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CORREPI - BOLETIN
INFORMATIVO
Número 312
- Febrero 26 / Marzo 5 de 2005
SUMARIO
1-
Antecedentes de un candidato K
2-
Represión en Trelew
3-
Encubriendo a "Jeringa"
4- Las
cárceles de Felipillo
5-
Escuadrones de la muerte en Honduras
6- Condena
a compañero en Bahía Blanca
7- Interrogante
8- Proximas
Actividades
ANTECEDENTES DE UN CANDIDATO K
En las
presidenciales el juarismo dió su apoyo a Kirchner contra
Menem. Y Kirchner sabía quien era Juárez. Luego vino la
intervención y un "transversal" casi de pura cepa fue a
administrar la salida de los "dinosaurios" para que "políticos
de una nueva generación disputen el poder".
Esta semana,
menos K, fueron todos. Desde Scioli hasta Filmus, todos
se despacharon por Santiago del Estero, a brindar su
apoyo al candidato del P.J. José Pepe Figueroa. Que no es ni
nuevo, ni viene a renovar la política, sino que tiene sus
antecedentes. O mejor dicho su prontuario. Veamos quién es el
candidato de K:
El "Pepe" Figueroa,
además de petiso y gordo (parece ser lo único cuestionable que
tiene según el sagaz interventor Lanusse) ha tenido vínculos
estrechísimos con los genocidas de la dictadura militar.
Parece que al setentísimo Secretario de Derechos Humanos de la
Nación, Eduardo Luis Duhalde, esto se le ha
olvidado.
De acuerdo a lo que nos informa el compañero Luis Santucho de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, filial Santiago, Figueroa pertenece a un grupo económico que ha amasado su furtiva fortuna en tiempos de la dictadura militar. El Grupo Figueroa, recién llegado de Suncho Corral (una localidad ubicada en el Departamento Juan Felipe Ibarra de la provincia), compartía con militares genocidas la mezcla de desapariciones forzadas de santiagueños con sucios negocios empresariales, todo con la macabra impunidad como telón de fondo. El primer socio del Grupo Figueroa es el Teniente Coronel CARRASCO, Subjefe del Batallón Ingenieros de Combate N° 141 y al mismo tiempo hombre de Inteligencia del Ejército, contacto fluido de MUSA AZAR y su grupo de tareas en la provincia. Este individuo, ya fallecido, figura en la CONADEP, más precisamente en el Legajo N° 6176, donde consta la Desaparición Forzada de Ana Maria Mrad de Medina, ocurrida el día 21 de noviembre de 1976. CARRASCO fue socio de Los Figueroa en la firma FICAMER -Fi (Figueroa) Ca (Carrasco) Mer (Mercedes Benz)-. Luego y gracias a los contactos con este genocida consiguen el apoyo del GENERAL ROGELIO VILLARREAL, Secretario General de la Presidencia en tiempos de JORGE RAFAEL VIDELA, en las empresas financieras y automotrices que se desarrollaban en todo el país. Asimismo, por ese tiempo consiguen el apoyo del ministro de la dictadura LLAMIL RESTON, de origen santiagueño, para apoderarse del rubro azucarero tan explotado en el norte argentino. En las actividades financieras, con sus
acostumbradas prácticas mafiosas y el poder de la impunidad de
otros militares genocidas (HARGUINDEGUY, CAMPS, SUAREZ MASON,
etc.), estafaron a miles de argentinos con movimientos oscuros
en las mesas de dinero apadrinados por estos personajes
y dejaron en la calle principalmente a ciudadanos de
la tercera edad.
Como se puede observar el candidato de K es la cabeza de un grupo económico nacido de la dictadura militar, que ha financiado y sostenido la represión y Desaparición Forzada de personas en nuestro país. Para la demagogia kirchnerista basta con descolgar cuadros de las paredes. O hacer que entrega campos de concentración para construir museos. Mientras tanto, apoya a candidatos como Figueroa que se hicieron ricos gracias a sus negociados con la dictadura militar. REPRESION EN TRELEW Trelew se volvió a
vestir de represión. Esta vez no fueron la marina ni los
militares ni fue en epocas de dictadura. Fue la policía del
democrático gobierno chubutense.
El grupo GEOP
del gobernador Mario Das Neves ingresó en uno de los barrios
populares de Trelew arrasando con la dignidad de los pobres.
Supuestamente en el marco de la búsqueda de un preso que
se había fugado, se metieron en la barriada con un despliegue
de violencia e intimidación que, indiscutiblemente, tenía por
objeto sembrar el terror social entre los pobladores.
Desfiles de las
camionetas del GEOP, de los autos de la Brigada sin
identificación, que agreden y amenazan a los jóvenes de
los barrios populares de Trelew, son una constante que
responde a una política. Los allanamientos cargados de
violencia directa e indirecta son una práctica que se repite y
que es muestra de un accionar sistemático y de no de "excesos"
de algunos integrantes de la policía.
Esta vez, con la
cobertura de los medios de comunicación local, todo el país
pudo ver como un represor apuntaba con su fusil a la cabeza de
un nene de cinco años.
Este tipo de
operativos en Trelew se dan en los barrios pobres como del
Planta, del Tiro, del Amaya, del INTA. En el resto del país
igual, siempre en barriadas populares o villas de
emergencia. Jamás en los centros de poder o en barrios
acomodados, cerrados o los countries.
Estas metodologías
forman parte de la guerra sin cuartel contra oprimidos y
marginales que se viene desarrollando en nuestro país.
Mientras que en la dictadura había una doctrina de la
seguridad nacional, desde la institucionalización en 1983, los
sucesivos gobiernos civiles, nacionales y provinciales, han
desarrollado una doctrina de la seguridad ciudadana, donde
todo pobre es delincuente y con esa excusa el estado puede
eliminarlos.
ENCUBRIENDO
A JERINGA
Los jueces son
nombrados para encubrir a los poderosos. Son un brazo más del
aparato represivo del estado. Su rol es imponer un
estigma social de delincuente que tiene que ver con su
grado de pobreza, material o de influencia. Y hacer
zafar a aquellos que aunque implicados en un delito,
pertenecen a su misma clase dominante.
El juez Torres,
nombrado por la Alianza, ha tomado una resolución en el marco
de la causa que se le sigue al genocida Juan Barrionuevo,
alias Jeringa, que importará sembrar de impunidad los crímenes
de la dictadura.
En dichas
actuaciones Jeringa
Barrionuevo fue encarcelado a partir de las denuncias de
cinco sobrevivientes de la ESMA. Todos manifestaron que
Jeringa era uno de los encargados de inyectar
"Pentonaval" a los compañeros que iban a ser
"trasladados". Además el sobreviviente Víctor Basterra lo
acusó de torturas.
A pesar de tales imputaciones, el Juez Torres lo procesó sólo por apremios (no torturas) y sostuvo que no había pruebas suficientes pues ninguno de los testigos lo había visto torturar con sus propios ojos. Con ello no tuvo en cuenta su participación necesaria en el genocidio, es decir, no lo acusó por los delitos de secuestro, privación ilegal de la libertad, condiciones inhumanas de vida y torturas de todos los compañeros que estuvieron secuestrados en la ESMA en las fechas en las que se desempeñó allí ni por la desaparición forzada de quienes nunca más aparecieron. Esta resolución tuvo como grave consecuencia que Jeringa fuera puesto en libertad ya que el delito por el que se lo procesó tiene una pena menor, y al no ser acusado por torturas se puede plantear la posibilidad de la prescripción ya que los apremios ilegales no son considerados delitos de lesa humanidad como sí lo es la tortura. Esto pone en claro cuál es la política de Torres, que tampoco es ajena al gobierno nacional: procesar sólo a quienes fueron vistos, y por delitos insignificantes. Los abogados de la ASOCIACION EX DETENIDOS DESAPARECIDOS, de la Cátedra Libre de Salud y DDHH Facultad de Medicina, de la Comisión DDHH de la ciudad de Trenque Lauquen, de la Comisión DHH Uruguayos en Argentina, del Comité de Acción Jurídica, del CEPRODH, de CORREPI, de FIDELA, de LIBERPUEBLO, de la LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE, del MEDH, de la ASOCIACION ANAHI, de la APDH LA PLATA, de la CTA LA PLATA, de HIJOS, de Familiares y MADRES de La Plata - integrantes del grupo Kaos y Justicia Ya- recurrirán la medida. El día 28 de febrero a las 11:00 solicitarán
una entrevista con el Juez Torres, a la que desde CORREPI
llamamos a participar. Es fundamental que la
presencia de querellantes, familiares y representantes
de organizaciones sea masiva, que todos
vayan dispuestos a manifestar su disconformidad y
a denunciar la falta de una
respuesta satisfactoria.
LAS
CARCELES DE FELIPILLO
Esta semana el
diario Página/12 ha publicado que en las primeras siete
semanas del año se han registrado 37 muertes en el ámbito del
servicio penitenciario de Felipillo Sola. Se trata de internos
que son matados por miembros del SPB o bien por otros internos
con la anuencia o encubrimiento siempre activo del
SPB.
Esta cifra
quintuplica la marca de 2004, a la que deben añadirse los
que han muerto en celdas de la policía
bonaerense.
Ello es
consecuencia directa de las reformas procesales manoduristas
que desde Ruckauf a Felipillo han impedido eximiciones de
prisión, excarcelaciones o libertades condicinales. No es un despropósito
vislumbrar motines al estilo de lo ocurrido en
Córdoba.
Kirchner -que para
la tribuna siempre está en todo- dispuso la creación de una
comisión con representantes de la "sociedad civil" para tomar
cartas en el asunto.
¿Para eso se reunió
la semana pasada con Blumberg?
ESCUADRONES DE LA MUERTE
EN HONDURAS
Honduras es uno de
los países más pobres de Centroamérica. Es la
confluencia de mayas quiché, negros
caribeños anglófonos y mestizos hispanos. Es el país
de la United Fruit, la empresa yanqui que desangró a la
"Banana Republic". Es el país que en la década del
80 sirvió como cabecera de playa a la contra
nicaraguense, a los mercenarios argentinos y a todos los
marines yanquis que filtraban la guerra sucia contra los
partisanos de Guatemala y El Salvador.
Hoy Honduras
registra otro record terrible. Es el
país donde escuadrones de la muerte
matan niños sin que medie oposición alguna de los que
mandan. En los últimos seis años, han sido víctimas de esta
violencia cerca de 520 niñas, niños y jóvenes. Se estima que 9
mil menores viven en las calles del país centroamericano.
Según informaciones de la prensa, la organización no
gubernamental Compartir acusa al gobierno de ser indiferente a
los crímenes. La conclusión es que un 23 por ciento de las
muertes son responsabilidad de funcionarios de los cuerpos de
seguridad del Estado y de Comités de Seguridad
Ciudadana.
Más que indiferencia - creemos nosotros - se trata de una política de exterminio impulsada desde el propio Estado. El coordinador del Programa de Apoyo Legal para los niños de la calle, de la organización de derechos humanos Casa Alianza, Gustavo Zelaya, cree que estos grupos formados por el Ministerio de Seguridad hondureño son en realidad paramilitares. El informe anual de Casa Alianza señala que hay la falta de investigación en casi la totalidad de las ejecuciones. La Ley de Control de Armas y la normativa sobre la prohibición de uso de fusiles de asalto no han sido suficientes para contener los crímenes. Casa Alianza estima que un 78 por ciento de los casos fue a causa de la utilización de armamento bélico, particularmente del fusil automático AK-47. Alianza informa que sólo en 2004 han sido asesinados 395 menores de 23 años, la mayor parte en los centros penitenciarios y de internamiento para menoresde edad. Sólo en enero de este año hubo 34 muertes, entre ellas de 10 niños y 24 menores de 23 años. De 2002 al 2004, 88 menores murieron en los centros de detenciones. La nula atención a
los casos por parte del gobierno es demostrativa del
encubrimiento. La Unidad Especial de Investigación del
gobierno federal sólo atendió 400 de los miles de casos de
muertes de infantes ocurridos desde enero de 1998, y
únicamente 88 denuncias fueron remitidas a la Fiscalía General
de la República. Solamente tres han culminado con juicios en
los que se ha condenado a los autores.
El propio presidente Ricardo Maduro ha reconocido que en muchos hechos han participado agentes de la policía, pero sólo dos de ellos han sido declarados culpables. El comisionado nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio, reveló que en Honduras operan justicieros particulares y estatales que realizan una especie de "limpieza social" de presuntos maleantes. Para Custodio, la nación vive la más grave ola de violaciones a los derechos humanos desde la década del 1980. CONDENA A
COMPAÑERO EN BAHÍA BLANCA
El dirigente de
desocupados Marcelo Albarracín fue condenado el viernes 25 de
febrero a dos meses de prisión en suspenso y la
prohibición de concurrir a manifestaciones políticas o actos
de protesta social que se desarrollen en sitios públicos o
accesibles al público durante dos años, por el delito de
lesiones leves en perjuicio del ex diputado radical Juan Pablo
Baylac.
El 5 de mayo de 2002 hubo un escrache al diputado radical Baylac en el paquetísimo club de golf del barrio Palihue de Bahía Blanca. Baylac insultó a los manifestantes, y en particular a Marcelo Albarracín, que respondió a la agresión, defendiéndose. El juez Gabriel Rojas, titular del Juzgado
Correccional Nº 2, consideró que "quizás Baylac acompañó
con una actitud gestual hostil o poco feliz su llegada hasta
el grupo, para, como lo dijo, descomprimir la situación; tal
vez adoptó una conducta arrogante, soberbia o desafiante
--como la tildan los testigos--. Pero ¿cómo podía exigírsele
que se quedase en el interior del Club House soportando la
humillación y degradación a la que era sometido por un grupo
autoinvestido de jurado y verdugo? ¿Acaso debía salir con
actitud cordial?".
"Vos sos de los mendigos que estaban en
la plaza ¿qué hacés acá?" dijo Baylac a Albarracín,
haciendo referencia a las movilizaciones de desocupaods,
instantes antes de la trifulca en la que le pegó al compañero,
y éste se defendió.
Tras la lectura de la condena, la mujer de
Albarracín lanzó un fuerte improperio en dirección del juez y
agregó que "la Justicia no existe para los pobres". Se
preguntó por las condenas a los culpables de los asesinatos de
39 personas muertas el 19 y 20 de diciembre de 2001 y de miles
de niños que fallecen por desnutrición en la Argentina.
El grupo de compañeros entre los que estaba el abogado de CORREPI León "Toto" Zimerman comenzó a cantar "libertad a los presos por lucha" hasta que se desalojó la sala. Como en el caso de marina Schiffrin, a la pena privativa de la libertad, aunque en suspenso, se suma la prohibición de participar en marchas, movilizaciones o protestas. ¿Cómo era eso del "gobierno de los Derechos Humanos"? INTERROGANTE
¿Porqué algunas
organizaciones que bancan, entre otros, a Ibarra, se ofenden
cuando las critican? ¿Será que porque fueron víctimas son
intachables o intocables?
PROXIMAS ACTIVIDADES 28 de febrero,
20:00, marcha por Juicio y Castigo a los responsables de la
Masacre de Cromagnon, de Once a Plaza de Mayo.
1º de marzo, la
Comisión por Juicio y Castigo a los responsables de la Masacre
de Puente Pueyrredón convoca a concentrarse a las 10:00 en la
estación Banfield o a las 12:00 en los Tribunales de Lomas de
Zamora, Camino Negro y Larroque.
4 de marzo,
10:30, CONCENTRACIÓN CONTRA LA TORTURA en los
Tribunales de Lomas de Zamora, Camino Negro y Larroque.
Convocan CORREPI y familiares de Chaco González y Diego
Gallardo, torturados hasta la muerte por la policía
bonaerense.
16 de marzo, 19:00,
Charla Debate con la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos
y CORREPI sobre el 24 de Marzo y sus alcances actuales.
Participará la compañera Luz Palmás Zaldua. Lugar a confirmar,
en zona céntrica.
18 de marzo, sentada por la reapertura de
la causa por el homicidio de Marcelo "Peca" Rivero, en los
tribunales de Morón a las 10:00.
CORREPI
EN LA TRIBU, lunes 10:30 y jueves 18:30, semana por
medio.
Próximamente, CORREPI en FM EN
TRÁNSITO |