carne podrida" y estaban en una ratonera. Tito Saldaña, después de increpar por handy al policía que les dio los datos, decidió jugársela, y quedarse en el banco con el contador, el gerente y su mujer como rehenes. Le garantizaron que podían salir, pero las balas de los Halcones, el GEO y el GEOF acribillaron el auto. Todos lo vimos en directo. Sobrevivió la Sra. Flora Lacabe, herida, y dos de los asaltantes. Uno, un "perejil" reclutado a última hora que cerró la boca y no la abrió nunca más. Otro, Saldaña, que apenas 15 minutos después de entrar a la comisaría de Villa Ramallo "apareció" colgado en la celda.

 

CORREPI asumió la representación de la viuda de Saldaña, que nunca creyó lo del suicidio, y de su hijo Axel, nacido ese mismo día. Ya en la reconstrucción del hecho, a cargo de gendarmería, quedó claro que era casi imposible que Saldaña se hubiera colgado. Ahora, a siete años del hecho, una nueva y demorada pericia probó que el muchacho había recibido un golpe en la cabeza que lo incapacitó antes de morir. Que lo colgaron cuando estaba inconsciente, es decir, que lo mataron. El informe forense es bien claro: un golpe en la zona frontal lo desvaneció, y luego fue estrangulado con el borde del cotín del colchón, anudado de una manera que él nunca pudo hacerlo. Una lisa y llana ejecución, una de tantas en una comisaría, sólo que esta vez, se probó.