CORREPI - BOLETIN INFORMATIVO
Número 395 -  1 de octubre de 2006
 
SUMARIO
1- Aparición con vida
2- No, Castells. La CORREPI no es kirchnerista
3- Te espían en la provincia K
4- Libertad a los presos políticos
5- Justicia por Romina
6- Huelga de hambre de los presos bonaerenses
7- EEUU legaliza la tortura
8- Próximas Actividades
 
APARICION CON VIDA
El lunes se cumplirán dos semanas de la desaparición de Jorge Julio López., caracterizada por la mayoría como una vendetta de los "los resabios de la dictadura" para evitar que otros testigos se presenten a declarar en contra de los genocidas. Para Hebe de Bonafini, que mandó a investigar a la víctima, se trató de una maniobra urdida por López para perturbar a "su" gobierno.
 
A lo largo de esta semana CORREPI se pronunció respecto de ambas expresiones. Por un lado, remarcamos que el aparato represivo del estado sigue, no sólo intacto, sino adaptado a las necesidades represivas "en democracia", no sólo sostenido en las fuerzas de seguridad, sino a través de la legislación punitiva contra los pobres promulgada por "democráticos" diputados y senadores y de la actuación de un poder judicial que cumple el rol que tiene asignado. Desafortunadamente, para muchos, parece ser que las 2000 personas asesinadas por el Estado argentino desde la institucionalización del país en 1983 no fueran víctimas de ese mismo aparato represivo, ni que lo fueran todos aquellos represaliados por razones políticas, que desde Alfonsín a la fecha fueron perseguidos por buscar mejores alternativas sociales. Por eso la consigna "desmantelamiento del aparato represivo", en el marco de un estado capitalista que necesita reprimir de una u otra forma, es cuando menos ingenua, como si resultara posible imaginar este estado sin sus fuerzas armadas y de seguridad. O, peor aún, se traduce en la consigna de la "depuración" de las fuerzas, agitada por políticos burgueses como Kirchner, Carrió y Solá.
 
Repetimos en estos días que Jorge Julio López, desgraciadamente, no ha sido el "primer" desaparecido desde 1983, que los ha habido a lo largo y ancho del país, desde Mendoza a Chubut, desde la Provincia de Buenos Aires a Entre Ríos y Corrientes. Que su desaparición no es un hecho aislado o excepcional, sino que forma parte de la estructura socio-económica que se generó en la dictadura y que ha sido profundizada en "democracia". Y terminábamos diciendo que "La lucha por la aparición con vida de Julio López no debe encararse como una defensa de la "democracia", sino como la denuncia de la política represiva estatal y de su siempre renovado aparato represivo, lo que no se soluciona con "mejorar" o "humanizar" a la institución policial, que responde a un programa político de estado vigente que reprime y mata sistemáticamente como principio de control y disciplinamiento social."
 
También nos pronunciamos sobre las declaraciones de la Sra. Hebe Pastor de Bonafini, que de manera inconcebible afirmó que es necesario investigar a la víctima antes que su desaparición porque 'no es un típico desaparecido', ya que no habría sido un militante revolucionario. Le recordamos a la la vocera del oficialismo que su pensamiento importó, unos años atrás, que muchos dirigentes tradicionales de derechos humanos afirmaran que los casos de gatillo fácil no eran cuestiones de derechos humanos porque sus víctimas predilectas no eran militantes de la decada del 70, sino pibes de las villas y barrios más pobres. La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo fue aún más lejos que el gobernador Solá al sostener que hasta la propia declaración testimonial de López, en la causa donde también es querellante, puede ser 'parte de una gigantesca maniobra contra el presidente, al que le quieren tirar un desaparecido'.
 
Las repercusiones de esas notas nos obligaron a precisar nuestra posición respecto de los dos argumentos repetidos para descalificarlas: el primero hace alusión a la historia y trayectoria de lucha de la Sra. de Bonafini, apelando a que no trasciendan las "diferencias circunstanciales entre compañeros", mientras que el segundo se resume en la idea de que si "la izquierda ataca frontalmente a este gobierno, le hace el caldo gordo a la derecha que también lo ataca". Dijimos en primer lugar que con el estado y sus defensores, a quienes no consideramos compañeros, no "debatimos fraternalmente", sino que denunciamos su politica represiva. Cuando respondemos a la Sra. de Bonafini, como cuando lo hacemos con cualquier integrante del partido de gobierno, no estamos "debatiendo entre nosotros", sino confrontando con el estado, máximo órgano de dominación. Sobre la cuestión del aprovechamiento que la "derecha" podría hacer de las críticas a este gobierno, reiteramos que aunque haya grandes ejemplares de dinosaurios no extintos fuera del kirchnerismo, no es menos cierto que éste es un gobierno de derecha por propio "mérito", tanto por su composición como por la política de entrega y represión que desarrolla.
 
Seguimos exigiendo aparición con vida de Jorge Julio López, y convocamos a la próxima reunión de organismos y organizaciones el martes, 18:30, en Chacabuco 955, para coordinar, desde el espacio Memoria, Verdad, Justicia, las próximas movilizaciones y acciones por el compañero.
 
CASTELLS: LA CORREPI NO ES KIRCHNERISTA
Raúl Castells, que desde el primer momento dio su apoyo a la política represiva que encarna Blumberg, armó una marchita en Villa Fiorito, Pdo. de Lomas de Zamora, el jueves pasado. A los carreros que encabezaban la manifestación los seguían los pecheras amarillas de Castells y Nina, mezclados con Nito Artaza, Patricia Bullrich y el ex embajador menemista en Estados Unidos Diego Guelar. Claro, también embarró sus costosos zapatos el ingeniero de la derecha, custodiado por dos guardaespaldas, seguro de los "sin gorra".
 
Desde que se anunció la marcha, CORREPI desarrolló una campaña con afiches, volantes y pintadas junto a los vecinos de Fiorito, señalando que la "seguridad" que Blumberg y Castells venían a propagandizar es la del gatillo fácil y las torturas, y que su propuesta de "urbanizar las villas" disimula el objetivo de militarizar las calles de los barrios pobres y de facilitar el accionar de los escuadrones de la muerte.
 
Ni al invitado de lujo ni al anfitrión les gustó nuestra campaña de esclarecimiento. El ex izquierdista Castells, siempre desopilante, salió a acusar al gobierno haber empapelado el barrio con nuestros afiches con la bota de la opresión. El periodista del diario Página/12 le tuvo que aclarar que "la Correpi no es kirchnerista", a lo que el dirigente del MIJD contestó que eso "son opiniones".
 
No vale la pena explicarle a Castells que no es una opinión, sino un hecho que CORREPI no fue, no es ni será oficialista de nadie, y menos de Kirchner, y que tratamos de ser coherentes en denunciar los avances represivos, vengan de donde vengan. Será que para él todo es opinable, dado que mientras se inició como troskista; pasó por el maoísmo; la jugó de revolucionario y representante de la clase obrera, ha tenido amigos como Eduardo Duhalde, Moyano, Rodriguez Saa, Aldo Rico; consideró a Menem como un perseguido por razones políticas y sigue marchando con Blumberg. Eso es coherencia. 
 
TE ESPIAN EN LA PROVINCIA K
Si la cacería y militarización de Las Heras,  los fusilamientos cotidianos en los barrios, los pibes quemados y golpeados hasta la muerte en comisarías, y las represiones contra trabajadores y estudiantes; si saber que son miles de personas las que han perdido la vida a manos del Estado desde 1983, no alcanzan para entender que el aparato represivo jamás dejó de estar impune y sólo con  la desaparición de un compañero se evidencia la represión  que sufre nuestro pueblo, la agencia Opina Santa Cruz nos aporta esta semana un dato más para demostrar que este gobierno no es ni “zurdo” ni “progre” más allá de las confusiones y mentiras, y que la tarea represiva se sigue desarrollando de distinto modo pero con igual objetivo durante la democracia.
 
La brigada de Investigaciones Centro de la provincia de Santa Cruz ha cursado esta semana  un documento a las empresas petroleras y constructoras de la zona, requiriendo datos de nombre y apellido completo, nombre de los padres, lugar y fecha de nacimiento, lugar de procedencia y domicilio, domicilio actual y tipo y número de documento de todos los trabajadores de las empresas. Estos datos serán destinados a un “Órgano de reunión de información”, que en épocas de la dictadura tomara el mismo  nombre, y que concentrará  la información recabada por  todas las comisarías de la provincia y a su vez suministrará los datos a los organismos del Estado que así lo requieran. Como no podía ser de otra manera, una de las notas elevadas a una empresa de la zona por la  Brigada de Investigaciones de Puerto San Julián  lleva la firma de un analista de inteligencia, Sub Comisario Miguel San Juan.
 
 
Al ser entrevistado por un periodista, el Comisario Jorge Hassan, Jefe del departamento Operaciones de la jefatura de Policía de Santa Cruz, explica que esto en realidad responde a la necesidad de crear un “…plan de contingencias ante un evento adverso o catástrofe para estar en capacidad de poder coordinar los esfuerzos y poder contrarrestarlo”, para lo que sería necesario “…saber de antemano con qué nos vamos a encontrar para poder así disponer los recursos para actuar en la eventualidad.”
 
 
Si cambiamos el “evento adverso” por organización y la “catástrofe” por resistencia, esta bien clarito que el gobierno está previendo próximas y más serias luchas en Santa Cruz y preparándose para defender sus negocios y ganancias ante la “eventualidad” de próximos conflictos obreros.
 
LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS
El martes 25 la justicia santacruceña hizo lugar a la excarcelación del compañero Cristian Ruiz que estaba privado de la libertad desde hacía 14 meses. Conviene recordar que el compañero junto a un grupo de trabajadores desocupados reclamó trabajo en una planta petrolera del norte de la provincia K. La prisión que sufrió Ruiz no fue una mera decisión judicial. Claramente respondió al disciplinamiento que los gobiernos nacionales y provinciales pretenden imponer a los trabajadores que se organizan y luchan contra los monopolios.
 
Por otra parte, en la ciudad de Buenos Aires, a partir del 3 de octubre serán sometidos a juicio oral ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 17, de los jueces Elsa Moral, Silvia Arauz  y Alejandro Noceti Achaval, los 15 compañeros que fueran detenidos tras la movilización a la Legislatura contra del represivo Código Contravencional, y que estuvieron encarcelados 14 meses por los delitos de coacción agravada y privación ilegal de la libertad en perjuicio de legisladores porteños de la calaña de Santiado de Estrada o Jorge Enriquez.

Por último y en la misma tónica, entre los días 17 a 19 de octubre se llevará a cabo el juicio oral contra el compañero Luis Antón, dirigente de Polo Obrero de la zona norte del Gran Buenos Aires. La causa, por un corte de la autopista Panamericana del 27 de mayo de 2004, tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Dra. Sandra Arroyo Salgado. La causa sólo está sustentada con pruebas de video aportadas por la inteligencia del Ministerio del Interior, con policías haciéndose pasar por reporteros.
Es el primer juicio y será el “caso testigo” para otros dos procesos que tramitan en los Juzgados Federales de San Isidro, en el que se encuentran procesados por el art. 194 del Código Penal más de treinta piqueteros y dirigentes gremiales de la zona.
 
JUSTICIA POR ROMINA
Romina Lemos, de 16 años, fue asesinada por un policía de la comisaría 5ª de Talar el 30 de abril de este año. La misma comisaría que, hace casi 10 años, fusiló a Maximiliano Maidana, el pibe de 17 años que jugaba en una división inferior de River. El sábado CORREPI y los familiares y vecinos de Romina fueron a escrachar la comisaría, donde como es habitual los esperaba un nutrido operativo policial.
 
En las fotos que están publicadas en nuestra página web puede verse el imponente vallado, que no pudo evitar el impacto de algunos huevazos en los uniformados. El centenar de manifestantes que partieron en dos colectivos desde el barrio donde vivía Romina se vio incrementado por los vecinos de la zona, muchos que marcharon una y otra vez a esa comisaría reclamando justicia para Maxi. Unos pibes muy jóvenes que jugaban un "picadito" en el potrero frente a la comisaría dejaron de patear cuando llegó la columna, y después de mirar un rato, cuando escucharon las consignas y comprendieron de qué se trataba, abandonaron el partido por completo para sumarse al escrache. Es que si algo no hace falta explicar a los chicos en los barrios es que la policía mata, que los mata a ellos, todos los días y por la espalda.
 
HUELGA DE HAMBRE DE LOS PRESOS BONAERENSES
Los 1.270 presos de la Unidad Penitenciaria Nº 9 de La Plata iniciaron el miércoles 20 una huelga de hambre general exigiendo la regularización inmediata de sus situaciones procesales. Durante el transcurso de los días, los presos de las unidades de Olmos, Florencio Varela,  Los Hornos,  Magdalena,  Melchor Romero, Mercedes, General Alvear, Sierra Chica, Benito Juárez y de la comisaría 14 de La Plata  se fueron plegando a la protesta. Hoy son más de 5.000 los detenidos que piden la aplicación de la Ley de Ejecución Penal Nº 24.660, así como también la derogación de la ley 12.405 y la inconstitucionalidad del artículo 52 del Código Penal.

La ley nº 12.405, conocida también como Ley Ruckauf, permite que se aplique prisión preventiva a cualquier sospechoso de comisión de delito. La 24.660, establece una serie de salidas vigiladas para los reclusos así como también períodos de libertad condicional y asistida.  La primera de estas leyes es la que explica en buena medida la superpoblación carcelaria, donde más del 70% de los detenidos no tienen condena firme y son frecuentes víctimas del hacinamiento, enfermedades, torturas y muertes. Vale recordar que estamos a pocos días de cumplirse un año de la masacre de Magdalena, cuando el Servicio Penitenciario asesinó a 33 presos de los cuales 30 no tenían sentencia firme y estaban detenidos en calidad de procesados.

Otro de los puntos del petitorio de los internos de la U 9 es que cese la prisión preventiva si transcurren dos años y no hay fallo firme. También exigen la conformación de una figura procesal destinada a sancionar a los jueces que no cumplen sus funciones demorando las fechas de fijación de audiencias, ya que los juicios orales pueden demorarse hasta cinco años.

Solá dice no tener “soluciones mágicas”. Se  lava las manos y responsabiliza al Poder Judicial. Los jueces de la Suprema Corte bonaerense dicen que la lentitud en el avance de las causas responde a la falta de presupuesto. Una comisión integrada por funcionarios de la Secretaría de  Derechos Humanos, representantes del Poder Legislativo provincial y del Ministerio de Justicia no logró que los presos levanten la huelga.  En el medio de estas idas y vueltas tenemos hoy a más de 5.000 detenidos amenazados por las declaraciones del titular del Servicio Penitenciario Bonaerense Fernando Díaz, quien  reconoció estar “intranquilo” por la huelga de hambre y por la forma en que se puede llegar a resolver esta situación: “Uno sabe cómo empiezan estas cosas, pero nunca sabe cómo terminan”.

El Poder Judicial, es una obviedad, no juzga con la misma vara. Es cómplice, junto con los gobiernos de turno, de encarcelar y disciplinar a los pobres mientras beneficia con el arresto domiciliario a policías y penitenciarios acusados de gatillo fácil, torturas y asesinatos en cárceles y comisarías. Algunos ejemplos recientes: la única policía condenada por la tortura seguida de muerte de Andrea Viera goza de arresto domiciliario. Lo mismo para los oficiales del SPB que torturaron a Fabián Sampietro en Melchor Romero, los policías que asesinaron a Héctor "Pule" Otero, a Jorge "Chaco" González, a Leandro Bazán y tantos otros, excarcelados o con otras formas de morigeración d ela prisión preventiva, por no mencionar a los torturadores de la talla de Jorge “El Tigre” Acosta o Jorge Rádice, detenidos cómodamente en unidades que pertenecen a las Fuerzas Armadas, es decir, en su lugar de trabajo, y no en cárceles comunes.  
 
ESTADOS UNIDOS LEGALIZA LA TORTURA
En una vuelta más de su gobierno terrorista, el Congreso yanqui legalizó la detención de personas por tiempo indefinido y sin presentación de cargos. Igualmente será legal el uso de pruebas obtenidas mediante coerción y serán legales "prácticas de interrogatorio" como la privación de sueño por períodos prolongados o la exposición a los interrogados a bajas temperaturas, es decir, lisa y llana tortura.
 
Mientras algunos veían con beneplácito la instauración del Tribunal Penal Internacional, Estados Unidos profundizó su campaña destinada a liquidar todos los derechos fundamentales aprobados desde la Declaración Internacional de los Derechos Humanos en 1948 para imponer su política de exterminio del planeta. A partir de esta nueva legislación cualquier desafortunado que sea considerado sospechoso de terrorismo o potencial "combatiente enemigo" será sometido a la discreción de cualquier oficial del gobierno estadunidense. Con esta disposición denominada "Ley sobre Comisiones Militares de 2006", las torturas perpetradas en Abu Ghraib y Guantánamo pasarán a ser una práctica válida y "legal", garantizando la impunidad de sus perpetradores.
 
 
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Lunes 2 de octubre, 18:00, marcha de la municipalidad de La Plata a la Casa de Gobierno bajo las consignas Aparición con vida ya de Julio López, el aparato represivo sigue impune, Cárcel a los genocidas.
 
Martes 3 de Octubre, TOC 17, Lavalle y Libertad, primera jornada del juicio a los procesados por la manifestación frente a la Legislatura porteña.
 
Miércoles 4 de octubre, 19:00, en la facultad de Filosofía y Letras, Charla debate: La Patotas "K", con la participación de María del Carmen Verdú y Nicolás Espósito, de CORREPI, Omar Rombolá, delegado de Coca Cola y Sergio Sanchez del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Organiza Agrupación Estudiantil Norberto BLANCO.
 
Sábado 7 de octubre, 14:00, la Mesa de Escrache convoca a escrachar a los jueces del TOC 3 de Quilmes, garantes de la impunidad en los casos de Andrea Viera y Carla Lacorte. Concentración en la estación de Quilmes.
 
Domingo 8 de octubre, en el aniversario del asesinato de Miguel Da Silva, Festival Antirrepresivo a las 12:00 en Lafinur y Shakespeare, Barrio El Satélite, Moreno. 
 
CORREPI
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional
Ciudad de Buenos Aires • Argentina
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