CORREPI

Esta semana tuvimos conocimiento de varios nuevos casos de gatillo fácil, que a diferencia del caso del joven Darián Barzábal, no tuvieron difusión alguna, pese a que ya han pasado semanas desde estos nuevos crímenes que se suman a los 17 ocurridos entre el 15 de diciembre y el 15 de enero. Como el gobierno no se ha visto comprometido, ni siquiera ha tenido que tomarse la molestia de armar el circo de la acción rápida, para después dar una todavía más rápida excarcelación.

Fernando Rodrigo Báez (26) estaba en la madrugada del 1° de enero en la esquina de su casa en Villa de Mayo, San Martín, con algunos vecinos del barrio y su nena de 2 años y medio. Pasó otro apodado “Perita”, de unos 30 años de edad, que buscó una innecesaria pelea con uno de los muchachos que estaban con Fernando. Este intervino separándolos, y echó al agresor, haciéndole notar su lamentable estado de intoxicación alcohólica. Al retirarse, el fulano -conocido por ciertos vínculos con la policía- les gritó a todos "pónganse chalecos antibala".

En el interin, un auto con tres o cuatro hombres adentro venía "festejando" el año nuevo a los tiros por la zona. Manejaba su dueño, el policía Rodrigo Ruiz. En un momento le dispararon a unos pibes sentados en la vereda, hiriendo a uno, que está internado en grave estado, mientras el otro salía corriendo en dirección adonde estaban Fernando Báez y sus vecinos. Aparentemente el tal "Perita" lo habría señalado a Báez, ya que desde el auto le dispararon directamente, Murió en presencia de su hija y un par de amigos.

Si bien el policía fue inmediatamente identificado, la fiscalía de San Martín demoró la orden de captura dándole tiempo para profugarse, aunque su arma y auto estarían secuestrados. Esta semana CORREPI asumió la representación procesal de la familia, en este caso que representa la forma macabra en que todos los nuevos años, los integrantes de las fuerzas de seguridad festejan llevándose la vida de nuestros pibes.

Por otra parte, ya nos hemos acostumbrado a las fantasiosas historias que la policía inventa para disfrazar de suicidio sus habituales asesinatos. Rubén Alberto Lugo (19) salió de la casa su tío en Lanús Este a las 21:35 del día 17 de enero. Iba a comprar algo en un kiosko, para luego pasar por su casa a buscar su mochila, ya que a las 22:00 entraba a trabajar en una empresa en la que en distintos turnos trabajan la abuela, el tío y un primo, todo en un radio de tres cuadras. A las 8 de la mañana, al llegar la abuela a trabajar, se enteró que el nieto había faltado. Toda la familia y amigos lo empezaron a buscar. A las 9 de la noche fueron a la comisaría, donde, como es costumbre, los pedalearon con que hay que esperar 24 horas para denunciar una desaparición. La mujer del tío, luego de mucho discutir, logró que tomaran la denuncia al mediodía del 18. No hubo novedades, y en todas las comisarías decían que no estaba detenido, incluso presentaron un habeas corpus en Lomas de Zamora que dio negativo. Sus amigos del barrio salieron a pegar afiches y carteles, aunque curiosamente los que pusieron cerca de la comisaría fueron arrancados.

Después de tres días Rubén apareció en la morgue, arrollado por un tren. La versión oficial dice que iba caminando por la vía como para matarse, y que el maquinista trató de frenar pero estaba muy cerca. Lo llamativo es que esto habría ocurrido a las 22:20, a una distancia de la casa a la que nunca pudo llegar caminando ni en colectivo, en cuarenta minutos. Rubén tampoco tenía nada que hacer ahí, ni razones por las cuales quitarse la vida. Ese mismo día se había comprado un poco de ropa para festejar un cumpleaños de 15 el sábado siguiente, y estaba feliz de que había sido efectivizado en el trabajo, al que nunca había faltado. Y lo sintomático es que a la misma hora de su desaparición, un vecino vio que un patrullero cargaba una persona joven por la fuerza a media cuadra de la casa, y que desde que su familia busca averiguar qué pasó, permanentemente pasan despacito o se estacionan frente a su domicilio vehículos con dos o tres hombres de pelo corto que se hacen ver ostensiblemente, en una clara maniobra intimidatoria. Acompañaremos a la familia en su búsqueda de la verdad.

El 28 de junio de 2003 Rodrigo Corzo (27) fue asesinado por el Comando de Patrullas de Hurlingham mientras se dirigía en el auto de la familia a la casa de su novia. El oficial inspector Cristian Alfredo Solanas y el sargento Ariel Horacio Núñez argumentaron que Rodrigo les resultó "sospechoso". Al cruzar el puente Santa Rosa del acceso oeste el oficial disparó dos veces por la ventanilla. Una de las balas atravesó el baúl y los dos asientos del auto y se incrustó en la columna vertebral de Rodrigo, que murió en el acto. Quisieron montar la escena de un enfrentamiento, plantando un arma, documentación de un auto robado hacía poco, y consiguiendo un par de testigos falsos que dijeran que desde el auto de Rodrigo hubo disparos, pero los vidrios de las ventanillas, cerrados y empañados, pusieron en crisis esa versión, pronto terminada de desarmar cuando otros testigos, encontrados por la familia, contaron que se escuchó un último disparo cuando el auto ya estaba detenido y los policías lo abrieron. Es que dispararon el "perro" para que la pericia revelara uso reciente. Acorralado, Núñez dijo que al producirse los disparos no estaba mirando, porque “como sufre de vértigo, al subir el puente de la autopista tomó coraje, cerró los ojos y aceleró".

El 12 de febrero a las 9:00 comienza el juicio contra el policía que disparó y mató a Rodrigo Corzo. La cita es en el Tribunal Oral n° 5 de Morón, San Martín 123, 5° piso. Convocamos a todas las organizaciones y compañeros a estar presentes los tres días previstos para el debate, tanto movilizando frente al juzgado como designando veedores que asistan a las audiencias, cuyos nombres deben ser informados con antelación en la mesa de entradas del tribunal, por nota dirigida a su presidente. Los periodistas que deseen ingresar a la sala deben también informarlo en la mesa de entradas del Tribunal entre el 1° y el 9 de febrero, mediante nota dirigida al Sr. Presidente del TOC n° 5, indicando a qué medio pertenecen y si desean filmar o grabar las audiencias. Enviaremos modelos de las notas a quienes lo soliciten por mail a correpi@fibertel.com.ar .

La tarde del 24 de diciembre de 2006 los móviles de la comisaría 2ª de Vicente López fueron alertados de que unos chicos en moto habían intentado robar a una pareja, que se resistió, por lo que huyeron. Los policías empezaron a peinar la zona y al rato avistaron dos motos, una que llevaba dos personas y otra tres. En la persecución, fue el móvil 28459 el que siguió a la segunda. El acompañante del móvil, un sargento, vació su cargador Browning contra los ocupantes de la moto. El que iba más atrás cayó al asfalto, lo esquivaron y cuando el policía se quedó sin balas siguió disparando con el arma del chofer, con la que vació otro medio cargador. Luego de unas 30 cuadras en total la moto chocó el guardrail de la colectora de la Panamericana y los dos pibes cayeron al piso. Uno estaba muerto, el otro en gravísimo estado. Los dos fallecidos, Jonathan Gastón Lorenzo (24) y Jorge Andrés Martínez (19) tenían tres y cinco tiros, todos de atrás hacia adelante. El sobreviviente, que sigue internado en grave estado, tiene tres de igual trayectoria. El patrullero, de más está decirlo, no tiene un solo rasguño ni se encontraron otras vainas servidas que las policiales.

Hasta ahí serían dos casos más de gatillo fácil, que se suman a los 20 verificados entre el 15 de diciembre de 2006 y el 15 de enero de 2007. Pero el "detalle" que destaca el caso es que el policía de los veintitantos disparos se llama Héctor Eusebio Sosa, legajo policial 135.219. Y a Sosa ya lo conocemos, porque es el mismo que el 6 de febrero de 1999, siendo cabo, fusiló a Víctor "Frente" Vital, de 16 años, cuando él y su amigo Luis Rojas se refugiaban bajo la mesa de una casilla de la Villa 25. Víctor tenía cinco tiros, todos de frente, todos en un ángulo de arriba hacia abajo tan pronunciado que sólo se explicaba si el policía estaba de pie y él agachado (la otra hipótesis era que Sosa midiera unos tres metros, lo que se descartó de visu), y la misma bala que le entró por el pómulo y le salió por la base del cuello le había atravesado la mano, que estaba levantando cubriendo la cara, mientras gritaba "No tires, me entrego".

Correlacionando fechas, resulta que Sosa fue ascendido de cabo a sargento en diciembre de 2002, es decir, cuando la causa Vital llevaba un año y pico en la Cámara de Casación después de su primera absolución. Resulta también que no fue exonerado ni antes, al ser imputado y detenido, ni después, cuando se revocó la absolución y debió volver a ser juzgado. Resulta, finalmente, que todos los funcionarios de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad y de la Secretaría de Derechos Humanos que una y otra vez le juraron a Sabina Sotelo, madre de Víctor, que el asesino de su hijo ya no pertenecía a la policía, le mintieron. Simplemente lo mudaron de San Fernando a Vicente López, no sin ascenderlo como compensación por las molestias sufridas. Sabina les había creido. Esa es la confianza que se puede tener en el "gobierno de los derechos humanos".

Al parecer el gobierno de Río Negro no está dispuesto a tolerar que se pongan en evidencia sus prácticas represivas. La formación del Colectivo del Alto Contra la Represión en Bariloche ha generado que los repetidos hechos de violencia policial sean difundidos y repudiados en la ciudad dividida entre el Bajo, rico y turístico, y el Alto, pobre y reprimido. CORREPI destinó un grupo de compañeros para viajar a dar apoyo al Colectivo. Juntos hemos desarrollado una campaña de actividades antirrepresivas inédita en la ciudad en el transcurso de las últimas semanas.

En el mismo lapso, a las habituales detenciones arbitrarias se sumaron dos detenciones claramente dirigidas a amedrentar a integrantes de medios que trabajan o colaboran con el Colectivo. Desde CORREPI repudiamos el accionar del gobierno rionegrino, que con su reacción muestra que estamos haciendo lo correcto. A continuación reproducimos el comunicado de los compañeros del Colectivo del Alto.

El Colectivo del Alto Contra la Represión informa que en la última semana recibió llamados por cuatro hechos represivos a cargo de la Policía Provincial.

El domingo 21 de enero fueron detenidos sin motivo dos menores que volvían de un recital y alojados en la comisaría segunda. Fueron maltratados al subir y bajar del patrullero. Luego fueron retirados por un familiar.

El lunes 22 de enero, un operador de Gente de Radio fue provocado y luego hostigado por dos policías que cubrían el puesto policial de Pasaje Gutiérrez y Diagonal Gutiérrez cuando volvía a su casa a las 22.

El martes 23 de enero, en el puesto policial de Beschdedt y Brown fue detenida, sin explicar motivo, una pareja con su auto, al que se subió la policía y los condujo a la Comisaría 28, de donde fueron liberados al cabo de media hora.

El miércoles 24 de enero, a la 20, aproximadamente, fueron detenidas sin motivo dos personas –uno de ellos fotógrafo de la Revista Al Margen- y conducidos a la Comisaría 27, secuestrado su auto y pertenencias y luego trasladados a la comisaría segunda de donde fueron liberados al cabo de 5 horas.

Las detenciones fueron arbitrarias. Es decir sin motivo alguno. En todos los casos hubo presión física y verbal. Los policías se contradijeron respecto al motivo de la detención.

Se pone en evidencia un procedimiento de rutina con abuso de autoridad y maltrato físico, especialmente en el caso de los menores, que, si no es contrarrestado inmediatamente con la presencia de familiares y amigos que reclamen con firmeza, puede terminar con 24 horas de calabozo a disposición de la violencia policial.

Es necesario denunciar este accionar represivo del gobierno (del cual la policía es mero instrumento) que pretende amedrentar a una parte de la población, infundirle temor, mientras demuestra a quienes tienen bienes que se los está protegiendo.

Es necesario organizarnos para defendernos. Colectivo del Alto Contra la Represión.

La familia de David y sus amigos fueron impulsores de la organización del Colectivo y quienes tomaron contacto con CORREPI, a partir de advertir la sistemática repetición de hechos similares no sólo en la misma dependencia, sino durante la misma guardia. De hecho, el día que David, estando en celda de castigo, recibió las lesiones mortales, había desde la mañana en la alcaidía personal de la Dirección de DDHH provincial, del Instituto de Presos y Liberados y de la Defensoría del Pueblo, todos convocados desde hacía días por los internos que anunciaban un inminente hecho represivo y ya habían interpuesto varios habeas corpus sin que los camaristas penales se dignaran acercarse a ver qué pasaba. El insólito incendio ocurrió al mediodía, en la nariz de todos esos funcionarios, en una celda diminuta en la que no se quemaron revistas ni sábanas, ni el preso usó para apagar el fuego un balde de agua que estaba junto a la puerta. El fuego resultó tan selectivo que tuvo la particularidad de producir graves quemaduras en el muchacho, sin tocar sin embargo su ropa, que no tiene rastros de haber estado expuesta al fuego ni del polvo químico de los matafuegos. Cuarenta minutos antes que comenzara el fuego el hermano de David Moyano había llamado a una radio, suplicando ayuda al aire porque peligraba la vida de su hermano, cuya sanción en el solitario terminaba ese día.