La alteración de pruebas no es un vicio de algunos malos policías bonaerenses, ni como plantean algunos periodistas que encubren su complicidad con una pretendida ingenuidad, un hecho inexplicable. Es una práctica constante que repiten cotidianamente las fuerzas policiales de todo el país, y que define precisamente lo que llamamos gráficamente "gatillo fácil": un fusilamiento enmascarado como enfrentamiento (o a lo sumo, como accidente), empleando para ello una batería clásica de recursos: alteración de la escena del crimen; plantado de armas, drogas u otros elementos incriminadores; asentamiento de falsos registros en los libros policiales, etc. En este caso consistió en quitar y lavar las esposas del joven fusilado, no registrar la detención en el libro de guardia, plantarle un arma, y la tan recurrente excusa de que al policía se le “escapó” un disparo que “accidentalmente” fue a dar en la cabeza de Darián.

Para montar esta escena, los bonaerenses se tomaron catorce horas, tiempo que transcurrió hasta que los padres del menor se enteraron del asesinato y convocaron a una marcha a la comisaría.  Familiares y amigos de Darián, junto con CORREPI y otras organizaciones políticas y de derechos humanos, concentraron  en la esquina de la comisaría para repudiar el accionar policial. La respuesta del gobierno fue la de siempre: intentar amedrentar con un operativo de seguridad compuesto por 500 efectivos (es decir, cinco efectivos por manifestante presente, aproximadamente). Lejos de sentirse  intimidados por la desproporción numérica, los pibes del barrio, víctimas cotidianas de  amenazas y golpizas por parte de los efectivos de la 3ª, arremetieron a piedrazos en reiteradas ocasiones contra el cordón policial. Los efectivos de infantería salieron a cazar pibes no sin antes arrojar algunas balas de goma y algún que otro gas lacrimógeno. El resultado fue la detención  de al menos cuatro personas que, según los medios de comunicación locales, recuperaron la libertad al día siguiente. En reiteradas ocasiones CORREPI intentó comunicarse con la comisaría 3ª, con la Departamental La Plata y con el Ministerio de Seguridad para conocer la cantidad de detenidos, sin recibir respuesta alguna.

La vicegobernadora bonaerense Graciela Giannettasio consideró al asesinato como un  “hecho desgraciado” y tildó de “grupos radicalizados” a los pibes  que  reaccionaron contra la policía. En la misma sintonía se mostraron los funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos provincial y de la Asociación Bru. Los mismos encargados de dar cursitos de derechos humanos a policías que salen a la calle y fusilan pibes intentaron por todos los medios frenar la indignación popular expresada en los piedrazos y  las gomas quemadas.

Volviendo a la señora Giannettasio, esta se mostró satisfecha porque el “Ministerio de Seguridad obró inmediatamente separando de la fuerza o deteniendo a los implicados” y porque “las instituciones rigen plenamente en la provincia”. Las instituciones de las que parece estar orgullosa la segunda de Felipillo son las mismas que más allá de toda purga  siguen manteniendo el promedio de una persona asesinada día por medio  y que tan bien cumplen su función de disciplinamiento y limpieza social.

 

La versión oficial en el caso de Darián Barzabal de que el pibe tenía un arma y atacó al policía Regalía dentro del patrullero fue ampliamente superada por la policía mendocina apenas 48 horas antes. Jonathan Oros (18), murió por disparos policiales... en el interior de la comisaría 33ª, del humilde barrio San Martín. Según la policía, Jonathan ingresó a punta de pistola a la comisaría, al grito de "los voy a matar a todos" y empezó a disparar, por lo que los tres funcionarios que estaban en la guardia se refugiaron abajo de un escritorio y repelieron el ataque.

 

La familia asegura, con el aval de varios testigos que ya declararon ante el fiscal, que Jonathan iba a tomar el colectivo en la parada que está frente a la comisaría, cuando pasó un policía que lo conocía y con el que empezó una discusión hasta que el funcionario le disparó hiriéndole un pie. Inmediatamente lo ingresó por la fuerza a la dependencia, en cuyo interior le dispararon dos veces más, una en la ingle y otra en el abdomen. Después de permanecer en coma varios días, finalmente Jonathan falleció en el hospital.

 

Salvo los medios locales, el hecho no tuvo repercusión mediática alguna, por lo que la justicia no se vio obligada a producir espectaculares resultados, mucho menos con rapidez. El fiscal dijo que "está en un impasse hasta que lleguen los resultados de la autopsia", después de lo cual evaluará "si se trató de un exceso o de una legítima defensa". De homicidio, ni hablar.

LOS PARAPOLICIALES DE ARSLANIAN SON SUS POLICÍAS
El Ministro de Seguridad, León Arslanián, aseguró a varios medios que el gobierno tiene conocimiento de la existencia de grupos parapoliciales que se dedican a secuestrar testigos de las causas a los represores de la dictadura. Con la habitual ambigüedad con que habla este gobierno a través de su presidente y sus funcionarios, las declaraciones de Arslanián no dicen nada nuevo. Desde la desaparición de López, todo el oficialismo viene batiendo el parche de los grupos parapoliciales, cosa de lavar la cara de su aparato represivo. Lo único nuevo en la declaración de Arslanián es que ahora, ante la pregunta de La Nación de si tiene grupos identificados, respondió “Sí,  sabemos de personas que pueden estar vinculadas a una acción de estas características”, y luego de haber repetido el mismo guión, agregó “No voy a dar ninguna opinión más allá de esta observación”. En fin, el mismo mediocre circo discursivo de siempre.

El Ministro asegura que los grupos parapoliciales “buscan sembrar el terror”. Tal afirmación supone que en este país no hay ningún sector de la sociedad sometido a prácticas atemorizantes oficiales. ¿Qué significarán para este funcionario las palabras “escuadrón de la muerte”? ¿No es terror lo que viven los pibes que son levantados por la policía, apaleados, torturados y tantas veces asesinados? Cada día, cada ciudad y cada barrio recibe el mensaje ejemplarizador de casos como el de Darían Barzábal. ¿No es terror morir calcinado en una celda con las risas del servicio penitenciario como fondo?

 

CORREPI ya ha demostrado en más de una ocasión que existen los escuadronnes de la muerte, como el dirigido por el sargento en actividad Hugo "Beto" Cáceres en Don Torcuato e intregado por policías de la comisaría 3ª y del comando patrullas de Tigre, o por policías retirados o exonerados como el "mataguachos" de Villa Fiorito, José Peloso, que siguen prestando "servicios irregulares" sin uniforme, generalmente como complemento de la patota de calle de la zona. ¿O ya nos olvidamos todos de que en el operativo militar del Puente Pueyrredón, el 26 de junio de 2002, además del personal uniformado de tres fuerzas nacionales y una provincial, en las camionetas policiales iba disparando, con su célebre chomba rayada, el policía retirado Francisco Robledo? Esos, y no otros, son los "parapoliciales" de Arslanian.

En este país no hacen falta otros grupos parapoliciales para sembrar el terror a quienes hay que disciplinar preventivamente. El terror a la mayoría de la población se aplica cotidianamente, con la dirección política de Arslanián y del gobierno que integra, y cuando no les conviene, los rebautizan, y salen hablando de "resabios de la dictadura", de "bolsones mafiosos" o de "grupos parapoliciales". Mientras tanto, encerrando a dos o doscientos ancianos represores, pretenden que olvidemos lo que es el sufrimiento cotidiano infligido por los que todos los días destruyen un barrio, una familia, y destrozan con la tortura los cuerpos de los jóvenes que caen en las manos de los que, con una foto en el patrullero, “buscan a López”.

 

El juez federal Oyarbide decretó, en la muy vieja causa de la Triple A, que "los graves hechos -secuestros, homicidios, etc.- orquestados desde el Estado" son, por eso mismo, "delitos que atentan  contra los derechos humanos y que resultan imprescriptibles a la luz de las normas legales vigentes". Sin perjuicio de que era hora de ocuparse también de los criminales oficiales nucleados en la organización dirigida por el ministro de bienestar social del gobierno peronista de 1973 a 1975, no tiene nada de novedosa la reafirmación de que los crímenes de estado, orquestados desde los gobiernos, perpetrados por organizaciones surgidas del seno oficial, son por definición violaciones a los DDHH.  Nada que amerite los aplausos recibidos por el pequeño juez federal, que logró dejar en el olvido sus antecedentes como señero integrante de la servilleta de Corach y como socio de la policía federal en sus negocios de tráfico de sexo y droga como lo probó el escándalo Espartacus.

 

El único debate que abrió la resolución de Oyarbide es el planteado por la más recalcitrante derecha, la que no entiende "los tiempos que corren" e insiste desde sus tribunas de doctrina, como el  diario La Nación, en que no es necesario que el sujeto activo sea el estado o quien actúe con su aquiescencia, para que se configure el crimen de lesa humanidad, es decir, el que afecta a la humanidad toda en sus derechos y no solamente a los derechos individuales de la persona. Como lo prueban la letra del Tratado de Roma y una fuerte corriente del "derecho humanitario internacional", la posición de sostener que también los particulares o grupos de particulares pueden cometer este tipo de delitos universalmente repudiados, y en especial, la de meter por la ventana el concepto nunca definido claramente de "terrorismo" a secas (bien sabemos lo que es el terrorismo de estado, en cambio), está lejos de ser una discusión jurídica, sino que se disfraza de eso para disimular que se trata de una postura política que busca la forma de globalizar la represión a los compañeros y organizaciones populares que a lo largo y ancho del mundo utilizan la vía violenta en la lucha por la liberación nacional o la revolución social.

 

Pero hay otra arista que, por supuesto, nadie vio, y no motiva debate alguno: Si los crímenes de la Triple A -igual que los de la dictadura- son definidos por la justicia argentina como violaciones a los derechos humanos porque fueron cometidos desde el estado, a través de sus instituciones o de organizaciones orquestadas al amparo de ellas, ¿porqué no definen de igual modo los homicidios, secuestros y torturas cometidos por los actuales integrantes de las fuerzas de seguridad? ¿O los policías, gendarmes y miembros de los servicios penitenciarios de hoy son menos parte del estado que la Triple A?

 

No hay más clara evidencia de que, como hemos sostenido siempre, se miran de un modo los crímenes del pasado, cuyos ejecutores ya no son útiles hoy para el sistema, y de otro los cometidos por quienes hoy integran el brazo armado de la opresión, sencillamente porque a éstos los precisan acá y ahora para disciplinar preventivamente a potenciales insumisos. No hay otra explicación para el dislate jurídico -totalmente lógico si se analiza políticamente- que significa que la Corte Suprema, la misma que Oyarbide cita profusamente en los fundamentos de su resolución, se haya negado a reconocer el carácter de crimen de estado del delito policial en el caso Bulacio, y por extensión, a todos los casos de gatillo fácil, torturas y detenciones arbitrarias.

 

Mientras hablando de delitos cometidos hace más de 30 años la justicia argentina puede darse el lujo de decir que "la existencia de la Triple A (...) montada desde el aparato del Estado, bajo cuyo amparo y garantía de impunidad actuó la asociación, en una práctica generalizada que de por sí constituyó una grave violación a los derechos humanos justamente porque fueron implementados y llevados a cabo desde el Estado y por sujetos que respondían a ese poder", la Corte Suprema, en la causa Bulacio, dijo al negarse a acatar la sentencia internacional que el caso "no podría considerarse alcanzado por las reglas de derecho internacional incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico en materia de imprescriptibilidad". Dicho de otro modo: un homicidio cometido por el comisario Almirón en 1975 es una violación a los DDHH, y por lo tanto imprescriptible, porque él era policía, pero el mismo homicidio, cometido por un policía hoy, no lo es. Las "reglas de derecho internacional incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico" tienen un claro límite de aplicación temporal: valen para los represores jubilados, no para los que ejecutan hoy la política represiva estatal.